20251215

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día.

El grupo Teknei, liderado por Joseba Lekube y con sede en Bilbao, está registrando un crecimiento exponencial en su objetivo de convertirse en la multinacional vasca de referencia en el atomizado sector de las tecnologías de la información. Hace solo unas semanas compró el negocio de externalización de servicios empresariales (BPO, por sus siglas en inglés) de Indra por casi 100 millones de euros y ahora ultima la puesta en marcha de dos grandes proyectos estratégicos en Bilbao y San Sebastián con los que prevé crear más de 1.000 nuevos empleos en tres años. Para ambos se están definiendo los emplazamientos definitivos con la idea de ponerlos en marcha en los próximos meses. El proyecto que se ubicará en la capital vizcaína está vinculado a los servicios financieros y, en especial, al desarrollo del nuevo marco europeo de identidad digital que busca contrarrestar la hegemonía de las plataformas estadounidenses. Teknei considera que hay un importante nicho de mercado como proveedores tecnológicos de la banca en todos estos procesos y quiere convertir a Bilbao en un ‘hub’ en este área. Su previsión es generar más de medio millar de empleos en esta unidad. El otro proyecto, que se ubicará en San Sebastián, está ligado a la inteligencia artificial y la computación cuántica. Se trata de un centro especializado en aplicar estas tecnologías a las empresas para mejorar su productividad. La empresa aspira a contratar 660 profesionales en tres años. En la actualidad Teknei, que acaba de celebrar su 15º aniversario, factura cerca de 150 millones de euros y cuenta con una plantilla de 2.500 personas. Joseba Lekube fundó junto a Rafael López la compañía en México en 2010 pero a partir de 2019 fueron creciendo en Euskadi y trasladaron a Bilbao la sede de toda la división europea.

Pese a su fuerte crecimiento en los últimos años, Teknei ha estado fuera del foco informativo hasta hace poco tiempo. Ha influido en ello que la empresa naciera en México en 2010 y no diera el salto a Euskadi hasta 2019. La razón de su creación en el país centroamericano es que allí se encontraba su consejero delegado, Joseba Lekube, cuando decidió emprender. Licenciado en La Comercial, ahora Deusto Business School, él había trabajado en Keon, la división tecnológica de la Corporación IBV que luego se convirtió en embrión de Azertia. En 2006, Indra adquirió esta sociedad por 120 millones y Lekube pasó a depender de la empresa que hoy preside Ángel Escribano y a la que acaba de comprar su división de servicios empresariales. Lo hacía como ‘expatriado’ en México, donde también dirigía la delegación extraterritorial del PNV en el país. Pero tras cuatro años en la compañía decidió arriesgar y crear su propia empresa junto a Rafael López. En 2019, trasladó la sede a Bilbao a la vez que se invertía en la adquisición de firmas vascas con las que se ganó tamaño. El crecimiento ha sido vertiginoso en estos años, aunque el gran salto ha sido la reciente compra de la división BPO de Indra. El nombre de Teknei y de Lekube ha ido ganando visibilidad también con otras operaciones como su participación, junto a otras compañías vascas, en la sociedad público-privada ADI –Atlantic Data Infrastructure– para impulsar una red de ‘data centers’ en Euskadi.

A una Europa a la cola de China y EE UU, a las agresivas políticas arancelarias que han reordenado los mercados globales y al desafío demográfico, el próximo año habrá que sumar también la negociación de los convenios colectivos en Bizkaia y Álava, dos acuerdos que históricamente no han sido fáciles de cerrar. El último se saldó en Bizkaia con nueve meses de conflicto y 11 jornadas de huelga (4 en el caso de Álava). Las movilizaciones se tradujeron en multas y, a día de hoy, aún quedan tres procesos judiciales abiertos. Aunque en enero vencen ambos acuerdos, la negociación ya se ha iniciado en Bizkaia. El día 26 arrancó el proceso que afectaría, según estima el Consejo de Relaciones Laborales, a 69.600 personas. Entonces se constituyó una mesa formada por ELA (con el 40,7% de la representación), CC OO (23,6%), LAB (22%) y UGT (un 13,8%). Su próxima reunión será el 14 de enero, pero los sindicatos llevan meses celebrando asambleas y adelantando trabajo. El acuerdo es vital para las patronales, que ven en esta negociación la necesidad de un compromiso global de la sociedad para generar estabilidad. El director gerente de la FVEM (Federación Vizcaína de las Empresas del Metal), Alfonso Rey, confía en que el proceso se desarrolle con sensatez. «Gran parte del bienestar que tenemos en Euskadi proviene de la industria, que produce el 25% del PIB de forma directa –un 40% con los servicios vinculados al sector–, y en cuanto a la negociación, cabe recordar que desde los años 90 no teníamos un acuerdo firmado tan seguido de otro como en estos últimos años», recuerda. Aunque los sindicatos vascos tienen en cuenta este contexto, lo atribuyen a hechos puntuales y no a una situación coyuntural complicada. Las centrales ya han establecido algunos puntos clave que quieren trasladar a la mesa de negociación, como un crecimiento salarial por encima del IPC, la necesidad de reducir la jornada laboral teniendo en cuenta los avances que se están produciendo en robotización e inteligencia artificial, y la subrogación para trasladar los avances a subcontratas y empresas de contratación temporal, cuyos empleados sufren las peores condiciones.

