20261007

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día.

La economía vasca aguanta refugiada en el consumo, el gasto público y el sector servicios. Así lo ha reivindicado este martes el vicelehendakari y consejero de Economía, Empleo y Trabajo, Mikel Torres, que aseguró que «crece más y mejor de lo previsto». Y es que el departamento que dirige ha anunciado, tras analizar los datos macro y el impacto de la guerra de Oriente Medio en los combustibles, una revisión al alza de las previsiones de crecimiento para el año 2026. El Gobierno ha elevado en tres décimas –todo un empujón– el 1,9% con el que preveía cerrar el año y que ahora se irá al 2,2%. Es fruto de una economía vasca que sigue mostrando una extraordinaria capacidad de resiliencia y que registró un comportamiento muy sólido en el primer semestre del año. Así las cosas, «los nubarrones en el horizonte» y el «caballo de Troya en forma de IPC» son amenazas que «toca gestionar», ha señalado Torres, pero desde un tejido económico «que ha demostrado capacidad de resistencia», ha asegurado.

Una empresa siderúrgica mediana de Euskadi que consuma algo más de 8.000 megavatios hora al mes y no tenga contratada una cobertura financiera afrontará este octubre una factura energética de alrededor de 1,5 millones de euros. La cifra supone un incremento del 71% respecto a los 874.000 euros del mismo mes del año pasado y añade así más de 600.000 euros al coste eléctrico de la compañía, según expertos consultados por este periódico. Las tensiones en Oriente Medio por la guerra de Irán han generado una alta volatilidad en los mercados energéticos globales que está afectando sobremanera a la industria. El encarecimiento llega en un contexto de preocupación por la competitividad de la industria vasca. El Gobierno Vasco ha advertido de que los costes eléctricos que afrontan las empresas industriales pueden ser hasta un 165% superiores a los de Francia y un 35% más altos que los de Alemania. El Ejecutivo atribuye parte de esa diferencia a impuestos, peajes, cargos regulados y otras cargas ajenas al coste directo de generación. La factura eléctrica puede representar hasta el 50% de los costes de producción en algunas actividades electrointensivas, como la metalurgia, el aluminio, la química, el papel, el vidrio o determinados segmentos de la automoción, según el Ejectuvo Pradales.

Al proceso gestionado por el administrador concursal se han acercado catorce interesados, pero no todos ellos registrarán una oferta vinculante para seguir adelante en el proceso. Y de todas esas empresas, según fuentes conocedoras de las negociaciones, la que más capacidad tiene es el gigante indio Jindal SAW, que se une en la puja a las vascas Sidenor, Tubacex y a otras firmas internacionales. La diferencia es que la compañía dirigida por Sminu Jindal, nieta del fundador del grupo asiático, tiene una potencia financiera que la hace imbatible. Y, además, estaría dispuesta a analizar alguno de los equipos y actividades de Amurrio, cosa que las demás empresas han rehusado. El empeño del departamento de Industria es lograr una solución que contemple las instalaciones de Trapagaran y las de Amurrio, que asegure un desarrollo industrial de la empresa y mantenga su arraigo. En ese caso, ha señalado en numerosas ocasiones, estaría dispuesto a apoyar la operación. Así las cosas, las opciones de Sidenor, presidida por José Antonio Jainaga, o Tubacex, con la sede también en Ayala y una presencia sólida en el mercado internacional, se presentan mucho más amables para el Ejecutivo autonómico. Así que la amenaza de una oferta ganadora de Jindal ha tensado las últimas horas de esta ventana del proceso concursal intensificando los contactos y la búsqueda de soluciones.

