20260216

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día.

Entrevista con la presidenta de Confebask, Tamara Yagüe, el programa '12 minutos' de ETB  la cadena SER Euskadi y . "El crecimiento en Euskadi no es constante en todos los sectores, sino que viene principalmente por el sector servicios, con el turismo y la logística al frente, y por el sector de la Construcción, mientras que el de la Industria, tiene unos crecimientos prácticamente nulos. Recientemente, Adegi y FVEM coincidieron en destacar cómo, en sus respectivas encuestas empresariales, un 25% de su industria decía estar operando en un mercado en recesión. Está claro que todas las tensiones geopolíticas que existen, con China y Estados Unidos manteniendo un pulso por la supremacía comercial, están ahogando a Europa, y eso afecta a las empresas exportadoras vascas. Europa no está sabiendo reaccionar con la misma firmeza y protegiendo a esos sectores estratégicos. Por lo tanto, hay que tener cuidado, porque nos encontramos con un relevante sector de nuestra industria que todavía no está en recesión, pero sí estancada: los próximos meses van a ser vitales. Sobre la situación de Tubos Reunidos, Tamara Yagüe ha recordado que, “en los últimos meses, todas las operaciones de arraigo que está desarrollando el Gobierno vasco pasan por analizar su viabilidad y colaboración público-privada, con protagonismo para las inversiones privadas. Y así debe ser. Estoy convencida de que se está trabajando en esa línea. Espero que se logre una salida satisfactoria para todos. Vamos a tener un poquito de paciencia y confiemos en la empresa". Ver entrevista ETB.  Escuchar entrevista cadena SER.

Los agentes sociales esperan que el Gobierno afine la propuesta de las altas progresivas para que esta pueda tener un impacto real sobre los problemas asociados al absentismo que están asfixiando a buena parte del tejido productivo: costes económicos y organizativos para las empresas, los de reemplazo en los casos en los que es necesario cubrir las bajas con nuevos empleados, de sobrecarga de trabajo en las plantillas, y en última instancia sobre la competitividad y la productividad. El departamento de la portavoz del Gobierno y ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, insiste en armar un planteamiento de altas progresivas que permita minorar, principalmente, los procesos de muy larga duración, a partir de 180 días. Entre tanto, tal y como señalan fuentes del diálogo social, la intención de CEOE es poner sobre la mesa una batería de medidas dirigidas a mejorar la gestión de las bajas y los controles, que puedan permitir actuar sobre colectivos concretos y posibles situaciones de fraude. Así, entre las cuestiones que pone sobre la mesa la organización empresarial presidida por Antonio Garamendi está la exigencia de que la Seguridad Social active a la inspección del INSS antes de que transcurran los 365 días. Cabe recordar que, según el artículo 170 de la Ley General de la Seguridad Social, agotado el plazo de 365 días la inspección médica del INSS será la única competente y encargada del control de esos procesos, “pudiendo pronunciarse sobre el alta por curación o mejoría, el alta por incomparecencia, la prórroga de la baja o el alta con propuesta de incapacidad permanente”. Es en este momento en el que, a través de los órganos competentes para evaluar, calificar y revisar la incapacidad del trabajador, el INSS puede prorrogar la baja por un periodo de 180 días, determinar la incapacidad permanente o el alta médica.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, presentan hoy en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM), el fondo España Crece, que pretende movilizar 120.000 millone en inversiones enfocadas en seguir transformando la economía española y continuar con el impacto de los fondos europeos más allá de 2026. Sánchez anunció la creación de este fondo a comienzos de enero, en el Spain Investors Day, y tenía previsto presentarlo el pasado 19 de enero, en un acto con presencia de buena parte de los ministros socialistas, pero se suspendió tras el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba). En este tiempo, tanto Sánchez como Cuerpo han expuesto el fondo ante inversores internacionales, como en el Foro de Davos (Suiza) o en la Cumbre Mundial de Gobiernos de Dubái (Emiratos Árabes Unidos). Con estos encuentros, el Ejecutivo busca llegar a inversores internacionales que apuesten por el fondo y contribuyan a movilizar ese objetivo de 120.000 millones.  Tras la presentación del nuevo fondo soberano, el presidente presidirá la firma del acuerdo para subir el salario mínimo interprofesional (SMI) un 3,1 % en 2026 entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos, pero no la patronal. La vicepresidenta Yolanda Díaz firmará el acuerdo con los líderes de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, junto a la vicepresidenta María Jesús Montero y los titulares de Educación, Milagros Tolón; de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, y de Seguridad Social, Elma Saiz.

