20250629

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día.

La necesidad de reforzar la red eléctrica para dar respuesta a una creciente demanda por la transición ecológica y la digitalización estaba asumida hace tiempo. Pero el apagón del 28 de abril hizo que se acelerara la adopción de medidas, lo que supone un impulso para la industria vasca que suma empresas punteras como Iberdrola, Ormazabal, Arteche, Ingeteam o Tecnalia, entre otras. Las administraciones han pasado a la acción y muestra de ello es el denominado decreto antiapagones aprobado el martes por el Gobierno central, que mantiene su apuesta por las renovables y liga su desarrollo a medidas como fijar un almacenamiento de estos recursos y facilidades para repotenciar los proyectos. A su vez, el Ejecutivo vasco anunció hace dos semanas un Plan de Industria que promete movilizar 16.000 millones de euros público-privados con un énfasis especial en el aspecto energético, al demandar una mayor potencia y conformar una alianza empresarial que desarrolle equipamientos de última generación. Ambas son buenas noticias para un sector ya pujante en Euskadi y que cada vez cobra más peso. «Hay avances. Que se desarrollen estas medidas nos lleva a suponer que se han repensado muchas cosas», celebra el director general del Cluster Vasco de Energía, José Ignacio Hormaeche, quien solo echa en falta un aspecto en el decreto antiapagones aprobado esta semana. «Hubiera sido una buena oportunidad para elevar el tope de inversión en las energías eléctricas», manifiesta, ya que todavía no se ha abierto la puerta a superar el 0,13% del PIB en las redes de distribución, ni el 0,065% en las de transporte, incluso después del apoyo que la medida ha recibido en una consulta pública. Por lo demás, el texto se recibe con alegría. «Lo más positivo es que se reconoce y se propone reforzar la red tanto físicamente como en almacenamiento y flexibilidad», detalla Hormaeche. 

La palabra sirve para definir a las empresas muertas vivientes, es decir, aquellas que no generan ingresos suficientes para hacer frente a sus gastos y que recurren continuamente a la financiación con el único propósito de seguir vivas. También se les denomina empresas vulnerables, en un tono más amigable y, en estos momentos, en Euskadi hay por lo menos 1.926 sociedades que entran dentro de esta categoría. Así lo constatan en el último informe llevado a cabo por Informa D&B, filial del grupo de seguros Cesce, que a su vez cifra en 35.685 las compañías zombis en el conjunto de España. Para identificarlas han tenido en cuenta dos criterios: que sean empresas con un ratio de cobertura de intereses negativo y que tengan más de 10 años de antigüedad. Teniendo en cuenta que el número de empresas vascas inscritas en la Seguridad Social alcanzó en mayo las 57.882, el resultado es que aproximadamente el 3,3% de ellas son zombis. Se trata de un porcentaje bastante superior al registrado en España, donde éste llega al 2,6%. La mayoría de ellas son microempresas –un 82,4%–. Otro 4,7% corresponde a las empresas de tamaño mediano y un 3,4% son grandes. Clasificándolas por sectores, las dedicadas a la construcción (30%) y el comercio (20%) acaparan la mitad de todas las compañías vulnerables en España. También tienen un peso importante las que se centran en servicios empresariales (14,5%) o las que se dedican a la industria, que son una de cada diez. En el País Vasco hay varios ejemplos de lo que es una empresa zombi, pero quizás el caso más conocido sea el de La Naval, que echó el cierre a su actividad en 2018 tras varios años sobreviviendo a base de refinanciaciones y con deudas que alcanzaron hasta los 120 millones. De hecho, 76 de esos millones correspondían a impagos a más de 450 empresas auxiliares, y algunas de ellos no cobraron y fueron arrastradas junto al astillero de Sestao.