Celsa, propietaria de Nervacero, cerró el primer semestre con un beneficio neto de 50,7 millones de euros, frente a las pérdidas de 3 millones del mismo periodo del año pasado. La cifra de negocio alcanzó los 1.786 millones, mientras que el Ebitda ajustado –el resultado del negocio antes de intereses, impuestos y amortizaciones, descontando además efectos extraordinarios– ascendió a 288 millones, un 29% más. La siderúrgica cerró el primer semestre con una deuda neta de 1.134 millones de euros, menos de un tercio de los 3.689 millones que acumulaba en noviembre de 2023, antes de acometer la reestructuración de su pasivo. El saneamiento también se refleja en su nivel de apalancamiento: la deuda equivale ahora a 2,3 veces su resultado operativo, frente a las 8,4 veces de entonces.

Iberdrola consiguió ayer, por primera vez en la historia, convertirse en la eléctrica privada con mayor capitalización bursátil del mundo, superando a la estadounidense NextEra. Ocurrió a media jornada, cuando Iberdrola superó los 141.600 millones de euros de valor en Bolsa, por encima de los 141.577 millones de euros que en esos momentos valía NextEra. Al final de la sesión, Iberdrola volvió a quedar ligeramente por debajo. Pero el pulso ya está echado. Iberdrola, que cotiza en Madrid y forma parte del Ibex, lleva semanas pisándole los talones a NextEra, que cotiza en la Bolsa de Nueva York. El grupo estadounidense, conocido en España por un litigio multimillonario contra el Gobierno español por el recorte de las subvenciones a las renovables hace más de una década, ha sido desde hace años la primera eléctrica privada por valor en Bolsa a nivel mundial. Sistemáticamente, su capitalización ha sido muy superior a los 100.000 millones de dólares desde al menos 2017. Era un listón inalcanzable para el resto de eléctricas privadas. Aunque Iberdrola se ha ido acercando poco a poco, el poder de NextEra en renovables y la fuerza de su mercado natural (Estados Unidos), le impulsaban hasta tal punto que le hacían ser casi un objetivo imposible de batir en la carrera de las eléctricas privadas en Bolsa (los grupos chinos estatales o fuertemente intervenidos por el Gobierno asiático juegan en una liga aparte). Finalmente, Iberdrola ha conseguido alcanzarle. Y aunque ayer cerró finalmente en Bolsa por debajo, la tendencia bursátil de cada una lleva a pensar que consolidará su sorpasso.

El consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno Vasco, Mikel Jauregi, ha dado cuenta de este plan que "supone un paso más en el desarrollo de la industria aeronáutica de Euskadi" y que, ha afirmado, creará un total de 800 puestos de trabajo (200 empleos directos y 600 indirectos), además de movilizar alrededor de 110 millones de euros, con más de 60 millones destinados a actividades de investigación y desarrollo. A su vez, el consejero ha subrayado que este primer proyecto transformador del 'Plan de Industria' "aborda un gran desafío tecnológico", el desarrollo e industrialización de nuevas arquitecturas de motor que "se traduzcan en la aviación del futuro", gracias a la integración de tecnologías disruptivas, como la digitalización industrial, la inteligencia artificial y la tecnología. Según ha trasladado, el proyecto permitirá que la industria vasca "profundice en la fabricación avanzada, genere una oferta tecnológica diferencial e incremente su competitividad, lo que le permitirá acceder a nuevos nichos de mercado en el ámbito internacional".

El Gobierno Vasco asegura que la exploración que una empresa quiere realizar en la sierra de Aralar para buscar hidrógeno blanco y helio se hará, siempre y cuando la compañía consiga el plácet de los ayuntamientos del entorno, en territorio «exclusivamente navarro». Desde el departamento de Industria insisten en que la actividad física de estas exploraciones se realizará en la Comunidad foral, aclarando que la inclusión de suelo guipuzcoano en el plano responde a un formato técnico de retícula, pero sin que existan trabajos físicos previstos en el territorio. El Gobierno Vasco emitió en el mes de abril de este año un informe favorable a dos solicitudes de exploración de hidrógeno blanco en la zona de Aralar, promovidas por los gobiernos español y navarro, que abarcaba en teoría tanto a Gipuzkoa como a Navarra. La resolución autonómica positiva se fundamentó en que las investigaciones no contemplan actividades extractivas ni alteraciones sustanciales del terreno o el subsuelo.

