20251217

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día.

Adegi ha reclamado medidas "urgentes y eficaces" para garantizar la competitividad de la industria. La Asociación de Empresas de Gipuzkoa se suma así a la Confederación Europea de Asociaciones de Pequeñas y Medianas Empresas (CEA-PME), de la que es miembro activo, y que representa a millones de pymes y empresas de mediana capitalización (mid-caps), que ha "llamado a la acción" para que la Unión Europea "implemente urgentemente una estrategia de competitividad acorde con los desafíos actuales". En un comunicado, ha incidido en que las pymes y las mid-caps "son fundamentales para la recuperación de Europa". Sin embargo, ha lamentado que se encuentran actualmente "bajo presión debido a la burocracia interna de la Unión Europea, las directrices comerciales de EEUU y la ofensiva china". En esa línea, ha advertido de que esta situación, que se caracteriza por "un cambio de paradigma global y luchas de poder, no puede sostenerse en el tiempo". Adegi ha criticado que la respuesta actual de la Unión Europea "está siendo lenta, inconsistente y excesivamente burocrática". Según ha afirmado, "un número considerable de empresas ha tenido que declararse insolvente o ha optado por reducir sus operaciones o deslocalizarse en los últimos tres años de estancamiento en Europa, lo que ha resultado en la pérdida de empleos de calidad en la industria europea". "Europa, que sigue siendo un mercado de 450 millones de consumidores y que históricamente ha sido tierra de éxito industrial, debe adaptarse con urgencia a las nuevas reglas del juego económico global", ha insistido. Así, considera que es fundamental que se tomen "medidas firmes y rápidas para reducir la burocracia y los costes energéticos", y establecer una "auténtica preferencia europea". Ver nota Adegi aquí. 

Euskadi excede todos los registros con el indicador más alto de la serie histórica en el tercer trimestre para cualquier comunidad. La mano de obra cuesta más a las empresas vascas que a las de otros territorios. Euskadi ha recuperado, dos años después, la cabeza de las comunidades con los costes laborales –que incluyen las remuneraciones y las cotizaciones sociales– más elevados, superando a Madrid. El indicador en el País Vasco se ha disparado hasta los 3.670,60 euros mensuales en 12 pagas. Una cifra que está 558 euros por encima de la media nacional y que es la más alta que ha alcanzado cualquier comunidad en la serie histórica durante el tercer trimestre del año. Euskadi, con menos empleos estacionales entre julio y septiembre, ha conseguido romper la tendencia de Madrid y supera a la comunidad presidida por Isabel Díaz Ayuso en 11,81 euros mensuales. Los altos costes laborales del País Vasco reposan en la fortaleza de su industria –el corazón productivo de la región–, que alcanza los 4.533 euros mensuales. En comparación, la construcción se sitúa en 3.787 y los servicios en 3.435. Los costes salariales –el salario bruto que recibe el trabajador una vez descontadas las cotizaciones, dietas y gastos de formación– siguen siendo superiores en Madrid, con 2.712,72 euros frente a los 2.682,46 euros en Euskadi. Aunque la cifra de Euskadi ha registrado un aumento del 4% interanual, esta diferencia se explica, en parte, por las cargas fiscales y cotizaciones sociales más elevadas en la comunidad.

La diferencia de los salarios que ofrecen en otros lugares, la dificultad para participar en proyectos empresariales de interés, la falta de reconocimiento profesional, la escasez de oportunidades o la ardua tarea de acceder a una vivienda. Todos estos factores forman parte de una larga lista de problemas que dificultan en gran medida la vuelta a Euskadi de jóvenes vascos –entre los 25 y 40 años– que actualmente residen fuera por motivos laborales. Un cúmulo de barreras en el que han puesto el foco tanto la Fundación Artizarra como Deusto Business School (DBS) en un estudio presentado ayer que pretende conocer las razones de su marcha, así como las condiciones para su regreso. Se trata de un trabajo que pone cara a los datos y que revela que un 85% de la diáspora joven desea regresar a casa, pero que no lo hace por los motivos anteriores. En la actualidad, son cerca de 30.000 los que residen en el extranjero y otros 42.600 los que lo hacen en otras comunidades autónomas. Si se aplica el 85% a esas dos cifras, supondría para Euskadi la recuperación de más de 60.000 perfiles profesionales de alta cualificación, en la mayoría de casos con estudios superiores. Más de la mitad –53,5%– cuenta con estudios de máster y algo más de un tercio ha finalizado estudios de grado (34,1%). Además, un 11,8 % ha completado un doctorado, mientras que únicamente un 0,6 % declara tener como máximo el bachillerato. Por ramas, el 29,4% de los jóvenes que residen fuera han finalizado estudios relacionados a la ingeniería, otro 14,7% ligados a ADE y otro 7,6% a las ciencias. Sea como sea, se trata de un éxodo juvenil que, a todas luces, compromete la competitividad del territorio y el relevo generacional extremadamente complicado al que se enfrenta Euskadi en los próximos años.