Entrevista con Arantxa Tapia. Tras dejar el Ejecutivo el pasado año con el cambio de legislatura, es desde abril asesora estratégica a la consultora KPMG, una firma que ha crecido en Euskadi un 24,4% en tres años y con clientes entre las cotizadas vascas como Iberdrola, BBVA, CIE o compañías como Kutxabank o la corporación Mondragon. Reconoce que era consciente de los recelos que iba a provocar su incorporación a la firma y señala que esas actitudes dificultan la atracción de profesionales del sector privado a la política. "En la UE, además del compromiso ambiental y tras los informes Draghi y Letta, se han dado cuenta de que la industria tiene que permanecer. Además, el conflicto de los aranceles y el proteccionismo de ciertos países hacia su industria ha terminado también por que Euskadi refuerce esa posición con la necesidad de reforzar una política industrial que siempre ha existido. Eso ha hecho que ciertos proyectos de los que se hablaba puedan ver la luz, como la Alianza Financiera Vasca... En 2020 se hizo un especial hincapié en la crisis climática sin darnos cuenta de que la UE necesitaba hacer una apuesta industrial relevante en paralelo. Eso se corrige en 2023. En Euskadi sí vimos clara esa parte y planteamos la descarbonización como algo para ganar competitividad en el horizonte europeo...– Su fichaje como consultora de KPMG nada más salir del Gobierno ha levantado críticas de formaciones como EH Bildu. – Era plenamente consciente de esa situación y la firma también. Creo que demonizar estos movimientos es un poco frívolo, es algo normal en todo el mundo democrático conocido, en toda Europa. Son actitudes que dificultan que personas del sector privado, que son muy válidas, consideren pasar a la política porque su retorno a la actividad anterior puede resultar muy difícil...– Euskadi ha tenido dificultades para atraer grandes proyectos de inversión nuevos, ¿qué se puede hacer para cambiar eso? – Presentar un ecosistema completo con capacidades tecnológicas, industriales y personales. Euskadi tiene, además, la ventaja de su propio sistema fiscal y unas administraciones muy cercanas...– Habla del Concierto Económico. ¿Cree que la última reforma fiscal va en esa dirección? – Afrontar una reforma fiscal tiene muchas aristas. Creo que se ha hecho una reforma... Interesante, lo voy a dejar ahí. Podría haber sido más ambiciosa, sí. Pero hubiéramos tenido otros problemas. Muchas veces lo mejor es enemigo de lo bueno, así que vamos a buscar lo bueno..."

Itziar Paunero (Vitoria, 1986) es muchas cosas al mismo tiempo. Es jefa de marketing de la alavesa SPC, que es el único fabricante de 'smartphones' de España. Tiene su propio negocio de marketing: Stratberry, que se presenta como «la versión mejorada» de la empresa que montó con 23 años. Y aparte de todo eso es la presidenta de los economistas alaveses, una profesión cuya figura ve «un poco difusa» en la sociedad. "Álava es una economía que exporta mucho, somos la provincia más industrializada de España. Esta incertidumbre nos afecta, y mucho. ¿Cómo controlarla? Es un poco complicado. Las empresas tendrán que pensar en diversificar e intentar buscar proveedores más locales, una especie de 'kilómetro cero' industrial...el mercado y los fabricantes al final son un reflejo de lo que consumimos, de nuestra demanda. Y la demanda de Mercedes, que se está enfocando hacia el eléctrico, pues no está siendo la esperada. En mayo, según la patronal de fabricantes, la producción de coches cayó un 11,7%. Si gubernamentalmente, con ayudas y demás, tampoco estamos apoyando a que esa demanda suba como se esperaba... La gente tiene miedo al vehículo eléctrico y hasta dónde puede llegar con uno. Cuando mejoremos la tecnología, la demanda, sea más accesible tener un coche eléctrico... subirán las necesidades de fabricación...No sé cuáles son las estrategias de Mercedes o los estudios de mercado que habrá podido hacer. Pero si un monstruo como Mercedes ha dado el paso y ha decidido montar la fábrica, será que vamos hacia ello...Sales de Euskadi y todo está lleno de parques eólicos, parques solares. Aquí hay colectivos que se oponen por ecología, el paisajismo... Hay que estar en una postura intermedia: intentar que las asociaciones vean las ventajas y, del otro lado, que vean también la postura de las asociaciones. Es cierto que hay una necesidad si vienen los 'data centers', la política de descarbonización industrial... Si nos lleva por ahí el Gobierno y la sociedad, debe haber un equilibrio. No sé si hablando, formándose o llegando a un entendimiento, pero es que nos vamos a quedar sin energía. Y ya no vale la gasolina, ni el diésel ni nada. Además, es que va a venir desde Europa..."