Ayesa Digital ha cerrado la compra de Kuik Digital Solutions, compañía vasca especializada en inteligencia artificial (IA). Se trata de la primera adquisición que realiza Ayesa Digital desde su vuelta a Euskadi y con Manu Baraza como nuevo consejero delegado. Una operación estratégica con la que Ayesa Digital «incrementa capacidades en ingeniería de software, transformación digital e IA aplicada», según destacaron ayer en un comunicado. Kuik Digital es una empresa con una trayectoria de más de 15 años. Tiene su sede en Errenteria (Gipuzkoa), su volumen de negocio ronda los 4,5 millones de euros y cuenta con más de 70 profesionales integrados en un equipo con capacidades en ingeniería de software, IA, datos y transformación digital, además de una cartera diversificada de clientes entre los que figuran nombres como MasOrange, Acciona, CAF, Danobat o EITB, entre otros. Se trata de un acuerdo ‘win-win’ para ambas firmas. «Es sin duda una oportunidad de crecimiento y desarrollo para ambas empresas, tanto en nuevos mercados como en nuevas áreas de negocio», señaló Ayesa Digital.

ELA y LAB tienen previsto convocar en las próximas semanas una huelga general «desde y para Euskal Herria» con la vivienda como principal reivindicación. Los sindicatos nacionalistas, en línea con la movilización propuesta por el Sindicato de Inquilinas y secundada por CC OO y UGT, se preparan así para trasladar a los centros de trabajo uno de los asuntos que marcarán la campaña electoral y convertirlo en un conflicto laboral con vocación de paralizar la actividad. Las ejecutivas de ambas centrales todavía tienen que decidir, sin embargo, hasta dónde llegará la confluencia con los sindicatos de implantación estatal. Es decir, si compartirán la fecha o incluso una misma convocatoria. Los sindicatos han explicado este martes que tomarán la decisión en los «próximos días», una vez concluyan las rondas de contactos «con los sindicatos de vivienda y demás agentes sociales». En todo caso, ambas centrales subrayan que el objetivo de la protesta pasa por «aumentar la presión sobre todas las instituciones políticas», aunque ponen especialmente el foco en los gobiernos vasco y navarro, a los que reclaman utilizar «todas sus competencias» para intervenir en el mercado de la vivienda y facilitar el acceso a precios asequibles.

Por el momento, UGT y CCOO no han confirmado fecha del parón de 24 horas, aunque señalaron en el comunicado del acuerdo para poner en marcha la movilización que tendrá lugar en otoño. Este timing y el hecho de que las centrales sindicales admitan entre los motivos que esta se ha gestado después de que el Congreso echara por tierra los decretos de vivienda que han desembocado en el adelanto de elecciones generales –de hecho, la convocatoria responde al llamamiento del Sindicato de Inquilinas– hacen dudar a CEOE y Cepyme de la legalidad de la huelga. En un duro comunicado de respuesta publicado ayer, las organizaciones dirigidas por Antonio Garamendi y Ángela de Miguel aseguraron que la huelga general anunciada por los sindicatos mayoritarios horas después de la convocatoria anticipada de elecciones en el país “supone una medida de presión que persigue fundamentalmente provocar cambios legislativos y de índole presupuestario en materia de vivienda”. Es decir, una cuestión sobre la que la potestad regulatoria recae en las Administraciones Públicas y no en las empresas. Ver comunicado CEOE. 

