20260708

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día.

A partir de septiembre ELA utilizará «exclusivamente» el euskera en las 27 negociación sectoriales que están en marcha, como la del metal en Bizkaia y en Álava. Así lo anunció ayer su responsable de negociación colectiva y de euskera, Pello Igeregi, que ya ha trasladado la decisión al Consejo de Relaciones Laborales (CRL). «A nuestro entender no se puede considerar normal que los trabajadores euskaldunes tengamos que renunciar a nuestros derechos lingüísticos y tenemos que empezar a desobedecer frente a la imposición del castellano», apuntó. En su intervención Igeregi advirtió sobre la «opresión lingüística» que arrojan los datos de los 1.449 convenios vigentes en el País Vasco y Navarra que han analizado. En el 83% de los casos no se incorpora ninguna medida que facilite el uso del idioma en el ámbito laboral. Entre otros ejemplos destacó que únicamente el 1,66% de las empresas valora el euskera en los procesos de selección, una situación que para la central demuestra que el mundo laboral está «completamente castellanizado». «Las medidas más difundidas son meramente simbólicas y no recogen el derecho a trabajar en euskera», denunció. El sindicato también lanzó una autocrítica por no haber actuado antes. «Nos hemos encontrado con un obstáculo ideológico muy grande porque los empresarios, el poder y algunos sindicatos son muy reacios al euskera», aseguró. Así citó un intento realizado en 2022 junto a LAB y Kontseilua para extender los planes del euskera en las empresas. «Con el beneplácito de CC OO, UGT y Confebask directamente echaron a la basura esta propuesta», acusó. Igeregi apuntó que actualmente el CRL no dispone de un servicio estable de traducción e interpretación y señaló que, si no se establecen recursos, «el resto de negociadores tendrá que buscar interlocutores que tengan la capacidad para negociar en euskera, porque ELA no va a renunciar a su derecho».

La medida de ELA de utilizar exclusivamente el euskera no incluye a las negociaciones empresariales, donde el debate se centra entre la dirección y los sindicatos. Se limita de momento a los convenios sectoriales con patronales. «Éste nos parece un primer paso que es asequible si se dispone de medios para poder dar posiblemente el siguiente: que todas las negociaciones tengan el derecho a realizarse en el idioma que quieran», reivindicó Igeregi, quien señaló que actualmente el uso del euskera en este tipo de procesos es meramente «anecdótico». Confebask está analizando la respuesta a dar mientras que el Consejo de Relaciones Laborales se pronunciará hoy en un acto previsto en Bilbao.

"Decía Koldo Mitxelena que el euskera es demasiado débil para utilizarlo como arma. Ya entonces veía con claridad que su futuro pasaba porque se convirtiera en un puente, no en un muro de división social. El anuncio de ELA de que solo va a negociar en euskera 27 convenios sectoriales colectivos (incluyendo un gigante como el Metal de Bizkaia) es un paso más de sectores del nacionalismo vasco en torno al euskera que ahonda la polémica. La iniciativa ubica el debate en un terreno práctico, con un fuerte choque entre el derecho a vivir en euskera y la eficacia de la lucha sindical...La clave para ganar un convenio como el del Metal de Bizkaia es la unidad de acción y la movilización de todos los trabajadores. Al imponer unilateralmente que no se hablará castellano en la mesa, aun sabiendo que no hay servicio de traducción garantizado, genera tensiones inmediatas con otros sindicatos (como CC OO o UGT) y con los delegados que no son euskaldunes. El beneficiado final de una mesa de negociación rota por cuestiones lingüísticas es la patronal. El anuncio corre también el riesgo de excluir a la parte más vulnerable de la clase trabajadora El sector del Metal tiene un alto porcentaje de trabajadores migrantes, personas de mayor edad o castellanohablantes que no han tenido acceso a la euskaldunización. Condicionar la negociación de las condiciones de vida a un idioma que parte de los representados no domina puede percibirse como una barrera excluyente y elitista. En lugar de seducir y normalizar, esta medida instrumentaliza el euskera como una herramienta de choque. Si un trabajador ve que la firma de su convenio –y su subida salarial– se retrasa o peligra porque un sindicato se niega a hablar en castellano, la frustración no se dirigirá hacia la patronal, sino hacia el propio euskera. Esto alimenta los discursos reactivos contra la lengua. El objetivo de una mesa de negociación colectiva es redactar un acuerdo laboral beneficioso, no hacer activismo lingüístico de choque. El euskera debe ser un derecho que se conquista sumando a los trabajadores, no una imposición que los divida". 

