20260514

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día. 

El presidente de Cebek, Guillermo Buces, hizo ayer un llamamiento a la clase política «para exigir responsabilidad» a los sindicatos tras referirse al caso de Tubos Reunidos, donde la mayoría del comité de empresa –ELA, LAB y ESK– mantiene una huelga indefinida sin convocar un referéndum. Lanzó este mensaje durante su discurso de cierre de la asamblea anual de la patronal vizcaína, que tenía como título ‘Arraigo y atractivo de Bizkaia: ¿defensa o estrategia competitiva?’ En su intervención, Buces recordó que la alta conflictividad de Euskadi, la más alta de España, es uno de los principales motivos, junto al absentismo y los crecientes costes labores, que frena las inversiones. «Tenemos unos niveles que, por decirlo educadamente, empiezan a convertirse ya en un factor de riesgo reputacional», aseguró para luego advertir de que «no puede haber inversión si la imagen que transmitimos al exterior es incertidumbre y conflicto permanente». Aseveró que la conflictividad «es contraria al progreso social y destruye empleo». La amenaza que supone la conflictividad ocupó ayer gran parte de su discurso y apoyó su denuncia en el caso de Tubos Reunidos. «Un conflicto empresarial donde se ha promovido una huelga indefinida por parte del comité de empresa, pese a que una parte muy significativa de los trabajadores no compartía esa estrategia. Y cuyo resultado ha sido empujar a la empresa a una situación límite, hasta desembocar en un concurso de acreedores y quién sabe si no en algo peor», relató. Lo contrapuso con el ejemplo de Vicinay, donde se ha evitado el concurso de acreedores al entrar Dámaso Quintana como inversor y donde los trabajadores votaron en asamblea un ‘no’ a la huelga. «Defender a los trabajadores nunca puede significar destruir la viabilidad de la empresa», afirmó. El presidente de Cebek admitió que «el sindicalismo es fundamental para construir derechos y cohesión social en Euskadi», si bien matizó que «el sindicalismo racional, democrático, constructivo y responsable». 

La diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe aseguró que desde la Diputación de Bizkaia se está utilizando el Concierto «para adaptarnos a las necesidades que tienen las empresas en cada momento» y que es una pieza clave para impulsar la competitividad. «Hoy las empresas vizcaínas compiten con ventaja para innovar y también para realizar las inversiones ligadas a la transición energética», reivindicó. También apuntó que los incentivos fiscales de la última revisión fiscal –no la consideran una reforma como tal– han sido claves para que Cebek saque adelante su EPSV, Etorkizuna. En la misma línea, señaló que las empresas vizcaínas disponen de una «colchón más mullido» para amortiguar el impacto de la crisis de Oriente Medio gracias a las medidas tributarias extraordinarias adoptadas. «No se trata de bajar impuestos, sino de incentivar a las empresas a comprometerse aún más con Bizkaia, con el empleo de calidad, con el medio ambiente, con la innovación, con el futuro de los trabajadores y con la conciliación», matizó. A cambio de estas ventajas, Etxanobe trasladó su propia petición a las empresas. Les instó a que «cuiden a las personas». También les pidió que «resistan la tentación de ajustar las condiciones laborales en estos momentos de presión». Aunque transmitió comprensión por el hecho de que se trata de una etapa complicada, marcada «desde fuera por el contexto que se está viviendo y desde dentro por el problema del absentismo». A juicio de la diputada general, eso sería «lo correcto». 