El absentismo supone «un lastre» para la competitividad de la industria. Esta es la reflexión que el consejero encargado del ramo, Mikel Jauregi, lanzó ayer en el Parlamento autonómico. En una Euskadi en la que el año pasado cada vasco faltó un promedio de 23 días al trabajo por incapacidad temporal, Jauregi precisó que «son números que no deberíamos tener». Estas ausencias son especialmente pronunciadas en las fábricas, donde los riesgos laborales son mayores debido a la elevada edad de las plantillas y las condiciones físicas que se requieren. A ello habría que sumar que la ausencia de un operario clave puede paralizar por completo las líneas de montaje, lo que subraya la necesidad de abordar de forma urgente un problema que ya se ha convertido en estructural. El consejero destacó que, en todo caso, «se están dando pasos» y que estamos «cerca de ver la luz al final del túnel». Jauregi hizo referencia al trabajo que está llevando a cabo el vicelehendakari segundo y consejero de Economía, Mikel Torres, quien el mes pasado anunció su intención de realizar un estudio exhaustivo sobre la cuestión a lo largo del próximo año, con el objetivo de atajar el problema de manera definitiva. En la presentación del Plan Industrial ante el resto de grupos parlamentarios –la estrategia del Ejecutivo autonómico para movilizar 16.000 millones de capital público-privado–, Jauregi también destacó la necesidad urgente de desburocratizar la Administración. 

Los datos de empleo que sirven al Gobierno para sacar pecho sobre la buena marcha de la economía siguen contrastando con el crecimiento del absentismo laboral, que constituye “una agresión moral al Estado, a los trabajadores y a las empresas”, según denuncian desde el Círculo de Empresarios. La organización alerta sobre el fuerte aumento del absentismo tras la pandemia y reclama “un acuerdo nacional que involucre a administraciones públicas, empresas y agentes sociales para frenar un fenómeno que ya tiene dimensiones económicas, sociales y éticas preocupantes”. El Círculo de Empresarios señala que en 2023 se perdieron más de 368 millones de días de trabajo, un 52% más que en 2018. Las ausencias representaron el 6,6% de las horas pactadas, 1,8 puntos porcentuales más que hace seis años. Estas cifras sirven para estimar que el coste para las empresas del absentismo laboral asciende hasta un 5,4% del PIB, 81.600 millones de euros. “El aumento del absentismo está erosionando la competitividad de las empresas”, explica Silvia Iranzo, presidenta del grupo de trabajo de Economía y Unión Europea del Círculo de Empresarios, “y generando un coste creciente para el conjunto de la economía. Es imprescindible alinear incentivos, mejorar la gestión de las bajas y reforzar la corresponsabilidad de todos los actores” , señala.

El absentismo laboral en las empresas se ha convertido en una dificultad creciente para la productividad económica y la producción, pero las medidas legales o los acuerdos para combatirlo no terminan de cuajar. El Observatorio de la Competitividad Empresarial de la Cámara de Comercio de España ha preguntado a 2.000 empresas cómo les afecta este problema, qué factores inciden más en ello y cuáles son las vías más efectivas para combatirlo. Y han llegado a conclusiones como que la falta de compromiso con la empresa de los trabajadores más jóvenes incide más en el absentismo que una plantilla envejecida; o que estas ausencias son más problemáticas para la gran empresa industrial que para el comercio, por ejemplo.

La aeronáutica vasca ITP Aero ha dado un paso muy importante para abrir su negocio de mantenimiento a los motores de aviones de un pasillo. Un sector en el que la compañía vasca se había fijado el objetivo de crecer, ya que se trata del motor más empleado por la aviación comercial y que equipa a los populares Boeing 737 o su competidor europeo, el Airbus A320. Son en total cerca de 12.000 aviones que actualmente están operativos. La empresa con sede en Zamudio adquirirá la firma noruega Aero Norway con la que ha firmado ya un acuerdo vinculante, tal y como ha comunicado este martes. La adquisición supone la integración en ITP de la planta nórdica de Stavanger en la que trabajan 200 empleados y que está especializada en la reparación de los motores CFM56. Se trata del dispositivo más popular de la flota aérea de aviones de pasillo único. Un sector en fuerte crecimiento tras la pandemia y en el que la empresa vasca tenía poca presencia. ITP, que fue adquirida por Bain Capital en 2021 y en cuyo capital tiene un 6% el Gobierno vasco, está especializada en la fabricación de motores de grandes aviones, los de doble pasillo y su mantenimiento. Es el producto estrella de Rolls Royce, que fue la propietaria de la empresa vasca hasta la venta al fondo inversor norteamericano por 1.700 millones. El equipo gestor elegido por Bain en ITP y liderado por la consejera delegada, Eva Azoulay, ha apostado por abrir el negocio de mantenimiento (MRO) también a los motores de los aviones más pequeños que son dominadores del sector comercial.