Iberdrola ha adjudicado un contrato clave a Ayesa Digital, la empresa adquirida a finales del año pasado por un consorcio vasco en el que también participa el Gobierno de Pradales. Se trata del servicio de soporte de infraestructura de sistemas para sus operaciones en España, Estados Unidos y Reino Unido. La decisión, adoptada ayer en un consejo de administración celebrado en Bilbao, convierte a la tecnológica pilotada por Manu Baraza y presidida por Iñigo Ucín en el principal proveedor global de estos servicios para el grupo energético. Según la eléctrica, la adjudicación sostendrá más de 170 empleos por cinco años y «se enmarca en la estrategia de modernización de las plataformas de Iberdrola para dar soporte a sus distintos negocios con eficiencia y con fiabilidad». El contrato, explican en la compañía energética, abarca prestaciones de soporte técnico, evolución y desarrollo de nuevas soluciones en entornos de sistemas, tanto en la nube como en infraestructuras propias, e incorpora un mayor uso de automatización e inteligencia artificial.

El concurso voluntario de acreedores en el que se halla Tubos Reunidos permite a las empresas consultar información sobre los estados financieros de la compañía tubera. que debe hacer frente a una gran deuda -cerca de 265 millones de euros-, pero también con importantes activos en forma de maquinaria y terrenos. A pesar de que no lo han confirmado de manera pública y de que prefieren operar con discreción, Sidenor y Tubacex habrían manifestado ya su interés por conocer con precisión las cuentas de la concursada, una opción a la que se refirió hoy en una entrevista en Radio Vitoria, ya como algo más que una mera hipótesis, la consejera de Gobernanza del Gobierno Vasco, María Ubarretxena. Ubarretxena destacó que es “muy positivo” que haya dos empresas interesadas en Tubos Reunidos, pero indicó que “todavía es pronto” e instó a ser “cautelosos”. En esa misma línea opta también por moverse el Departamento de Industria. El consejero Mikel Jauregi subrayó, en una entrevista con este diario la semana pasada, que “ahora mismo hay interés, pero no hay propuestas”. “Solo hay gente consultando información. Si luego van a dar un paso, veremos qué decisión es pertinente. Nosotros, como Gobierno Vasco, apoyaremos el proyecto más atractivo para que Tubos Reunidos mantenga la actividad industrial en Euskadi”, añadía. 

La gestora española Magallanes Value Investors ha aflorado una participación en Tubacex del 3,729% valorada en 15 millones de euros y se convierte en el tercer mayor accionista del grupo, según se desprende de los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La firma se convierte así en el tercer mayor accionista de Tubacex solo por detrás de José María Aristrain (11%) y Ángel Soria (6,5%), y se sitúa por delante del fondo de pensiones Itzarri EPSV (3,215%), Víctor Urrutia (3,146%) y Muza Gestión de Activos (3,132%). El cambio dentro del accionariado de la firma tiene lugar en un momento marcado por el Expediente de Regulación de Empleo Temporal (ERTE) de 8 meses que Tubacex aplicará a partir de hoy y que afectará a 430 trabajadores en sus dos plantas alavesas, en Llodio y Amurrio. El ajuste se ha realizado sin acuerdo con la parte social, al considerar los sindicatos que no está justificado. De hecho, ELA y LAB ya han anunciado su impugnación.

