20260928

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día.

Pello Guibelalde Iñurritegui (Legazpi, 1944), el que fuera presidente de Adegi durante seis años, falleció ayer a los 81 años. Hubiera cumplido 82 el próximo 5 de noviembre. El reconocido empresario guipuzcoano, fundador de Hine, vivió siempre a caballo entre Beasain y Donostia, y presidió la patronal guipuzcoana durante seis años. Perito industrial eléctrico, llegó en 2012, relevando a Eduardo Zubiaurre y dejó el cargo en 2018, cuando fue sustituido por Eduardo Junkera. Fue en un periodo difícil para las empresas, con las consecuencias de la grave crisis económica de 2012 todavía presentes, la aprobación ese año de la reforma laboral y la llegada de Bildu a la Diputación de Gipuzkoa. Durante toda su vida hizo gala de un gran compromiso con el emprendimiento y la empresa guipuzcoana pero, al contrario que el prototipo de industrial guipuzcoano de carácter reservado, Guibelalde destacó por su talante dialogante pero también de audacia y no tener pelos en la lengua. Era un hombre muy querido tanto en Adegi como en el mundo empresarial guipuzcoano. De carácter emprendedor e innovador, los que le conocían le definían como un «trabajador incansable y hombre de principios, recto pero empático, amigo de sus amigos y generoso».

Pello Guibelalde deja una «gran huella» en Adegi. José Miguel Ayerza, director general de la patronal guipuzcoana, expresó su pesar por la muerte de quien fuera su presidente durante seis años y con quien mantenía una estrecha amistad. El fallecimiento de Guibelalde ha provocado una profundo pesar no solo en Adegi, sino también en el conjunto del tejido empresarial guipuzcoano, donde era una figura muy querida y reconocida por su trayectoria y compromiso con la empresa del territorio. «Fue muy carismático y su dedicación durante la presidencia fue total, siempre con un gran respeto por los profesionales de la casa, a los que defendía a capa y espada. Ha dejado una gran huella como profesional, pero sobre todo como persona», destaca Ayerza en declaraciones a este periódico. Guibelalde presidió la patronal guipuzcoana durante seis años. Accedió al cargo en 2012, en sustitución de Eduardo Zubiaurre, y lo dejó en 2018, cuando tomó el relevo Eduardo Junkera en la institución que ahora dirige Isabel Busto. No obstante, su compromiso con el emprendimiento y la empresa guipuzcoana se mantuvo intacto tras abandonar la presidencia. Guibelalde siguió estando «siempre muy cerca» de Adegi. De hecho, su hijo Lander es actualmente vicepresidente de la patronal. 

La adjudicación de un contrato público es muchas veces un éxito para una empresa, resultado de la dura preparación de un proyecto con el que competir con otras firmas que optan también a llevarse ese trabajo que encarga la Administración. Pero, bien por esa competencia entre compañías, bien por la forma de ordenar el proceso de adjudicación pública, el hecho es que firmar un contrato con el Gobierno autonómico, las diputaciones o los ayuntamientos de Euskadi cada vez se ha vuelto más caro. En concreto, las empresas que presentan una oferta en una licitación pública deben rebajar una media del 22,5% su propuesta económica sobre la cifra contenida en las bases del concurso, si es que quieren tener opciones para llevárselo. Traducido a euros, solo el año pasado las empresas se dejaron 1.597 millones en el acumulado de las rebajas aplicadas, según esa media, a todas las contrataciones públicas. Esa es la cifra que resulta de aplicar el 22,5% sobre el total de 7.161 millones de euros que sumaron el total de los contratos públicos adjudicados en 2025 por las administraciones vascas a través de 9.625 expedientes, según se desprende de los datos de contratación pública del Ministerio de Hacienda –OIReScon–. Mientras tanto, cada vez más concursos se quedan sin empresa. En 2025, las licitaciones públicas desiertas en Euskadi sumaron 216,52 millones de euros, según el informe de Intescia-Doubletrade. Son 61,5 millones más que en 2021 (155 millones), un salto del 40%. Así, sobre los 7.256 millones licitados en el territorio ese año, el dinero que no encontró adjudicatario ronda el 3% del volumen sacado a concurso.