 La decisión de la dirección de Tubos Reunidos de aplicar un ERE para 301 trabajadores en sus plantas de Amurrio y Trapagaran devuelve al primer plano de la esfera laboral vasca un mecanismo traumático de ajuste del empleo. Una medida dolorosa cuya puesta en marcha ha ido retrocediendo en el tejido empresarial en la última década, pero que en realidad nunca se ha ido del todo, sobre todo en el sector industrial.  La empresa ha presentado un plan de viabilidad que incluye un ERE que afectará a 301 trabajadores entre las plantas de Amurrio y Trapagaran, de los cuales 87 son eventuales y 214 personas fijas. Por fábricas, el impacto será mucho mayor en la planta alavesa, con 274 empleos implicados, mientras que en la vizcaina serán 27 los puestos afectados. Además del ERE, que afecta al 21% del total de la plantilla integrada por 1.432 empleados, la compañía ha anunciado la interrupción de la actividad de la acería alavesa, una medida que va a tener un fuerte impacto sobre una comarca, Aiaraldea, que ya se encuentra atravesando una situación de gran inestabilidad por los ajustes laborales similares en Guardian, en Laudio, y en Maderas de Llodio. El alcance del ERE es dramático y supera al de otros expedientes relativamente recientes en la industria vasca. Así, por ejemplo, el ERE de Bridgestone -en otro sector muy afectado por el estancamiento industrial como es la automoción- fue planteado inicialmente para 335 trabajadores en Basauri el pasado año, pero posteriormente, y tras una negociación, se rebajó a 232 empleados. La pandemia también llevó a activar un ERE de extinción en la empresa PCB del grupo ITP Aero en el año 2020, destinado en origen a 194 trabajadores de sus centros vizcainos de trabajo y que luego quedó establecido en 90.  

La realidad muestra que ahora el concepto de contrato indefinido ya no es necesariamente sinónimo de estabilidad. Solo en enero 26.360 trabajadores firmaron más de un contrato indefinido y, desde la entrada en vigor de la reforma, 1,5 millones de ocupados han rubricado más de uno en el mismo mes. Aunque la nueva norma laboral impulsada en la pasada legislatura ha desplomado el peso de los contratos temporales en el conjunto del mercado de trabajo, con el paso del tiempo se ha ido configurando la figura del denominado «falso indefinido», sin que ello haya supuesto una corrección significativa de la elevada rotación laboral, que continúa siendo una de las principales debilidades estructurales del empleo en España. En todo 2025 se registraron 15,6 millones de contratos en las bases del SEPE, de los que 6,4 millones fueron indefinidos, el triple que en 2021, cuando se firmaron 2,1 millones de estos contratos de un total de 19,3 millones. En aquel año esta modalidad apenas representaba el 10,9% del total, lo que pone de relieve que el cambio introducido por la reforma laboral ha sido, en buena medida, de carácter estadístico. Mientras el peso de los contratos indefinidos aumentaba, su duración media se reducía de forma notable. La semana pasada, Valentín Bote, director de Randstad Research, recordaba que seis de cada diez contratos indefinidos no superan el año de duración, cuando antes de la reforma ese mismo porcentaje sí lo hacía. Un cambio que puede explicarse por la no superación del periodo de prueba, por abandonos voluntarios en empleos poco atractivos o porque, como apuntó Bote, «muchas empresas están utilizando estos contratos para cubrir puestos o circunstancias excepcionales», algo que antes se hacía con un contrato temporal. 