La compañía vasca Aernnova, especializada en la fabricación de estructuras y componentes para el sector aeronáutico, perdió 68,7 millones de euros en 2025, lo que supone cuadruplicar los números rojos de 17 millones que presentó en el ejercicio anterior. El área de Aeroestructuras y Componentes registró unas pérdidas netas de 45 millones, mientras que el negocio de Automoción obtuvo unos números rojos de 40,7 millones. La división de Ingeniería y Servicios aportó unos beneficios netos de 4,2 millones y los ajustes por consolidación añadieron casi 13 millones. En el área de Automoción, a finales del ejercicio 2025 la firma vasca comenzó la “liquidación ordenada” de las sociedades integradas en este segmento para la discontinuación de las mismas de cara al cierre de este mismo año. Serra Soldadura, sociedad integrada en este negocio, presentó el concurso de acreedores el pasado 9 de marzo. “Los activos y pasivos de esta actividad (el negocio de Automoción) se han clasificado como grupo enajenable de elementos mantenidos para la venta”, apunta la memoria de Aernnova. El incremento de las pérdidas se produjo a pesar de que el grupo elevó su facturación hasta casi 937 millones, un 4% más en comparación con los 900 millones que ingresó en 2024. Cabe señalar que la firma vasca ha reexpresado las cuentas de 2024, que en el informe reportado el año pasado reflejaban una facturación de 980 millones.

El sindicato ELA anunció ayer su rechazo frontal al preacuerdo del convenio del Papel de Gipuzkoa que suscribieron las centrales LAB y CC OO, al considerar que no responde a las necesidades reales de la plantilla y supone una oportunidad perdida para transformar sus condiciones laborales. La organización censura que el texto acordado no incorpora avances reales en sus reivindicaciones principales, por lo que defenderá el voto negativo en las asambleas de trabajadores que se celebrarán a lo largo de esta semana. Sin embargo, y por otra parte, ELA firmó ayer junto a CCOO el preacuerdo del convenio sectorial de la industria del mueble y auxiliares de Gipuzkoa que llevaba 26 años sin actualizarse. En él se recoge la ultraactividad indefinida, por lo que las condiciones laborales y salariales se mantendrán vigentes hasta la firma de un nuevo convenio. En el nuevo pacto se actualizan las tablas salariales con los IPCs desde el año 2001 al 2025 que supondrá «un incremento del 60,7% siendo 0% en los años que este hubiera sido negativo». También se ha acordado reducir la jornada anual en 36 horas con 1.761 para el año 2026. En cuanto a permisos retribuidos y contrataciones, se adaptan a la normativa actual y se recoge un protocolo frente al acoso sexual, entre otros. Para CC OO de Euskadi es una «muy buena noticia» recuperar este convenio, mientras que UGT ha trasladado su absoluto rechazo al entender que «perpetúa la precariedad laboral».

Con el mismo espíritu con que viajó a principios de junio a Cataluña para desgranar su proyecto ante el influyente Cercle d’Economia, Alberto Núñez Feijóo visitó este martes Euskadi para lanzar varios mensajes contundentes al empresariado vasco y tratar así de asentar su mensaje entre el electorado de centro derecha que pretende disputar al PNV. Entre ellos, su rotunda defensa del autogobierno y la especificidad foral de Euskadi y Navarra en un momento en el que los pactos del PP con Vox –el último, en Andalucía, se suma a los alcanzados en Extremadura, Aragón y Castilla y León– proyectan una imagen escorada a la derecha y «centralista» que el líder popular se esforzó en desmentir. En una intervención de casi cuarenta minutos ante los representantes del Círculo de Empresarios Vascos, con quienes compartió un coloquio y un almuerzo privado posterior, el líder popular quiso dejar claro su «respeto» al Estado de las Autonomías y alejar cualquier temor de una posible recentralización y laminación de competencias si, como pretende, llega al Palacio de La Moncloa, con o sin Vox. Feijóo recordó incluso su pasado al frente de la Xunta de Galicia frente al currículum de Pedro Sánchez como concejal en Madrid para apuntalar su compromiso con el autogobierno. 