Entrevista con Garbiñe Biurrun, magistrada de la Sala de lo Social del TSJPV y presidenta durante 17 años. Repasa el «brutal» aumento de la litigiosidad laboral, profundiza en su reciente sentencia sobre la negativa patronal a negociar un Salario Mínimo Interprofesional (SMI) vasco, analiza la irrupción de la inteligencia artificial en el trabajo y responde a quienes acusan a los tribunales de orquestar una ofensiva contra el euskera. "...–En este momento concreto, ¿cuáles son los principales temas laborales que llegan a su mesa actualmente? –Más o menos, un 20 o 25% de los litigios son por despidos. Otro 40 o 45% son materias de Seguridad Social, como incapacidades, viudedad o el complemento por aportación demográfica y brecha de género, que ha generado una avalancha auténtica. También hemos tenido muchos pleitos por reclamación de fijeza en las administraciones públicas ante el abuso de temporalidad...Los concursos los ven en los Juzgados de lo Mercantil, pero sí tenemos litigios asociados a ellos, especialmente por despidos o reclamaciones de salarios previos al concurso. Sobre los despidos colectivos, que vienen directamente a nuestra Sala, no hay un número especialmente relevante en este momento...- Vd fue la ponente de la reciente sentencia que avaló la negativa de Confebask a negociar un SMI vasco. ¿Por qué tomaron esa decisión? –Entendemos que el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores atribuye al Gobierno de la nación la competencia de fijar anualmente el salario mínimo interprofesional. La negociación colectiva no puede atribuirse esa competencia si una de las partes, en este caso la empresarial, se niega. Otra cosa distinta sería un acuerdo interprofesional que fije un salario mínimo de convenio al que se comprometan a respetar todos los convenios sectoriales, pero el litigio versaba sobre un SMI para todas las personas trabajadoras de la comunidad, y eso no es posible...Al margen de mi condición de magistrada, claro que tengo una opinión personal y no sólo judicial del asunto...Opino que un salario mínimo único y fijo para todas las comunidades autónomas genera desigualdad. El mismo salario mínimo no cunde lo mismo en Extremadura, por poner un caso con un nivel de vida inferior, que en Euskadi, desde la vivienda hasta la alimentación. A mí me parecería razonable que Euskadi y el resto las comunidades autónomas tuvieran capacidad para regular, al menos en una parte, su salario mínimo, utilizando los parámetros del Estatuto de los Trabajadores. Esto podría ser objeto de una negociación política para modificar la ley .."

Iberdrola, la mayor energética española, está a punto de lograr el hito histórico de convertirse por primera vez en la mayor eléctrica privada del mundo por capitalización bursátil, superando a la norteamericana NextEra, después de décadas intentándolo. El pasado viernes, Iberdrola, que cotiza en España y es uno de los grandes valores del Ibex, cerró a 20,33 euros por título, con un ligero repunte del 0,4%, alcanzando un valor de 135.665 millones de euros. Está en zona de máximos históricos. NextEra, que cotiza en la Bolsa de Nueva York, cerró el pasado viernes a 76,08 dólares, con una subida del 0,61%. Su capitalización quedó en 158.701 millones de dólares (139.304 millones de euros al cambio actual). El grupo estadounidense NextEra, conocido en España por un litigio multimillonario contra el Gobierno español por el recorte de las subvenciones a las renovables hace más de una década, ha sido desde hace años la primera eléctrica privada por valor en Bolsa a nivel mundial. Sistemáticamente, su capitalización ha sido muy superior a los 100.000 millones de dólares desde al menos 2017. Era un listón inalcanzable para el resto de eléctricas privadas. Aunque Iberdrola se ha ido acercando poco a poco, el poder de NextEra en renovables y la fuerza de su mercado natural (Estados Unidos), le impulsaban hasta tal punto que le hacían ser casi un objetivo imposible de abatir en la carrera de las eléctricas privadas en Bolsa (los grupos chinos estatales o fuertemente intervenidos por el Gobierno asiático juegan en una liga aparte). Ahora, la situación es muy distinta, con Iberdrola pisándole los talones y, sobre todo, con NextEra en retroceso y la eléctrica española al alza.