El fabricante vasco de motores para aviones ITP Aero afronta una etapa de crecimiento, para lo que cuenta con el respaldo a largo plazo de su socio mayoritario, el fondo Bain Capital, tras la operación de compra a Rolls-Royce, que se mantiene como su primer cliente, con un 50%, aunque está aumentando el peso de otros clientes como Honeywell, General Electric o Pratt & Whitney. La empresa está inmersa en el desarrollo de su plan estratégico hasta 2030, que contempla ambiciosos objetivos de crecimiento, espoleados por los vientos de cara en los tres sectores en los que concentra su actividad, como son la aviación comercial, la Defensa y los servicios de mantenimiento y reparación de aeronaves (conocido como MRO en el argot del sector). De cara a 2030, la compañía española tiene el objetivo de duplicar su cifra de negocio en comparación con el dato de 2024, por lo que superará los 3.200 millones de euros, siguiendo con el crecimiento de los últimos años. Esta mejora de los ingresos vendrá acompañada de un avance del beneficio, que, después de triplicarlo entre 2022 y 2024, volverá a duplicarse para 2030, hasta unos 700 millones de euros, según explica Eva Azoulay, consejera delegada de la compañía. La firma con sede en Zamudio (Bizkaia) apoyará su crecimiento en los tres pilares de su negocio, que son la actividad de aviación comercial, la Defensa y los servicios de mantenimiento aeronáutico. La previsión es experimentar un significativo avance en cada una de estas áreas de negocio en los próximos años, en línea con el buen momento por el que atraviesan esos sectores, con récord de pedidos de aeronaves comerciales, el boom de fondos en Defensa ante la fuerte tensión geopolítica internacional, y la mayor demanda de servicios de mantenimiento ante el mayor tráficoa éreo internacional.

CAF y Arcelor Mittal Olaberria analizan la posibilidad de levantar de forma conjunta una planta de biogás (en concreto, de biometano) en el Goierri con la que acelerar de forma más que significativa sus respectivos procesos de descarbonización. Un proyecto que explican desde hace meses a los ayuntamientos y agentes destacados de la comarca. La instalación comportaría al mismo tiempo ventajas medioambientales y energéticas para los pueblos cercanos. Incluso aportaciones de electricidad que la planta podría entregar a los ayuntamientos para cubrir sus necesidades de, por ejemplo, alumbrado público o, incluso, algunas otras más exigentes. Así lo ha podido confirmar DV de fuentes solventes, que recalcan que la idea está aún en estado «muy embrionario». Las dos protagonistas de esta apuesta verde por la sostenibilidad industrial, que podría ser la mayor instalación de este tipo de España, han preferido guardar un escrupuloso silencio respecto al proyecto, que apenas habría echado a andar. Lo cierto es que la planta de biometano –cuya ubicación exacta no está siquiera decidida, aunque en los mentideros empresariales y energéticos guipuzcoanos suena la propia Olaberria como destino de la instalación– se vería alimentada por residuos de la zona (agrícolas, ganaderos, urbanos...) desde los que se generaría energía renovable en forma de biogás, que posteriormente se transformaría en biometano. Este último es un gas que puede sustituir perfectamente al gas natural y cubrir las necesidades energéticas de Arcelor Mittal Olaberria y CAF Beasain.

Fagor Ederlan Group y Duoli Technology han consolidado su relación empresarial mediante la constitución de Lieder Automotive SL, una nueva sociedad que representa un hito importante en la estrategia de crecimiento global de ambas organizaciones. El acuerdo fue formalizado por Jiang Jianqiang, CEO de Duoli Technology, y Jon Zuazo, CEO de Fagor Ederlan, en una ceremonia oficial que contó con la presencia de destacadas autoridades y directivos de ambas compañías. Según informa la prensa aragonesa, el proyecto contempla una inversión inicial de más de 40 millones de euros. Fagor Ederlan, cooperativa integrada en Mondragon con más de sesenta años de experiencia, se posiciona como referente internacional en la fabricación de componentes para automoción. La empresa vasca cuenta con una plantilla de 3.400 trabajadores y cerró el ejercicio 2024 con una facturación de 570 millones de euros. Su especialización abarca sistemas de chasis, tren motriz y piezas estructurales del vehículo, con operaciones en Europa, China, Sudamérica y Norteamérica.