«Alrededor de un 75%» de los inmigrantes en situación irregular domiciliados en Vitoria ya cuenta con un empleo. Sólo que estas personas –cuyo número real es una incógnita– no figuran en las estadísticas oficiales. Y al carecer de papeles «cobran en B». El porcentaje del 75% sale de la radiografía abordada por abogados especializados e integrantes de este colectivo que mira con indisimulada expectación al decreto del Gobierno central. Esa norma por cerrarse promete su regularización con un, en principio, sencillo trámite. A falta de concretarse el texto definitivo, no antes de primeros de marzo, los interesados han colapsado consulados, bufetes de abogados, servicios municipales y locutorios. En todo caso, el plazo de recepción de solicitudes llegará en abril. En Vitoria, despachos especializados admiten que sus agendas andan a tope durante las próximas semanas. «Tenemos bastantes grupos de familias completas. Hablo de hasta diez personas», comparte Julieth González. Esta letrada no tiene dudas sobre la motivación de la inmensa mayoría de quienes han llamado a su puerta. «Quieren un permiso de trabajo».

Hace cuatro años, el Gobierno de España desplegó toda una estrategia para hacerse con el control de Indra, un estandarte de la industria de Defensa del país. Entonces, Europa asistía atónita a la invasión rusa de Ucrania y saltaban todas las alertas sobre la importancia de desarrollar el sector. La oficina económica de Moncloa, dirigida por Manuel de la Rocha, combinó compras de acciones en Indra por parte de la Sepi –hoy tiene el 28%–; la entrada en el capital de Amber, el fondo del presidente de Prisa, Joseph Oughourlian, –tiene algo más de un 5%–; la de la vasca Sapa –con un 7,94%– y la de los hermanos Escribano, que tienen la compañía de EM&E –con un 14,3%–. El movimiento derivó en un terremoto que provocó la dimisión en bloque de los siete consejeros independientes, ante la colocación de Marc Muntra como presidente de la compañía. Una vez que el ejecutivo catalán se fue a Telefónica, la Sepi, como accionista mayoritario, elevó a Ángel Escribano a la presidencia. Desde esa posición lanzó el plan estratégico de la firma con un crecimiento a base de compras de empresas de Defensa. Ahí encajó la adquisición de su compañía familiar, EM&E. Una apuesta que, a pesar del riesgo de un conflicto de intereses, tenía lógica de mercado, ya que la firma de los Escribano es una de las primeras contratistas nacionales de Defensa. Pero contó, desde el primer momento con la oposición de los consejeros independientes y de Jokin Aperribay, el consejero delegado de Sapa, que también tiene un asiento en el consejo. El Gobierno, que había venido tolerando la operación, ha puesto pie en pared en las últimas semanas para que no se desarrolle como una compra por fusión que daría a los Escribano un control del accionariado de Indra similar al de la Sepi. En su lugar, podría dar su visto bueno a que Indra convirtiera a EM&E en una filial con la compra de su 51%. Un proceso en el que la relación entre Moncloa y Ángel Escribano se ha deteriorado mucho.

La situación oficial es que el consejero delegado, José Vicente de los Mozos, tiene mandato de pulsar a los hermanos Escribano (Ángel y Javier) para ver si aceptan para el consejo de finales de mes negociar hasta cinco fórmulas de integración light. Todas ellas distintas de la fusión total por absorción que ellos impulsan y les puede convertir en primeros accionistas de Indra por delante del Estado. «Eso no va a suceder», sentencian en el bando gubernamental. Moncloa ha ido evolucionando en el último año desde generar la expectativa de que habría fusión para potenciar la división de defensa del grupo, hasta ofrecer ahora, como publicó este diario, comprar como mucho el 51% de Escribano para convertirla en una filial, dejando a los hermanos con el 49% de su propia sociedad familiar sin reforzarlos en Indra. Desde la reunión del pasado noviembre de Pedro Sánchez con los accionistas más hostiles a la fusión, los hermanos vascos Aperribay del grupo Sapa, el enfriamiento de la operación ha sido creciente. Tanto, que el fondo de Oughourlian ha empezado a vender discretamente parte de su participación, un 2% por cerca de 200 millones de euros. En la Sepi muestran malestar por estar operación y creen que debe analizarse si Oughourlian vendió en el período de blackout abierto el pasado 27 de enero y que impide a consejeros jugar con sus acciones para no incurrir en información privilegiada.