Los jeltzales avalarán la prórroga del escudo antidesahucios, pero tumbarán el intento por hacer indefinidos los alquileres. La Diputación Permanente tumbará el texto legal que obliga a los caseros a indemnizar a sus inquilinos. La formación nacionalista deshojó finalmente ayer la margarita y confirmó que su único y determinante voto en la Diputación Permanente –el órgano reducido que funciona mientras estén disueltas las Cortes por la convocatoria electoral– servirá para salvar el principal decreto de vivienda que el Gobierno ha vuelto a lanzar con pequeños cambios tras decaer la pasada semana. Es, en concreto, el que recupera el escudo antidesahucios hasta 2030 y prorroga los alquileres que expiran de aquí a 2028. En cambio, los jeltzales tumbarán el otro texto, el que pretendía convertir en indefinidos los contratos de alquiler. La decisión, por tanto, mantiene la postura adoptada en el Pleno antes del adelanto electoral. Es «la coherencia y la responsabilidad» lo que, según explicó ayer Maribel Vaquero, ha llevado al partido de Aitor Esteban a adoptar esta posición. Es cierto que cada uno de los dos decretos mantiene el espíritu de los que fueron tumbados la semana pasada y que ello inclinaba a los nacionalistas a mantener su opinión. Pero también es verdad que este segundo intento de Sánchez por sacar adelante su plan de vivienda había generado una importante incomodidad en Sabin Etxea. 

Los fondos buitre tendrán prohibido comprar casas con fines especulativos hasta 2030. Así lo establecerá el nuevo texto del BOE, frente a la redacción del primer decreto, que fijaba esa fecha límite en el 31 de diciembre de 2028. Para demostrar que el fin no es el lucro excesivo, los fondos deberán aportar, en el momento de la compra, un informe de tasación elaborado por una sociedad homologada e inscrita en el Banco de España que justifique que la cantidad acordada está por encima del umbral del 70% del precio de mercado del inmueble para que la adquisición no se considere como especulativa. Ambas modificaciones son los principales añadidos que incorpora el nuevo marco normativo aprobado ayer. La restricción a la compras de vivienda por parte de fondos y determinadas empresas vuelve a ser uno de los apartados capitales de la norma. Según su redacción, hasta el 31 de diciembre de 2030, “toda entidad con o sin personalidad jurídica dedicada a adquirir inmuebles o carteras de préstamos hipotecarios impagados por un precio claramente inferior a su valor de tasación de mercado” no podrá hacerlo “a título gratuito o a título oneroso” por un valor inferior al 70% de mercado. Esa prohibición, especifica el nuevo redactado, se extiende a “personas jurídicas que ostenten la condición de gran tenedor conforme a la legislación estatal” (es decir, empresas que tengan más de 10 casas) y las sociedades de su entorno.

El departamento de Vivienda del Gobierno vasco ha afirmado que la mujer desahuciada este martes en el barrio bilbaíno de Atxuri de una vivienda de la agencia pública de alquiler social Alokabide «acumulaba una deuda muy grande» desde 2017, y tenía un alquiler que pagar «muy bajo», que no abonaba, pese a haber comprobado que «tenía capacidad» para hacerlo. Alrededor de un centenar de personas trataban con su presencia de que no se llevara a cabo cortando incluso la carretera que lleva al edificio. Según han informado fuentes del departamento, esta situación de impago reiterado durante años se intentó «reconducir de todas las maneras posibles», a través también de los Servicios Sociales, para poder alcanzar un acuerdo, sin éxito. Las mismas fuentes señalan que el Gobierno vasco tiene que hacer una «gestión rigurosa» del parque público disponible porque hay más de 110.000 unidades convivenciales que están a la espera de una VPO en Euskadi. Tal como ha asegurado el Departamento de Vivienda, el Gobierno de Euskadi «nunca desahucia a un deudor de buena fe». «Si se demuestra que no puede pagar, jamás se le desaloja», afirma. La mujer desalojada «no tenía nadie a su cargo» y según explican desde el Ejecutivo autonómico «se llegó incluso a paralizar el proceso para intentar llegar a un entendimiento». También ha recordado que el asunto estaba judicializado desde hace tiempo, y la orden de desahucio la ha decidido un juez...