Esta mañana a las once, salvo sorpresa, el patronato le ratificará en el cargo a propuesta de la comisión de nombramientos, que aprobó su candidatura por unanimidad. El acto tendrá lugar en el día en que está previsto que se cierre la operación empresarial más importante en Euskadi de los últimos años: la firma pública que dará posesión al consorcio vasco liderado por José Antonio Jainaga del 29,7% de las acciones de Talgo. El industrial, acompañado por BBK, el Gobierno vasco y la fundación Vital, compraron esas acciones a Pegaso Internacional. Se trata del vehículo que controla mayoritariamente el fondo Trilantic y en el que le acompañan miembros de la familia Oriol y Torreal para ostentar el 30% del fabricante de trenes. Casi la totalidad de esos títulos, el 29,7%, serán formalmente transferidos hoy al consorcio vasco, que abonará 155 millones. Una cantidad que aportarán con 45 millones el presidente de Sidenor, la misma cantidad que pone el Gobierno vasco y la Fundación BBK. La alavesa Vital participa con menos, 22,4 millones.Con la firma de la transacción, el control del fabricante de trenes estará en manos del consorcio vasco, que ya podrá empezar a tomar decisiones. Jainaga, que ejercerá el liderazgo en la gestión de la empresa, culmina así un largo camino iniciado en el otoño de 2024, cuando anunció su disposición a tomar el control de Talgo.

El macropedido de trenes que la alemana Deutsche Bahn realizó al fabricante Talgo en 2019 ha bajado definitivamente de volumen a la vista de los problemas de la española para sacar el material rodante de sus plantas en tiempo y forma. Talgo confirmó ayer a través de un comunicado remitido a la CNMV “una disminución del alcance de fabricación de 79 a 60 trenes” de su plataforma 230 para la larga distancia. Eso sí, la firma que preside Carlos de Palacio y su cliente alemán mantienen la posibilidad de que el encargo se amplíe hasta las 100 unidades, según contempla el acuerdo de conciliación (settlement agreement). Para cumplir con esa aspiración, Talgo tendrá que activar un plan industrial que le ofrezca mayor capacidad de producción. El pacto, por el que Talgo ha buscado eludir penalizaciones millonarias por sus retrasos y ampliar los plazos de entrega, incluye ahora “un nuevo contrato para overhauls [revisiones integrales] a largo plazo, así como una recalendarización del proyecto, entre otros aspectos”. La empresa no ha ofrecido detalle sobre las nuevas fechas comprometidas y la cotización se mantuvo en el terreno del rojo todo el día de ayer, cerrando con una caída del 1,75% (2,80 euros). En todo caso, se trata de oxígeno, o de un factor menos de incertidumbre, en pleno relevo al frente del capital, con la inminente entrada del consorcio vasco que lidera el empresario José Antonio Jainaga con un 29,7%, y de la sociedad estatal SEPI, que contará con un 7,8%. Ambos paquetes serán ejecutados a 4,25 euros por acción.

Según informó ayer el grupo, la VLE verá la luz el próximo 10 de marzo en Stuttgart. El nuevo modelo «juntará lo mejor de dos mundos, combinando la conducción propia de una limusina con la versatilidad de los monovolúmenes». Estas nuevas furgonetas contarán «con ocho asientos y características innovadoras en su interior». Dentro de esa variedad, «el portfolio de la VLE irá desde vehículos flexibles para familias y clientes de ocio hasta servicios exclusivos de transporte». Según las previsiones, en Vitoria Mercedes producirá unas 11.000 unidades de este nuevo modelo en 2026. El anuncio coge a la planta de la Avenida de Los Huetos en semana de paros parciales. El impacto de las huelgas, que comenzaron este lunes con una duración de una hora por turno, no está cifrado por las partes, pero fuentes de la dirección de Bernd Krottmayer aseguraron ayer a este periódico que los paros «no están teniendo un impacto significativo». «El lunes cumplimos con el plan de producción y hoy –por ayer–, parecido», abundaron estos medios. Los sindicatos convocantes de la huelga se concentraron ayer para protestar por «el empeoramiento de las condiciones laborales».

Cinco días después de que los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se personasen en Tubos Reunidos en el marco de la ‘Operación Leire’, la dirección de la compañía alavesa mantuvo ayer una reunión con el comité de empresa para explicar lo sucedido. Al encuentro de carácter extraordinario, según la versión difundida por la parte social, acudió el consejero delegado de la firma, Carlos López de las Heras. En esa cita la compañía reiteró a los sindicatos que la relación mantenida con el expresidente de la SEPI Vicente Fernández «fue estrictamente de asesoramiento en temas de ayudas públicas y desarrollo de negocio, ya que en ese momento no había nadie capacitado para ello en la empresa». La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales rescató a Tubos Reunidos en 2021 con un préstamo de 113 millones para afrontar su delicada situación. Esa operación es una de las que ahora observan con lupa los agentes de la Guardia Civil, que la semana pasada arrestó al propio Fernández, el socio de Santos Cerdán y copropietario de Servinabar, Antxon Alonso, y la exfontanera del PSOE Leire Díez. Los tres, siempre según la UCO, compartían un grupo de WhatsApp, llamado ‘Hirukok’, ‘nosotros tres’ en euskera. Tras sus respectivas detenciones fueron puestos en libertad una vez pasaron a disposición judicial. La dirección de la empresa trasladó a los sindicatos lo mismo que indicó a este periódico el pasado domingo: que «ha entregado toda la información requerida por las autoridades competentes». Esto es, que han atendido a la solicitud del juzgado de instrucción número 6, que pidió información «sobre un contrato de asesoramiento con cantidades estándar hasta hace unos meses con Vicente Fernández».

