20260417

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día. 

“Tenemos que actuar y tenemos que ser bastante honestos: la situación es mala y va a ser peor”, advierte el comisario de Energía, Dan Jorgensen, en un encuentro mantenido ayer en Bruselas con un grupo de diarios. Bruselas anda estos días ultimando medidas a corto y medio plazo, pero también propuestas estructurales, para mitigar al máximo el impacto sobre el bolsillo de ciudadanos y empresas europeas del alza de los precios de la energía. Aunque Europa no sufre una amenaza inmediata para la seguridad de suministro, no puede permitirse bajar la guardia ni, tampoco, minimizar los problemas que se avecinan incluso si la nueva guerra acabara pronto. “Todavía somos demasiado dependientes de las energías fósiles”, advierte. Y ahí reside el problema: hasta en el mejor de los escenarios, si la guerra acabara mañana y se reabriera el estrecho de Ormuz, las perspectivas son “bastante sombrías”. “Incluso en esa situación, los precios del gas no volverían a normalizarse, probablemente durante años porque se ha dañado mucha infraestructura, especialmente en Qatar. Y en el caso del petróleo, aunque la producción se podría retomar en dos a cuatro semanas, un barco tarda mucho tiempo en llegar desde la región a Europa, así que tendríamos un efecto retardado. Y esto es en el mejor de los casos”, insiste. De ahí que la Comisión vaya a presentar la semana próxima una batería de propuestas tanto de apoyo inmediato —como imponer al menos un día de teletrabajo obligatorio a la semana en las empresas, cerrar los edificios públicos siempre que sea posible y reducir los precios del transporte público o, incluso, hacerlo gratuito para determinados colectivos. Porque se trata no solo de superar esta nueva crisis, sino de estar mejor preparados para futuros shocks. Y ahí, subraya Jorgensen, una de las claves está en que Europa avance más rápida y decididamente en el proceso de electrificación.

En unas declaraciones que han sacudido al sector de manera contundente, Fatih Birol, el director de la AIE, aseguró ayer en una entrevista que Europa debe prepararse para las cancelaciones «próximamente» debido a la crisis en Oriente Medio y el cierre del estrecho de Ormuz, que han provocado una notable escasez de derivados del petróleo. «Pronto oiremos la noticia de que algunos vuelos de la ciudad A a la ciudad B podrían cancelarse como consecuencia de la falta de combustible para aviones», explicó Birol. Aunque consideró que el problema es generalizado en todo el continente, reconoció que algunos lugares «se verán más afectados que otros», y que el cuello de botella irá a peor a medida que persista la guerra. «Vamos a tener precios más altos del petróleo, precios más altos del gas, precios más altos de la energía». Expertos en aviación consideran que la gravedad de la situación depende de variables como la previsión que hayan tenido gobiernos y aeropuertos, las reservas de queroseno almacenadas –normalmente los aeródromos y las compañías aéreas juegan con un colchón de mes y medio– y otras coberturas de seguridad para hacer frente al aumento de los precios. Por ejemplo, KLM ha cancelado 80 vuelos entre Amsterdam, cuyo aeropuerto, Schipol, es el quinto con más tráfico del mundo, y otros destinos europeos a causa de que «ya no es financieramente viable» sostener los aviones en el aire. Lo mismo sucede con la alemana Lufthansa, que ha retirado 27 aeronaves de sus líneas regionales en una maniobra temporal destinada a contrarrestar el aumento de los precios. En ambos casos resulta significativo que las empresas no achacan las suspensiones a las reservas –«no falta queroseno», ha subrayado KLM– sino a la escalada del precio del combustible.

