20261014

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día.

El Gobierno Vasco contempla en 2027 una subida salarial del 4,5% para 160.000 funcionarios autonómicos, una medida que podría condicionar los convenios empresariales. El diseño de las cuentas públicas vascas para el próximo ejercicio arranca con una apuesta por blindar el poder adquisitivo del empleo público. El Gobierno Vasco contempla una previsión de subida salarial del 4,5% para los 160.000 trabajadores de la administración autonómica. Esta hoja de ruta, desgranada ayer por el consejero de Hacienda y Finanzas, Noël d’Anjou, busca amortiguar el golpe de la inflación en las nóminas públicas, y, de manera previsible, condicionará o presionará al alza las exigencias de los convenios colectivos empresariales y sectoriales en un año que se prevé caliente en lo que respecta a la conflictividad laboral. Todo ello, además, en pleno clima preelectoral ante la convocatoria de elecciones generales el 29 de noviembre y bajo la antesala de la huelga general por la vivienda fijada para el 11 de noviembre, auspiciada por CC OO y UGT y apoyada por la mayoría de los sindicatos vascos. El Gobierno Vasco no dispone de margen para aplicar la subida por iniciativa propia. La legislación vigente impone que las comunidades autónomas no pueden rebasar el techo retributivo que fije el Estado para el conjunto del sector público. Por tanto, para que el incremento del 4,5% llegue a materializarse en las nóminas de la administración vasca, la medida debe ser aprobada previamente en Madrid. Y el Ejecutivo español solo cuenta con dos vías para articularlo: incluir el alza en unos nuevos Presupuestos Generales del Estado o sacarla adelante de forma específica mediante la convalidación de un real decreto. 

CC OO y UGT ya tienen claro la subida que plantearán al Gobierno para el salario mínimo interprofesional (SMI) del próximo año. La espiral de precios, con una inflación disparada al 4,9% en septiembre, ya está restando poder adquisitivo a las familias. Por ello, las organizaciones sindicales pedirán una revalorización de «al menos» el 7% para este suelo salarial, que se encuentra en 1.221 euros brutos al mes en catorce pagas. Con ello, su cuantía subiría en 85,47 euros mensuales, lo que elevaría la renta hasta los 1.306 euros al mes en catorce pagas para 2027 o en 1.524 si se distribuye en doce. En suma, el sueldo más bajo en España quedaría en 18.290,58 euros brutos anuales. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, y el de CC OO, Unai Sordo, defendieron esta decisión para hacer frente al «desfase» de dos puntos porcentuales que se ha generado entre la subida del 3,1% de este año y la evolución del Índice de Precios de Consumo (IPC). Además, el alza del 7% mantendría el SMI cercano a ese 60% del salario medio que recomienda la Carta Social Europea. La revalorización del salario mínimo formará parte de la reivindicación sindical para la próxima huelga general del 11 de noviembre. 

Los empresarios consideran la subida desmesurada cuando la inflación apunta a una media anual más bien cercana a la mitad de ese 7% y cuando muchos sectores están sufriendo nuevamente por la escalada de los costes energéticos. «Resulta especialmente preocupante que los sindicatos mayoritarios pidan una subida del SMI completamente ajena a la realidad que viven miles de pymes y autónomos», critica Miguel Garrido, presidente de la patronal madrileña CEIM y vicepresidente primero de la CEOE. A su juicio, «UGT y CCOO parecen instalados desde hace tiempo en la idea equivocada de que cuanto más se presiona a las empresas, mejor les irá a los trabajadores, cuando la experiencia demuestra que ocurre justamente lo contrario, porque sin empresas competitivas no se puede generar más actividad, más empleo y tampoco se pueden mejorar los salarios». En un sentido parecido, el presidente de la patronal catalana Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, calificó ayer de «ocurrencia» tanto la petición de subida del SMI del 7% «en el actual contexto geopolítico de crisis e incertidumbre» como la convoctoria de huelga por parte de los sindicatos, que en su opinión es «política, inoportuna e irresponsable».