Que la negociación del convenio del metal puede ser peliaguda lo saben bien en el Gobierno vasco. En enero de 2023, después de que Álava ya hubiera cerrado su acuerdo en la materia –lo hizo en noviembre de 2022– y con el de Bizkaia enquistado, el Ejecutivo autonómico entró a mediar en el proceso para conseguir un cierre en febrero. Entonces el pacto se cerró con la aprobación de LAB, CC OO y UGT (ELA no firmó los convenios de Bizkaia y Álava aunque en mayo de 2023 si alcanzó un acuerdo junto a UGT con la patronal guipuzcoana, Adegi, que todavía mantendrá su vigencia durante 2026). Aunque más complicado en resolverse, el convenio firmado para 2022-2025 fue un eco de las problemáticas ya vividas en el acuerdo suscrito en 2019, que ya sumó diez días de huelga y una lucha sindical visibilizada en las calles. «Entonces veníamos de años sin negociar el convenio. El último, de eficacia limitada, era de 2011, y el de eficacia general de 2013», rememora la responsable de Industria en el sindicato LAB, Iratxe Lazkue. Los sindicatos vascos recuerdan que en ambos casos, tanto en 2019 como en 2022, las patronales alegaron las dificultades del contexto que representaba el momento: en el primer caso por los coletazos de la crisis económica, y en el segundo por el pico inflacionario derivado de la pandemia.

Tras tres meses de conflicto a raíz de la propuesta de despidos planteados por la dirección, la huelga en Maderas de Llodio empieza a lastrar a la empresa. El conflicto laboral abierto en la factoría de la localidad ayalesa ya está provocando «cancelaciones de pedidos». Se busca una salida pactada para los trabajadores de Garnica, donde inicialmente se planteó que afectara a 39 personas. Al menos eso es lo que ha afirmado el Departamento de Industria en una respuesta parlamentaria a EH Bildu. Según la consejería que dirige Mikel Jauregi, «se está trasladando al comité que la huelga está generando dificultades en la actividad y que, durante este periodo de paro total, la empresa no puede atender la demanda del mercado». «Como consecuencia, algunos clientes están explorando alternativas y han homologado a otros proveedores, competidores directos de Maderas de Llodio. Esta situación ya está derivando en cancelaciones de pedidos por no poder cumplir los plazos de entrega», abunda el Gobierno ante la batería de preguntas por escrito formuladas por la coalición abertzale. ¿Qué ha llevado a Garnica a plantear ajustes en Llodio? Una vez más, la respuesta es la competencia de industrias de otros países según Jauregi. «La empresa se encuentra con limitaciones para competir. En este segmento, el mercado prioriza el precio, y los productores de Europa del Este y Asia cuentan con estructuras de costes más reducidas, lo que les permite ofrecer sus productos en nuestros mercados habituales a precios muy competitivos», replica el consejero. «La dirección ha optado por mantener la actividad vinculada a productos de mayor valor añadido y cesar la línea que genera pérdidas en la planta». Para contrarrestar esta pujanza foránea, Industria detalla que se está abriendo una alternativa incipiente: «desarrollar un producto sustitutivo con una composición diferente en la planta de La Rioja, donde los costes son más bajos». «Aunque por el momento no hay confirmación al respecto y parece que no está definido», matizan desde el Departamento.

El Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco ha seguido el guion y ha establecido las condiciones bajo las cuales se otorgará a Balenciaga Shipyard una nueva concesión para la ocupación del dominio público en el que ya trabaja el astillero en el puerto de Zumaia. Una oferta que deberá ahora ser aceptada por Abu Dhabi Ports. algo que se da por hecho. La resolución de este asunto era una de las dos grandes condiciones impuestas por el juzgado para resolver el proceso concursal y la venta de la veterana instalación junto a un acuerdo con los trabajadores, que aún está en el aire. El plazo inicial de la citada concesión –que en realidad simplifica en una sola las actuales, que son seis distintas– es de diez años, prorrogable hasta un máximo de cincuenta, y conlleva la obligación de presentar una garantía de explotación de 190.000 euros y el pago anual de las tasas correspondientes, estimadas en 361.887,73 euros (IVA incluido), términos que quedan sujetos a una medición topográfica de los terrenos aún pendiente. Este permiso de uso (que se refiere expresamente a las actividades de construcción y reparación naval) afecta a un área aproximada de 22.400 metros cuadrados , en los que se ubican las infraestructuras necesarias para la construcción de buques metálicos de –subraya el permiso– hasta 110 metros de eslora.

"El Consejo de Ministros ha aprobado a primeros de mes una adenda al ‘Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia’ convenido con la Unión Europea (UE) por la que España renuncia a 60.300 millones de euros en préstamos blandos, el 72,6% del tramo crediticio en su día asignado. Las ayudas concedidas se reducen, en consecuencia, de 163.014 millones a 103.000 y aún planea la amenaza de perder entre 20.000 y 25.000 millones adicionales del tramo de subvenciones a fondo perdido, si no se cumplen determinados requerimientos antes del 31 de agosto de 2026. No se trata de un ajuste técnico ni de una minucia administrativa. Asistimos a la confesión de un fracaso político y de gestión. El Gobierno de la nación no ha sabido estar a la altura de la mayor oportunidad surgida en décadas para la modernización del país. No ha podido hacerlo porque no tiene oficio ni método. NextGenerationEU nació como la respuesta conjunta a las necesidades de los países miembros, azotados por la pandemia: 750.000 millones financiados con deuda mancomunada de la propia UE, una respuesta ambiciosa, un hito comunitario sin precedentes. Su propósito era claro: inversión modernizadora, cohesión y solidaridad europeas frente a la mayor crisis registrada en los anteriores 70 años. España ha sido uno de los grandes beneficiarios del programa NextGenerationEU. Cerca de 163.000 millones entre subvenciones y préstamos, más del 11% del PIB. No solo es dinero gratis. Ha sido igualmente una invitación a acometer en tres años la recuperación del retraso secular de la inversión española..."

El Ministerio de Trabajo ha convocado para hoy lunes 15 de diciembre a los sindicatos CCOO y UGT para cerrar las negociaciones sobre la ampliación del permiso por fallecimiento de un familiar y la implantación de un nuevo permiso para cuidados paliativos. De esta manera, el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, se reunirá a las 17.00 horas con representantes de ambos sindicatos en un encuentro en el que no estará la CEOE, después de que la cartera liderada por Yolanda Díaz cerrara la negociación con la patronal española ante su actitud "del no a todo". El Ministerio de Trabajo quiere ampliar hasta 10 días el permiso por fallecimiento del cónyuge, pareja de hecho o parientes hasta el segundo grado de consanguinidad y que se pueda disfrutar hasta que hayan transcurrido cuatro semanas del fallecimiento en días continuados o discontinuos, mientras que plantea dar hasta 15 días para el nuevo permiso de cuidados paliativos del cónyuge, pareja de hecho o parientes también hasta el segundo grado por consanguinidad. Trabajo decidió cerrar el diálogo tripartido por la "insensibilidad" de la CEOE en las negociaciones, al igual que pasó previamente con la mesa para la reforma de la ley de prevención de riesgos laborales tras 20 meses de negociaciones.