Iberdrola ha anunciado una nueva alianza con Microsoft, esta vez “para profundizar en su colaboración en proyectos de energía e inteligencia artificial”. Iberdrola entra así de lleno en la carrera por el uso de la IA para mejorar sus negocios. Hace unos días, Moeve (antigua Cepsa), anunció un acuerdo en IA con el grupo europeo Mistral. La asociación Iberdrola-Microsoft se basa en “el éxito de iniciativas anteriores”, pero esta vez va más allá. Incluye la firma de acuer- dos comerciales bilaterales. Iberdrola venderá luz a Microsoft, y este grupo le venderá tecnología. En todo caso, las cifras son millonarias. En concreto, la alianza contempla la compraventa de energía a largo plazo en España (PPA por sus siglas en inglés). Son los primeros que ambas compañías suscriben en Europa. Además, el acuerdo contempla ampliar el uso de la plataforma de computación y nube Azure de Microsoft, el despliegue de Microsoft Copilot y soluciones de seguridad y cumplimiento normativo, con “el objetivo de impulsar las capacidades digitales de Iberdrola y potenciar el uso de la IA en todo el grupo”. Los dos nuevos PPA en España, que suman 150 MW de potencia contratada, incluyen la compra de electricidad del parque eólico Iglesias (Burgos) y del parque El Escudo (Cantabria).

La comisión de nombramientos de la Fundación BBK aprobó ayer por unanimidad la propuesta de Unai Rementeria para ser el nuevo presidente de la entidad dueña del primer banco en cuota de mercado en Euskadi, Kutxabank. El proceso requiere que quien fue diputado general de Bizkaia entre 2015 y 2023 sea miembro del patronato de BBK para después ser elegido presidente por un periodo de cinco años. Una elección que, salvo sorpresa mayúscula, ratificará hoy mismo el patronato en una reunión programada para las once de la mañana. Rementeria relevará así en el cargo a Xabier Sagredo, que ocupó la presidencia desde 2013 y que confirmó este lunes su marcha de la entidad. El futuro presidente encarna un mensaje de apoyo a la economía y a la inversión empresarial, algo que sostuvo su línea de acción política al frente de la Diputación de Bizkaia. Natural de la localidad vizcaína de Mundaka, nacido en 1973 y licenciado en Derecho y en Económicas, es actualmente presidente de la EPSV de los funcionarios de las diputaciones y los ayuntamientos vascos, Elkarkidetza, entidad que tiene un patrimonio de más de 1.500 millones de euros. También es consejero de uno de los gestores de fondos de capital riesgo de Talde y es miembro del comité de inversiones de Orza.

El viejo anhelo de la Diputación y el Gobierno vasco por extender a Urdaibai el ‘efecto Guggenheim’ que transformó Bilbao construyendo un nuevo museo fracasa definitivamente. Cuando están a punto de cumplirse veinte años desde que se realizaran los esbozos iniciales del plan y diez del primer frenazo, la idea vuelve al cajón. Y esta vez con la sensación de derrota institucional. No habrá tercera tentativa porque el proyecto se entierra para siempre. En el caso de que se decida levantar una nueva pinacoteca será en otro punto de Bizkaia. El Patronato del Guggenheim Bilbao dio ayer carpetazo al plan tras constatar que hoy por hoy la ejecución de una nueva pinacoteca con dos sedes en Gernika y Murueta no es factible. Que hay más contras que pros. Los gestores del museo y las administraciones siguen considerando que la idea es buena y económicamente viable –130 millones se estimaba que costaría el proyecto–, pero la ingente cantidad de exigencias administrativas, medioambientales y urbanísticas, la inseguridad jurídica y el rechazo que la idea genera en la comarca recomiendan parar. «Es lo mejor y más responsable», zanjó la diputada general, Elixabete Etxanobe.

La bilbaína Laura Abasolo, que ostentaba el puesto de directora financiera de Telefónica, dejó esa responsabilidad en la compañía en la tarde de ayer. Se convirtió así, en la última persona del equipo de colaboradores más estrecho del anterior presidente de la tecnológica, José María Álvarez-Pallete, en dejar sus tareas de dirección después de que Marc Murtra llegara a la presidencia de Telefónica a principios de año imprimiendo un nuevo rumbo a la empresa. La salida de Abasolo, según adelantó ‘El Economista’, se materializó en la comisión de nombramientos de Telefónica, que se celebró en la tarde de ayer. Portavoces oficiales de la empresa no quisieron hacer declaraciones y fuentes del mercado dan por hecho que el puesto será asumido a partir de ahora por parte de Jon Azcue, en la empresa desde 2004 y al frente del área de Desarrollo Corporativo. Laura Abasolo estudió Económicas y Empresariales en la Universidad de Deusto y se significó en Goldman Sachs, en Londres, participando en operaciones de compra y fusión de empresas. Desde ahí inició su trayectoria en Telefónica en 1999, como directora del departamento de control en Terra Networks. En 2005 pasó a ser directora de Presupuestos y siguió asumiendo responsabilidades hasta ser nombrada en 2017 directora financiera. Desde ese puesto, una de las últimas acciones que ha desarrollado fue la preparación de la salida de Telefónica de los negocios de Latinoamérica.