Las empresas que integran la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged), como El Corte Inglés, Ikea, Carrefour, Alcampo, Leroy Merlin o Media Markt, ya conocen la primera propuesta deslizada por Fetico y Valorian, los sindicatos más representativos, para negociar el convenio colectivo de grandes almacenes para los próximos tres años (2027-2029). Las reivindicaciones, hechas públicas ayer, tratan, siempre según Valorian, “de revertir la actual fuga de talento provocada por salarios base bajos y elevadas jornadas anuales”. Para cumplir esos dos objetivos propone, en primer lugar, una subida salarial del 18% acumulada en tres años: un 7% durante el primer año, un 5,5% en el segundo y un 5% en el tercero, “garantizando que el grupo profesional mayoritario supere una retribución bruta anual de 21.000 euros en 2029″. Este incremento salarial superaría el 17,7% pactado para los cuatro años del convenio que vence el próximo 31 de diciembre. La demanda se ha trasladado tras conocer el dato adelantado del IPC de septiembre, que escaló al 4,9% (de confirmarse sería el nivel más alto desde febrero de 2023). 

Iberdrola se verá las caras con los sindicatos en la Audiencia Nacional. La compañía ha presentado una demanda de conflicto colectivo frente a las secciones sindicales que forman la Comisión Negociadora del IX Convenio de Iberdrola para que «se reconozca la mala fe negocial de la parte sindical». La denuncia presentada en la sala de lo social llega después de que el pasado jueves ELA presentara en el mismo juzgado otra demanda contra la empresa por conducta antisindical. La situación se produce tras más de 19 meses de reuniones y después de que la última propuesta presentada por la firma fuera rechazada por el 100% de las organizaciones sindicales. Los sindicatos vienen denunciando que desde 2015 la subida salarial máxima que han recibido los trabajadores no ha superado nunca el 0,7%, lo que solo en los últimos cinco años se habría traducido en una pérdida del 20% en el poder adquisitivo de la plantilla sujeta al convenio. Por su parte, Iberdrola acusa a las centrales de mantener una «posición negociadora inamovible» tras casi dos años de negociaciones y «sin valorar las distintas ofertas de la empresa entre las que se incluyen 60 medidas de mejora además de la revisión salarial». Su demanda se produce tras el acto de mediación celebrado el pasado 2 de octubre ante el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA), en el que los sindicatos habrían rechazado cualquier intervención o acuerdo.

El Gobierno vasco ha aprobado este martes en su reunión semanal un nuevo programa de avales para empresas y autónomos. Se trata de la Línea de Financiación Garantizada Indartuz, que dará acceso a préstamos de hasta dos millones de euros para devolver en diez años y con unos intereses limitados. El Ejecutivo quiere movilizar así 100 millones –ampliables a 350– para apoyar inversiones dirigidas a ampliar capacidad de producción, ganar tamaño, incorporar la Inteligencia Artificial o introducir transformaciones energéticas. La regulación de esta financiación fue aprobada este martes y, según ha explicado el consejero de Hacienda, Nöel d'Anjou, sirve «para dar respuesta a los grandes retos que afrontan las empresas vascas en un contexto marcado por la transición energética, la digitalización, la evolución tecnológica y las exigencias de competitividad en un mercado global cada vez más complejo». D'Anjou ha recordado que esta acción se enmarca en el Plan de Inversiones del Gobierno vasco aprobado el año pasado, Eraldatuz 2030. Un compendio de actuaciones que contempla para esta legislatura la inyección en las empresas vascas de 1.000 millones de euros de dinero público con los que se pretenden movilizar otros 3.000 de capital privado. Ver nota Gobierno Vasco. 