«Si en los convenios de empresa se pacta que una persona que no va a trabajar cobre lo mismo que cuando va a trabajar, ¿qué quieren que les diga? Si, además, la Administración Pública considera que un ciudadano puede darse de baja y no ir a trabajar sin justificación y sigue teniendo el mismo sueldo y las mismas prestaciones, entonces pasa lo que ocurre», advirtió. Es más, el líder del PP abogó por reformar la legislación laboral para que los convenios colectivos no puedan complementar el recorte salarial que ya contempla la normativa vigente en las bajas por contingencias comunes. Y apostó además por hacerlo «con o sin acuerdo» porque el absentismo, insistió, es «un cáncer» para la competitividad y el dinamismo económico que «no podemos pagar». «Que casi 1.200.000 personas no acudan a trabajar todos los días es algo que España no se puede permitir y Euskadi tampoco», incidió, tras resaltar, plenamente alineado con las tesis que ha defendido el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, que las bajas cuestan a las arcas públicas «30.000 millones» mientras el déficit de la Seguridad Social asciende a «70.000». «Habrá que sentar a la patronal y a los sindicatos. Si llegamos a un acuerdo, fantástico, y si no, qué le vamos a hacer», insistió.

La presidenta de Cepyme, Ángela de Miguel, y el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, han coincidido en sus diagnósticos tras denunciar la «asfixia» regulatoria, el aumento de costes y el «deterioro» del diálogo social en España durante la asamblea general de Cepyme celebrada ayer en Madrid. Ambos dirigentes alertaron de un escenario económico «dual» en el que ya han desaparecido 25.000 microempresas desde la pandemia y exigieron al Gobierno que genere «confianza» institucional ante una deuda pública que alcanza ya los 1,7 billones de euros. De Miguel lamentó que las microempresas de menos de tres trabajadores estén «desapareciendo» en España por una sobrecarga regulatoria que les «hace la vida imposible», y recordó que comercios y talleres de proximidad carecen de departamentos jurídicos o financieros para cumplir las «más de 3.000 normas» diarias a las que les someten.

Las proyecciones demográficas dibujan un futuro con menos niños y más personas mayores. Es la tendencia desde hace años. Y es la que se espera para los venideros. Ya hay cifras para lo que sucederá dentro de quince años. La Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) acaban de publicar el estudio ‘Demografía y Educación’, centrado en la población en edad escolar (de 0 a 24 años) con datos extraídos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Las conclusiones confirman la hipótesis. En 2041, el número de alumnos en España caerá un 9,1%. Un descenso que será notablemente mayor en Euskadi. Con un descenso previsto del 14,1%, el País Vasco se coloca como la octava región que más matrículas escolares perderá. Sin embargo, esta pérdida será desigual. El mayor descenso se prevé para la etapa de Secundaria entre 16 y 17 años –ya no son estudios obligatorios–, que alcanzará el 28,8% en Euskadi. En el caso del colectivo de 6 a 15 años (enseñanza obligatoria), la caída será del 22,5% y del 12,1% en la etapa de 18 a 24 años. Compensará estos porcentajes a la baja el ciclo de Educación Infantil (de 0 a 5 años), que experimentará un incremento en Euskadi del 10,2%, aunque a esta edad la enseñanza no es aún obligatoria. «El contraste entre ciclos es llamativo y añade complejidad a la futura gestión de los recursos educativos», advierte Lorenzo Serrano, catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Valencia e investigador del Ivie. 