Los médicos comienzan hoy la primera semana del carrusel de huelgas en todo el Estado, Euskadi incluido, para exigir al Ministerio de Sanidad un estatuto marco propio. Los paros tienen una peculiaridad: se activarán durante una semana cada mes. Así hasta junio. Las fechas establecidas son del 16 al 20 de febrero, del 16 al 20 de marzo, del 27 al 30 de abril, del 18 al 22 de mayo y del 15 al 20 de junio. En realidad, estos profesionales ya han protestado en los últimos meses. En las convocatorias anteriores en Euskadi los paros fueron secundados por un 20% de los médicos no incluidos por Osakidetza en los servicios mínimos. Los convocantes buscan forzar al Gobierno central a aceptar sus peticiones: disponer de un estatuto marco propio les dotaría de un ámbito de negociación directa con Sanidad sobre sus condiciones laborales. Ahora lo hacen en una mesa donde los médicos solo tienen una representación del 5%. El resto lo copan las demás profesiones sanitarias y los sindicatos generalistas. Los facultativos insisten en que tienen un papel singular dentro de la sanidad pública, tanto por su formación como por la responsabilidad que asumen. De ahí que consideren justo negociar directamente con el Ministerio sus condiciones laborales.

Con casi 100.000 euros anuales, rinde ocho veces más que la agricultura. Las farmacias de Gipuzkoa declaran de media casi 100.000 euros al año en ingresos, descontados los gastos, lo que supone un récord desde que hay registros. Es la actividad empresarial que presenta en el IRPF el rendimiento más elevado del territorio según los datos publicados por la Hacienda foral en su anuario correspondiente al ejercicio fiscal de 2023 –declaraciones de la Renta presentadas en 2024–. Los 97.125 euros de este sector, un 65% más que hace una década y un 18,7% más que un año antes, suponen una cifra ocho veces superior a la rama con menores cifras, que en aquel ejercicio fue el de los agricultores con 11.504 euros. Las cifras reflejan con nitidez la brecha existente entre las distintas ramas de actividad en Gipuzkoa. El informe de la Hacienda foral ordena los rendimientos medios declarados por sectores económicos y permite observar no solo quién lidera la tabla, sino también la distancia que separa a los extremos –ver gráfico adjunto–. En ese mapa fiscal, la farmacia aparece como una actividad claramente destacada, por encima del resto de profesiones liberales y empresariales, y con una diferencia especialmente llamativa respecto a los sectores primarios.

Repsol celebra la esperada llegada a España de uno de los tres cargamentos que ha comprado del primer petróleo que sale de Venezuela tras la intervención de este país por la Administración estadounidense de Donald Trump, a comienzos de enero. Esos cargamentos forman parte de las primeras remesas de petróleo que salen de Venezuela con autorización expresa de EEUU. Y es el primer petróleo de Venezuela que llega a España desde marzo del pasado año, cuando Estados Unidos decretó un bloque comercial contra el país caribeño. Se inicia así una nueva etapa con enormes repercusiones empresariales y políticas, para España y sobre todo para Repsol. Desde el primer momento de la intervención de EEUU, la petrolera española adoptó una postura colaborativa con la Administración Trump para desbloquear sus enormes actividades petrolíferas en Venezuela. La compra de parte del primer petróleo venezolano que sale tras la intervención es una oportunidad comercial, pero también un gesto de buena voluntad con la Casa Blanca. Repsol, junto a Chevron, es la petrolera extranjera con mayores intereses en Venezuela. Está dispuesta a llegar a acuerdos con Trump para relanzar su negocio en ese país. Y lo ha demostrado desde el minuto uno. El petróleo venezolano es muy relevante para España por tres motivos. En primer lugar, Repsol, la primera petrolera española, concentra en Venezuela el 15% de sus reservas de gas y petróleo. En segundo lugar, los envíos de petróleo venezolano de Repsol a España han cubierto una parte relevante de los aprovisionamientos del mercado español. En 2024, con tres millones de toneladas enviados a España (5% de las importaciones), casi se bate el récord histórico. Y tercero: la calidad. El petróleo venezolano es considerado un crudo pesado. Es difícil de procesar, pero se pueden extraer muchos más componentes que de los crudos ligeros. Es decir, se les puede sacar más partido. Repsol tiene refinerías en España especialmente preparadas para crudos pesados.