Las cancelaciones afectan a ocho destinos: Gran Canaria, Tenerife Sur, Murcia, Nápoles, Atenas, Roma, Venecia y, en mucha menor medida, Florencia. Pese a esta decisión, Volotea lanza un mensaje de tranquilidad. Reafirma su apuesta por Bilbao y señala que el reajuste «ya está completado» y promete que «no habrá más cancelaciones» para lo que queda de 2026. «Hemos hecho retoques en nuestra programación, como por otro lado siempre se hacen con el cambio de temporada, y hay vuelos cancelados pero no hemos eliminado ninguna de nuestras rutas desde ‘La Paloma’». De hecho, pese a la anulación de operaciones concretas, las 22 conexiones que ofrece ahora pasarán el 6 de noviembre a ser 23, con la incorporación de A Coruña (enlace financiado por las autoridades gallegas).

Sin Madrid, pero con más conexiones a Barcelona y con los destinos habituales de Ryanair. Así es como encara el aeropuerto de Vitoria la temporada invernal. La terminal alavesa ultima el cambio de su operativa –en la aviación las temporadas se fijan por el cambio horario– el próximo 25 de octubre con la segunda mejor oferta de plazas en su historia reciente. Volotea y Ryanair, según los datos recabados, sumarán más de 115.000 plazas para volar desde Foronda a otros destinos. La cifra es inferior a los 143.800 asientos puestos a la venta hace un año, pero debería servir a Foronda para acercarse al récord de pasajeros de 2023, fijado en 309.929 usuarios. El ejercicio actual aventaja en 40.000 a los viajeros que movía entonces el aeropuerto a estas alturas del curso. Una renta que debería ser suficiente para batir la plusmarca histórica de Vitoria salvo hecatombe de tráfico en lo que queda de año. ¿Cómo se queda el aeropuerto a partir del lunes 26? De entrada, con dos aerolíneas en vez de tres. Binter concluyó el 1 de octubre el contrato con VIA para volar a Gran Canaria y, por el momento, no oferta nada más desde y hacia Vitoria.  El aeropuerto incluso ha desaparecido de su página web.

El automóvil chino ha venido para quedarse en España. A pesar del muro arancelario que ha levantado la Unión Europea para frenar la llegada de los vehículos eléctricos producidos en el gigante asiático, las ventas de las marcas provenientes de ese país no paran de crecer. Según datos elaborados por el Instituto de Estudios de Automoción (Ideauto), filial de la patronal nacional de automovilísticas (Anfac), los fabricantes chinos se quedaron con el 37,9% de las matriculaciones de vehículos con enchufe en España entre enero y septiembre de este año, con unas 82.405 unidades. Esta definición incluye a los coches eléctricos puros y a los híbridos enchufables. En el primero de ellos, las marcas chinas concentraron el 31,5% de las entregas, con 31.614 unidades en lo que va de año. BYD, el mayor fabricante de coches con enchufe del mundo, aglutinó casi la mitad de esas comercializaciones, con 14.233 unidades. De esta forma, supera incluso a la estadounidense Tesla, tradicional líder del mercado de coches eléctricos en España, que matriculó 13.466 coches en el mencionado periodo.

La naviera Maersk acaba de firmar un acuerdo con la empresa británica Anemo para instalar la primera vela de viento en un buque portacontenedores. Descarbonizarse y cumplir con las normativas medioambientales supone un desafío enorme para sectores como el marítimo, el aéreo, el transporte pesado por carretera o la industria, que representan un tercio de las emisiones de dióxido de carbono (CO2). La alternativa más adoptada globalmente por la mayoría de las actividades para descarbonizarse es la energía eléctrica. Uno de los últimos ejemplos en esta dirección lo protagoniza Tesla, que acaba de presentar su primer camión eléctrico en Europa. Pero no todos los sectores cuentan con las mismas facilidades para electrificarse y se hace necesario contar con otras tecnologías para la descarbonización, aunque no todas están igual de desarrolladas ni tienen los mismos costes hoy. Según el informe The Visionary CEO’s Guide to Sustainability de Bain & Company, sectores rezagados como agricultura, industria y materiales, y capital natural, que en conjunto representan aproximadamente el 37% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, recibieron menos del 10% de la inversión total en 2025.