El fuerte repunte de la inflación de los últimos años, con episodios especialmente señalados como los experimentados tras la pandemia, con una subida del IPC del 8,4% en 2023, y tasas que se han situado cercanas al 3% en los años posteriores, sumado a un plomizo avance de los salarios en los mismos años, han provocado una caída de los salarios reales en España cercana al 2% entre el primer trimestre de 2021 y de 2026. Esto sitúa a la economía española como una de las principales de la OCDE donde más se han resentido las rentas de los trabajadores tras descontar el avance de los precios. Es una de las principales conclusiones que arroja el informe de Perspectivas de Empleo 2026 publicado ayer por la OCDE, en el que se da cuenta de cómo esta pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores ha sido transversal a todos los principales países de la organización. De entre las economías más potentes, España se podría situar en el top 3 solo superada por el ajuste experimentado por Italia (-6,1%) y Australia (-5,1%). Si bien otras regiones del globo asumen también severos recortes de salarios reales, como Suecia (-4,8%) o la República Checa (-5,8%) y Nueva Zelanda (-6,4%). En línea con el balance de España se encontrarían países como Francia y Alemania, también en el entorno del 2% de caída, y algo menor sería la experimentada por Estados Unidos (–1,4%) y Reino Unido (-1%).

Banco Central Europeo (BCE) ha situado entre los asuntos más candentes para el sector financiero la amenaza que pueden suponer algunos modelos de inteligencia artificial (IA) por su potencia en detectar agujeros de ciberseguridad. En concreto, el programa Mythos de Anthropic. Por ello, el regulador ha reclamado a los principales bancos de la eurozona que le remitan antes del 31 de octubre un plan de acción para enfrentar este nuevo riesgo. Este es el principal contenido de la carta que ayer remitió el BCE a los bancos y que ha hecho pública, tal y como avanzó este periódico el pasado 19 de junio. Se trata de un tipo de misiva conocida en el argot como Dear CEO, puesto que el destinatario de la misma son los primeros espadas de los bancos europeos, presidentes ejecutivos o consejeros delegados. Es uno de los mecanismos de más nivel que cuenta el regulador para alertar a las entidades y, de hecho, la última vez que la utilizó fue en 2022. Su objetivo es que los bancos debatan sobre esta cuestión al más alto nivel, en el consejo de administración. Por el momento, el sector está trabajando con los equipos de supervisión (conocidos en el mundo de las finanzas como JST) en ese plan de acción, en el que tendrán que proponer medidas para ejecutar tanto en el corto como en el largo plazo. En concreto, el BCE busca que las entidades aceleren la gestión de vulnerabilidades de software y su parcheo, monitoricen y detecten las capacidades defensivas de la IA y verifiquen que sus proveedores trabajen con seguridad. En el largo plazo, plantea que modernicen y reemplacen su tecnología más antigua y que mejoren su resiliencia operativa con mecanismos de recuperación tras crisis o compartiendo información.

Es lo que afirmó ayer Marta Ortega, presidenta de Inditex, durante la junta general de accionistas del grupo. La directiva indicó que “el entono cambia, a veces muy deprisa”. “Cambian la tecnología, los hábitos y los mercados, pero permanecen las personas y lo que esperan de nosotros. Inditex se construye a partir de miles de decisiones que toman personas a diario que no se conocen, pero que se guían por el mismo espíritu”, señaló Ortega. Este binomio de avance tecnológico y, a la vez, reivindicación del criterio humano y la cultura corporativa, guió también el discurso de Óscar García Maceiras, CEO de Inditex, ante la junta. “Queremos llegar cada día a más personas en todo el mundo”, afirmó el primer ejecutivo, que anunció que la compañía destinará 2.300 millones de euros este año a inversiones. Se destinarán fundamentalmente a desarrollar tiendas y plataformas online más tecnológicas, así como a logística, para seguir ganando eficiencia, su gran obsesión. El CEO detalló que las plataformas online tendrán un contenido “más elevado” y se incorporarán buscadores inteligentes que permitirán el uso de voz e imagen. Citó como ejemplo el probador virtual con IA (Try-on) que está ofreciendo en todas las marcas y permite la creación de un avatar para probar distintas prendas y crear un look completo a medida de cada persona.