Miles de vascos que compraron vehículos «no contaminantes» en 2025 se han llevado una «desagradable sorpresa» en la declaración de la renta de este año. En síntesis, su malestar se centra en que las Haciendas vascas han decidido aplicar este año unas deducciones fiscales por la adquisición de coches ‘limpios’ «sensiblemente inferiores» a las fijadas en los comunidades regidas por el régimen general. En la comunidad autónoma las deducciones para los eléctricos ‘puros’ alcanzan el 5% del valor de adquisición (o de un 10% si se manda a achatarrar un coche viejo) sobre una base máxima de 40.000 euros. La Hacienda estatal, en cambio, aplica en todos los casos un 15% sobre una base máxima de 20.000 euros. Las diferencias son especialmente llamativas con relación a los híbridos enchufables, precisamente los vehículos más vendidos dentro de los catalogados por la Dirección General de Tráfico con la «etiqueta cero emisiones». Estas unidades funcionan a grandes rasgos con un motor de combustión y otro eléctrico, que permiten entrar en las zonas de tráfico restringido del centro de las principales ciudades. Estos vehículos son también de los más demandados en los pliegos de las administraciones públicas. El Gobierno de España incentiva la compra de estos coches con una deducción del 15% sobre su valor hasta un límite de 3.000 euros. En cambio, en Bizkaia, Álava y Gipuzkoa no se ha previsto ningún tipo de incentivo fiscal para los híbridos enchufables.

Convertir una cartera de pedidos histórica en ingresos que afloren en la caja; en dinero que inyecte liquidez y rentabilidad a la compañía. Ese es uno de los principales objetivos de la nueva Talgo presidida por José Antonio Jainaga. Y para eso es fundamental, como ha venido trasladando del industrial vasco, acelerar las entregas para que la facturación crezca. Es, precisamente, lo que destacó el fabricante de trenes ayer en la presentación de las cifras del primer trimestre del año a los mercados. Talgo elevó sus ingresos un 11,6% hasta los 172 millones. Se trata de un movimiento que acompaña al extraordinario dinamismo comercial que la empresa ha desempeñado hasta abril con el anuncio de pedidos por más de 2.000 millones. Son la segunda fase del AVE a La Meca que, con 20 trenes, supondrá 1.300 millones, además del encargo de varios convoyes para el operador público sueco por valor de 756 millones. Jainaga subrayó que «la nueva era de Talgo se caracteriza por el compromiso con nuestros clientes, nuestras personas y proveedores. Hemos puesto el foco en la fabricación, con la contratación de más de 200 personas y la creciente colaboración con nuestros proveedores». Es el camino para dejar atrás los retrasos que la firma generó en sus entregas antes de la entrada en el accionariado del consorcio vasco y que provocaron en 2024 una multa de Renfe de 118 millones.

«China nos lleva veinte años de ventaja y está en nuestra mano reducir esa brecha». De esta manera, y sin tapujos, se pronunció ayer el director general de Cidetec, Javier Rodríguez, para advertir sobre una realidad tan evidente a estas alturas como urgente: la transición energética europea se disputa en un tablero a escala global donde, de momento, el gigante asiático juega con las piezas blancas. Bajo este contexto de urgencia continental, la industria vasca movió ayer una nueva pieza con la inauguración en San Sebastián del nuevo edificio de Cidetec Energy Storage, un complejo situado en la misma avenida empresarial de Mubil, en Eskuzaitzeta, de más de 25 millones de euros. Un desembolso en el que más del 40% de la financiación ha sido sufragada mediante una ayuda directa de la Diputación de Gipuzkoa. Este «hito» llega en un momento de profunda reconfiguración del sector. Hace unas semanas, Euskadi veía cómo la multinacional china Hitium elegía Navarra para instalar una factoría de baterías de 400 millones de euros y 1.000 empleos. La firma asiática descartó la propuesta del Grupo Mondragon, que exigía entrar en el proyecto como un socio industrial con capacidad de gestión y arraigo productivo local. Ante la negativa de los chinos, que pretendían imponer una hoja de ruta eminentemente unilateral, el Gobierno Vasco fía su estrategia de almacenamiento de energía a dos puntas de lanza complementarias pero distintas. Por un lado, Basquevolt, centrada en comercializar su propio producto y que acaba de sellar una alianza con Renault; y por otro, la guipuzcoana Cidetec, que cuenta entre sus clientes a Repsol o a Irizar, para quien diseñó las baterías de sus autobuses eléctricos.