El departamento dirigido por la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, busca acabar con los atajos de las empresas con beneficios para despedir a los empleados mayores de 50 años, obligándolas a justificar cada salida directamente ante el SEPE bajo amenaza de multas de hasta 225.000 euros si intentan esquivar la compensación que deben pagar al Estado. A través de un proyecto de real decreto en fase de tramitación, el Ejecutivo trata de reforzar el control sobre las empresas con beneficios que ejecuten despidos colectivos que afecten a trabajadores de 50 o más años situando al SEPE en el centro de la fiscalización. Lo hará modificando la norma que desarrolla la aportación económica al Tesoro Público exigida a las empresas rentables que despiden a trabajadores sénior (mecanismo conocido popularmente como la enmienda Telefónica). El objetivo original de esta figura es desincentivar que empresas saneadas descarguen el coste de sus planes de bajas en la caja común de la protección por desempleo. Esta compensación nació en 2011 para impedir que grandes empresas con beneficios (de más de 100 trabajadores) financiasen la reestructuración de sus plantillas más veteranas. Cabe recordar que esta norma exige a las compañías rentables que ejecuten un expedientes de regulación de empleo reembolsar íntegramente al Tesoro Público el dinero que el Estado gaste en las prestaciones y subsidios de los despedidos de 50 o más años, así como sus cotizaciones a la Seguridad Social.

La decisión del Gobierno de aprobar la cuenta única para fomentar la inversión en Europa es tan firme que ha vuelto a incluirla en el real decreto de vivienda que, esta vez sí, salvo sorpresa mayúscula, recibirá la luz verde a través de la Diputación Permanente del Congreso. El contenido de la norma aprobada en el Consejo de Ministros celebrado este martes es “idéntico” al que fue rechazado el viernes pasado, según fuentes del Ministerio de Economía. El vehículo permitirá invertir hasta 150.000 euros en diferentes activos, como fondos cotizados (ETF, por sus siglas en inglés), fondos clásicos o acciones, con la ventaja de no tener que tributar por las plusvalías hasta que estas se retiren de la carcasa. Los primeros 10.000 euros de plusvalías, además, quedan totalmente exentos de pagar impuestos una vez transcurridos cinco años, y el resto gozará de una reducción. La reforma de la inversión en España más comparable con la que ha aprobado el ministerio que dirige Carlos Cuerpo es la efectuada hace 23 años, cuando se permitió el traspaso de los fondos de inversión españoles sin tener que pagar ni un euro a Hacienda. La cuenta se asemeja a productos ya vigentes en otros países, como Francia, Suecia, el Reino Unido, Finlandia o Italia, aunque cuenta con prebendas y requisitos singulares.