Posiblemente era uno de los mítines más complicados en su carrera política: con la corrupción desbordada en el PSOE, con los casos de machismo abriendo en canal su partido y con la necesidad de arropar a un candidato, Miguel Ángel Gallardo, que, según todas las encuestas, se dirige a una debacle en las elecciones del próximo domingo en Extremadura. Sin embargo, Pedro Sánchez se aferró ayer a la agenda social de su partido, atizó el miedo contra la derecha y la ultraderecha, sacó a pasear a los obispos y apeló incluso al fundador del PSOE, Pablo Iglesias, con el argumento de que los socialistas nunca en su historia lo tuvieron fácil, para acabar proclamando que seguirá al frente del Gobierno y que no convocará elecciones anticipadas. «Cuando me preguntan si estoy cansado, respondo que este Gobierno es incansable. Gobernar es dar la cara, afrontar los problemas y dar soluciones», afirmó. En Cáceres, ante un auditorio que empezó frío y acabó coreando el «¡presidente, presidente!», Sánchez se preguntó si «merece la pena gobernar», y él mismo se respondió: «Por supuesto que sí, es un honor gobernar, aunque sea en estas circunstancias, porque este Gobierno le renta a los jubilados, que ven cómo suben sus pensiones; a los trabajadores, con el Salario Mínimo Interprofesional; a los estudiantes, a los padres y madres, con los permisos; y a las mujeres, porque defiende sus derechos. Claro que renta tener un gobierno progresista».

Entrevista con Alberto Nadal (Madrid, 1970), nuevo vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del Partido Popular. "...Hay que hacer una gestión prudente de las finanzas públicas y abrir espacios para más reducción de impuestos con un doble objetivo: seguir reforzando el poder adquisitivo de los españoles, especialmente sus clases medias, y crear incentivos para la inversión, la retención de talento y la adquisición de tecnología por las empresas. Una reforma fiscal que pretende que los españoles puedan mejorar su nivel de vida, no solo por la bajada de impuestos, sino porque la economía crezca más y de forma más sana...Hay que simplificar nuestro sistema tributario. Existen algunos impuestos que ha establecido el Gobierno socialista cuyo único objetivo es crear una pantalla. La recaudación en España está creciendo fundamentalmente por IRPF, que lo pagan sobre todo los asalariados, y el IVA, que lo pagan todos los españoles. Para ocultarlo, porque todo eso se lo están gastando, crean figuras que no existen en los países de nuestro entorno, los impuesto a las grandes fortunas, a la banca, o a las eléctricas, cuya capacidad de recaudación es muy pequeña pero tienen coste en términos reputacionales, de inversión e imagen de España al mundo. Tenemos que eliminar impuestos que no son necesarios, tienen baja recaudación y no tienen otra finalidad que propagandística...La energía nuclear y la renovable no es incompatible, es simbiótica; el Gobierno olvidó la seguridad de suministro y de ahí el apagón...En materia de vivienda, el problema es la regulación; necesitamos más suelo urbanizable y constructoras. Tenemos que doblar, o más, el número de viviendas iniciadas...Sobre BBVA- Sabadell, en una opa, el Gobierno no tiene nada que decir; el resultado tiene que depender de los accionistas, bajo la vigilancia de los reguladores..."

Continuación de la entrevista con Alberto Nadal (PP). "...Las causas por las que el Estado debe entrar en una empresa son la seguridad nacional, como en Navantia, que nos hace los submarinos y las fragatas, o por que provean de un servicio público estratégico que sea esencial que esté bajo control del Gobierno, como con el operador Red Eléctrica. Todo lo demás sobra. No puede haber pertenencia del Estado en ninguna empresa que no tenga uno de estos dos objetivos....Y ojo que lo importante no siempre es tener la propiedad, a veces es suficiente contener el control. Lo que no se puede es entrar en empresas para controlar sus consejos, o no salirse cuando se entró por un motivo si deja de existir...El vínculo transatlántico es esencial. Tenemos que esforzarnos en hacer ver a Estados Unidos que Europa no es el problema y recuperar la confianza mutua. Un partido que cree en la economía de mercado no puede estar a favor de los aranceles. España es una de las economías más abiertas del mundo, exportamos muchísimo, tenemos que ser la voz que recuerde al mundo la prosperidad que ha creado el comercio internacional..."