Una fuerte apuesta institucional que ha atraído a Netflix, a Atresmedia, a HBO, a Disney, a Amazon Prime... se calcula que solo la inversión extranjera romperá este ejercicio la barrera de los 100 millones. «La fiscalidad es solo una pieza del puzzle que hemos ido componiendo, sin otras antes no tendría tanto impacto. ‘Intimidad’ fue un pelotazo y se hizo antes de los incentivos. Netflix se fue encantada así que está repitiendo», reflexiona Agustín Atxa, responsable de la Bilbao Bizkaia Film Commission. Es el organismo creado por el Ayuntamiento y la Diputación en 2015 para facilitar el desembarco de rodajes. Una ventanilla única donde pedir casi de todo que ofrece «atención 24-7». Aunque ‘Juego de Tronos’ puso el territorio en el escaparate mundial, Atxa evoca el rodaje de ‘Gernika’ (2015) como punto de inflexión. «¡Querían grabar en Alemania y nosotros podíamos ofrecer Gernika! Empezamos a pensar en qué más podíamos ayudar». Aparte de crear una «relación de confianza» con los estudios se simplificó la burocracia. «Y luego está el talento local», añade. Directores, actores y mano de obra para superproducciones. «Sin eso seríamos un sitio al que venir, grabar e irse sin dejar nada. Tierra quemada». La llegada de tantos proyectos también está haciendo florecer la industria local. A las productoras les sale más a cuenta contratar en Bilbao que traerse equipos de Madrid o Barcelona. Y eso aquí es posible gracias al medio millar de personas que cada año salen de los grados audiovisuales de la universidad pública y de Mondragón, de la Escuela de Cine y de otros centros especializados. En diez años las empresas del sector han pasado de 284 a 448 y los afiliados a la Seguridad Social en actividades cinematográficas han subido de 1.300 a más de 2.000. Solo en el último año el crecimiento es de un 20%. Mientras, en Araba, el interés por el sector se dispara, con 39 productoras registradas. En septiembre se abrirá la primera escuela de cine de Vitoria. El empleo en el cine en Álava se multiplica por diez en un año con 16.560 contratos. 

Más de la mitad de la riqueza generada en Gipuzkoa se concentra en solo ocho municipios. Así se desprende de los últimos datos publicados por el Eustat, que analizan el Producto Interior Bruto –PIB– municipal de los tres territorios históricos. En el caso de Gipuzkoa, San Sebastián, Irun, Arrasate, Hernani, Beasain, Bergara, Tolosa y Azpeitia figuran en el top 8 de las potencias económicas. Es decir, de los 88 municipios guipuzcoanos, sólo entre ocho suman el 52,1% del PIB, lo que evidencia una concentración marcada en determinados núcleos urbanos e industriales. ¿Pero qué es el PIB? Es una forma de medir la riqueza que genera un lugar, como un país, una comunidad autónoma o un municipio. Representa el valor total de todos los bienes y servicios que se producen en ese territorio durante un año. Es como una gran suma de todo lo que se fabrica, se vende y se ofrece, desde lo más cualificado hasta lo más cotidiano del día a día, desde coches o máquina especializada hasta cortes de pelo o las sandías que vende tu frutería. Cuanto más alto es el PIB, más actividad económica hay, aunque no siempre significa que toda la población viva mejor, ya que este indicador no mide cómo se reparte esa riqueza. Como es lógico, San Sebastián encabeza el listado como el principal motor económico de Gipuzkoa. 

Entrevista con José María Pitarke Director de Nanogune. El responsable del centro donostiarra avanza que con la tecnología desarrollada en la torre cuántica se podrán hacer «cálculos que ahora son impensables». Ante las obras del edificio que albergará la torre cuántica, el director de Nanogune advierte de que se avecina un nuevo mundo que ni siquiera podemos imaginar. El poder transformador de la física cuántica ilumina su rostro e inspira su gestión al frente de Nanogune. "Los laboratorios que vamos a poner ahí en marcha de la mano del investigador Ikerbasque Fernando González-Zalba y en colaboración con la empresa Quantum Motion, y que deberían estar listos de aquí a fin de año, nos permitirán convertirnos en una instalación de referencia en Europa dedicada a la investigación y desarrollo de procesadores cuánticos, de silicio en este caso. Y será tecnología propia...Vamos a desarrollar tecnología cuántica propia, algo que hoy está en la vanguardia mundial. Hablamos de hardware cuántico, procesadores cuánticos diseñados aquí en San Sebastián, en esa torre que vemos en construcción. Creo que se trata de un hito muy relevante para todo el País Vasco...Vivimos rodeados de procesadores: en los móviles, computadores, coches... Están por todas partes. No vamos a decir que los procesadores actuales no sean cuánticos, ya que la física cuántica está en su base, pero cuando hablamos de computación cuántica nos referimos a una forma completamente nueva de computar basada en una propiedad muy especial de la física cuántica que hasta ahora no había sido explotada...Basándonos en esa propiedad tan especial de la física cuántica, podremos realizar cálculos de una forma extraordinariamente más rápida y eficiente. Pero más allá de la velocidad, estos computadores nos permitirán dar un salto cualitativo. podremos resolver problemas que resultan impensables con los procesadores actuales. Podremos hacer cosas que ahora ni siquiera somos capaces de imaginar. Por ejemplo, medicina personalizada, la cual hoy todavía no está suficientemente desarrollada..."

