20261006

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día.

Europa ha calculado en 345.000 millones la inversión necesaria para completar la red ferroviaria de alta velocidad y mejorar los enlaces transfronterizos. Así se desprende del proyecto TEN-T, que desarrolla la Red Transeuropea de Transporte y que abre un escenario para los próximos siete años que Euskadi y Talgo quieren aprovechar diseñando el tren de alta velocidad de nueva generación. Es el proyecto que el consejero de Industria del Gobierno vasco, Mikel Jauregi, la diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, y el presidente de Talgo, José Antonio Jainaga, presentaron ayer tras visitar las instalaciones de la fábrica de Ingeteam en el parque tecnológico de Zamudio. Esta compañía, que también participa, es proveedor habitual de Talgo de elementos de transmisión de potencia en sus trenes. La apuesta, bajo el nombre ‘Basque Train 35’, contempla una inversión público-privada de 105 millones de euros y la creación de 140 empleos. Es, además, el octavo proyecto transformador con los que el Gobierno vasco ha articulado su plan Industria 2030. Jauregi señaló la necesidad de que «los trenes puedan funcionar en diferentes países y hoy –recordó– la industria está limitada al hecho de que cada país desarrolla su tecnología e infraestructuras». Mientras tanto, el centro de I+D que impulsa la nueva Talgo presidida por José Antonio Jainaga, ya tiene sede. Será en Bizkaia, en las instalaciones de Boroa del Automotive Intelligence Center (AIC). Así lo han confirmado fuentes conocedoras de los contactos, que señalan que Talgo TeknoRail se ubicará en este complejo de más 60.000 metros cuadrados que afronta una ampliación de otros 22.000 impulsada por la Diputación de Bizkaia. Ver nota Talgo. 

La escalada de las tensiones geopolíticas y el consiguiente aumento del gasto militar han abierto un nuevo ciclo para la industria de defensa en Europa. La guerra de Ucrania, la carrera por reforzar la autonomía estratégica y los compromisos para elevar los presupuestos militares están multiplicando los pedidos y acelerando las inversiones en un sector que gana peso económico a marchas forzadas. Euskadi no es ajena a este auge. Su potente tejido industrial en defensa, aeronáutica, seguridad y espacio mueve ya 1.270 millones de euros, el 7% de toda la facturación de estas áreas en España. El dato figura en el informe sobre el impacto económico y social de estas industrias elaborado por PwC para la patronal del sector, TEDAE, que sitúa al País Vasco como tercer polo del sector en España por volumen de facturación. Solo Madrid, con 9.501 millones de euros y el 53% del total, y Andalucía, con 3.135 millones y el 17%, se encuentran por delante. El estudio advierte, además, de que la elevada concentración madrileña está condicionada por el «efecto sede» de las grandes compañías. En Euskadi, en todo caso, este ecosistema se apoya también en grandes compañías y una extensa red de proveedores, con especial fortaleza en actividades de elevado componente tecnológico. Destacan firmas como ITP Aero, especializada en el diseño, fabricación y mantenimiento de motores aeronáuticos y con participación en programas militares como el Eurofighter o el futuro caza europeo; Aernnova, uno de los grandes fabricantes de aeroestructuras y componentes para aviones civiles y militares; Sener, que desarrolla sistemas de guiado, comunicaciones y otras tecnologías para programas de defensa y espacio; o la guipuzcoana SAPA, especializada en sistemas de transmisión, movilidad y generación de potencia para vehículos blindados.

La convocatoria de elecciones generales para el próximo 29 de noviembre amenaza con introducir una pausa en una parte relevante de la agenda regulatoria del Gobierno en un momento crítico por los altos precios de la energía por la guerra de Irán. El departamento que dirige Sara Aagesen tiene todavía abiertos varios desarrollos normativos que afectan directamente a la conexión de nuevos proyectos a la red así como a inversiones en renovables, almacenamiento y centros de datos. Para las empresas del sector, el problema no es tanto que estos expedientes vayan a quedar automáticamente anulados, sino que el adelanto electoral puede retrasar su aprobación y obligar al próximo Ejecutivo a decidir si mantiene, modifica o retoma unas normas que condicionan decisiones de inversión con horizontes de varios años. Uno de los desarrollos más relevantes es el real decreto que regulará el acceso de los centros de datos a la red eléctrica. Transición Ecológica cerró en septiembre la audiencia pública de una norma que pretende establecer condiciones más exigentes para estas instalaciones. La iniciativa del Gobierno castiga especialmente a Madrid y Aragón y el PP ya se ha posicionado en contra.