La contribución social de las cuarenta mayores empresas españolas por cifra de negocio a sus grupos de interés y a la sociedad en general ascendió a 592.791 millones de euros en 2024, según un informe de la Fundación PwC y la Fundación CEOE. Esta métrica permite evaluar la distribución de la riqueza creada entre los distintos grupos de interés y en la sociedad en su conjunto. Los ingresos de estas compañías (de las que están excluidas las del sector financiero y asegurador) se distribuyen en salarios a sus empleados, compras a proveedores, tributos, financiación y retribución al accionista y en otras partidas, generando una aportación directa al PIB. Los ingresos se han redistribuido para emplearse en un 70,2% para la adquisición de bienes y servicios a proveedores (416.347 millones de euros). El 15,6% (92.292 millones) se ha destinado a las aportaciones a las arcas públicas, y el 7,6% (44.851 millones) a pagar a sus empleados. Otro 2,9% (17.327 millones) se fue a pagos por dividendos y un 1,8% (10.745 millones) a pagos a entidades financieras. Destaca que la partida de pagos a empleados no incluye los impuestos asociados al empleo (25.056 millones), dado que se han integrado en la partida para las Administraciones públicas. Si se contemplase en esta partida, el coste de la Seguridad Social y las retenciones por IRPF o equivalentes pagadas en nombre de los trabajadores los pagos a los empleados de las 40 mayores empresas españolas ascenderían a 69.907 millones de euros. La gran empresa española emplea, de manera directa a más de 1,42 millones de trabajadores. 

Iratxe Las Hayas ingeniari industriala da, eta 25 urtetik gorako esperientzia du enpresen kudeaketan. Smart Jidokako sortzaileetako bat eta managing partnerra da. Aholkularitza lanak egiten ditu, enpresei laguntzen die eta administrazio kontseiluak eraldatzen ditu, errendimendu handiko organoak izan daitezen. Bere lan, ahalegin eta esperientzia handiari esker, El Español hedabidearen Magas agerkariak antolatutako TOP100 Emakume Liderretarako hautagai izendatu dute aurtengo edizioan. Emakume liderren kategorian lehiatuko da Las Hayas, start-upak eta profesional independenteen kategorian. Gehiago irakurri hemen. 

CaixaBank está a un paso de cerrar un año récord en préstamos sindicados a las grandes empresas españolas y de asegurarse el liderazgo de la clasificación por primera vez desde 2022 en el negocio más competido de la banca, tanto nacional como internacional. La entidad no ha dejado opción. CaixaBank supera los 8.100 millones de euros concedidos en operaciones sindicadas en los 11 primeros meses del año, según los registros de Bloomberg. Es un 18% más que en 2024 al completo y supera por casi 3.400 millones al segundo de la lista. CaixaBank también es el banco que más operaciones ha hecho. Ha estado en el sindicato de 58 créditos, con todas las grandes transacciones en su palmarés. Telefónica contó con él en su macropréstamo de 5.500 millones de euros, al igual que Cellnex, Iberdrola y Naturgy para los suyos. Pero hay un crédito que ha sido clave. El hólding de la familia Serra puso en manos de CaixaBank el aseguramiento del 100% de los 2.277 millones que necesitaba para lanzar la opa sobre Catalana Occidente y eso ha catapultado a la entidad en el ránking.

En un sector muy maduro, con pocos bancos y oportunidades de inversión, las entidades se debaten entre exprimir el crecimiento, con o sin compras, o devolver este dinero a los accionistas. De acuerdo a las cuentas del tercer trimestre de 2025, a 31 de septiembre, los seis mayores bancos españoles (Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter y Unicaja) acumulan un exceso de capital de más de 16.000 millones. Es decir, se trata del capital que excede tanto a los requerimientos mínimos fijados por el Banco Central Europeo (BCE) como el suelo mínimo que se han establecido las propias entidades, que suele rondar el 12%. Los inversores consideran que con el dinero sobrante de los balances pueden afrontar compras para crecer o pagar dividendos. La segunda opción ha sido la preferida por las entidades en los últimos años. Durante la crisis y los años posteriores, las acciones de la banca habían pasado por su particular travesía del desierto, cuando las entidades cotizaban por debajo de su valor en libros. Repartir el exceso de capital con recompras de acciones era una vía válida y efectiva de insuflar vida al precio de sus títulos. Los bancos, sin embargo, ya cotizan por encima de su valor en libros, por lo que esta fórmula está empezando a perder algo de atractivo entre los inversores. Algunos empiezan a reclamar a los banqueros que aprovechen la buena situación para hacer movimientos que no solo les den réditos a corto plazo, sino que miren un poco más allá.