De 4.376 plazas para pernoctar en Álava a 5.733. El‘boom’del territorio como destino turístico empuja al sector a abrir más establecimientos y hoteles en un estío récord en cuanto a oferta hotelera. Desde el último verano antes de la pandemia –el de 2019– hasta este ejercicio el número de plazas para dormir en Vitoria ha incrementado en 1.357. Así lo atestiguan la encuesta de establecimientos turísticos receptores (ETR) de Eustat, que muestra unas cifras todavía mejores que las del Instituto Nacional de Estadística –este órgano sólo ofrece estimaciones– para este periodo. El auge de Álava, sin embargo, no ha llegado con la apertura de grandes superficies con cadenas hoteleras de renombre. Si hay más sitios para hacer noche en Álava es porque han crecido las pensiones y los hoteles de dos estrellas o menos. De hecho, la presencia de estas opciones ‘low cost’ ha crecido un 78,7% en el territorio. El dato es todavía más exagerado en la capital. Vitoria cerró julio con 2.360 camas a precios asequibles cuando hace siete años sólo tenía 1.074. Es más del doble que en 2019. El ritmo de crecimiento ha sido particularmente intenso en los últimos tres años, en los que Álava ha ganado más de 300 plazas de media cada verano. 

Aunque el ocio es, de largo, el principal motor del turismo en Euskadi, los últimos informes del Gobierno vasco muestran ciertas asimetrías dentro de nuestros propios destinos. Detrás de la foto general se esconden pequeños detalles que diferencian a Vitoria y Álava del resto del País Vasco, según el ‘Estudio del perfil y comportamiento de las y los turistas que visitan Euskadi’, estadística que elabora el Eustat. En el informe general del País Vasco, el Gobierno desglosa la composición de los visitantes según el motivo que les trae hasta aquí. En el caso de Vitoria, destaca que la capital alavesa es el destino donde más peso tienen tanto el turismo de negocios (18,2%) como las estancias que sólo se producen como tránsito entre un sitio y otro (5,6%). La ciudad también lidera en aspectos como las pernoctaciones ligadas a visitas familiares o cuestiones educativas. Por contra, el ocio moviliza aquí menos: un 65,2%, nueve puntos por debajo de la media de Euskadi. Los congresistas, además, sólo representan a una de cada cien personas que hace ‘check-in’ en los alojamientos vitorianos.

Un verano «extremadamente seco» en muchos puntos de Álava está afectando ya a las grandes reservas hídricas del territorio. No llueve, o apenas lo hace, desde hace meses; la tierra está completamente seca y, de este modo, el agua no fluye hacia los embalses. Tampoco han ayudado las temperaturas descontroladas, pues el intenso calor ha provocado una fuerte evaporación. Poco a poco, los pantanos alaveses han ido perdiendo volumen a la espera de que lleguen las tan ansiadas precipitaciones. Algo va a caer durante estos días, pero no será más que un pequeño alivio para Ullibarri-Gamboa y Urrunaga, que ya se encuentran más de seis puntos por debajo de los registros del ejercicio anterior; y eso que la época estival entonces también fue seca y escasa de lluvias. El embalse de referencia de Álava, el de Ullibarri, se encuentra en estos momentos al 63% de su nivel total. Está ya cerca del mínimo del 61% que registró en noviembre del año pasado, cuando comenzó a llover con mayor frecuencia tras unas semanas sin apenas chubascos. Queda, eso sí, muy lejos todavía de aquella impresionante sequía entre 1988 y 1990 que obligó a restringir el consumo del recurso hídrico y el uso de la luz, cuando se situó en un 15% de su margen disponible.