Nuevo giro de guion en la escena política y social española. Los sindicatos UGT y CC OO recogen el guante lanzado por el Sindicato de Inquilinas y dan un paso adelante para irrumpir con voz propia en la crisis de acceso a la vivienda que se ha desatado tras el desahucio de Maricarmen: movilizarán a los trabajadores para ir a una huelga general este otoño. Lo hacen precisamente el día en el que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha convocado elecciones generales para el próximo 29 de noviembre y sin dejar muy claro si es contra un Ejecutivo contra el que hasta hora no se habían manifestado. Así lo anunciaron este lunes por la tarde ambas organizaciones en un comunicado conjunto enviado a los medios de comunicación, el cual, sin embargo, no precisa la fecha exacta de celebración, que se decidirá más adelante, puesto que pretenden pactarla también con el Sindicato de Inquilinas. En cualquier caso, tendrá lugar antes de los comicios generales y se convertirá así en la primera huelga general en casi una década y media, la primera bajo la presidencia de Pedro Sánchez. El último paró de 24 horas convocado por los dos sindicatos mayoritarios se produjo en el año 2012, cuando salieron a las calles para protestar contra la reforma laboral de Rajoy.

Sánchez, que poco antes había cancelado toda su agenda, incluida su prevista asistencia a la inauguración del XXIX Congreso de la Empresa Familiar, anunció ayer la disolución de las Cortes, la fecha de convocatoria de las urnas y, de paso, pronunció su primer mitin. Lo hizo a través de una declaración institucional a primera hora de la mañana en la que admitió que “para hacer más, necesitamos renovar y ampliar el apoyo de la gente”; esto es, “lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia, progresista, con la que doblegar a las élites, conquistar nuevos avances sociales, y seguir transformando España”. Sánchez y buena parte del PSOE y de su Gobierno han atisbado una ventana de oportunidad en el malestar social por la vivienda. Una indignación que, por primera vez en mucho tiempo, no se focaliza en el Ejecutivo y que ha puesto sordina, al menos temporalmente, a la grave crisis de Ceuta y su mala gestión; a los múltiples casos de corrupción, donde Sánchez y el PSOE afrontan un calvario judicial en los próximos meses, o a otros problemas sobrevenidos, como una inflación que roza ya el 5%. “En esta legislatura nos ha tocado gestionar emergencias inéditas y navegar una coyuntura internacional muy difícil”, señaló Sánchez, que volvió a reivindicar su gestión económica: “Nuestro país se ha convertido en la economía que más crece y más empleo crea de toda la UE”.

La actividad económica crece a un ritmo anual del 2,6%, el doble que la eurozona, gracias a la generación de 739.888 puestos de trabajo el último año. En total, 1,7 millones desde que comenzó la legislatura en 2023. Sin embargo, esta mejora no se ha trasladado al grueso de la población. Al contrario: el poder adquisitivo de los ciudadanos se ha visto muy deteriorado por una inflación que ya se sitúa en el 4,9% y unos precios de la vivienda disparados. Además, durante los últimos años, la competitividad de las empresas se está viendo laminada, lo que amenaza la capacidad para exportar y captar capital extranjero. El producto interior bruto creció un 2,6% en el segundo trimestre del año, muy por encima de la mayoría de los países de la eurozona y más del doble que la media europea. Y acumula un avance del 9,5% en los últimos tres años. Un alza que ha venido impulsada a lo largo de esta legislatura por el turismo internacional (24,6%), la inversión en maquinaria (15,7%), la construcción (12,6%), el consumo privado (9,6%) y el gasto público (7,6%). Sin embargo, las exportaciones de mercancías han quedado atoradas (0,6%) lo que, sumado a un alza del 12,7% en las importaciones, ha llevado a un notable deterioro de la balanza comercial. Este aumento del PIB ha venido apoyado por la creación de empleo, sustentado a su vez sobre el crecimiento de la población extranjera en los últimos años...