El mercado energético global se enfrenta a lo que los economistas denominan una destrucción de la demanda, que es una contracción persistente del consumo de petróleo provocada por un fuerte incremento de precios y falta del recurso. La Agencia Internacional de Energía (AIE) ya ha ajustado esta semana sus previsiones, en las que contempla una inminente contracción en el consumo del oro negro. En la coyuntura actual, marcada por la guerra en Irán y el cierre del estrecho de Ormuz, la agencia estima que la demanda podría contraerse en 80.000 barriles diarios este año, lo que evidencia un ajuste estructural en respuesta a un entorno de escasez y costes elevados. Este escenario se explica, en primer lugar, por el agotamiento del colchón de inventarios que hasta ahora había camuflado la gravedad del choque; mientras el mundo utilizaba crudo de reserva, el impacto era teórico, pero la caída de 205 millones de barriles en las existencias fuera del golfo Pérsico durante marzo indica que la industria y los hogares se verán obligados en breve a enfrentarse a un mercado donde el crudo físico –el barril real, no el Brent, que es una referencia de precio en los mercados– ha llegado a los 150 dólares por barril. Como explica Inés Cardenal, portavoz de la Asociación de la Industria del Combustible de España (AICE), el mercado no solo reacciona al precio, sino “a una grave crisis de suministro donde el miedo a la falta de producto –especialmente de derivados como el queroseno– impulsa a los Gobiernos a recomendar medidas de ahorro y teletrabajo“, tal como ha planteado Bruselas esta semana.

El conflicto en Oriente Próximo suma incertidumbre a la actividad de las empresas foráneas en España. En concreto, las alemanas temen, además del evidente aumento de costes de la energía y las materias primas, cortes en las cadenas de suministro logístico que podría afectar a su crecimiento este año. Así lo muestra el Barómetro AHK España, publicado ayer por la Cámara de Comercio Alemana para España, donde se recoge que casi la mitad de las empresas germanas en el país –entre las cuales se encuentran multinacionales como Volkswagen, Mercedes, Bayer, Siemens, Merck o Braun–, el 45,9%, ya está reportando estas interrupciones, mientras que el 77% ha sufrido el incremento de los precios de los insumos necesarios para su actividad. En paralelo, el 10,8% identifica las dificultades para desplazar empleados como un problema que ya se nota en su operativa diaria; mientras que apenas el 4,1% afirma que la guerra de Irán y el cierre del estrecho de Ormuz no ha tenido efectos por el momento. Ante el conflicto en Oriente Próximo, las empresas están centrando su respuesta en la apertura de nuevos mercados (47,5%) y en la ampliación de sus redes de proveedores por la dificultad de mantener los que tenían ante la interrupción del suministro. Ante esta situación, el número de empresas alemanas en España que consideran que la economía nacional empeorará en los próximos doce meses se dispara. El 31,1% se sitúa en esta posición, por el 25,4% registrado en el Barómetro del pasado otoño –antes del estallido de la guerra– y del 25% de hace justo un año. Según explicaron desde la Cámara de Comercio Alemana para España, “el aumento de las valoraciones negativas y el retroceso de las perspectivas de mejora se producen en un contexto de elevada incertidumbre, marcado por factores geopolíticos y tensiones comerciales internacionales”.

Teletrabajo sí pero siempre con carácter voluntario. Ésta es la postura que mantiene el Gobierno ante la medida que baraja Europa de cara a paliar la crisis de precios energéticos ocasionada por la guerra en Irán: obligar a trabajar en remoto un día a la semana en los Estados miembros para rebajar esta factura del combustible que ya está impactando en los bolsillos de todos los consumidores, dentro y fuera de nuestras fronteras. Así, a falta de conocer la letra pequeña de esta iniciativa que presentará la Comisión Europea el próximo martes 21, los dos partidos del Ejecutivo de coalición hacen frente común para evitar que se haga por imposición, algo que también defienden los sindicatos. «No soy partidaria de obligar a nadie a nada. Creo que el criterio es la voluntariedad», recalcó ayer la vicepresidenta segunda. Yolanda Díaz, en una entrevista en Onda Cero, quien además presumió de que España va con ventaja en esta materia respecto a otros países europeos, puesto que «ha hecho los deberes» y aprobó «hace muchos años» (concretamente fue en julio de 2021) una norma reguladora del trabajo a distancia con el respaldo de la patronal y los sindicatos, a raíz de la pandemia, cuando más de tres millones de españoles tuvieron que recurrir a esta modalidad de empleo, y en la que se estableció que no podía ser impuesta ni por el empresario ni por el trabajador, que podía darse marcha atrás y en la que a su vez se garantizaba el derecho a la desconexión. «Lo que hace Europa es una recomendación, pero sobre todo se la hace a Estados miembros que no cuentan con ninguna norma que regule esta materia», precisó.