La decisión del Consejo de Ministros del pasado martes de autorizar la opa, pero exigiendo el funcionamiento por separado de ambas entidades por tres años ampliables a cinco, queda lejos de ser el cierre del culebrón que aventuró el ministro de Economía, Carlos Cuerpo. Hay todavía mucho partido antes de dar la última palabra a los 200.000 accionistas del Sabadell, como viene reclamando desde hace meses el presidente de BBVA, Carlos Torres. Llegan las horas decisivas para que el banco vasco confirme su determinación de seguir adelante con la opa, después de analizar el escenario generado por la decisión de Moncloa. Para ello se espera la celebración de un consejo de administración esta semana que adecuaría el folleto a las nuevas circunstancias que afectan de pleno a la rentabilidad. Y es que las sinergias de 850 millones anuales se han visto dañadas, si no en el importe, sí en un diferimiento en el tiempo. De esta cantidad, 100 son por menores costes de financiación y 300 por ajustes de empleo, que se han evaporado con el veto del Ejecutivo a los despidos y cierre de oficinas. Los otros 450 millones corresponden a la integración de la plataforma tecnológica, sobre cuya capacidad de ejecución han quedado dudas. El presidente Carlos Torres, y el equipo directivo están determinados y, como señalan fuentes cercanas, el consejo de administración mantiene una fuerte cohesión. En estos días se ha sondeado a los principales accionistas de BBVA para conocer su posición. La pregunta es: ¿el 97% de los socios que respaldaron la opa en la junta de accionistas seguirá apoyando la operación con las nuevas condiciones de rentabilidad y tiempos? La mayoría de los analistas se inclinaban el viernes por responder que sí.

La opa de BBVA sobre Banco Sabadell entra en una fase crítica rodeada de mayor incertidumbre que nunca. El desconcierto impera en el mercado tras las condiciones impuestas por el Gobierno que, frente a lo que ocurrió con CaixaBank-Bankia y Unicaja-Liberbank (bajando del 52,8% al 24,2% en este último caso), impedirán que ambas entidades se fusionen en un plazo de hasta tres años, prorrogable a cinco. BBVA valora ahora con los grandes accionistas y su propio consejo si seguir adelante o no con la operación. Pero, si todo sigue su curso, los dos bancos mantendrían en ese periodo autonomía de gestión para operar en solitario. ¿Y esto qué implica? Pocos se atreven a vaticinarlo, porque la falta de claridad en el documento en el que el Gobierno expone los motivos de su decisión deja la puerta abierta a muchas interpretaciones sobre los próximos movimientos de Carlos Torres. «No está muy claro a qué se refieren con esa autonomía de gestión», apunta Nicolás López, director de renta variable en Singular Bank. Esto también ha quedado reflejado en la evolución en Bolsa de ambas entidades durante esta semana de máxima inquietud. Las acciones siguen correlacionadas y sin grandes movimientos que serían más habituales en un caso como este. «Eso es porque el mercado espera novedades o más aclaraciones sobre las medidas que, sinceramente, fueron muy difusas», apunta otro gestor de fondos nacional a este diario. Sorprende sobre todo que el Ejecutivo sostenga su injerencia en una operación de 14.000 millones de euros en tan solo dos folios que se hicieron públicos en la CNMV y un informe que solo llegó a las partes interesadas –y al que accedió este diario– de 25 páginas. 