El paquete de medidas para paliar la crisis habitacional -que ha derivado en una crisis social con acampada incluida en la Puerta del Sol- es solo una de las promesas de una agenda económica que el Ejecutivo no ha logrado cumplir y que en esta legislatura ha estado prácticamente paralizada por la aritmética parlamentaria. Ni Presupuestos del Estado -no ya de 2027, ninguno en toda la legislatura-, ni reducción de jornada (ni siquiera endurecimiento del registro horario), ni nuevo reparto de recursos entre comunidades, ni cambios en la ley del salario mínimo para evitar absorciones mediante los complementos, ni ley de transparencia salarial, ni Estatuto del Becario, ni reforma de la incapacidad temporal....La vivienda, su caballo de Troya. Ha pasado de ocupar el puesto 15 de los principales problemas de los españoles a convertirse en el gran problema nacional, en su caballo de Troya...Pedro Sánchez pasará a la historia por ser el primer presidente que, en sus más de tres años de mandato, no ha conseguido ya no solo aprobar sino ni siquiera llevar al Parlamento ni un solo proyecto de Presupuestos en toda la legislatura, algo realmente anómalo. Este ejercicio sí pretendía cumplir con su obligación y tenía la intención de presentar a las Cortes una propuesta de cuentas concebidas como programa electoral. Pero finalmente el adelanto electoral ha dado al traste con estos planes y tampoco ha sido posible...El nuevo registro horario suma retraso tras retraso y, pese a las promesas, tampoco se aprobó en septiembre. Así, la última promesa que se hizo a los sindicatos de llevarlo al Consejo de Ministros en septiembre–con cambios en el texto– tampoco se cumplió y, ese texto, se guardará ya en un cajón...

Otra papeleta para el PNV. O más bien, papelón. Sabin Etxea tendrá en sus manos la aprobación de los decretos de vivienda -u otros textos análogos muy similares- que rechazó el Congreso de los Diputados el pasado viernes. El Gobierno volverá a aprobar este martes, en la reunión ordinaria del Consejo de Ministros, los dos reales decretos ley, el que extendía la protección contra los desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional hasta 2030 y la prórroga forzosa de los alquileres hasta 2028, además del promovido por Sumar para imponer 'de facto' el contrato indefinido. La clave es que su suerte no dependerá esta vez del Pleno sino de la Diputación Permanente, el órgano que lo sustituye una vez disueltas las Cámaras o bien fuera de los periodos ordinarios de sesiones. Con el reparto en la Diputación Permanente, (27 diputados del PP, 25 del PSOE, incluida Armengol, seis de Vox, seis de Sumar y uno de ERC, Junts, EH Bildu, PNV y el Mixto), el decreto principal saldría adelante por 35 votos a 34 si se repiten los votos del viernes. No ocurre lo mismo con el segundo, el que, a instancias de Sumar, convierte en indefinidos los contratos de alquiler. El PNV ya dejó claro que no comparte su contenido, y sin su voto volvería a decaer. Asimismo, no puede darse por hecho que los jeltzales vayan a votar de nuevo a favor del primer decreto porque las circunstancias son radicalmente distintas y la maniobra gubernamental, incluso aunque el Ejecutivo apruebe los textos legales con ligeras modificaciones sobre los que ya fueron rechazados la semana pasada, podría interpretarse como un abuso de la figura del decreto ley...Fuentes oficiales del Euzkadi buru batzar recalcan que analizarán «la situación y la evolución de las conversaciones» antes de decidir. Eso sí, dejan claro que el PNV afronta la eventual negociación con una «posición clara: protección de las personas vulnerables y defensa del pequeño propietario, bajo el principio de seguridad jurídica», es decir, el mismo argumento que les llevó a respaldar el primer decreto y rechazar el segundo.