En Euskadi, según los últimos datos de Confebask a finales de 2025, el 55% de las empresas vascas aplican alguna modalidad de trabajo a distancia y los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística indican que el 13,1% de los empleados teletrabajan de forma habitual. Los informes y las estadísticas señalan que aún hay margen de que esas cifras aumenten. El de Randstad traslada que el teletrabajo es una práctica que ya adopta el 22,6% de los ocupados en la Unión Europea, mientras que en España se sitúa alrededor del 15%. Sin embargo, tanto las instituciones como los agentes empresariales difieren en que la obligatoriedad sea el camino idóneo para conseguirlo. «Ahora mismo no hay capacidad para ello y será el Gobierno el que tenga que estudiar cómo dictar y publicar el correspondiente real decreto», expresa Iñigo de la Peña, presidente del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Gipuzkoa. «Tendrán que estudiar si jurídicamente se puede implantar, pero ahora mismo pueden hacer una recomendación y la ley del teletrabajo es voluntaria para ambas partes porque fue la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) la que precisamente lo pidió». De todos modos, y consciente de que se trata únicamente de un anuncio y que para que llegue a ser realidad debe superar antes numerosas etapas, De la Peña opina que «es un aviso a navegantes para que la gente se empiece a preocupar por si esto se alarga».

La Inspección de Trabajo remitió ayer a las partes su informe sobre el ERE de Tubos Reunidos, que en un principio planteaba el despido de 301 trabajadores en sus plantas de Amurrio y Trapagaran, cifra que se rebajó posteriormente a 242 salidas, todas ellas voluntarias. El inspector considera que «no se aprecian indicios de fraude, dolo, coacción o abuso de derecho en la actuación empresarial». En cuanto a las causas económicas alegadas, constata un «deterioro significativo» de su situación, dado que la empresa registró unas pérdidas de 118 millones de euros en 2025, unos números rojos agravados por los aranceles de Trump. Es más, afirma de manera rotunda que «existe causa legal de disolución». El informe se entregó a primera hora de la tarde, justo cuando el comité de Amurrio, que mantiene una huelga indefinida, entraba en una reunión con el viceconsejero de Promoción Industrial, Andoitz Korta, para pedir una solución. El Gobierno vasco volvió a comunicar ayer a la plantilla que la Sepi no ha aceptado su propuesta para aplicar una quita –es su principal acreedor tras rescatarla en 2021 con 113 millones sobre un pasivo de 263– porque el Gobierno central no ha aceptado su propuesta de reforma legal. De esta forma se dificulta sobremanera la salvación de la tubera porque, como apuntó Korta, sin reestructuración de la deuda no van a entrar inversores.

El fabricante vasco de monopiles -los mástiles que soportan los aerogeneradores- Haizea Wind firmó el año pasado un ejercicio histórico gracias al despliegue de parques eólicos marinos en todo el mundo. La firma del empresario Dámaso Quintana alcanzó los 416,9 millones de facturación en 2025, un techo para la empresa que nació en 2017 y que supone triplicar su cifra de negocio en los últimos cinco años. El comportamiento del negocio hizo que Haizea Wind haya elevado un 11% su ganancias obteniendo un beneficio neto de 20 millones, tal y como explica la compañía en un comunicado hecho público este jueves. Se trata de una evolución del negocio que consolida a una compañía que trabaja para las grandes energéticas y constructoras de parques eólicos como Iberdrola, Orsted, Vestas, GE o Siemens Gamesa. Haizea Wind centra más del 60% de sus ventas en las torres y cimentaciones para este negocio eólico en el mar. Una tarea que centra en sus instalaciones en Bizkaia. En el Puerto de Bilbao ha hecho una inversión de 250 millones para desarrollar 130.000 metros cuadrados que añadirá a los 210.000 con los que ya cuenta en la instalación portuaria. Para este sector marino, cuenta también con instalaciones en el Puerto de Brest, en Francia. A pesar del frenazo que Donald Trump ha dado a estas instalaciones en la costa este, su desarrollo está creciendo con fuerza en el norte de Europa; en Canal de La Mancha y entorno de Reino Unido; o en el sudeste asiático. Aunque también han surgido competidores chinos.