El expresidente del Euzkadi buru batzar (EBB) del PNV Andoni Ortuzar ha dejado la consultora PriceWaterhouseCoopers (PwC) –fichó en septiembre– para dedicarse exclusivamente a sus nuevas funciones como consejero de Movistar Plus+, nombramiento que se produjo el 10 de diciembre. Fuentes de toda solvencia conocedoras de la situación han explicado a este periódico que Ortuzar era consciente de que la normativa actual impide que compatibilice ambos cargos y que cuando tomó la decisión de dar el ‘sí quiero’ a Telefónica, debía abandonar PwC. Así ha sido. Ortuzar dejó la dirección del PNV a finales de marzo, cuando fue reemplazado por Aitor Esteban tras un convulso proceso interno que dejó varias heridas abiertas. Nacido en 1962, trabajó en ‘Deia’ y fue director general de EiTB entre 1999 y 2008, cuando fue designado presidente del Bizkai buru batzar, puesto en el que estuvo hasta que en 2013 se convirtió en el máximo responsable del EBB en sustitución de Iñigo Urkullu, que acababa de ser nombrado lehendakari tras vencer a Patxi López en las elecciones de 2012.

El Gobierno vasco ha puesto en marcha la maquinaria para celebrar una serie de diferentes OPE en la Administración pública vasca a lo largo del próximo año. El primer paso se dio ayer en el Consejo de Gobierno, en el que el Ejecutivo dio luz verde al número de plazas que formarán parte de estas convocatorias. Se trata de puestos que han quedado vacantes a lo largo de este ejercicio por jubilaciones y renuncias, a los que se han sumado los destinos de nueva creación. De todas las entidades públicas la que celebrará la oferta pública de empleo más cuantiosa será Osakidetza. Sacará a concurso 5.425 plazas. De ellas 2.433 pertenecen a la cuota correspondiente a 2025 aprobada ayer. El resto se arrastran desde 2023 y 2024. Además de la gran OPE de Osakidetza, el Gobierno vasco anunció ayer la aprobación de su oferta pública de empleo correspondiente a este 2025. Educación, con 1.019, será la siguiente área que más destinos oferte el próximo año. Aquí se incluirán plazas para personal docente de colegios, de centros de FP, de conservatorios y de escuelas oficiales de idiomas, pero también inspectores, administrativos y otros profesionales que trabajan en el sistema educativo público vasco. La Administración General del propio Gobierno vasco y sus organismos autónomos será otra de las áreas con mayor peso en las próximas OPE a convocar por Lakua. Tendrá una oferta de 719 plazas correspondientes a 2025. La Ertzaintza, por su parte, contará con una oferta pública de empleo de 430 puestos para cubrir las jubilaciones de agentes que se han producido en el año en curso, a las que sumará otras 46 para servicios administrativos de seguridad. Además, otros entes públicos que convocarán ofertas de empleo a lo largo de 2026 serán Aukerak (14), EiTB (8), Ejie (40), Visesa (9), Neiker (10), la orquesta de Euskadi (9) y Fundación Hazi (12).

Los gobiernos vasco y central celebrarán el próximo 29 de diciembre en Madrid una reunión de la Comisión Mixta de Transferencias en la que se firmarán la media decena de materias pactadas a lo largo de este último año. Una cita que, sin embargo, al mismo tiempo certificará el incumplimiento del plazo para traspasar todas las carpetas pendientes, compromiso que asumió Pedro Sánchez hace dos años en su acuerdo de investidura con el PNV. Las cinco competencias que quedarán selladas dentro de dos semanas habían sido ya fruto de un entendimiento político, pero aún faltaban por rematar flecos jurídicos. La más importante de ellas es la relativa a las prestaciones y subsidios de desempleo. El Sepe desaparecerá de Euskadi y Lanbide pasará a ser la ventanilla única; es decir, no sólo desarrollará los programas de formación y las iniciativas para impulsar la contratación, como ya hace desde 2011, sino que a partir de ahora también abonará las cuantías por desempleo. En 2024 beneficiaron a alrededor de 51.000 vascos y el gasto total ascendió a 822 millones de euros.