La vía aprobada el pasado martes por el Consejo de Ministros, y que el Congreso tumbó apenas tres días después, ha levantado encendidas críticas en el sector inmobiliario. Promotoras, fondos, agencias y consultoras advierten de que la propuesta ahuyenta al inversor y dinamita la oferta. A esto se suma ahora el malestar con la fórmula escogida por el Gobierno para intentar sacar las normas propuestas en materia de vivienda que tantas ampollas han levantado en el sector. Tras la convocatoria de elecciones para el próximo 29 de noviembre, el Ejecutivo tiene previsto aprobar hoy en el Consejo de Ministros los dos decretos. Su convalidación, por tanto, pasará a depender de la Diputación Permanente, que es el órgano que actúa cuando las Cortes están disueltas. Desde el sector recuerdan que, durante 40 años, la industria promotora y constructora fue capaz de poner 250.000 viviendas anuales en el mercado –75.000 de ellas de protección oficial–, mientras que en los últimos 15 años ni siquiera se llega a las 100.000. Este desplome impacta sobre todo en la vivienda protegida, donde apenas se alcanzan las 10.000 unidades al año. “Para poner nueva oferta sobre la mesa es necesario proteger la confianza del inversor y dar certidumbre legal, ya que la industria promotora por sí sola no puede asumir todo el desarrollo necesario y requiere capital privado e internacional para financiar la vivienda asequible”, añade. Por ello, piden a las fuerzas políticas “responsabilidad y sentido común”.

Con la crisis de la vivienda como telón de fondo, el empobrecimiento de los hogares españoles, sobre todo de los más jóvenes, se traduce en una menor capacidad de ahorro con sueldos más precarios, y en peticiones de préstamos al consumo en máximos. Según datos de la Encuesta Funcas 2026 sobre la cultura y las conductas financieras, dos de cada diez jóvenes españoles –entre 16 y 35 años– no fue capaz de ahorrar un solo euro durante los primeros seis meses de 2026. De hecho, la mitad de estos ciudadanos no superó los 400 euros de ahorro durante la primera parte del año, a pesar de que la media del dinero en la hucha de los más jóvenes es tres veces mayor, con hasta 1.280 euros. Funcas relata la diferencia abismal que existe en la capacidad de ahorro según el nivel educativo, que va desde los más de 2.265 euros de las universitarias hasta los 243 euros para aquellas jóvenes sin estudios superiores; mientras que en el caso de los hombres la horquilla se sitúa entre los 2.573 euros de enero a junio hasta los 723 euros de quienes carecen de estudios profesionales o superiores. ¿Y para qué se ahorra? Principalmente para la compra de una vivienda. Uno de cada tres jóvenes españoles se reserva una parte de sus ingresos para adquirir un inmueble, mientras que otro 25% se destina a partes iguales a imprevistos o a planificar viajes y vacaciones.

El consejero de Salud presentó ayer el plan de infraestructuras de Osakidetza para el periodo 2025-2032. En este programa dotado con 1.600 millones de euros se incluyen 75 actuaciones estratégicas, entre las que se recoge la construcción de nuevos edificios hospitalarios y ambulatorios, además de diferentes obras de reforma. Una de las principales líneas de actuación va dirigida a ampliar la capacidad quirúrgica del Servicio Vasco de Salud. De esta manera el Gobierno autonómico quiere dar respuesta al creciente número de operaciones que realiza Osakidetza y que se ha duplicado en los últimos años. Para ello Salud va a construir 36 nuevos quirófanos repartidos en ocho hospitales diferentes. Según apuntó el consejero Alberto Martínez, esta mayor disponibilidad de medios materiales, «evitará» que Osakidetza «dependa» tanto de las clínicas y reduzca el número de pacientes que deriva a la sanidad privada.

Los empresarios familiares ponen deberes al nuevo Gobierno, exigiendo medidas que sirvan para frenar el absentismo desbocado, que se ha convertido en la principal preocupación de los empleadores y que tiene un coste para el tejido productivo y las arcas públicas que rebasa los 30.000 millones de euros, y para reducir de forma drástica la burocracia que empantana proyectos de inversión y obstaculiza el crecimiento de las compañías. Son dos de las principales conclusiones que se extraen de la encuesta realizada ayer en el marco del XXIX Congreso Nacional de la Empresa Familiar. De este modo, para dinamizar la economía a corto plazo el colectivo empresarial sitúa como las reformas más urgentes atajar el absentismo laboral (66%) y reducir las trabas burocráticas (62%). En un segundo escalón reclaman una mayor colaboración entre la Administración y el sector privado (46%), adecuar la formación académica al mercado laboral (31%), elevar la inversión en infraestructuras (27%) y rebajar la deuda y el déficit público (19%). Además, en un contexto internacional de elevada incertidumbre y con el comercio global en una fase de redefinición, uno de los ejes que vertebraron las reclamaciones de los empresarios durante la jornada fue la necesidad de favorecer la competitividad. Entre las principales amenazas para ganar esa competitividad los empresarios familiares señalaron en las respuestas de la encuesta la dificultad para encontrar personal cualificado, citado por el 69% de los encuestados, seguida de la inflación y los tipos de interés (42%), el envejecimiento de la población (38%) y la sostenibilidad de las pensiones (32%), por encima de cuestiones como la vivienda (27%).