En esta nueva etapa toca ya cumplir las promesas de la IA, y la presión empieza a trasladarse de los pilotos a los resultados. Los bancos aseguran que ya perciben los beneficios, aunque la mayoría no cuantifica públicamente el impacto potencial en sus cuentas de resultados. Dentro de esta cautela generalizada, Santander ya ha dado previsiones. Espera generar más de 1.000 millones de euros de valor de negocio gracias a la IA entre 2026 y 2028, con los primeros 200 millones al cierre de este ejercicio. La IA puede contribuir al negocio por una doble vía: reducir costes e impulsar ingresos. Hasta ahora, la mayor parte de los beneficios procede de mejoras de productividad y eficiencia, pero el verdadero salto llegará cuando se use la IA para conocer mejor a los clientes, personalizar ofertas y aumentar la venta cruzada de productos y servicios. “La IA en la banca se ha centrado sobre todo en automatizar tareas, reducir tiempos y abaratar costes. Es un objetivo legítimo, pero insuficiente porque las capacidades que hoy parecen diferenciales serán mañana un estándar”, señala José Carlos Hernández Barrasús, socio del sector financiero de EY. A su juicio, el salto pendiente es transformar estas capacidades en más ingresos y una mejor relación con el cliente, algo “lejos aún de consolidarse”.  Los expertos creen que la IA todavía puede generar ganancias de eficiencia en un sector que ya parte de niveles elevados, con una ratio de eficiencia medio agregada del 41,12% en los seis bancos cotizados durante el primer trimestre. La búsqueda de esos resultados está obligando a los bancos a replantear su estrategia. Uno de los cambios más visibles es ir más allá del modelo de inteligencia artificial para todos, basado en desplegar asistentes y herramientas a gran escala entre la plantilla, que según Riba, “ha tenido un impacto relativamente bajo”.

Casi un año después de conseguir vencer al BBVA en la opa hostil, el Banco Sabadell ha encontrado una fórmula para blindar su capital y recuperar su núcleo duro de accionistas. La entidad ha acordado con el banco francés BPCE la adquisición de un 7% del capital, ampliable a un máximo del 9,9%, con el objetivo de establecer en el futuro alianzas comerciales que refuercen la relación entre los dos bancos. Las partes han calificado la operación como amistosa. Las acciones de la entidad catalana reaccionaron ayer con una subida del 2,9% en la Bolsa española.

La Comisión Europea anunció ayer un paquete de 65 millones de euros para mantener vivas varias bases de datos esenciales para la investigación biomédica mundial. Algunos de los proyectos estaban en la cuerda floja debido a que su principal financiador era Estados Unidos, y que el Gobierno de Trump había cambiado las reglas de financiación, paralizando así el avance de muchos proyectos. El paquete anunciado ayer incluye 19 millones de euros para el proyecto Gencode, creado en 2003 por Roderic Guigó, investigador del Centro de Regulación Genómica (CRG) de Barcelona. Esta base de datos aporta el mapa de referencia de los genes humanos y del ratón, el principal modelo de laboratorio, así como de otras regiones esenciales en el funcionamiento del código genético. Sin esta base de datos, no serían posibles casi ninguno de los avances recientes en biomedicina, como las terapias génicas, los tratamientos personalizados contra el cáncer, como los linfocitos CAR-T, ni las nuevas herramientas de IA que facilitan el estudio del comportamiento de proteínas como AlphaFold, de Google.

La fuerza de la participación masiva en las protestas estudiantiles se impuso ayer en Francia a la tentación de la violencia urbana. Entre 450.000 personas, según los sindicatos, y 256.000, según el Ministerio del Interior, salieron a las calles en el país. El llamado «acto 3» de las movilizaciones, que empezaron a finales de septiembre con piquetes y disturbios delante de liceos en ciudades modestas y multiculturales de la periferia parisina, se caracterizó por manifestaciones en los centros urbanos. Algunas fueron realmente multitudinarias, como las de Marsella, Toulouse y, sobre todo, la capital. Entre 100.000 (según las centrales) y 56.000 (calcula la Policía) ciudadanos, la gran mayoría jóvenes, desfilaron por los bulevares del este de París. La de ayer fue la jornada con protestas más concurridas desde que comenzó este movimiento que ha puesto en aprietos al Gobierno francés. El presidente, Emmanuel Macron, que encabezó anoche un gabinete de crisis, afronta este estallido social en un momento grave para las arcas públicas galas. Francia tiene previsto terminar el año con un déficit del 5,4% del PIB y la semana pasada la deuda a diez años se vendió con los tipos de interés más elevados desde 2002. Para corregir esta situación, el Ejecutivo de Lecornu prepara unos recortes de 43.000 millones de euros para los presupuestos de 2027.