El Gobierno vasco aprobó este martes el programa Alokaplus, una de las medidas estrella que el consejero de Vivienda, Denis Itxaso, viene anunciado en los últimos meses. Se trata de un mecanismo que busca ofrecer garantías a los propietarios de pisos en zonas tensionadas de modo que se salven sus reticencias a alquilar. El objetivo es facilitar la salida al mercado de las 25.000 viviendas vacías que hay en zonas de alta demanda de Euskadi (16.000 de ellas en Bizkaia); o, al menos de parte de ellas. En toda la comunidad autónoma existen más de 40.000 viviendas desocupadas, según recordó el consejero, pero buena partes de ellas están en emplazamientos donde no hay ninguna demanda (zonas rurales, caseríos remotos...). El plan implica que el Gobierno vasco se hará cargo tanto de las rentas impagadas (hasta veinte mensualidades en el mejor de los casos) como de los desperfectos en la vivienda en caso de que los inquilinos fallen. Eso sí, siempre que la renta del piso esté en los límites de los precios de referencia obligados para los grandes tenedores (es decir, por debajo del mercado) y que los propietarios presenten una demanda judicial contra el inquilino moroso en caso de que no se haya ido del inmueble. Si los dueños han recuperado su posesión también pueden reclamar en los tres meses siguientes a la marcha de los inquilinos. Ver nota Gobierno Vasco

Los pequeños propietarios están retirando sus viviendas del mercado del alquiler tradicional como consecuencia de los nuevos decretos planteados por el Gobierno como respuesta al desahucio de Maricarmen. La inseguridad jurídica está provocando una merma de la oferta de arrendamientos habituales y en los últimos diez días se han visto afectadas más de 5.758 operaciones: 4.235 inmuebles han sido retirados o desviados del arrendamiento residencial y 1.523 firmas han quedado bloqueadas ante la incertidumbre que reina en el mercado del alquiler. Las agencias inmobiliarias aseguran que los pequeños propietarios están respondiendo con la retirada de sus viviendas del mercado. Así, contabilizan que, de media, la fuga asciende a 3,78 anuncios por agencia en lo que a viviendas de alquiler se refiere, lo que supone que en los últimos diez días la oferta se ha desplomado en 2.067 inmuebles, según una encuesta a más de 600 agencias inmobiliarias realizada por la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI). La huida de domicilios no es la única consecuencia de las nuevas medidas implantadas por el Ejecutivo. Muchos pequeños propietarios también están optando por sacar su vivienda del mercado del alquiler para ponerla en venta. Así, más de la mitad de las agencias confirman que en estos días se han retirado de media 2,26 anuncios por establecimiento para venderlas, lo que supone más de 1.224 viviendas. 

El Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España ha puesto sobre la mesa un documento de trabajo que constituye una suerte de hoja de ruta con 30 líneas de actuación para darle la vuelta al modelo actual hasta convertirlo en un modelo viable en un plazo de 20 años. El documento, que se presentó ayer en Madrid con el título Informe sobre la vivienda. Política integral para un problema social, propone una política integral según la cual en la próxima legislatura se podrían empezar a poner los pilares de un proyecto a medio y largo plazo con el que cambiar la situación residencial en España. Según el Consejo, la solución a la crisis de vivienda «no es un decreto, sino un sistema. Hacen falta suelo, agilidad administrativa, seguridad jurídica y construcción sostenida, todo a la vez. España tiene el suelo, el conocimiento, los profesionales y la financiación para resolver este problema», recogen. Para todo ello, el presidente del Consejo, Fernando Jesús Santiago Ollero, establece como imperativo alcanzar un gran pacto de Estado, trasladar a las administraciones públicas y no a los caseros los costes de protección de la vulnerabilidad frente a los desahucios y abordar una «simplificación profunda» de todos los trámites que requiere la construcción de nuevas viviendas para reducir el tiempo y los costes que conlleva todo el proceso. 

La Ley 28/2022 de fomento del ecosistema de las empresas emergentes, mucho más conocida como la Ley Startup, se acerca a los cuatro años en vigor y, sin embargo, la eficacia de la normativa sigue estando muy discutida, como constata un informe encargado por el mismo Gobierno en el que se relata su casi nulo impacto fiscal. Se trata de uno de los trabajos elaborados por el Foro Nacional de Empresas Emergentes que hace balance y constata que entre 2023 y 2024 apenas se concedieron cuatro millones de euros en deducciones fiscales en el impuesto de sociedades en virtud de la norma, una cifra minúscula si se tiene en cuenta que el Gobierno estimaba en las memorias de la norma un impacto de más de 2.000 millones de euros en la recaudación. Esto se debe a un aspecto ya criticado en el momento de redacción del proyecto. La medida fiscal estrella era una reducción durante cuatro años de 10 puntos en el impuesto de sociedades, del 25% al 15%. El problema es que la inmensa mayoría de empresas a las que va dirigida la ley no generan beneficios, por lo que no pagan este gravamen.