Núñez Feijóo se esforzó por cuestionar el aumento de las bajas laborales y en anunciar un mayor control si llega a La Moncloa. “No es razonable el porcentaje de absentismo que tenemos en este país. ¿Pero cómo es posible que la mayoría de las bajas se den los lunes y los viernes?”, sugiriendo un elevado nivel de fraude. Este fenómeno, muy criticado por la patronal, no está oficialmente cuantificado, como tampoco lo está en el que ponen el foco los sindicatos: los trabajadores que acuden enfermos a trabajar por miedo al despido. Es habitual que las patronales subrayen que la proporción de bajas que empiezan los lunes y viernes son una prueba de un elevado volumen de fraude. Un informe reciente de CC OO con datos de la Seguridad Social sostiene que al analizar el porcentaje de procesos que se registran cada uno de los siete días de la semana “se observa cómo los procesos de IT por contingencia común tienen una distribución bastante homogénea; como es lógico inferir teniendo en cuenta que la enfermedad común suele presentar patrones de incidencia aleatorios”.

Los banqueros asumen que el perfil clásico de profesional de la banca debe reciclarse para tener espacio en los nuevos tiempos. La IA ha ubicado en el primer plano a los expertos en matemáticas o data (ver información adjunta). Y los ingenieros también cobran protagonismo en los procesos financieros. Esta casuística repercute directamente sobre el banquero clásico. Diversos consejeros delegados de bancos españoles reconocen que la tecnología creará puestos que antaño no habrían tenido sentido en las finanzas y, en su defecto, algunas funciones clásicas dejarán de tener utilidad. Todo parece indicar que la IA acelerará el achicamiento que las plantillas de los bancos vienen sufriendo desde hace años. Según recoge un reciente informe elaborado por el director del Área Financiera y de Digitalización y del Observatorio de Finanzas y Tecnología de Funcas, Francisco Rodríguez, la aplicación de la IA en los procesos bancarios podría destruir entre 35.000 y 55.000 empleos bancarios en España en la próxima década. Se trata del escenario más radical. Pero es el mismo en el que el estudio proyecta la creación de como máximo 15.000 puestos bancarios en España gracias a la tecnología. Funcas hace estas previsiones basándose en datos recabados por PwC, el Banco de España o el sindicato Comisiones Obreras (CCOO), entre otros. Con estos datos, la pérdida neta estimada de cara a los próximos diez años podría llegar a ser superior a 25.000 puestos bancarios, según el estudio. La IA apenas compensaría en el mejor de los casos el 27% de los empleos bancarios que podría destruir hasta 2025.

La rentabilidad de los grandes bancos no tiene techo y ya es superior a los niveles anteriores a la pandemia. No solo se trata de cotizaciones y ganancias en Bolsa: las entidades financieras españolas son lucrativas. En el segundo trimestre de 2026, la rentabilidad anualizada sobre los recursos propios (ROE) del conjunto financiero del país superó el 16%, impulsada principalmente por las firmas más grandes. Eso supone una subida de más de tres puntos porcentuales por encima del promedio desde 2022 y casi nueve puntos porcentuales superior a la del periodo anterior a la covid-19 (2015-2019), según las estadísticas supervisoras de entidades de crédito que publicó ayer el Banco de España. Al mismo tiempo, la morosidad de la banca cayó de abril a junio al 2,53% y marcó un nuevo mínimo histórico. La ratio de préstamos dudosos (NPL) continuó así su senda descendente desde el 2,73% del año anterior y el 2,61% del primer trimestre, confirmando la solidez de la cartera crediticia.