La apuesta por la inteligencia artificial por parte de Repsol –la mayor petrolera española– es total y no viene de ahora. Se remonta a hace años. En 2021 lanzó el proyecto ARiA (Advanced Repsol Intelligence & Analytics), en colaboración con Accenture, un proyecto cuyos orígenes se remontan a dos años antes, en 2019, antes incluso de la pandemia del Covid. ARiA nació como una plataforma para uso masivo de datos (cloud) y para funciones analíticas de Repsol. Originalmente se creó para uso propio pero después se vio su potencial para comercializarla a terceros y ayudar a otras empresas a acelerar el uso del big data y desplegar la inteligencia artificial “a escala”, dicen en el grupo. ARiA está “diseñada para facilitar la democratización de los datos en la organización, logrando extraer todo su valor y agilizar la toma de decisiones”. La plataforma ARiA incluye “soluciones para las ingestas de datos (tratamiento masivo de datos), las diferentes alternativas de configuración en la nube de Microsoft Azure, las herramientas para el gobierno de datos de su laboratorio de desarrollo y modelos de machine learning (aprendizaje automatizado)”. De esta forma, cualquier empleado, independientemente de sus conocimientos analíticos, puede tomar decisiones basadas en datos. “El objetivo era contar con una plataforma única que se convirtiera en el cerebro digital de la compañía, que capturase y extrajera datos de todas las fuentes con las que cuentan los distintos negocios y áreas corporativas, a la espera de ser utilizados para la toma de decisiones, ya sea a través de su propio laboratorio de analítica avanzada, o por medio de las herramientas de autoservicio para los empleados”.

Los precios de esos componentes han crecido entre un 50% y un 70% en solo seis meses. Y la producción no va a empezar a aumentar hasta, por lo menos, finales de 2027. Esa es la razón por la que Apple anunció el 25 de junio una subida inesperada e inmediata del 20% del precio de varios modelos de sus ordenadores MacBook y sus tabletas iPad. Una semana antes, el consejero delegado de la empresa, Tim Cook, había comparado la subida de precios de los chips de memoria en lo que va de año a «una inundación de las que pasan una vez cada 100 años». Apple ha sido la primera gran empresa que ha reconocido el golpe de la escasez de chips, que va a hacer que el precio de los teléfonos móviles aumente de una manera brutal. El gigante de la banca de inversión Morgan Stanley calcula que, para mantener sus márgenes de beneficio, Apple deberá cobrar 270 dólares más por los teléfonos móviles que saque este otoño. Ahora pasa a ser un competidor más por un producto que escasea. Y no solo compite, además, contra la IA. Los dos mayores fabricantes de automóviles estadounidenses. General Motors y Ford, han firmado acuerdos de compra de microchips a largo plazo con Micron. Las patronales estadounidenses NCTA (infraestructura de cable y televisión) y MDMA (fabricación de equipos médicos) han dado la voz de alarma ante la escasez de estos componentes,así como la alemana; mientras que Cook podría haberse dirigido directamente a Donald Trump.

BlackRock sigue elevando su apuesta por España. La gestora dirigida por Larry Fink lleva unos años posicionando la Bolsa española en la cima de sus convicciones de inversión, junto a otros grandes mercados. Pero ahora va más allá y sitúa a España como su principal apuesta en todo el mundo, por delante incluso de Estados Unidos. “España es nuestra principal apuesta desde el punto de vista del mercado”, aseguró ayer Javier García Díaz, responsable de Ventas de BlackRock para Iberia, durante la presentación de perspectivas de cara a la segunda mitad del año. “Nunca habíamos estado tan optimistas con España”. El gigante estadounidense destaca de España que presenta una fotografía muy sólida desde el punto de vista macroeconómico. “Es el gran protagonista de Europa en lo que a crecimiento económico se refiere; su superávit por cuenta corriente entorno al 2%; una inflación controlada; y el mercado laboral está mejor”. Pero, además, BlackRock ve valoraciones atractivas en el Ibex 35, pese al rally de los últimos años. “Seguimos viendo mucho valor. Vemos crecimiento de beneficios por encima del 10%, y la composición del mercado nos invita a ser optimistas. Hay mucho banco y utilities que todavía tienen mucho recorrido”. El sector bancario español es uno de los grandes motores del mercado nacional y también una de las grandes ideas de inversión de BlackRock en el país.