Desbandada. Telefónica sale de Chile casi cuarenta años después de haber llegado, en abril de 1990. Fue pionera en el desembarco que, a partir de ese momento, y durante décadas, iban a desplegar otras grandes empresas españolas por toda Latinoamérica. A Telefónica pronto le siguieron Iberia, Endesa, Repsol, Iberdrola y Naturgy. Más tarde llegaron Acciona, Red Eléctrica y Enagás, por citar algunos grupos. Entre todos, protagonizaron el mayor proceso de internacionalización de las empresas españolas en toda su historia. El patrón que siguieron esas compañías –muchas de ellas grandes abanderadas de la Bolsa española– era idéntico. Querían aprovechar las sinergias y lazos culturales con Latinoamérica como llave, las privatizaciones como puerta, y el crecimiento económico español como motor. Casi cuatro décadas después de que Telefónica pusiera la pica en Chile, se completa un viaje que, con el tiempo, y en contra de lo que se preveía al principio, ha sido de ida y vuelta. No solo para Telefónica, también para el resto de grupos españoles.

Las grandes energéticas encaran un golpe inesperado en sus cuentas de 2026. Anualmente, empresas como Repsol, Moeve o Endesa costean la mayor parte del Fondo Nacional de Eficiencia Energética, creado por el Gobierno para cumplir con los objetivos de ahorro impuestos por Bruselas. Pero la liquidación de este año ha destapado un agujero que, desde 2023, crece como una bola de nieve. Y es que el Ejecutivo no previó que una parte creciente del fondo le corresponde a operadores de hidrocarburos que ganaron mucho peso desde la crisis de Ucrania. Varios han sido inhabilitados recientemente por fraude y han dejado tras de sí un desfalco millonario que deberán asumir las grandes del sector. El problema es estructural. Las aportaciones al fondo se calculan en función de las ventas de dos años atrás. El sistema, argumentan desde el Gobierno, se ideó para aportar más «seguridad jurídica», pues permite hacer cálculos sobre unas cuentas cerradas y auditadas. El decalaje, lógico sobre el papel, abre un vacío normativo: no tiene en cuenta a los operadores que aparecen y desaparecen antes de que llegue su turno de pagar. Tras la crisis energética, una ola de compañías de bajo coste llegó a quintuplicar su cuota en el mercado mayorista de hidrocarburos. Nombres como Biomar Oil, Bio-Zenite, Villafuel o Martankship protagonizaron ascensos meteóricos y elevaron ventas a niveles inéditos. Entre finales de 2024 y 2025, muchos fueron suspendidos por defraudar el IVA o por vulnerar requisitos medioambientales. Este tipo de grupos actúan a través de complejas redes de sociedades pantalla en el mercado mayorista. Es decir, no tienen gasolineras propias, sino que venden el combustible al por mayor a otros operadores.

Casi diez meses después de que la península Ibérica se quedara a oscuras por un problema de sobretensión en la red eléctrica — conclusión a la que llegó el comité de expertos creado por el Gobierno para averiguar las causas del apagón del 28 de abril de 2025—, las derivadas judiciales comienzan a dar sus primeros pasos. La demanda por competencia desleal que Iberdrola presentó contra Red Eléctrica España (REE) por achacar parte de la responsabilidad del incidente a la multinacional vasca, aunque sin mencionarla expresamente, comienza a ser analizada por el Juzgado de lo Mercantil número 15 de Madrid, según han informado fuentes jurídicas. Aunque las responsabilidades se repartieron oficialmente a partes iguales entre las eléctricas y Red Eléctrica, el cruce de acusaciones se hizo patente desde, prácticamente, el mismo día del incidente. El operador del sistema que lidera la exministra socialista Beatriz Corredor ha manifestado en varias ocasiones, y en varios foros públicos, que el cero eléctrico tuvo lugar porque grandes eléctricas no tenían a punto algunas centrales de generación de su propiedad. Por su parte, las señaladas contraatacaron y culparon a la empresa semipública —la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) tiene una participación del 20%— por no controlar correctamente la tensión de la red.