El lehendakari, Imanol Pradales, mantuvo ayer una reunión de trabajo con Beatriz Corredor, la presidenta de Redeia (la empresa matriz de Red Eléctrica) en Vitoria-Gasteiz para analizar el estado de las inversiones y los proyectos que Red Eléctrica está llevando a cabo en Euskadi. Se trata, explicaron fuentes de la empresa pública, de un conjunto de infraestructuras esenciales, incluidas en la planificación eléctrica vigente en el Estado, y que tienen por objetivo continuar reforzando la red de transporte eléctrico de la CAPV, «facilitando así la descarbonización industrial, el desarrollo económico y social, y la creación de empleo», según Redeia. Cabe recordar que una de las demandas históricas del gabinete Pradales ha sido la de ampliar y mejorar las conexiones eléctricas en el País Vasco, así como elevar la potencia accesible a las empresas del país para, de esa forma, impulsar la competitividad de la industria. En el encuentro, Corredor y Pradales «han acordado acelerar proyectos que transformarán el modelo energético del territorio», explicaron fuentes de Redeia. Entre los principales proyectos de Red Eléctrica en Euskadi, destaca la interconexión eléctrica subterránea y submarina con Francia por el Golfo de Bizkaia, actualmente en construcción y con todas las actuaciones en su parte terrestre ya iniciadas.

Geroa Pentsioak aprobó ayer sus cuentas anuales y el balance correspondiente al ejercicio 2025, un año que ha resultado muy positivo para la entidad y en el que la EPSV de empleo preferente de absoluta referencia en Euskadi obtuvo una rentabilidad de sus inversiones del 8,4%, muy por encima de la media del sector, que se quedó en el 6,76%. Geroa, cuyo modelo ahora trata el Gobierno Vasco de exportar a Bizkaia y Álava, da cobertura ya a 120.594 guipuzcoanos en calidad de socios con aportaciones, lo que supone nada más y nada menos que el 54% de todos los trabajadores por cuenta ajena del territorio; un récord histórico, tal y como explicó a DV su director general, Jordan Sáenz. Y es que la mancha de aceite de Geroa abarca ya a un total de 8.695 empresas de veintidós sectores diferentes. El año pasado, y tras solicitar su adhesión voluntaria, se sumaron al ‘equipo’ tres nuevas firmas, las tres sin convenio provincial: Goena Basolak, Kimua Group y Neo Gestión Deportiva. Durante 2025, la entidad siguió ampliando su base mediante acuerdos colectivos de previsión social complementaria, y gracias a acuerdos en negociaciones colectivas, el sector de Alojamientos en Gipuzkoa (hoteles, pensiones, pisos turísticos) se unió al sistema, aportando 2.500 trabajadores protegidos, que han comenzado a realizar sus aportaciones el pasado 1 de enero. En total, a lo largo de 2025 se aportaron 124,8 millones de euros por parte de los socios de la EPSV, lo que supone un incremento del 5,02% sobre los datos de 2024 gracias a las aportaciones de nuevos sectores, como los de limpiezas viarias (que empezó en septiembre de 2024) y salvamento marítimo; también ayudó, claro está, el incremento de los salarios, que según la memoria de la entidad fue del 3,9% el año pasado.

