20260930

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día.

En el octavo mes de conflicto en Oriente Medio, los precios han mostrado su peor cara para los consumidores españoles. El Índice de Precios de Consumo (IPC) se desbocó en septiembre al 4,9%, seis décimas más que en agosto y un nivel que no se registraba desde febrero de 2023, cuando España aún se recuperaba del shock energético de la guerra en Ucrania, según los datos adelantados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Una nueva guerra, esta vez en Irán, ha vuelto a disparar los precios de la energía. Así, del total de esta tasa, «dos puntos vendrían determinados por la evolución de la inflación energética», según explicó el vicepresidente del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Pese a que Bruselas ha pedido a los Estados miembros no aplicar estímulos a la demanda de hidrocarburos, el Ejecutivo ha decidido seguir priorizando la contención de precios y prorrogar las bonificaciones a los combustibles. La norma extiende durante el cuarto trimestre del año las ayudas y para el transporte por carretera se amplía la ayuda al gasóleo profesional para los vehículos con derecho a devolución parcial del Impuesto sobre Hidrocarburos. En concreto, mantiene la ayuda de 20 céntimos por litro al diésel y eleva a esta cuantía la de la gasolina durante el mes de octubre. Ya en noviembre, la rebaja fiscal para ambos carburantes se reducirá a 13 céntimos y en diciembre queda fijada en 6 céntimos por litro. En el ámbito agrario, se mantendrá la bonificación de 20 céntimos por litro sobre diésel agrícola y en el sector pesquero se prorroga la ayuda compensatoria a las empresas armadoras para absorber el incremento de los costes de los carburantes, con el fin de asegurar la operatividad de los buques. El paquete también prevé reducir temporalmente el IVA de la electricidad al 10%, frente al 21% actual, y rebajar el Impuesto Especial sobre la Electricidad al mínimo legal del 0,5%, desde el 5,11% vigente, si el IPC energético supera el umbral del 15%. Por otro lado, el Gobierno prorroga también las ayudas destinadas a agricultores, ganaderos, armadores y transportistas profesionales por carretera y habilita una nueva línea de apoyo al transporte de mercancías. Más allá de estas iniciativas coyunturales, el Gobierno enfatiza que la solución de fondo pasa por acelerar la transición ecológica y reducir la dependencia de los combustibles fósiles.

La industria española ha recibido como un «jarro de agua fría» el nuevo paquete aprobado por el Gobierno para amortiguar el impacto de la crisis energética y advierte de que la falta de medidas específicas para el sector puede desembocar en paradas de producción y cierres durante los próximos meses. «Desgraciadamente van a pasar cosas», asegura a este periódico Carlos Reinoso, portavoz de la Alianza por la Competitividad de la Industria Española. El malestar llega después de semanas de interlocución con el Ejecutivo. La Alianza había trasladado a Moncloa propuestas y estimaciones sobre el impacto de la escalada energética y confiaba en que ese diálogo desembocara en una respuesta concreta para las fábricas. «Teníamos la percepción de que se nos había escuchado», explica Reinoso, que lamenta que entre las medidas anunciadas «no haya absolutamente nada para la industria» en materia energética. El malestar también se extiende al resto de sectores productivos: transporte, gasolineras y campo ven insuficientes las medidas del Gobierno.

El Gobierno vasco ha concedido el premio Joxe Mari Korta a la empresaria Amaia Susperregui, directora general de la firma guipuzcoana fabricante de grúas Jaso. Se trata del galardón con el que el Ejecutivo reconoce a quienes, desde la empresa, generan empleo y arraigo en Euskadi. Así aparece este martes en el Boletín Oficial del País Vasco, que publica el fallo del jurado formado por la Fundación Joxe Mari Kortaren Bidetik y las patronales Adegi, Cebek, Confebask y SEA. Entre los méritos de la premiada se ha valorado su carrera en el tejido industrial de Gipuzkoa. Susperregui ha ejercido cargos de apoderada y administradora en sociedades como Jaso Equipos de Obras y Construcciones, Mecanizaciones Auxiliares del Norte, Ursuaran y Suspergi. Ver nota Gobierno Vasco. 