El Ibex 35 consolida su papel como sustento de las arcas públicas en un ejercicio marcado por la normalización macroeconómica y el encarecimiento de los costes de producción. Durante 2025, la Contribución Tributaria Total (CTT) de las empresas integrantes del selectivo se elevó hasta los 63.843 millones de euros, lo que representa un incremento del 7% respecto al año anterior. Así lo revela la nueva edición del informe de PwC, Contribución Tributaria Total del Ibex 35 en 2025. Este avance supera con holgura el dinamismo de la economía nacional, cuyo Producto Interior Bruto (PIB) anotó una tasa de crecimiento estimada del 2,8% en el mismo periodo. El diferencial pone de manifiesto que la presión y el esfuerzo fiscal de las grandes corporaciones españolas sigue una trayectoria ascendente, azuzada de forma principal por la escalada de los costes laborales y la paulatina retirada de los escudos y rebajas fiscales que el Ejecutivo articuló a partir de 2022 para amortiguar el impacto de la crisis energética. La evolución agregada del informe constata que, del total aportado por las compañías del selectivo, 22.453 millones de euros correspondieron a impuestos soportados –aquellos que representan un coste directo para las entidades, como el Impuesto sobre Sociedades o las cotizaciones a la Seguridad Social a cargo de la empresa–, lo que supone un incremento interanual del 4%. Por su parte, los impuestos recaudados –aquellos que las corporaciones ingresan en nombre de terceros, como el IVA o las retenciones por el IRPF de sus plantillas– registran un repunte del 9% hasta situarse en los 41.390 millones de euros.

Las aspiraciones del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, para tener una cumbre de líderes tranquila se desvanecieron poco después de que Donald Trump desembarcara en Ankara. En sus declaraciones junto al presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, el dirigente norteamericano aseguró que su disputa por Groenlandia fue lo que estropeó sus relaciones con la OTAN. «La isla está rodeada por barcos rusos y chinos y esa situación afecta a EE UU. Deberíamos controlar ese territorio nosotros, no Dinamarca». Y amenazó directamente a los aliados europeos: «Podríamos quitar a todos nuestros soldados de Europa». Las declaraciones incendiarias por parte de Trump no son nada nuevo, pero pocos esperaban que el líder republicano sacara de nuevo a relucir sus aspiraciones anexionistas de Groenlandia –territorio dependiente de Dinamarca–. Sus intentos por hacerse con el control de la isla provocaron en 2025 una de las mayores crisis dentro de la Alianza Atlántica.

El mes de junio en Europa no suele ser el más cálido, sino más bien un periodo de temperaturas suaves que de media no supera los 20 grados en el norte, y se mueve entre los 20 y los 24 en el Mediterráneo. Pero el 23 de junio, a las 15.00 comenzó un episodio de calor extremo. En ese momento, azotaba la península Ibérica y Francia. A finales de mes, el calor se había extendido hasta el centro y norte de Europa y los Balcanes. En Coschen (Alemania) se alcanzaron los 41,7 grados, la temperatura más alta jamás registrada en el país. De media, este junio ha superado con creces la referencia histórica: partes del continente registraron siete grados más de lo habitual, sobre todo en Europa occidental. Esa embestida de calor ha sido uno de los episodios de altas temperaturas más severos de la historia del continente. Se han batido centenares de récords, de España a los Balcanes, y los datos apuntan a más de 4.000 muertes adicionales relacionadas con las altas temperaturas, según las estimaciones que han ofrecido varios países. El continente vive ahora un segundo episodio, con apenas una semana de respiro.