El Gobierno constató ayer en una nueva reunión con los agentes sociales que no contará con las patronales CEOE y Cepyme para llegar a un acuerdo sobre la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que pactará únicamente con los sindicatos UGT y CCOO. Para sorpresa de sus interlocutores, el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez-Rey, no ha querido fijar la posición del Gobierno sobre cuál es la subida más adecuada del SMI en 2026 después de haber recibido la propuesta de la comisión de expertos del Ministerio de Trabajo. En ese informe, de 48 páginas y al que ha tenido acceso EL MUNDO, ese grupo recomienda que el Salario Mínimo suba un 3,1% en caso de que siga sin tributar en el IRPF o un 4,7% si empieza a hacerlo. Según ha adelantado El País, el Ministerio de Hacienda está dispuesto a ampliar la deducción del IRPF destinada a los trabajadores que perciben el SMI de los 340 euros actuales a los 600 euros, una solución que permitiría que los empleados se beneficien del incremento íntegro y que el esfuerzo de elevarlo se reparta entre el sector público y las empresas; mientras que si empieza a tributar en IRPF todo el aumento lo asumirían las compañías. Lo más probable, por tanto, es que el Salario Mínimo siga exento de tributación y que, por ello, experimente un incremento más cercano al 3,1%, lo que, según el comité de expertos, lo dejaría por encima del 60% del salario medio, referencia que utiliza el Ministerio de Trabajo.

La reforma que han pactado el Ministerio de Trabajo y los sindicatos UGT y CC OO sí especifica la naturaleza de estos días, con la idea de blindarla por ley: de prosperar la reforma, serían 10 días laborables. Es decir, el permiso empezaría en el día siguiente de trabajo del empleado, si es que el deceso se da durante días de descanso. Esta es la situación que, en la práctica, ya rige con los dos días ampliables a cuatro. Pero lo hace por doctrina del Tribunal Supremo, que en 2020 fijó posición: corresponden a días laborables, según el alto tribunal, porque “el permiso solo tiene sentido si se proyecta sobre un período de tiempo en el que existe obligación de trabajar, pues de lo contrario carecería de sentido que su principal efecto fuese ausentarse del trabajo”. El Supremo insistió en la misma interpretación recientemente, aplicándola a otros permisos retribuidos. Ahora, Trabajo y los sindicatos buscan blindar por ley la naturaleza laborable de los días de permiso por fallecimiento. 

Así lo destaca la Mesa del Turismo de España, que presentó ayer su valoración de la actividad en 2025 y sus previsiones para el próximo año, a falta apenas de 15 días para el inicio de 2026. En opinión de su presidente, Juan Molas, el crecimiento experimentado por el sector este año dará paso a un ejercicio de mayor contención, si bien “esperamos un primer semestre de plena normalidad, incluso con mejores datos en algunos casos”. Esta positiva primera mitad del año estaría seguida de una segunda parte con datos más modestos. Respecto al ejercicio que ahora termina, el presidente de la Mesa del Turismo destacó que este año las empresas del sector han alcanzado los 100.000 millones de euros de ingresos, lo que arroja un resultado positivo en la balanza de pagos de 70.000 millones. Un dato que pone de manifiesto el importante peso directo e indirecto de la actividad turística en la economía española, y en el que tiene especial importancia el récord de visitantes extranjeros. “Si el balance de diciembre es positivo, podríamos superar los 100 millones de turistas internacionales en 2025, aunque en cualquier caso rozaremos esta cifra”, valoró.

El enorme crecimiento de la banca en la sombra durante la última década ha puesto en guardia a los reguladores internacionales y a algunos ejecutivos, analistas e inversores, que temen que la próxima gran crisis de crédito pueda estallar en ese segmento del mercado, más opaco y menos supervisado que el de las entidades financieras tradicionales. Los “intermediarios no bancarios” ya acaparan más de la mitad de los activos financieros en el mundo, superando la suma de las entidades supervisadas y los bancos centrales. Según datos del Consejo de Estabilidad Financiera (FSB, por sus siglas en inglés), la banca en la sombra cuenta con 238 billones de dólares (unos 200 billones de euros) en préstamos, bonos y otros instrumentos representativos de deuda. La categoría de prestamistas alternativos a los bancos incluye a aseguradoras, planes de pensiones, hedge fund, fondos tradicionales, gestoras de capital riesgo, empresas de factoring, suministradores de crédito al consumo, grandes patrimonios familiares e incluso a inversores minoristas. A su vez, estos acreedores se financian en parte con dinero de la banca tradicional. Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), las entidades financieras de Estados Unidos y Europa tienen una exposición de 4,5 billones de dólares a los proveedores no bancarios de crédito.

El precio del barril de petróleo Brent descendió ayer por debajo de los 60 dólares, un nivel al que no caía desde el pasado mayo, y roza mínimos en el año, en un ejercicio en el que acumula un retroceso del 20%. Este ejercicio apunta así a ser el más bajista para el precio del crudo desde 2020, el año en el que la paralización forzada por la pandemia hundió el consumo y el precio del barril, cuyos futuros incluso llegaron a cotizar puntualmente por debajo del cero. Este año el descenso viene marcado por el exceso de oferta de petróleo (se extrae más del que se consume desde hace meses, y se prevé que siga así en 2026), y en esta recta final de 2025, por la posibilidad de un acuerdo de paz en Ucrania que permita la vuelta de Rusia al mercado petrolero y agudice el desequilibrio. Los intentos para poner fin a la guerra en Ucrania no son nuevos; se suceden desde hace meses sin éxito y sin modificar el entorno petrolero. Ayer fueron el detonante para un descenso en el precio del barril Brent, referencia en Europa, del 2,71%, con un precio de 58,92 dólares. El Brent no cotizaba por debajo del umbral de los 60 dólares desde mayo, cuando retrocedió a mínimos de 2021. El mínimo anual intradía está en los 58,4 dólares, marcados el 9 de abril en plena resaca por la guerra arancelaria de Trump.