Las proposiciones no de ley, como su propio nombre indica, no tienen consecuencias legales, pero sí tienen valor simbólico y sirven para afear posiciones del Gobierno. Es lo que ha hecho este martes el Congreso de los Diputados, que ha debatido sobre la mayor compra de trenes de la historia de Renfe para terminar reprochando al Ejecutivo que esa licitación haya dejado fuera a los fabricantes vascos Talgo y CAF, así como a los europeos que tienen centros de producción en España -Stadler y Alstom-. La situación se conoció la pasada primavera y el presidente de Talgo, José Antonio Jainaga, se quejó públicamente al considerar que «la ciudadanía no entendería que se deje fuera a Talgo». El caso es que la iniciativa del Partido Popular en la que solicitaba al Ejecutivo que suspendiera la licitación de 4.100 millones de euros para adquirir entre 30 y 40 trenes de alta velocidad ha salido adelante con los votos de la formación que preside Javier de Andrés en Euskadi (14) más los de Vox (3) y el de Esquerra Republicana. En la comisión de Transportes del Congreso han sumado así 18 votos para imponerse a los 12 del PSOE y 3 del Sumar, que se han posicionado en contra. PNV y Bildu no han acudido a la sesión. El PP acusó al ministro de Transportes, Óscar Puente, de hacer una licitación a dedo para el fabricante japonés Hitachi. Es una afirmación que ha venido sosteniendo basándose en elementos del pliego como el que exige una velocidad comercial homologada de 350 kilómetros por hora, requisito que solo cumple el fabricante nipón, así como otras condiciones como la distancia de 1.080 milímetros entre vagones.

Fagor Ederlan y Duoli Technology marcarán en rojo en el calendario la fecha de hoy, el día en que arrancó su proyecto conjunto al 50% 'Lieder Automotive', con el que, desde la localidad zaragozana de Borja, han abierto una nueva era de colaboración industrial entre las empresas vascas y las del gigante asiático. La firma puso en marcha oficialmente una planta que dará empleo en primera instancia a 170 personas y que en sus 15.000 metros cuadrados tiene capacidad para fabricar componentes estructurales para vehículos eléctricos. Esas piezas se destinarán a los modelos B10 y B05 del fabricante chino Leapmotor, los cuales serán suministrados al grupo Stellantis, en Figueruelas. Las instalaciones disponen de 14 líneas de producción y más de 138 robots, con procesos avanzados de ensamblaje y sistemas orientados a garantizar los estándares de calidad, eficiencia y seguridad requeridos por la industria de la automoción. La capacidad de la factoría podrá alcanzar los 40.000 chasis anuales. El proyecto contempla además posibilidades de crecimiento, ampliación de capacidades y desarrollo de nuevos componentes para acompañar las necesidades de futuros clientes. 

Eibar no quiere saber nada de parques eólicos. Y su alcalde, Jon Iraola, lo ha vuelto a dejar claro este martes en un mensaje en sus redes sociales con un 'no' rotundo al proyecto de Basalgo: “Nuestra postura sigue siendo la misma: no queremos que este parque eólico llegue a Eibar”, ha escrito en su cuenta de X (antiguo Twitter). Lo ha hecho después de conocer que el Gobierno Vasco ha ampliado en cinco días, hasta el próximo 14 de octubre, el plazo para presentar alegaciones al proyecto del parque eólico de Basalgo, tal y como había solicitado el propio Ayuntamiento para poder analizar con más tiempo la documentación y las afecciones previstas sobre el municipio.