La patronal Foment del Treball trasladó a Bruselas su lucha contra el absentismo laboral. Una delegación de la organización empresarial catalana encabezada por su presidente, Josep Sánchez Llibre, despachó ayer con representantes de la Comisión Europea y la Eurocámara, a quienes propuso varias medidas para frenar el “acelerado crecimiento” que, en su opinión, están viviendo las bajas laborales en España. Foment del Treball presentó a finales de septiembre un “libro blanco” dedicado de forma monográfica a una cuestión que “empieza a ser inasumible por la economía”. Por esta razón, Sánchez Llibre reclamó medidas urgentes, como recuperar los despidos objetivos por bajas encadenadas o muy largas. Es una posibilidad que durante décadas contempló la normativa pero que en 2020 fue derogada por el Gobierno de Pedro Sánchez. En seis años, el coste total de las incapacidades temporales por contingencias comunes se ha prácticamente duplicado hasta superar los 33.000 millones de euros en 2025. De esta cuantía, 16.115 millones fueron aportados por las empresas y el resto, por la Seguridad Social. Otra de sus exigencias fue el refuerzo de atribuciones de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social. La patronal catalana pide darles más competencias y que puedan asumir la gestión y reconocimiento de las altas y bajas médicas.

El Fondo Monetario Internacional (FMI), que esta semana celebra en Bangkok (Tailandia) sus asambleas mundiales, prevé ahora un crecimiento del PIB mundial del 3,1% en 2026, una décima más que en su informe de julio, mientras que mantiene en el 3,4% su pronóstico para 2027, confiando en que las tormentas geopolíticas amainarán y que la actividad repuntará con más fuerza entonces . Así lo refleja su último informe de Perspectivas de la Economía Mundial, publicado ayer, en el que destaca que “la actividad durante el primer semestre de 2026 se mantuvo mejor de lo previsto, a pesar de la prolongada guerra en Oriente Próximo y de las continuas presiones derivadas de las tensiones comerciales”. Porque aunque la ofensiva arancelaria de Trump se haya visto relegada a un segundo plano por la guerra en Irán, sus efectos sobre el comercio se siguen dejando notar. El FMI atribuye en parte esta resiliencia al ciclo tecnológico, que, gracias a la fuerte inversión en inteligencia artificial (IA), está impulsando la demanda. A eso se añaden los planes anticrisis desplegados por los gobiernos, lo que, sumado a la propia capacidad de adaptación de los países, “han permitido a las economías capear los shocks negativos hasta la fecha”, señaló el organismo dirigido por Kristalina Georgieva, que resaltó que “una menor intensidad energética que en décadas anteriores ha contribuido a mitigar el impacto de la guerra en la actividad económica”.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha alertado del riesgo de que una caída brusca del valor de las empresas vinculadas a la Inteligencia Artificial (IA), junto con el aumento de la deuda pública y de los costes de financiación, provoque una crisis en los mercados financieros que termine afectando al conjunto de la economía. El organismo dirigido por Kristalina Gueorguieva advierte en su Informe sobre la Estabilidad Financiera Mundial de que la IA, convertida en uno de los principales motores de la economía y las bolsas, también puede ser una de sus mayores amenazas. Las enormes inversiones en centros de datos, semiconductores y otras infraestructuras han generado grandes expectativas sobre esta tecnología. Sin embargo, el FMI teme que sus beneficios económicos sean menores de lo esperado y que las empresas no consigan rentabilizar todo el dinero invertido. Uno de los principales problemas es que estas compañías recurren cada vez más a la deuda para financiar sus inversiones. Según el FMI, los grandes operadores de centros de datos y servicios informáticos han pasado de representar menos del 1% de las emisiones mundiales de bonos empresariales de alta calidad en 2024 al 10% en 2026. El organismo advierte de que este creciente endeudamiento podría agravar una posible crisis, ya que las empresas disponen de menos recursos propios y dependen cada vez más de la financiación externa.