La Comisión Europea da marcha atrás y cambia sus planes para la descarbonización de la industria del automóvil: permitirá la fabricación de vehículos propulsados por gasolina o diésel más allá de 2035. Sin embargo, este giro, que ya se venía rumoreando desde hace semanas y que cuenta con la oposición del Gobierno de España y también del de Francia, llega con una letra pequeña: se podrán seguir usando motores de combustión, pero con una serie de limitaciones y cláusulas. La prohibición original, pactada en 2021, obligaba a los fabricantes a reducir a cero la producción de este tipo de vehículos para 2035 y ahora, tras la presión de Alemania e Italia, Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, abre la puerta, aunque con una serie de contrapartidas. Las automovilísticas podrán seguir llenando sus líneas de producción de vehículos con motores propulsados por gasolina o diésel, pero si se compensa con acero ‘verde’, es decir, producido con energía renovable y en territorio comunitario, confirman fuentes de Bruselas. El texto de la Comisión apunta a una obligación de reducción de emisiones del 90% para los fabricantes de coches, antes era el 100% y suponía el fin de los motores de combustión. Ahora, Bruselas deja un margen del 10% –siempre con condiciones– y en la práctica abre la puerta a la fabricación de los híbridos enchufables y los vehículos de motor de combustión más allá de 2035. Bruselas admite que estos vehículos «seguirán teniendo un papel importante» junto con los eléctricos y los impulsados con hidrógeno.

La Unión Europea ha sucumbido ante el pánico alemán a una desindustrialización masiva. El anuncio de ayer de Bruselas, que rebaja las exigencias en los objetivos de emisiones para el automóvil en 2035, deja pocos perdedores, pero un claro grupo de ganadores: los fabricantes de coches germanos y las petroleras que apuestan por los e-fuels y los biocombustibles. Volkswagen, BMW y Mercedes-Benz –esta última ostenta la presidencia de ACEA, la patronal europea de automovilísticas, que ha negociado con Bruselas esta flexibilización– han hecho una intensa campaña de lobby para lograr que la UE rebaje sustancialmente unas metas de emisiones que habían sido aprobadas de forma definitiva hace apenas dos años. A los tres gigantes teutones del motor les ha bastado con hacer un repaso a los titulares de los grandes periódicos europeos en los últimos dos años para torcer el brazo de Bruselas: en ese tiempo, se ha sucedido una durísima negociación entre Volkswagen y el sindicato IG Metall, que se saldó con un acuerdo en las últimas Navidades para recortar la plantilla del grupo en Alemania en 35.000 personas hasta 2030; Ford ha cerrado su planta alemana de Saarlouis y ha reducido sensiblemente su número de trabajadores de Colonia y Almussafes (Valencia); gigantes del sector de componentes como Bosch y ZF, ambas alemanas, han anunciado miles de despidos; y el sector en su conjunto ha sufrido una drástica reducción de sus ganancias en 2025.

Bruselas quiere imponer un mayor control sobre las plataformas de alquileres de corta duración. Sobre Airbnb y compañías similares. Para ello, va a presentar «una nueva iniciativa legislativa» que «permitirá a las autoridades públicas adoptar un conjunto de medidas justificadas y proporcionadas, en particular en zonas de tensión del mercado de la vivienda». Y en esta actuación, explican desde la Comisión, el objetivo son los inversores profesionales que emplean este tipo de páginas para alquilar sus inmuebles. Pero no, inciden, los usuarios particulares que tienen únicamente algún inmueble de forma particular. «No buscamos limitar a los ciudadanos que, por ejemplo, han recibido un piso de su abuela y buscan completar sus ahorros alquilándolo a través de Airbnb. Eso nos parece positivo», ejemplifican fuentes comunitarias. «El alojamiento de corta duración reservado a través de plataformas en línea ofrece numerosos beneficios: una mayor oferta y variedad, servicios adicionales para los consumidores, ingresos extra para los anfitriones, un incentivo para invertir en la rehabilitación y un impulso al turismo, a los ingresos y al empleo», añade la propia Comisión en el Plan de Vivienda Asequible que ayer presentó. Pero, prosigue, «su rápido crecimiento, de casi un 93% entre 2018 y 2024, ha pasado de ser un servicio ocasional entre particulares a una actividad comercial de gran envergadura, lo que en algunas zonas puede haber limitado la oferta de vivienda asequible para los residentes locales».