El comité de huelga formado por los sindicatos UGT, CGT y Útil desconvocó ayer el paro de la plantilla de Airbus en España. Así lo informó en un escrito emitido a la plantilla, que detallaba que ya se había comunicado la decisión a la dirección de la empresa y al Ministerio de Trabajo. El jueves, los trabajadores votaron a favor de validar el preacuerdo laboral alcanzado el 4 de septiembre entre la dirección de la empresa y algunos sindicatos mayoritarios con la mediación del Ministerio de Industria y Turismo. En el referéndum, celebrado durante el 30 de septiembre y el 1 de octubre, los alrededor de 15.000 trabajadores de la plantilla fueron llamados a votar a favor de validar o no este acuerdo —que, entre otras medidas, contempla una subida salarial del 7,95% en cuatro ejercicios—, en una votación que se saldó con 10.269 votos a favor (un 76,76% del total), 2.710 en contra (20,26%), 399 abstenciones (2,98%) y 182 votos nulos (1,18%), según informaron fuentes sindicales y confirmó la empresa horas más tarde. La participación fue del 87,3%. Según fuentes sindicales, algunos de los motivos del levantamiento de la convocatoria son que la plantilla está “desmoralizada” y que se ha tenido que recurrir a la Audiencia Nacional para que la empresa negocie con “el legítimo comité de huelga”. 

Las grandes empresas españolas del sector de la Defensa cerraron el último año con niveles récord de pedidos y actividad, que llevaron a gigantes como Indra, Airbus, Navantia, Santa Bárbara, Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), Sener, Sapa o GMV a lograr ingresos históricos. El compromiso inversor de la OTAN ha disparado los fondos dedicados a Defensa. En el caso español, el Gobierno, principal cliente de las empresas del sector, lanzó en 2025 los programas especiales de modernización (PEM) para vehicular las inversiones públicas en Defensa, que llevaron a récord la facturación de la empresas españolas. Las industrias de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio finalizaron el pasado ejercicio con una facturación conjunta de 18.034 millones de euros, lo que supone un dato histórico y un alza del 11,6%, según el informe Impacto Económico y Social de la Industria de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio de Tedae y PwC. Las industrias incluidas en Tedae elevaron su contribución al PIB nacional, hasta 24.425 millones de euros, lo que supone el 1,45% del PIB y también representa un aumento por encima del 11,4% frente al ejercicio previo. Además, las empresas del sector generaron una recaudación fiscal de 8.107 millones de euros, un dato que representa un 2,5% de los ingresos tributarios en España.

Venezuela acelera el pago con petróleo a Repsol por los trabajos que realiza la energética española en el país latinoamericano. La multinacional dirigida por Josu Jon Imaz recibió 641.000 toneladas de crudo venezolano el pasado mes de agosto. Se trata de la mayor entrega llegada a los puertos de España en un solo mes desde enero de 2002, hace casi 25 años, cuando gobernaba el país Hugo Chávez. Además, el pasado agosto Venezuela superó a Estados Unidos y fue el tercer mayor exportador de petróleo a España, solo por detrás de Nigeria y México, según los datos de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores). Esta entrega consolida la trayectoria de los últimos meses y lleva a Venezuela a niveles de exportación de petróleo a España no vistos desde 2006 en el periodo que va desde enero hasta agosto. La aceleración de pagos en crudo del país latinoamericano a Repsol se da en un contexto de estrechamiento de relaciones entre las partes y después del levantamiento de sanciones internacionales impuestas por Estados Unidos a Caracas.

La actividad del sector privado de la zona euro se aceleró durante septiembre. El índice PMI compuesto, que mide la evolución de la actividad empresarial a partir de encuestas a las compañías y donde superar los 50 puntos indica crecimiento, subió hasta los 53,1 puntos desde los 52 de agosto, su mejor registro en 41 meses. El dato apunta a un crecimiento del PIB del 0,4% en el tercer trimestre, en línea con el registrado en los tres meses anteriores. La aceleración de la actividad empresarial en septiembre reflejó el mayor crecimiento de la actividad del sector servicios, con un PMI de 53 puntos desde los 51,6 de agosto, mientras que el PMI manufacturero alcanzó los 52,9 enteros, frente a los 52,7 del mes anterior. «El crecimiento más rápido del sector servicios desde noviembre de 2025 indica que la reactivación económica de la zona euro no solo se está acelerando, sino que también se está extendiendo más allá del sector manufacturero», comentó Chris Williamsom, economista jefe de S&P Global Market Intelligence, para quien la señal conjunta que arrojan las encuestas del PMI apunta a un crecimiento del PIB a una tasa trimestral del 0,4%. El experto destacó que, si bien tanto Alemania como Francia registraron un alentador retorno al crecimiento de la actividad de servicios por primera vez desde marzo de este año y diciembre de 2025 respectivamente, e Italia registró una expansión por cuarto mes consecutivo, el país con el mejor resultado fue, con diferencia, España, donde septiembre, completó su mejor trimestre en cinco años.