Volotea se ha acogido a un preconcurso de acreedores para intentar reestructurar su deuda y evitar su desaparición. La aerolínea opera desde hace 14 años en Loiu, donde actualmente cuenta con 22 rutas y está preparando la apertura de un nuevo enlace con A Coruña. Es la segunda línea que más opera en el aeródromo vizcaíno. La noticia de las dificultades financieras que atraviesa la aerolínea española y su preconcurso ante un juzgado de Barcelona ha sido adelantada este martes por El Economista. No obstante, su complicada situación financiera se conocía en el sector, ya que Volotea lleva varios años presentando balances negativos. La aerolínea arrastra una fuerte carga financiera. De hecho, una parte importante del dinero que debe se lo adeuda al Estado, ya que fue una de las aerolíneas rescatadas por el Gobierno durante la crisis del Covid 19.

El PSOE y Sumar lograron cerrar ayer un acuerdo para llevar al Congreso un paquete de medidas urgentes en materia de vivienda. La sorpresa es que no habrá un único real decreto ley sino dos. Uno que recoge el compendio de medidas «transversales» en el que el Ministerio de Vivienda venía trabajando con los grupos parlamentarios desde julio y otro que solo lleva una iniciativa introducida en el debate estos días por el Sindicato de Inquilinas y que los grupos de la izquierda habían hecho suya, la renovación automática de los alquileres o, dicho de otro modo, los contratos indefinidos. El primero de los textos, el más amplio, incluye una protección frente a los desahucios hasta 2030; una prórroga de dos años de los contratos en vigor que finalizan antes del 31 de diciembre de 2028; la regulación de alquiler de temporada y habitaciones, que Sumar peleó hasta el final; la prohibición a los fondos buitre de comprar vivienda hasta el 2028; financiación pública a un 0% de interés para la compra de la primera vivienda; deducciones fiscales para inquilinos con rentas por debajo de los 30.000 euros y bonificaciones en el IRPF para propietarios que bajen un 5% el precio del alquiler. En público, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, no lo dijo tan abiertamente, pero en privado fuentes gubernamentales admiten que lo que se pretendía evitar con esa división es que algunos grupos, como Junts, se vieran tentados de acogerse a esa medida de última hora para justificar un voto en contra que hiciera decaer todo lo demás. El PNV no apoyará las medidas si equiparan «a fondos buitre con pequeños propietarios».

“Las Administraciones y los decisores políticos tienen que juzgar cómo deben evitar que se produzcan situaciones de particular vulnerabilidad e intentar proteger, pero también tienen que interiorizar que, al hacerlo, no generen desincentivos a la oferta [de vivienda] en un horizonte de dos a tres años”, indicó Escrivá, durante el XVII Encuentro Financiero EXPANSIÓN-KPMG. “Hay que hilar muy fino para que cualquier medida de mitigación por el lado de la demanda no genere efectos indeseados que no queremos nadie. Ése es el arte”, dijo el gobernador, sin entrar a valorar las iniciativas contenidas en los dos decretos en materia de vivienda que fueron aprobados ayer por el Consejo de Ministros. Escrivá llamó a considerar “varios elementos que a veces no se ponderan suficientemente” al diseñar políticas públicas. Uno de ellos –citó– es la colaboración. “La vivienda es un ámbito en el que están implicados todos los niveles de las Administraciones Públicas, por lo que es especialmente relevante la cooperación y la búsqueda de incentivos para que todas las políticas vayan en la misma dirección para resolver el problema”, valoró. El gobernador también puso el foco en el “serio problema de oferta” existente, cada día “más agudo”. El Banco de España estima que existe un déficit de entre 700.000 y 750.000 viviendas, que podría alcanzar el millón de inmuebles para el año 2028, como consecuencia de una doble dinámica: el ritmo relativamente bajo de salida de vivienda al mercado (en torno a 100.000 casas al año) y una demanda que está creciendo con fuerza por el aumento de la población, la creación de hogares, las rentas familiares y la demanda exterior. “Desde una perspectiva del medio plazo, hay que poner el énfasis en los cuellos de botella por el lado de la oferta, para que la producción se acompase a una demanda que va a seguir siendo muy fuerte”, remarcó.