La empresa familiar Omicron Ariznabarreta S.A., con sede en Asteasu, pone fin a su actividad tras 61 años de trayectoria. Aitor Ariznabarreta, miembro de la tercera generación de la familia fundadora y actual gerente de la compañía, puso ayer en valor la «difícil decisión» de bajar la persiana de la firma, dedicada al mecanizado de precisión desde su fundación, en 1965. La compañía, cuya actividad ha estado vinculada a sectores como el petroquímico, hidráulico, eólico, naval y de máquina-herramienta, ha contado en sus últimos años con una plantilla de entre 20 y 25 trabajadores. «He tenido el honor y la responsabilidad de representar a la tercera generación de esta familia empresaria, intentando estar a la altura del legado recibido y de los valores que siempre han definido esta casa: trabajo, palabra, compromiso y cercanía. Hoy cerramos una etapa empresarial, pero no cerramos una historia. Esa historia queda en cada proyecto realizado, en cada cliente que confió en nosotros, en cada proveedor, colaborador y, muy especialmente, en todas las personas que han trabajado con nosotros a lo largo de estos años», manifestó Ariznabarreta en su escrito de despedida.

LAB, CCOO y UGT han alcanzado un acuerdo sobre la nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de Lanbide, han confirmado a EFE fuentes de la comisión de relaciones laborales del servicio vasco de empleo. Ambas partes negocian desde hace meses la nueva RPT, que se enmarca en un proceso de integración en Lanbide del personal funcionario transferido del SEPE, y el acuerdo se ha logrado este miércoles en el seno de esa comisión. El sindicato LAB ha explicado en un comunicado que se contempla la realización de un estudio de dimensionamiento de la plantilla de Lanbide, un paso que considera fundamental para hacer frente "a las carencias estructurales" de este organismo público. El estudio, ha añadido, deberá tener en cuenta las cargas de trabajo de la plantilla, los ratios de atención, las necesidades reales de los servicios y el número de puestos necesarios. También LAB ha asegurado que se ha conseguido que se recoja expresamente que en Lanbide "no se dará ningún paso atrás en materia de derechos lingüísticos y perfiles lingüísticos" para garantizar unos servicios públicos euskaldunes.

El número de casos de malestar emocional entre los estudiantes ha ido en aumento de un tiempo a esta parte y los trastornos de ansiedad, depresión o de la conducta alimentaria llegan cada vez con más frecuencia al servicio de atención psicológica de la EHU, que el curso pasado atendió a un total de 463 alumnos en sus tres campus, un 8% más que hace dos cursos. Asimismo, el número de nuevas atenciones creció hasta un 25% en los dos últimos cursos. En Gipuzkoa, fueron 219 estudiantes los que requirieron atención psicológica, cifra que aglutina casi la mitad (47%) de casos atendidos en total –el 39% corresponden a Bizkaia y el 13% a Álava–. Por sexos, se observa una mayor demanda del servicio por parte de las estudiantes guipuzcoanas, con 156 chicas frente a 63 chicos en el curso 2024/2025, según la última memoria disponible del SAP. Pilar Tazón es profesora de la EHU, enfermera especialista en salud mental y miembro de la red de escucha. Según señala, «vemos un nivel social de mucha exigencia, a alumnos que para llegar aquí han pasado dos años de Bachillerato con una presión bestial, con mucha competitividad y llegan con una ansiedad vinculada al miedo al fracaso, a no sentirse capaces, con mucha frustración .... 

La actual fotografía del sector de la automoción en Europa no invita al optimismo, y si el año anterior estuvo marcado por la guerra arancelaria, cambios regulatorios, un mercado plano en la fabricación de vehículos y de reajustes estratégicos por parte de los fabricantes, «este 2026 también pinta difícil para todos». Es lo que aseguró el presidente de Gestamp, Francisco J. Riberas, en la junta de accionistas que la firma especializada en la fabricación de componentes celebró ayer en Bilbao. Pese a este escenario, la actividad de Gestamp aguantó con firmeza durante el primer trimestre del año, ya que obtuvo un beneficio neto de 49 millones de euros, es decir, un 81% más que el registrado durante el año pasado en el mismo periodo. Un resultado «marcado por un impacto positivo puntual en materia de gastos financieros y por menores diferencias de cambio». La facturación cayó un 5% hasta los 2.834 millones, dado que la fabricación global de automóviles se contrajo un 3,4% interanual entre enero y marzo, hasta las 21,5 millones de unidades.