En exactamente dos días se hará efectiva la normativa europea que exige a todo propietario que tenga una vivienda destinada al alquiler de corta duración, ya sea turística o de temporada, inscribirse en el Registro Único de Arrendamientos si quieren continuar anunciándose en las plataformas digitales. Este sistema, que entró en vigor el pasado mes de enero, pero que no será obligatorio hasta el 1 de julio, asigna un número de identificación a cada inmueble de uso turístico o de temporada, que tendrá que aparecer en sus respectivos anuncios con el fin de reforzar el control y la transparencia en el sector ante la proliferación desmedida de este tipo de viviendas. Los propietarios han tenido tiempo suficiente para solicitarlo, pero ha sido en el último mes cuando los registradores de la propiedad –encargados de gestionar las solicitudes– han recibido una avalancha de peticiones que rozan ya las 200.000. «Se acerca la fecha y en estas últimas semanas han aumentado considerablemente las peticiones», asegura José Miguel Taboada, vicedecano del Colegio de Registradores de España, que espera que sigan aumentando los próximos días. En total, desde el 2 de enero se acumulan 199.686 peticiones, de las cuales 125.000 se han producido en el mes de junio. Aunque aún hay margen para obtener el número, 168.609 viviendas deberán eliminar sus anuncios de plataformas como Airbnb o Booking a partir del martes si no lo han obtenido. Esta cifra representa el 45,7% de los 368.295 pisos que el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha identificado como turísticos.

Ahora es materialmente imposible recibir esa atención para determinadas gestiones sin una cita previa, y conseguir una de esas citas se ha convertido en una misión imposible. Incluso muchos usuarios aseguran que solo lo han logrado “pagando”. Desde el Ministerio de Trabajo precisan que el organismo funciona bien y que las prestaciones se reconocen en poco más de dos días de medio. Y los usuarios coinciden, solo en parte, con este diagnóstico: “Una vez se traspasa la puerta (de una oficina del SEPE) el trato es bueno, lo difícil es llegar a traspasarla”, se queja una usuaria. Este no es un problema nuevo. Los representantes sindicales llevan muchos meses en pie de guerra. Su plantilla vive una confluencia de circunstancias que ha resultado letal. El cóctel lo forman una plantilla deficitaria que arrastra una pérdida de más de 3.000 trabajadores; una modernización tecnológica que da numerosos fallos en el día a día, y el incremento de la carga de trabajo por cambios en los subsidios desde el pasado noviembre. El sindicato CC OO acaba de denunciar que en la semana del 7 de junio el 40% de las 715 oficinas de atención presencial en toda España no daban cita para gestionar las prestaciones o estaban cerradas. Los sindicatos han denunciado en reiteradas ocasiones que, al menos, el 55% de estas oficinas están infradotadas de personal. 

La mala burocracia lastra el funcionamiento de las empresas y bloquea la unidad de mercado, pero con impulso político la situación puede mejorar. En el mundo, decenas de países admiten sentirse abrumados por la gran cantidad de burocracia que ellos mismos generan. El primer ministro francés François Bayrou reconoció recientemente que, si bien el Estado desempeña un papel fundamental en tiempos de crisis, en circunstancias normales, “la burocracia se ha convertido en una carga para empresas y particulares”. En Canadá, donde bajo el mando de Justin Trudeau la Administración creció en 99.000 funcionarios, el nuevo primer ministro Mark Carney ha asegurado que despedirá a los que no sean capaces de tramitar un mínimo de expedientes. Lo mismo ha ocurrido en Portugal, donde su primer ministro Luís Montenegro le ha declarado la guerra a la burocracia. Para la ultraderecha, desde Argentina hasta Estados Unidos, el papeleo se ha convertido en la excusa perfecta para recortar el papel del Estado, a menudo con consecuencias negativas para los más pobres. El Centro de Estudios Regulatorios de la Universidad George Washington contabiliza que las normas federales en Estados Unidos superan ahora las 180.000 páginas, frente a las 20.000 de principios de la década de 1960. En España una aproximación parecida la ha hecho Juan S. Mora Sanguinetti, del Banco de España, para concluir que entre 1950 y 2018 se redactaron 423.838 normas, la mayoría (364.267) en el periodo democrático. Desde 1979, la suma anual de nuevas leyes y reglamentos se ha multiplicado por cuatro aunque la población solo haya crecido en ese tiempo un 30%. Sin embargo, lo cuantitativo de la burocracia no define por sí solo la magnitud del problema, como señala Carles Ramió, catedrático de Ciencias Sociales y Políticas de la UPF: “Soy un defensor de la burocracia. Es como el colesterol, si la erradicamos, nos morimos. Pero hay que saber distinguir la buena de la mala”.