La principal patronal catalana, Foment del Treball, presentó ayer su Libro blanco sobre el absentismo laboral, en el que intenta radiografiar el problema del crecimiento de las bajas laborales en Cataluña y en el resto de España, y esbozar unas propuestas para solucionarlo. Entre las medidas más llamativas que reclaman a las administraciones está la recuperación del despido objetivo para los trabajadores que se ausenten de su puesto de trabajo, “con independencia de las causas”, en repetidas ocasiones o que se ausenten de manera prolongada. No se trata, pues, de despedir a los que estén cometiendo fraude en las bajas —una circunstancia residual y difícil de demostrar, como admitieron los autores del informe—, sino de que las empresas puedan extinguir el contrato de forma objetiva si las bajas laborales emitidas por un facultativo son repetidas o muy prolongadas. Este mecanismo ya estaba contemplado en el Estatuto de los Trabajadores, en su artículo 52.d, que permitía el despido objetivo por faltas de asistencia intermitentes, incluso estando justificadas, si las faltas alcanzaban el 20% de las jornadas hábiles en dos meses consecutivos (siempre que el total del año anterior llegara al 5%) o el 25% en cuatro meses discontinuos dentro de un periodo de 12 meses. Esto fue así hasta febrero de 2020, cuando el Real Decreto-ley 4/2020 lo eliminó del Estatuto de los Trabajadores, haciendo que a partir de entonces las bajas laborales ya no pudiesen ser causa de despidos.

El jefe de la oposición defendió que las mutuas puedan dar el alta a los trabajadores “en determinadas patologías”. Así, el PP abre la puerta a una histórica reclamación patronal: las mutuas ya pueden dar el alta en las enfermedades de origen profesional (las causadas por el trabajo), pero con esta propuesta del PP también podrían hacerlo en contingencias comunes. Ahora las mutuas pueden emitir propuestas de alta, pero la última palabra la tiene el médico del sistema público. “¿Vamos a reforzar el papel de las mutuas? Sí. ¿Vamos a facilitar que las mutuas hagan pruebas diagnósticas? Sí”. Esos dos planteamientos no difieren de lo que defienden el Gobierno, la patronal y los sindicatos, que firmaron un acuerdo para incrementar el protagonismo de las mutuas en el tratamiento de las bajas musculoesqueléticas, de cara a aliviar las listas de espera y facilitar la reincorporación de los empleados. Sin embargo, hay un tercer comentario de Feijóo sobre las mutuas que solo tiene respaldo empresarial: “¿Vamos a facilitar que en determinadas patologías las mutuas puedan dar altas? Sí”. Con este anuncio, el jefe del PP abre la puerta a que en algunas enfermedades, que no precisó, las mutuas puedan conceder el alta.

Un “mero trámite”. Así es como ven en la cúpula de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) la reelección de Antonio Garamendi como presidente de la gran patronal española hasta 2030. El actual líder empresarial será proclamado mañana para un tercer mandato por aclamación de los miembros de la Asamblea electoral de CEOE. Garamendi no tendrá que someterse a las urnas, ya que así lo permiten los estatutos de la organización cuando solo se presenta un candidato. Así, Garamendi encadenará otros cuatro años (fue nombrado por primera vez presidente de CEOE en noviembre de 2018) después de haber modificado los estatutos para permitírselo. Y llega a su reelección “tranquilo”, según distintas fuentes de su entorno, y sin rivales, después de haber sofocado hace poco más de un año la que posiblemente fue la mayor división interna que ha vivido esta organización desde su creación en 1977. Este nuevo mandato se inicia, además, en un contexto de roces recientes con el Gobierno —la negociación con el Ministerio de Trabajo es ahora muy limitada— y en un clima político de expectativa de cambio por parte de los empresarios de cara a las próximas elecciones.