El presidente de la Cámara de Comercio de Bilbao, José Ignacio Zudaire, no seguirá al frente de la institución. Tras cumplir su primer mandato, el actual consejero delegado de Petronor dejará el cargo tal y como han confirmado fuentes de toda solvencia. La decisión responde a la necesidad de atender el aumento de sus responsabilidades en Repsol y en su filial vasca. Zudaire fue nombrado presidente de la institución cameral en noviembre de 2022 y durante su mandato, el pasado mes de enero, se convirtió en consejero delegado la refinería vasca. Un cargo que le ha supuesto también su designación para varias comisiones ejecutivas de Repsol, por lo que las tareas y exigencia de tiempo en su empresa dificultan la atención a las cuestiones relacionadas con la Cámara. Además, deberá dirigir las inversiones en la planta de Petronor, que afronta unos años clave en su transformación tras su apuesta por el hidrógeno verde y los combustibles sintéticos. Es el caso de la instalación del electrolizador de 100 MW, el más potente de Europa, con una inversión de 292 millones y que está previsto que entre en funcionamiento en 2029. Por otra parte, Araba ha abierto ya un procedimiento que activa el relevo del presidente de su Cámara, Gregorio Rojo. Ya en el arranque de este mandato, el dirigente deslizó la posibilidad de que fueran los últimos cuatro años al frente de la entidad. Aun así, consultado ayer por este periódico, señaló que «se siente con fuerzas y ganas para seguir trabajando para la Cámara y para Álava siempre que cuente con el respaldo de SEA».

Un nuevo laboratorio de electrónica avanzada permitirá a Ikerlan diseñar, prototipar y producir sistemas electrónicos reduciendo los plazos y la dependencia de proveedores internacionales. Este nuevo laboratorio trabaja para empresas como Orona, CAF, Fagor Automation, Copreci y otras firmas españolas e internacionales de los sectores de la automoción, aeronáutica o la movilidad, diseñando las placas electrónicas PCB (Printed Circuit Board) que constituyen el «’cerebro’ que hace que funcionen todos esos dispositivos que utilizamos en el día a día, sea el coche, el tren, el ascensor, el ordenador, el móvil…». Así lo explicó ayer en la sede de Ikerlan en Arrasate Jon Crego, responsable de electrónica de Ikerlan: «ayudamos a nuestros clientes a diseñar los prototipos de sistemas electrónicos ajustados a sus necesidades. Este laboratorio se ocupa del montaje de este tipo de prototipos. Empleamos herramientas informáticas para diseñar los circuitos que van a ser el cerebro de los sistemas electrónicos». Una vez completada la fase de diseño del circuito, este se plasma en tarjetas electrónicas: «Antes se adquirían la tarjetas a empresas externas, generalmente chinas, con los consiguientes plazos de entrega».

La compra de Aedas ha catapultado a Neinor al primer puesto del podio de la promoción en España. Convertida en la mayor inmobiliaria residencial en España, tanto por volumen de preventas como por banco de suelo disponible, la compañía vasca se prepara para escribir un nuevo capítulo de su historia, con la intención de ampliar su base de accionistas y firmar nuevos acuerdos de coinversión. “El mercado ya ha empezado a percibir las bondades de la compra de Aedas y ha entendido perfectamente el potencial del grupo que estamos conformando. El inversor busca liquidez y tamaño, y eso ya lo tenemos”, afirma Borja García-Egotxeaga, consejero delegado de Neinor, en una entrevista. Neinor cerró el pasado mes de marzo la adquisición de Aedas tras desembolsar 923 millones y hacerse con una participación del 96,83%. La operación se realizó a un precio medio de 21,82 euros por acción, con un descuento aproximado del 30% en comparación con el valor de tasación de su rival en el momento del anuncio de la opa. Para los inversores que no desean invertir a través de la compra de acciones, Neinor ofrece la posibilidad de inversión directa en activos a través de su plataforma de gestión. “En los últimos ocho meses se han producido muchos acercamientos para coinvertir con nosotros. Este modelo lo empezamos hace dos años y nos ha ido muy bien, con 1.300 millones de activos levantados desde entonces. Si queremos que vaya a más, tener tamaño permite dar un salto cualitativo”, asevera Jordi Argemí, CEO adjunto y director financiero de Neinor.

Cada vez son menos los hogares españoles que cuentan con casa en propiedad. El boom de precios y la escasez de oferta complican año tras año el acceso a la vivienda de los ciudadanos, que se ven obligados a luchar con un mercado cada vez más tensionado. El resultado: se desploman las cifras de propietarios en un país donde comprar vivienda siempre fue una prioridad. Según datos de la Encuesta Financiera de las Familias de 2024, elaborada por el Banco de España, el número de propietarios cayó a un 70,6% en 2024, en comparación con el 72,1% registrado en 2022 y el peor dato de la serie histórica. La caída, además, fue generalizada, independientemente de la renta y la edad de los encuestados, aunque se agudizó en los percentiles más altos de distribución de la renta, en los que tienen menor riqueza neta y en aquellos cuyo cabeza de familia tiene entre 35 y 44 años. En su última edición, realizada a 6.200 familias, la encuesta recoge que apenas el 29% de los encuestados nacidos entre 1986 y 1995 tenía su vivienda en propiedad al cumplir los 30 años, un desplome de 36 puntos porcentuales respecto a la generación anterior. 