La principales economías del planeta enfilan sus mayores déficits presupuestarios desde los años de la pandemia de Covid, cuando los gobiernos tuvieron que emplearse a fondo para mitigar los estragos de la crisis sanitaria. Ahora, tras las invasión rusa de Ucrania y el conflicto en Oriente Próximo, los desequilibrios fiscales de muchos países han vuelto a resurgir. “La deuda pública es elevada en muchas economías, y los márgenes de maniobra fiscal se han utilizado para ayudar a amortiguar los sucesivos shocks”, señaló ayer el Fondo monetario Internacional (FMI) en su último informe de Perspectivas de la Economía Mundial, en el que instó a los gobiernos a adoptar “medidas contundentes y explícitas para recomponer los márgenes de maniobra y afianzar la capacidad para resistir shocks futuros”. El FMI ha encendido las luces de alarma al constatar que las perspectivas han empeorado en los últimos meses y que el déficit de las economías avanzadas puede rondar en conjunto este año el 5,2% del PIB, su cota más elevada desde que los planes de estímulo desplegados en 2020 y en 2021 dispararon los agujeros presupuestarios. El organismo multilateral estima que los desfases de las dos mayores potencias económicas del planeta, Estados Unidos y China, podrían tocar o rebasar déficits del 8% de sus PIB este mismo año. En concreto, se espera que EEUU alcance el 8,5%, en contraste con el 7,1% de 2025 o el 5,8% que registraba antes de la pandemia.

Europa marca territorio. Los grandes grupos automovilísticos europeos han pasado al ataque con numerosas novedades y lanzamientos en el Salón del Automóvil de París, que se celebra desde el lunes y hasta el domingo, después de años contemplando como espectadores el aluvión de nuevas marcas chinas. El mensaje ha sido rotundo: plantar cara a la ofensiva de los fabricantes chinos, muy activos en las ferias del automóvil y que también han acudido en masa a la cita francesa. El último Salón del Automóvil de Ginebra, la feria europea más importante del sector y que anunció su cierre definitivo en 2024, tras 120 años de historia, contó con la participación de solo ocho marcas de coches, de las que dos eran chinas (MG y BYD) y solo cuatro de Europa. Los salones del automóvil llevaban años agonizando por los altos costes para las marcas y el escaso retorno que generaban. Pero cuando parecía que estaban acabados, al menos en Europa, el Mondial del Auto París 2026 ha supuesto la resurrección de una fórmula que se creía caduca. Más de 70 marcas de coches se han dado cita en la feria parisina. Esta vez no ha faltado ninguno de los grandes fabricantes europeos del automóvil, encabezados por los grupos Volkswagen, Renault y Stellantis, que han acudido con todas sus marcas, han presentado numerosas novedades de producto y han demostrado que están dispuestos a plantar cara a los nuevos competidores chinos.

Los hutíes amenazan con crear un ‘Ormuz aéreo’ en Arabia Saudí y, por extensión, en todo el Golfo Pérsico para presionar a Estados Unidos para poner fin a la guerra con Irán. La milicia ha llevado a cabo en los últimos nueve días tres ataques mortales contra el aeropuerto internacional Rey Khalid de Riad, además de otros que se han saldado con daños materiales. Han muerto 18 personas y más de 320 han resultado heridas como consecuencia de los misiles de crucero con los que los rebeldes de Yemen han mostrado una enorme precisión de tiro. Son las peores agresiones sufridas por el reino en una década. Y el arma principal es el miedo. Como sucede en el estrecho que Irán domina mediante la Guardia Revolucionaria Islámica –y cuyos bombardeos han bloqueado la navegación de los petroleros por temor al impacto de un proyectil o un dron–, los rebeldes de Yemen buscan un efecto parecido de colapso en el cielo saudí. Ya han logrado que la terminal permanezca cerrada hasta el día 17 para reparar los daños de las explosiones. Los perjuicios en logística e imagen para el reino son formidables.