La rabia acumulada en España desde hace unos años por la permanente crisis de acceso a la vivienda, sobre todo entre los más jóvenes, tomó este fin de semana el centro de Madrid. Miles de jóvenes que siguieron la semana pasada el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años que llevaba más de 70 en la misma casa, se manifestaron el sábado por las calles del centro de la ciudad. Al acabar, decenas de ellos desplegaron sus tiendas de campaña en la Puerta del Sol, en una movilización en la que resuenan ecos del Movimiento 15-M de 2011, aunque está muy lejos de alcanzar su dimensión. El objetivo de los manifestantes es presionar al Gobierno para que tome medidas de forma urgente a fin de atajar la crisis de la vivienda, pero la negociación para sacar adelante medidas de calado mañana mismo es compleja.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, confirmó ayer lo que era un secreto a voces: el Ejecutivo “está trabajando” para llevar al Consejo de Ministros de mañana un real decreto sobre vivienda con el objetivo de “aliviar la situación de emergencia habitacional que viven millones de españoles”. El texto incluirá algunas de las medidas que el Congreso tumbó en abril, como la prórroga de los alquileres y la prohibición de desahuciar a los fondos de inversión, una de las exigencias planteadas por Sumar. Por de pronto, ayer, el secretario general de Junts, Jordi Turull, defendió que su partido es favorable a “parar los pies” a los fondos buitre, pero pidió al Gobierno que no mezcle el decreto de vivienda con medidas que lo que hacen es criminalizar al pequeño propietario. Por su parte, Aitor Esteban, presidente del PNV, afirmó que es posible aprobar un decreto de medidas urgentes de vivienda que proteja a los ciudadanos de situaciones “terribles e inaceptables”, pero advirtió de que esto sólo es posible si cada partido renuncia a sus posiciones “de máximos”.

El mercado laboral español sigue siendo un territorio hostil para los jóvenes pese a las mejoras experimentadas en estos últimos años. Los menores de 25 años están muy lejos aún de recuperar los niveles de empleo, actividad y paro que tenían antes de la Gran Recesión, cuando comenzó una oleada de despidos que les afectó de forma especial y su paro empezó a escalar, hasta el punto de que llegó a triplicarse y rozar el 57%; es decir, en 2013, más de la mitad de los jóvenes españoles que querían trabajar estaban en paro. Más de una década después, esa tasa se ha logrado reducir en más de la mitad, pero el colectivo se mantiene como uno de los que más dificultades encuentra a la hora de acceder a un trabajo, sobre todo a edades más tempranas, y más de 460.000 están en situación de desempleo, según datos de la última Encuesta de Población Activa (EPA). El Ministerio de Trabajo ha decidido tomar cartas en el asunto y esta misma semana ha abierto la mesa de diálogo junto a los agentes sociales para desarrollar políticas que ayuden a mejorar el acceso al empleo para los jóvenes y también para los parados de larga duración. La propuesta elevada a patronal y sindicatos busca que al menos 200.000 personas menores de 25 años encuentren su primer empleo para 2028 a través de acciones públicas e itinerarios personalizados y específicos, lo que reduciría el número de desempleados en este tramo de edad casi a la mitad. 

"España convive con tres indicadores que miden de modo distinto una variable económica crítica: la competitividad. El primero es el World Competitiveness Ranking del IMD, un ejercicio anual que no se ocupa de precios, sino del terreno de juego en el que compiten las empresas: infraestructuras, gobierno, educación y regulación. España ocupa el puesto 39 de 70 economías, por debajo de la decimocuarta posición que le correspondería por su PIB...La productividad es baja y la inversión en I+D apenas alcanza el 1,4% del PIB frente al objetivo europeo del 3%...La competitividad no se decreta por ley: se construye con empresas más eficientes, trabajadores mejor formados y capacidad real de crear valor añadido. Ese es el verdadero objeto del deseo: una España que progrese produciendo mejor, no simplemente abaratándose". 