El dato se puede leer en el Informe de digitalización de las pymes 2024 del Observatorio Nacional de Tecnología: solo el 13% de las microempresas —que, recordemos, representan el 95% del tejido empresarial— tienen un programa para gestionar sus operaciones diarias de contabilidad (conocido como ERP). “La abrumadora mayoría no posee ningún software específico de facturación. Utilizan Excel, Word o escriben directamente en papel y se lo pasan a la gestoría”, explica Fermín Lozano, director de pymes, autónomos y asesorías en Cegid España, una empresa proveedora de soluciones en la nube. Y eso es un problema a las puertas de la adopción de la factura digital, que desde este martes comienza a aplicarse de manera voluntaria y que, a partir del 1 de julio de 2026, será obligatoria para todas las sociedades, pymes y autónomos del país. En este tiempo se escuchará mucho la palabra VeriFactu, una forma abreviada de referirse al reglamento que establece los requisitos que deben tener los sistemas informáticos que soporten los procesos de facturación. El año que viene, 3,5 millones de empresas, la mayoría de servicios, tendrán que emitir sus facturas en alguno de los programas validados por el Ministerio con Verifactu, que es una forma de garantizar la trazabilidad e inviolabilidad del documento y que mejorará mucho los sistemas de control… pero acarreará un fabuloso coste agregado. De hecho, gestorías, asesorías, proveedores de software y empresas de servicios digitales apuran sus ofertas (normalmente de pago mensual por suscripción) para pescar en este mar de oportunidades. Porque la mayoría de esas micropymes no se bajarán el documento PDF de más de 30 páginas con el que el Gobierno informa sobre el formato que debe tener el documento; ni se leerá el artículo 29.2 de la Ley General Tributaria, ni el Real Decreto 1007/2023 que aprueba el reglamento que la desarrolla, ni la orden HAC/1177/2024 que recoge los detalles técnicos. La mayoría contratarán un servicio para no tener que dedicarle horas y horas a entender este nuevo escalón burocrático. Y con seguridad repercutirán ese coste en sus clientes.

El presidente de EE UU, Donald Trump, ha impuesto al mundo la diplomacia del vasallaje. Él amenaza con más aranceles y menos protección en un mundo cada vez más peligroso y un creciente número de líderes se pliega a sus deseos. A costa de lo que sea, incluso de la propia dignidad. El fenómeno se ha hecho más evidente en la cumbre de la OTAN por la actitud sonrojante del secretario general, Mark Rutte, que llegó a llamarle “Papi Donald”, pero se extiende. Solo algunos dirigentes han sabido mantenerse firmes ante su personalidad volátil. Durante la reciente cumbre de la OTAN en La Haya, la mayoría de los líderes presentes compartía una prioridad: ante unos Estados Unidos que amagaba con desvincularse de la Alianza Atlántica, era crucial mantener a su presidente, Donald Trump, contento. A costa de lo que fuera. Incluso de la propia dignidad, como dejó claro el secretario general de la organización, Mark Rutte. “Vuelas hacia otro gran éxito en La Haya [...] Europa va a pagar a lo GRANDE, como debería, y será tu victoria”, le aseguraba Rutte a Trump en un mensaje privado que el republicano no dudó en divulgar en sus redes sociales. Más tarde, en una obsequiosa comparecencia conjunta ante los medios, el neerlandés llegó a llamarle daddy, “papi”. Rutte ha sido hasta ahora, probablemente, el ejemplo más extremo de la diplomacia del halago, rozando el vasallaje puro, frente a las constantes amenazas de Washington en materia comercial y defensiva. Pero ni es el único ni esa táctica es nueva: Trump siempre ha sido excepcionalmente receptivo a los elogios y gestos grandilocuentes, desde su primer mandato. Bien lo sabe el francés Emmanuel Macron, quien lo impresionó tanto con el desfile militar por el Día de la Bastilla durante su primera visita de Estado, en 2017, que Trump había intentado desde entonces organizarse uno propio, a su mayor gloria. Lo consiguió por fin poco antes de viajar a La Haya, coincidiendo con su cumpleaños.