España sigue perdiendo atractivo como destino para la inversión extranjera, según los grandes ejecutivos internacionales, como resultado de su elevado nivel de deuda pública, la persistente tasa de desempleo y los blindajes establecidos por el Gobierno de Pedro Sánchez para proteger sectores considerados estratégicos ante las adquisiciones foráneas. Como resultado de estos factores, España ha caído del puesto undécimo al decimoquinto en el último ránking global del índice de confianza para la inversión extranjera que elabora cada año la consultora estadounidense Kearney. Los datos de este año son el resultado de una encuesta entre más de 500 altos directivos, efectuada en enero de 2026. Por tanto, no reflejan todavía el impacto de la guerra de Irán ni la subida de precios del petróleo, aunque los sondeados ya advertían a principios de año de la creciente tensión geopolítica. La fuerte caída de España prosigue una tendencia descendente en la clasificación que comenzó en 2023, cuando ocupaba el octavo lugar entre los mercados más atractivos para la inversión extranjera directa. Es decir, ha perdido siete puestos en tres años. Según el informe que recoge los resultados de la nueva encuesta, entre los factores que “condicionan” el interés por España figuran “el elevado nivel de deuda pública –que alcanzó el 103% del PIB a finales de 2025– y de desempleo estructural –el más alto de la Unión Europea–”. Otro elemento de preocupación es “la prórroga hasta finales de 2026 del mecanismo de control de inversiones extranjeras en sectores estratégicos, que introduce mayores exigencias regulatorias”. Gracias a este escudo anti-opas extranjeras, por el que las principales adquisiciones foráneas deben recibir autorización previa, el Gobierno vetó la compra de Talgo por una empresa húngara y condicionó la entrada de Saudi Telecom en Telefónica. Ese blindaje es permanente para inversores de fuera de la UE, y se ha extendido hasta final de este año para los europeos.

La fiscalidad efectiva sobre los sueldos y las pensiones, que en lenguaje llano viene a ser el porcentaje de estas rentas que los contribuyentes pagan en impuestos, ha alcanzado niveles inéditos en España. El tipo medio que soportan estos ingresos se ha disparado en comparación con el periodo previo a la pandemia y se encuentra en máximos históricos. En el caso de los salarios, ha pasado del 15,5% registrado en 2019 al 17,5% previsto para 2025, según los datos provisionales que ha publicado recientemente la Agencia Tributaria. El incremento es todavía mayor en el caso de las pensiones, con un aumento en el mismo periodo que supera los dos puntos porcentuales y que sitúa el gravamen medio de las prestaciones en el 10,4%. En conjunto, la carga media del impuesto sobre la renta (IRPF), que se completa con los tipos efectivos que gravan las rentas del capital y otros ingresos, llega ya al 15,1%, casi dos puntos y medio por encima del nivel previo a la crisis sanitaria y, también, un máximo histórico. Así, de cada euro que se gana por trabajar, por cobrar una pensión o por recibir una plusvalía, se paga más a Hacienda que hace unos años.