El Ejecutivo español está tratando de rebañar el poco margen fiscal que le queda en 2026 para presentar un nuevo escudo anticrisis energética mañana sin quebrar los compromisos adquiridos en Bruselas. Y, para lograrlo, el Gobierno sopesa pedir a la Comisión Europea activar la suspensión parcial de las reglas fiscales para ganar ese hueco que les permita gastar más de lo prometido sin incumplir con la senda de ajuste pactada, según explican fuentes conocedoras de las negociaciones. El Ejecutivo tiene previsto aprobar ese nuevo paquete en el Consejo de Ministros, junto con el decreto de vivienda. Desde que Estados Unidos e Israel atacaron Irán y se desató la escalada de precios del petróleo y sus derivados, España ha lanzado dos paquetes de ayudas: el de marzo, con una fuerte potencia de fuego que activó rebajas fiscales y ayudas a los combustibles, y su prórroga más modesta, que vence el último día de septiembre. Entre los dos suman unos 10.000 millones de euros. Esa cantidad ya consumía buena parte del margen fiscal que España acumulaba en la senda de ajuste pactada con Bruselas para siete años, entre 2025 y 2031.

España sigue a la cola de la Unión Europea en previsión social complementaria para la jubilación, lo que teniendo en cuenta el escenario financiero que afronta la Seguridad Social con un déficit contributivo de 60.000 millones –y la necesidad de inyectar cada año un mayor volumen de impuestos para sostener las cuentas– hace que esta falta de ahorro privado a largo plazo constituya una amenaza más para la salud del sistema público de pensiones. Así lo pone de relieve la Comisión Europea en un informe publicado hace escasos días en el que sitúa a España a la cola de madurez de los sistemas de pensiones complementarios y con un elevado margen de expansión de los mismos. Señalando, en última instancia, que es necesario abordar medidas para el impulso de la previsión social complementaria para la jubilación a los efectos de garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones y de las cuentas públicas. Lo hace en el marco del informe sobre el estado de las finanzas públicas comunitarias (Report on Public Finances in EMU 2026) en el que la Comisión estudia cómo pueden los países europeos afrontar las enormes necesidades de gasto sin quebrar su estabilidad presupuestaria. De forma transversal para todos los países se traslada una serie de recomendaciones para aumentar la eficacia y la eficiencia del gasto. Y se indica que “avanzar en estos ámbitos resulta aún más urgente en el contexto económico y de finanzas públicas actual”.

Telefónica ha puesto en marcha un proceso de reestructuración y reinvención de su filial Telefónica Deutschland, que usa la marca O2 y que se inició con la llegada –en enero de este año– del nuevo consejero delegado (CEO), el hispano-alemán Santiago Argelich Hesse. O2, que es la tercera filial del grupo por tamaño (8.172 millones de euros de ingresos en 2025, frente a los 13.012 millones de la filial española y 9.451 millones de la brasileña), sufre desde 2023 el impacto negativo de la decisión de su rival, la teleco 1&1, de dejar de alquilar su red móvil y pasarse a la de Vodafone. Ese cambio de red suponía pérdidas millonarias de ingresos para O2, estimadas en hasta 500 millones de euros anuales. Y aunque el trasvase de red finalizó en 2025, las comparaciones con ese ejercicio, donde aún se producían esos ingresos mayoristas, lastran las comparativas de la filial alemana cuyos ingresos cayeron en 2025 un 3,8% y lo continúan haciendo en 2026 (-9,8% en el primer semestre), aunque ese impacto de 1&1 dejará de pesar ya en los resultados de 2027, primer año en que se podrá apreciar el crecimiento subyacente, al margen del impacto de 1&1. El nuevo CEO está dando una sacudida a toda la organización, utilizando la aplicación masiva de la IA para “hacer un replanteamiento profundo de cómo se opera, porque hay ya disponibles tecnologías de IA que permiten simplificar procesos y sistemas de forma extrema”, según ha señalado Argelich en un encuentro con medios españoles. De hecho, se están aplicando 150 casos de uso de la IA, desde la gestión de la red –donde se han logrado ahorros de energía del 10€%– a la experiencia de usuario –dando más autogestión al cliente y mayor personalización–, así como a los procesos internos, para lograr más agilidad y reducciones de costes.