Entrevista con Simón Pedro Barceló (Palma de Mallorca, 59 años), copresidente del mayor grupo turístico de España y de la segunda cadena hotelera española por número de habitaciones. No parece que ese escenario idílico del turismo vaya a cambiar en el corto plazo. Una actividad antes entendida como beneficiosa, se ha convertido en un fenómeno masivo que está provocando en algunos casos rechazo en los destinos más visitados, como es el caso de España. Barceló rebate las críticas a la actividad. “Soy favorable al crecimiento de la actividad turística en el mundo y en España, y de los que defiende que se tiene que seguir incrementando el peso de la actividad turística en España y la llegada de turistas internacionales. Pero eso requiere de ordenación e infraestructura”. El empresario pone como ejemplo de mala praxis lo sucedido en Barcelona. “Después de los Juegos Olímpicos de 1992, explotó como destino turístico internacional. Y a partir de ahí se sostuvo el mantra de que no había que dejar crecer más al sector hotelero y que lo que había que hacer era más turismo residencial. Que todo el mundo se pudiera beneficiar. El punto de partida era repartir el beneficio, porque el turismo era considerado como una actividad buena. Pero no se aplicó con rigor el urbanismo y, en el momento en el que metieron actividad turística en zona residencial, el lío estaba servido. El gran efecto perverso se produjo entre los propietarios al dedicar residencial a vivienda turística, quitando esa oferta de la vivienda habitual y provocando el rechazo de los residentes”. En su opinión, la solución pasa por eliminar la oferta turística del residencial. “Las familias no pueden convivir con los turistas en el mismo edificio”.

La investigación del accidente ferroviario de Adamuz, con 46 víctimas mortales, estudia si la calidad del material que compone las vías de alta velocidad donde descarriló el Iryo en dirección Madrid el 18 de enero pudo ser la causa de la rotura del carril que llevó al siniestro. La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) tiene aún pendiente la selección de laboratorios que puedan realizar pruebas sobre las muestras de carril tomadas en el tramo del accidente «evitando conflictos de intereses con las entidades relacionadas con el suceso», en referencia a laboratorios como el de Renfe, uno de los más avanzados en este campo. Si bien entidades implicadas en el accidente como la propia Renfe, Adif o Iryo ya han enviado documentación requerida, es probable que los requerimientos se amplíen a otras entidades en el avance de la investigación sobre las causas, que podría demorarse meses. La investigación técnica debe coordinarse con la judicial, también en marcha. Desde el principio, los especialistas se centraron en el estado de la vía como principal hipótesis, poniendo el foco tanto en la soldadura que unía dos piezas fabricadas con tres décadas de diferencia como en el carril fracturado, que ya dejó huellas en forma de muescas en las ruedas de trenes que pasaron previamente por el tramo y también en las ruedas de los primeros coches del Iryo. En relación a la ruptura del carril tal, el problema podría venir de unos metros más adelante, en un bache o deformidad que pudo desembocar en esa ya famosa brecha que quedó a la luz horas después del siniestro.

Son demasiados los agravios, desmanes y desaires que han llegado desde Estados Unidos en el último año, desde que Donald Trump retomase las riendas de la primera potencia del mundo, principalmente en materia comercial y de estrategia de seguridad y geopolítica, como para que un cambio de tono por parte de la Administración norteamericana cure las heridas abiertas. Esta la sensación que deja tras de sí la Conferencia de Seguridad de Múnich (CSM) en la que Europa ha dejado claro su deseo de fortalecerse al tiempo que EEUU ha insistido en la idea de que el viejo orden mundial ya ha caducado. De un lado, la esperada intervención de la parte estadounidense en este foro, el más importante de Defensa que ha congregado a más de 60 jefes de Estado, dejó un aire de reconciliación con Europa tras las abruptas relaciones del último año primero con la guerra arancelaria, posteriormente al ser orillada en las negociaciones para la paz en Ucrania y finalmente con el órdago sobre la soberanía de Groenlandia. Con este telón de fondo, la intervención del el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, buscó un complicado acercamiento hacia el que hasta ahora ha sido el principal socio estratégico. “En una época en la que los titulares anuncian el fin de la era transatlántica, que quede claro para todos que este no es ni nuestro objetivo ni nuestro deseo, porque para nosotros, los estadounidenses, nuestro hogar puede estar en el Hemisferio Occidental, pero siempre seremos hijos de Europa”, señaló el dirigente norteamericano afirmando que desde EEUU “no buscamos separarnos de Europa, sino revitalizar una vieja amistad y renovar la mayor civilización en la historia humana”.