Eurostat revisó ayer el dato de inflación de marzo, que, al igual que ocurrió con el IPC español, fue aún peor de lo anticipado. La inflación armonizada en la eurozona fue finalmente del 2,6% interanual, una décima más de lo adelantado a finales de marzo, siete décimas superior al IPC de febrero, y la tasa más alta desde julio de 2024. Un salto cuantitativo más que notable en apenas un mes, en el que los precios se dispararon un 1,3% en tasa mensual. Y otro tanto sucedió en el conjunto de la UE, donde el IPC escaló al 2,8% frente al 2,1% del mes anterior tras haber crecido un 1,1% mensual. Los precios repuntaron, con mayor o menor fuerza, en 22 de los 27 Estados miembros de la UE y en 18 de los 21 países del euro. España ha sido uno de los países del bloque más golpeados por esta marea, con un IPC armonizado en marzo del 3,4% interanual, nueve décimas más que en febrero, tras un acelerón mensual del 1,7%. Este súbito e intenso esprint sitúa a España entre los países europeos más inflacionarios: el octavo en el conjunto de la UE, el séptimo de la zona euro y el primero entre las grandes economías del club comunitario, lo que, en un momento difícil para toda la UE, perjudica especialmente la competitividad de las exportaciones españolas, cuyo destino mayoritario es el propio bloque europeo. La brecha negativa con la zona euro se sitúa en 8 décimas; el diferencial con Alemania, cuyo IPC subió un 2,8%, en 6 décimas; en 1,4 puntos porcentuales con Francia, donde los precios repuntaron un 2%, y en 1,8 puntos con Italia, cuya inflación fue del 1,6%.

La Comisión Europea rechaza crear un impuesto sobre los beneficios extraordinarios que, como consecuencia de la guerra en Oriente Próximo, están obteniendo las compañías energéticas. «No presentaremos nada sobre eso», señalan fuentes comunitarias a este periódico en referencia a las medidas que se darán a conocer el próximo miércoles ante la crisis. «No es el momento», ahondan. Si la situación se siguiera complicando y si los precios impulsasen estos beneficios hasta cifras mucho más elevadas, en la Comisión no se cerrarían a debatir la creación del impuesto. Pero ahora mismo descartan esta actuación que defiende el Gobierno de Pedro Sánchez, y se antoja complicado que en un futuro se logre el consenso necesario para aplicar esta actuación. Desde el Ejecutivo español, que es perfectamente consciente del rechazo que suscita el impuesto, siguen sin embargo señalando la necesidad de aprobar esta figura. Ayer mismo, el ministro de Hacienda, Arcadi España, insistía en su creación y en hacerlo, además, en el marco de la Unión Europea. «España lo que va a hacer es monitorizar la situación actual, estudiar con nuestros socios comunitarios la opción que hemos planteado y luego se tomarán las decisiones que se tomen, pero nuestra opción, en este momento, es la opción europea», apuntó. 

Europa quiere volver a ganar peso a escala internacional. La Comisión Europea ha entendido que la brecha en innovación con respecto a Estados Unidos y China no puede cerrarse sin dar a las empresas la oportunidad para ganar la escala suficiente como para afrontar las enormes inversiones que tienen que realizar si quieren mantenerse a la vanguardia. El giro de la Comisión Europea respecto a las directrices con las que se evalúan las fusiones se encuentra avalado por los Estados miembros, que debatieron en la cumbre informal de presidentes celebrada el pasado 12 de febrero en Alden Biesen (Bélgica) como impulsar la competitividad de la economía comunitaria. “Hemos alcanzado un acuerdo para que en ciertos sectores, como el de las telecos, se permita un mayor grado de concentración corporativa para alcanzar los ansiados niveles de inversión e innovación”, señaló António Costa, presidente del Consejo Europeo tras la mencionada cumbre. Aunque la institución dirigida por el portugués no tiene poder legislativo, sus acuerdos vinculan a la Comisión Europea que se encuentra ahora en proceso de cumplir con ese mandato. El hecho de que este posicionamiento cuente ya con el visto bueno permite anticipar que el proceso para que estos cambios vean la luz será mucho más ágil. “Este acuerdo debería formar parte de una especie de contrato social para garantizar que las empresas consolidadas inviertan e innoven más. Los líderes quieren que surjan empresas que sean verdaderos campeones europeos en sectores estratégicos”, aseguró Costa. 