El ciberataque de la semana pasada contra las web de Adif y, a consecuencia del primero, sobre Renfe pudo ser definitivamente neutralizado el pasado sábado, cuando la web del gestor de infraestructuras ferroviarias recuperó definitivamente su dominio adif.es. Ahora toca hacer balance y, a la novedad de que por primera vez ha sido una IA la que ha abierto el camino a los delincuentes, se suma cuantificar el robo de información y datos en ambas compañías. El pasado viernes, cuando este diario publicó en exclusiva lo sucedido, la cifra de información robada se conocía en Gigabytes, cifrándose en 500 Gb, según fuentes conocedoras de todo el proceso, desde el ciberataque hasta la neutralización, en la que ha intervenido en el Centro Criptológico Nacional, el organismo de alerta y respuesta ante ciberataques a organismos oficiales y administraciones públicas. Desde que se está analizando cuál es la información robada, los datos elevan la gravedad del ataque. El pasado viernes, las empresas que operan bajo el paraguas del Ministerio de Transportes admitieron el acceso de los delincuentes a «información limitada de usuarios, consistente principalmente en nombres y direcciones de correo electrónico». Renfe indicaba con la información disponible, no se han identificado evidencias de acceso a datos bancarios, financieros, medios de pago, DNIs u otra información especialmente sensible. Sin embargo, el análisis forense del ciberataque ha contabilizado el robo de tablas con más de 150 millones de datos, clasificados en tres categorías: datos de bajo riesgo, registros de alto riesgo y datos nominativos de billetes.

Antonio Garamendi será reelegido presidente de la CEOE este jueves. Sin rival en las elecciones, el vasco será proclamado por aclamación. Arrancará su tercer mandato al frente de la patronal española y lo hará con un equipo más cohesionado que nunca. Los empresarios se han recuperado del cisma que sufrieron hace un año y medio por el convulso proceso electoral de Cepyme y han hecho frente común con un respaldo nítido y prácticamente unánime a su presidente. Ahora toca rearmar los equipos para encarar la nueva etapa, que estará marcada por un complejo escenario político y económico, y los líderes de las principales organizaciones territoriales ya han movido ficha para ganar poder en el nuevo organigrama. La apuesta de los socios de CEOE es de continuidad. Si bien algunos de los representantes del empresariado patrio con más peso en la confederación han pedido algunos cambios. Al menos dos dirigentes territoriales han negociado con Garamendi un nuevo estatus. Se trata de Miguel Garrido, presidente de la patronal madrileña CEIM, y de Josep Sánchez Llibre, presidente de la catalana Foment del Treball. Ambos han mantenido conversaciones sobre su papel en la estructura de la organización y sobre la necesidad de reforzar su presencia en la cúpula con más poder.