«No sabemos nada». «No tenemos información». «Están crípticos». Son algunos de los comentarios con los que responden en los sindicatos cuando se les pregunta por este asunto pendiente. Yolanda Díaz ha incumplido su promesa de aprobar la reforma del registro horario en septiembre. El proyecto de Real Decreto, cuya tramitación urgente fue activada en Consejo de Ministros hace ya más de un año, tropezó primero con las reticencias del Ministerio de Economía y después con el dictamen desfavorable del Consejo de Estado. La vicepresidenta, que lanzó esta iniciativa para intentar compensar el fracaso parlamentario de la reducción de la jornada laboral, lleva meses asegurando que se implantaría de manera inminente. Pero los continuos retrasos han provocado el hartazgo de los sindicatos, que ya en julio dieron un ultimátum al Gobierno y advirtieron de que no volverían a poner su firma en acuerdos que después no se materializan. El ultimátum sindical está vigente, según confirman fuentes de CCOO y UGT. «El compromiso sigue sin cumplirse y si los compromisos firmados no se cumplen, no tiene sentido comprometer otras cosas», sentencian desde una de las centrales. Tras el primer aviso de Unai Sordo y Pepe Álvarez a principios de verano, Díaz logró arrancar un pacto con el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, para tramitar el registro horario en septiembre. Pero el plazo se ha agotado y en estos momentos no hay un calendario sobre la mesa. Ni siquera la garantía de que, efectivamente, el nuevo texto vaya a aterrizar en algún momento en el Consejo de Ministros. 

Ángel Simón, presidente de Indra, y el consejero delegado, Josep Maria Recasens, ya tienen prácticamente completado su nuevo equipo directivo, que se encargará de desarrollar y ejecutar el nuevo plan estratégico del grupo de tecnología y Defensa. El consejo de administración aprobó en la reunión celebrada ayer, a propuesta de la comisión de nombramientos, retribuciones y gobierno corporativo, una renovación en algunos de los puestos clave del comité de dirección. La renovación del comité directivo de Indra, hasta ahora formado por 16 miembros, incluido el CEO, responde al objetivo de Simón y Recasens de contar con un equipo de confianza con el que ejecutar el nuevo plan estratégico, que se presentará el próximo 25 de noviembre. Tras la reunión de ayer del consejo de administración, que arrancó a las 16 horas, el comité de dirección de Indra pasa a estar formado por 11 integrantes, lo que supone adelgazar el nutrido equipo anterior, para lo que se reagruparán algunas responsabilidades tras la salida de algunos de los directivos clave en anteriores etapas y la promoción de otros.

La estructura formativa en España se asemeja a la figura de un reloj de arena. Hay a la vez muchos jóvenes con baja cualificación y con alta cualificación, pero existen muy pocos con estudios intermedios. Somos, de hecho, el país con menor proporción de graduados en Bachillerato o FP de Grado Medio (el 23%) de toda la OCDE, donde llegan a un 38%. Por contra, estamos en cabeza con Rumanía en jóvenes que no llegan a terminar estas etapas educativas (el 25%, frente al 12% de media) y se quedan con escasas competencias para desenvolverse en el trabajo. El macroinforme educativo anual de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, que se presentó ayer, nos tira de las orejas por esta asimetría, que es una de las razones del alto desempleo juvenil y de estar siempre en cabeza en sobrecualificación. Lo habitual es que haya muchos más jóvenes con el título de Secundaria superior bajo el brazo que jóvenes sin él, pero aquí no ocurre así. Es verdad que tenemos los mismos universitarios que la media (cuatro de cada 10), pero se ven abocados a emplearse puestos para los que tal vez no necesitaban haberse formado. Lo prueba el hecho de que la tasa de desempleo de los jóvenes españoles con educación superior sea del 8%, tres puntos porcentuales más que en la media de países analizados. La situación ha mejorado respecto a una década, cuando llegó a registrarse un 34% de jóvenes que en España no tenían ni el Bachillerato, pero «otros países han avanzado más que nosotros», apunta Ismael Sanz, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos. El también responsable de Educación de Funcas pone como ejemplo a Portugal, «que partía de un nivel prácticamente idéntico, el 33%, y lo ha reducido hasta el 15% en 2025».