La banca española hace frente común ante la revolución bancaria que se acerca en Europa. Después de que el italiano UniCredit haya abierto la caja de los truenos de las fusiones transfronterizas –con su opa sobre el alemán Commerzbank– y haya levantado en armas a las entidades del norte de Europa, la Asociación Europea de Banca (AEB), la patronal que agrupa a los principales bancos españoles, como el Santander o el BBVA, ha remitido esta semana un extenso documento a la Comisión Europa en el que presenta su propuesta de reforma normativa. Esta hoja de ruta, a cuyo contenido ha tenido acceso este periódico por fuentes financieras, establece como uno de los elementos más relevantes instar a las autoridades europeas a retomar la unión bancaria, tras más de una década bloqueada por las discrepancias políticas entre los gobiernos del norte y del sur de Europa. La Comisión Europea abrió en febrero una consulta pública al sector financiero que termina esta semana. Se trata del primer movimiento del regulador para responder a las voces del sector –antes recogidas por el Consejo Europeo– que reclaman una simplificación en la regulación bancaria en Europa, en línea con las medidas que están tomando los reguladores tanto en Reino Unido como en Estados Unidos. La banca española ha intentado unificar mensajes en este proceso. 

Repsol, la primera petrolera española, anunció ayer que ha firmado un acuerdo con el Ministerio de Hidrocarburos de Venezuela y con la compañía estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) que le permitirá relanzar operaciones y aumentar la producción en el país latinoamericano. Repsol da así otro paso para rehacer sus negocios en Venezuela tras los sobresaltos del último año que, entre otras cosas, supusieron un bloqueo total de las exportaciones, un parón inversor y el acumulación de deudas. El acuerdo sellado ayer permitirá a Repsol retomar el control de las operaciones e incrementar la producción de petróleo en el yacimiento de Petroquiriquire. Actualmente, la propiedad de estos pozos es de PDVSA (60%) y de Repsol (40%). Repsol perdió hace algo más de un año el control operativo de Petroquiriquire, lo que supuso un golpe a la eficiencia y la producción del yacimiento. El hecho de que Repsol retome el control es un paso enorme de la petrolera española para estabilizar su posición en Venezuela y relanzar inversiones. El pacto alcanzado también contempla garantías y mecanismos de pago para que Repsol pueda exportar, y cobrar, la producción de Petroquiriquire.

Junto al estrecho de Ormuz y el programa nuclear, Líbano se ha convertido en uno de los grandes escollos para el acuerdo entre Estados Unidos e Irán, y Donald Trump se ha implicado directamente para intentar solucionarlo. El presidente estadounidense anunció ayer en su red social que, tras conversar con su homólogo libanés, Joseph Aoun, y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, «estos dos líderes han acordado que para conseguir la paz entre sus países empezarán un alto el fuego de diez días». La tregua comenzó la pasada medianoche. El líder republicano añadió que invitará pronto a Aoun y a Netanyahu a la Casa Blanca porque «ambas partes quieren ver paz y creo que eso ocurrirá, rápidamente». El anuncio se produjo al final de una jornada en la que los israelíes bombardearon con dureza y destrozaron el último puente que quedaba sobre el río Litani, lo que aisló por completo la zona sur del resto del país. Los medios de Israel recogieron la «indignación» de los ministros del Ejecutivo hebreo porque Trump publicó el anuncio durante la reunión del gabinete de seguridad y sin esperar a obtener su consentimiento.

A pesar del mundo en llamas, las guerras, disrupciones y las tendencias globales aislacionistas, la locomotora china sigue su ritmo. El producto interior bruto de la segunda economía del planeta ha aumentado un 5% interanual en el primer trimestre de 2026, por encima de las expectativas de varias casas de análisis, y en línea con el objetivo fijado por el Gobierno chino de alcanzar un crecimiento de entre un 4,5% y un 5% en 2026. El dato mejora el resultado de los últimos tres meses del año, cuando China registró un aumento del 4,5%, el más débil en tres años. El arranque deja parcialmente satisfechas a las autoridades, apenas un mes después de que Pekín aprobara el XV plan quinquenal, el programa político y económico para el próximo lustro, con una apuesta reforzada por los sectores tecnológicos punteros y la autosuficiencia. “La economía de China ha tenido un buen comienzo en el primer trimestre”, aseguró en una comparecencia Mao Shengyong, subdirector de la Oficina Nacional de Estadísticas, que destacó el empleo “generalmente estable”, el ligero repunte de los precios que esquivan momentáneamente la sombra deflacionista (suben un 0,9%) y el buen desempeño del comercio exterior.