El Banco Central Europeo (BCE) está cómodo con su actual ciclo de normalización monetaria. Diferentes fuentes cercanas al órgano de decisión de la institución con sede en Fráncfort explican que descartan pisar el acelerador y que la posibilidad de elevar los tipos de interés con movimientos más contundentes, como subidas de 50 puntos básicos, es algo que “no aparece en el horizonte cercano”. Pese a que la inflación se ha recrudecido a causa de la persistencia del cierre del estrecho de Ormuz por la guerra en Irán, los diferentes miembros del BCE consideran que pueden ir paso a paso en su endurecimiento monetario sin pasar a una etapa de movimientos “más contundentes y persistentes”. A su juicio, la revisión al alza de las proyecciones de inflación no cambia el hecho de que las expectativas de las empresas y las familias sigan ancladas. Además, aunque la inflación no volverá al objetivo del 2% hasta finales del próximo año, lo cierto es que el shock está siendo menos duro de lo esperado salvo en el terreno de la energía. 

Diez años después del referéndum que abrió una de las mayores fracturas políticas de la historia reciente del Reino Unido, el regreso a la Unión Europea ha dejado de ser una hipótesis relegada a los márgenes del debate. El primer ministro, Andy Burnham, se ha negado a descartar que una promesa para reincorporar al país al bloque comunitario pueda formar parte del programa con el que el Partido Laborista concurra a las próximas elecciones generales, mientras aumenta la presión dentro de sus propias filas para revisar las líneas rojas. Incluso el antiguo ‘premier’Tony Blair reclama abiertamente que se marque como objetivo trabajar durante la próxima década hacia la vuelta a una UE reformada. Burnham no ha prometido revertir el Brexit ni ha anunciado un cambio en la política oficial del Ejecutivo, pero su decisión de no cerrar esa puerta resulta significativa después de años durante los cuales la dirección laborista evitó cualquier cuestionamiento.

Hendrik Wüst es considerado por muchos como el sucesor natural de Friedrich Merz como canciller alemán, aunque todavía no. Cada revés electoral de la Unión Demócrata Cristiana (CDU) parece haber elevado un poco más la imagen de Wüst. La mañana después de que la formación ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) infligiera una dura derrota a su partido en Sajonia-Anhalt, el primer ministro de Renania del Norte-Westfalia fue fotografiado en Berlín comiendo currywurst cerca de la Puerta de Brandeburgo, acompañado por periodistas. “No fue casualidad”, afirma Moritz Küpper, coautor de una biografía de Wüst publicada en 2023. “Como primer ministro del estado más poblado de Alemania, tener madera de canciller es, de hecho, un requisito, y Wüst sabe cómo cultivar esa impresión”. El principal problema de Wüst es el momento. Se enfrenta a la reelección en Renania del Norte-Westfalia en abril. Su coalición con Los Verdes sigue gozando de popularidad. La CDU en Renania del Norte-Westfalia, un estado con 18 millones de habitantes, obtiene alrededor del 29% de los votos, por encima de su media nacional. Wüst también encabeza la clasificación nacional de políticos de la CDU, mientras que Merz ha caído al último lugar. Sin embargo, el apoyo a la AfD en el estado ha aumentado hasta el 22%, impulsado por el descontento en las ciudades industriales del Ruhr, que atraviesan una situación difícil. Cambiar al candidato a primer ministro estatal a pocos meses de las elecciones conllevaría riesgos. “El momento no podría ser peor para él”, afirma un funcionario del partido...Otro obstáculo es la negativa de Merz a dimitir. Destituir a un canciller sin nuevas elecciones requeriría una moción de censura “constructiva” en el Parlamento, lo que significa que su sucesor tendría que contar simultáneamente con el respaldo de una mayoría absoluta en el Bundestag. Dado que el Gobierno ostenta una mayoría de sólo 12 escaños, tal maniobra estaría plagada de riesgos...Una fuente interna del partido indica que la dirección de la CDU tiene incentivos para estabilizar el Gobierno y “sobrevivir al otoño y el invierno”. “Existe la expectativa de que las cosas mejoren el próximo año, con un repunte del crecimiento económico”, añade. El partido también espera que las cinco elecciones regionales de 2027, todas en el oeste de Alemania, arrojen mejores resultados para la CDU que en el este...