Francia y Alemania acercan posturas para hacer frente al empuje de China. Las dos primeras economías de la Unión Europea se han unido para reclamar a la Comisión Europea nuevas medidas sobre el desequilibrio comercial con Pekín y proponen nuevas fórmulas, como la creación de un nuevo mecanismo que permita, incluso, excluir al gigante asiático del mercado único si causa distorsiones graves. En un documento conjunto, París y Berlín plantean ese interruptor de emergencia que permitiría a la Comisión Europea responder con rapidez —e incluso de forma inmediata— en caso de distorsiones muy graves y que daría al Ejecutivo comunitario más poder. Las ideas llegan en un momento en el que el Ejecutivo comunitario ultima el diseño de sus propias medidas sobre China y en plena incertidumbre comercial sobre si Donald Trump reactivará las amenazas de Estados Unidos contra la UE. Y también desembarca en un punto en el que tanto el canciller Friedrich Merz como el presidente francés, Emmanuel Macron, se encuentran en una situación muy débil en casa, por el empuje de la ultraderecha y la situación económica. “Necesitamos un instrumento creíble en manos de la Comisión Europea que permita una reacción decisiva y sistémica, es decir, activación por mayoría cualificada inversa, y medidas contundentes que lleguen incluso a una desconexión inmediata del mercado interior si fuera necesario”, dicen Macron y Merz en una carta enviada a la presidenta de la Comisión Europea

Mientras arrecia la polémica sobre la seguridad de la inteligencia artificial, otro debate se abre paso. Bill Gates, el fundador de Microsoft, ha asegurado que la inteligencia artificial debería pagar impuestos para compensar la destrucción de los puestos de trabajo que traerá consigo. “Supongamos que los trabajadores cotizan, mediante un sistema de reparto, al fondo de pensiones de la Seguridad Social. De este modo, los trabajadores en activo mantienen a los jubilados. Si has despedido a un trabajador y has contratado a un robot para hacer ese trabajo, ¿por qué incentivas tanto la sustitución de la mano de obra humana que no le pides al robot que también cotice al fondo de pensiones?“, dijo el gurú tecnológico la semana pasada en una entrevista en The New York Times. “¿Es que el sindicato pro robots ha conseguido que las leyes fiscales digan: ‘No, si no eres de carne y hueso, entonces deja que las pensiones quiebren’? Algo que, de todos modos, están a punto de hacer incluso sin la sustitución por robots”, agregó junto con otras advertencias sobre el descontrol de los nuevos modelos de IA. El debate al que Gates se refiere, la tributación de las actividades relacionadas con la IA, lleva tiempo sobre la mesa, pero se está avivando en Estados Unidos.

En las elecciones de mitad de mandato (midterm) del 3 de noviembre están en juego todos los escaños de la cámara baja y algo más de un tercio de la Alta. Las encuestas son cada vez peores para los republicanos y Trump, que ha convertido estas elecciones en un referéndum sobre su gestión, no soporta la idea de perder. Ahora mismo, los republicanos tienen el control del Congreso, pero por poco. Su mayoría en la Cámara de Representantes (218-214) y el Senado (53-47) es más débil de lo que parece. El presidente tuvo un control casi absoluto en 2025, pero este año ha sido incapaz de mantener del todo prietas las filas. Lo que sumado a fallecimientos, enfermedades y peleas le ha hecho perder votaciones importantes y perder la paciencia a la Casa Blanca. El sábado, sin ir más lejos, Trump publicó el teléfono móvil de un senador de su propio partido animando a sus millones de seguidores a hostigarlo porque no apoya una ley para suprimir el cambio de hora de verano invierno, algo que le molesta profundamente porque las tardes se acaban demasiado pronto y hay pocas horas para jugar al golf. Las razones de sus nervios son claras. La mayoría de las encuestas dan la ventaja a los demócratas en los lugares clave: Alaska, Iowa, Maine, Michigan, New Hampshire, Ohio y Texas. Incluso en Nebraska, donde Trump se impuso por más de 20 puntos en 2024, hay dudas.