El Gobierno presentará oficialmente mañana el proyecto de ley presupuestario. Según ya ha anunciado, incluirá medidas impopulares, como una congelación del sueldo de los funcionarios y de las pensiones de jubilación superiores a 2.000 euros. Lecornu considera necesarias estas políticas para reducir el elevado déficit público, del 5,4% del PIB previsto para finales de este año a un 5,1% en diciembre de 2027. Y así compensar la delicada situación de las arcas públicas del país, donde está previsto que la deuda supere el año que viene el 120% del PIB. Los sindicatos avisaron de que la huelga de funcionarios es solo el aperitivo. «Queremos alertar al Gobierno: no para de crecer la indignación por los salarios y el coste de la vida. (…) Si el Ejecutivo sigue haciendo oídos sordos, los frentes se multiplicarán», aseguró Sophie Binet, secretaria general de la CGT –uno de los dos sindicatos más influyentes en Francia–, poco antes del inicio de la protesta en París. De hecho, las organizaciones de trabajadores han advertido de que contemplan la convocatoria de una huelga general para las próximas semanas, si las autoridades no escuchan sus reivindicaciones respecto a los presupuestos y la subida de los precios.

La deuda de EEUU no deja de tensionarse, con especial castigo a la de mayor duración. Los bonos estadounidenses con vencimiento a 30 años alcanzaban ayer a media sesión máximos desde 2002, en el 5,60% de rentabilidad. Los inversores han vendido deuda americana a largo plazo durante seis sesiones consecutivas (la renta fija funciona a la inversa, ventas de bonos provocan subidas de rendimiento). La última vez que este título ofreció tanta rentabilidad fue en junio de 2002, hace más de 24 años, tras un periodo de escasez de emisiones de bonos a 30 años en EEUU. En el año, este bono ha incrementado su rendimiento algo más de 76 puntos básicos, pasando del 4,84% de rentabilidad con que comenzó 2026 al 5,60% actual. La venta de bonos se ha visto agravada en las últimas sesiones con el nuevo recrudecimiento del conflicto en Oriente Próximo. Los ataques entre EEUU e Irán han presionado de nuevo los precios del petróleo (ayer al cierre de los mercados europeos, el Brent se situaba en los 103 dólares por barril) y han hecho temer al mercado que la inflación siga al alza. La persistencia de la inflación podría derivar en una actuación más restrictiva de la Reserva Federal de EEUU, que este mes ha subido los tipos de interés por primera vez en tres años.

OpenAI anunció ayer que retrasa la fecha de lanzamiento de su último modelo, GPT-6.1 Astra, porque sus ingenieros se han dado cuenta en el último momento de que no cumple con los requisitos de seguridad, ha mostrado “mayores niveles de engaño” y ha avanzado en una tarea sin pedir permiso al usuario. Anthropic, su principal competidora, prevé advertir a los potenciales inversores en su salida a Bolsa de que la IA avanzada podría plantear “riesgos catastróficos o existenciales para la humanidad”, según adelantó Reuters. Es una advertencia llamativa por parte de una empresa que aspira a obtener beneficios precisamente de esa misma tecnología. Ambos anuncios se producen en un momento en el que las dos compañías que lideran el sector se están preparando para ser empresas cotizadas, en lo que se espera que sean las mayores salidas a Bolsa de la historia. “Es sorprendente que las empresas de IA hayan tardado tanto en entender un principio que muchos otros sectores llevan décadas aplicando: no se lanza un producto hasta que sea seguro”, dice Michael Rovatsos, profesor de la Universidad de Edimburgo, en declaraciones a la agencia SMC.