Telefónica ha desplegado el 62% de los nodos del 5G más rápido, el que utiliza la banda de 3.500 megahercios (MHz) o 3,5 gigahercios (GHz), en los últimos dos años, tomando los datos reportados por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) desde el segundo trimestre de 2023 hasta el segundo trimestre de 2025, los últimos datos disponibles. La banda de 3,5 GHz del 5G es en la que los operadores de telecos disponen de más cantidad de espectro –más de 100 megahercios cada uno– y, por tanto, la que les permite proporcionar a los clientes más capacidad y velocidad, por encima del gigabit por segundo, una velocidad que no se puede alcanzar en la banda de 700 MHz, la otra en la que los operadores están desplegando redes de 5G. Este ritmo de despliegue es muy superior al que han aplicado sus dos principales rivales, Masorange y Vodafone, ya que, de hecho, sólo Movistar tiene más nodos desplegados que la suma de Masorange y Vodafone, que alcanza 6.978 nodos.

La falta de vivienda asequible es un problema acuciante en toda la Unión Europea. El Ejecutivo comunitario estima que Europa necesitará añadir 650.000 viviendas al año —a sumar a las 1,6 millones que se construyen ahora anualmente— para responder a las necesidades de la población y cree que para abordar la brecha entre la oferta y la demanda hace falta construir más, de forma más eficiente y sostenible. Y que para ello es necesario, entre otras cosas, reducir los costes de producción y acelerar las licencias de construcción. La Comisión Europea lanzará mañana una nueva estrategia para incentivar que se levanten hogares. El plan, al que ha tenido acceso EL PAÍS, incluye una serie de recetas para que los Estados miembros pongan en marcha programas para bajar los costes y reducir los trámites y permisos —entre ellos los medioambientales— que actualmente requieren las construcciones y reformas. En 2024, el 5,3% del PIB de la UE fue aportado por el sector. Así, los problemas con la vivienda asequible se han convertido en un asunto caliente y muy polarizado en la mayoría de Estados miembros. Sin embargo, como se deduce de la estrategia, la iniciativa tiene un alcance limitado porque la Comisión tiene las manos bastante atadas. 

El ultraderechista José Antonio Kast se impuso ayer con claridad en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales chilenas. Desde el final de la dictadura, el país latinoamericano no ponía el poder en manos de un líder de extrema derecha. Con el escrutinio prácticamente cerrado, Kast obtuvo una ventaja de 17 puntos respecto a la izquierdista Jeannette Jara. Según los datos preliminares del Servicio Electoral (Servel), el exdiputado ultracatólico, de 59 años, obtuvo el 58,61% de las papeletas frente al 41,39% de la exministra de izquierdas. Ambos candidatos compitieron por suceder al progresista Gabriel Boric en La Moneda, en una segunda vuelta histórica, marcada por una participación electoral sin precedentes en Chile debido a la implementación del voto obligatorio para todo el censo. Más de 15,7 millones de personas fueron convocadas a las urnas, de las que alrededor de 400.000 pidieron ser excluidas con el correspondiente justificante. El líder del Partido Republicano lideraba el conteo al cierre de esta edición en casi todas de las 16 regiones del país, incluido bastiones de izquierda como Valparaíso y la Región Metropolitana, que alberga la capital. Kast será el primer dirigente identificado con el pinochetismo en llegar a La Moneda en democracia y recibirá la banda presidencial el próximo 11 de marzo de manos de Boric, su rival en las elecciones de 2021, en las que perdió por amplio margen.

Bicicletas tiradas, tablas de surf abandonadas a su suerte en el asfalto, chanclas, toallas o sillas de playa que quedaron atrás. Son los resquicios del horror en Bondi Beach, la prueba de una huida desesperada mientras los disparos se encadenaban uno detrás del otro. No cesaron en nueve minutos en los que 15 personas murieron, entre ellas un niño, y al menos 40 resultaron heridas, según el último balance de la Policía al cierre de esta edición. El objetivo de los dos terroristas, uno fallecido y otro en estado crítico, era claro: atacar a los judíos que celebraban el primer día de Janucá, su fiesta sagrada. Las autoridades también desvelaron que los dos atacantes eran padre e hijo, de 50 y 24 años. Se colocaron estratégicamente en un puente que da a la playa y comenzaron a disparar indiscriminadamente con sus rifles. En su mirilla, unas 1.000 personas que formaban parte de la celebración. También cientos de bañistas y viandantes que disfrutaban del domingo en una de las playas más icónicas del mundo. La Policía afirmó que se encontraron dos artefactos explosivos improvisados en el lugar de los hechos. Se neutralizaron y eran «bastante básicos en cuanto a su construcción».