Los fabricantes de componentes para automóviles, que atraviesan una situación complicada ante la caída de la producción de vehículos, han detectado en el sector de la Defensa una oportunidad de crecimiento alternativa. Por este motivo, la patronal Sernauto, formada por empresas como Gestamp, Bosch, Antolin, Ficosa, Cie Automotive, Teknia o Valeo, ha creado el Hub Defensa-Automoción, para impulsar las conexiones entre la industria de fabricantes de componentes de coches y las empresas de Defensa, que afrontan un alza récord de pedidos. Con este proyecto se busca reforzar la diversificación industrial del sector de proveedores en un momento de incertidumbre en el automóvil por la competencia china, la volatilidad regulatoria europea y la guerra arancelaria. El Hub Defensa-Automoción detectará la viabilidad de alianzas estratégicas, al tiempo que fomentará una colaboración en materia de innovación y tecnologías duales (uso civil y militar). Asimismo, se ahondará en el análisis de posibles servicios concretos para empresas y en la elaboración de diferentes estudios. Esta iniciativa de Sernauto está en línea con recientes acercamientos. A mediados de 2025, el Ministerio de Industria reunió a empresas como Gestamp, Cie Automotive, Antolin o Teknia con firmas de Defensa como Oesía, EM&E, Indra o Navantia. Asimismo, el Gobierno ha mantenido conversaciones con empresas del sector del automóvil, como Ford, Seat o Ficosa, para saber hasta qué punto podría contar con sus capacidades industriales para futuros programas de modernización militar. También busca conocer las capacidades industriales nacionales inmediatas en caso de urgencias productivas.

El incremento de costes laborales y la elevada carga normativa que ha inducido el Gobierno en los últimos años están estrechando los márgenes de los pequeños y medianos negocios en España y provocando una asfixia que pone en riesgo su capacidad de supervivencia. Para estas empresas, que componen el 99% del tejido productivo, las exigencias de cumplimiento normativo constituyen en ocasiones un coste más al no contar con estructuras con la capacidad de adaptación. Si a ello se le suman los elevados costes, tanto de producción como los laborales impulsados esencialmente por el Ministerio de Trabajo con las subidas del salario mínimo interprofesional (SMI), se genera un caldo de cultivo perfecto para poner en riesgo a una buena parte de las pymes. La patronal de la pequeña y mediana empresa, Cepyme, lanzó ayer un SOS exigiendo al Gobierno contención en tanto en las imprimación de nuevas cargas administrativas como de costes laborales. A través de un duro comunicado, la organización presidida por Ángela de Miguel se dirige especialmente al departamento de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, a quien acusa además de haber dilapidado el diálogo social y de actuar con unilateralidad en la toma de decisiones sin calcular el impacto que tienen las medidas sobre las empresas. Ver nota Cepyme aquí. 

La crisis energética provocada por el conflicto en Oriente Próximo ha vuelto a poner el foco en la importancia que tiene la energía en la economía. Y aunque estos eventos han desencadenado actuaciones de todo tipo, el punto de partida de la industria no es el más esperanzador: un estudio del Ivie y la Fundación BBVA detalla que entre 2008 y 2020 tan solo cuatro sectores de la industria española lograron mejoras en eficiencia energética que permiten reducir el consumo de energía por valor añadido e impulsar la competitividad. Esto no quiere decir, eso sí, que el país no haya hecho los deberes. Pero el resultado ha dejado algo que desear. «Aunque España ha logrado reducir su coste energético por unidad de valor añadido un 9,7% en el periodo 2008-2020, esta evolución no ha sido homogénea entre sectores ni responde necesariamente a mejoras en la eficiencia de los procesos productivos», detalla el documento. Además, esta mejora «se explica en gran medida por un cambio hacia actividades menos intensivas en energía, más que por avances reales en la eficiencia de los procesos productivos». De ahí que solo cuatro sectores –químico y petroquímico, productos textiles y cuero, equipos de transporte, y maquinaria– muestren mejoras «atribuibles a ganancias en eficiencia energética».

“El mercado energético español ha entrado en una nueva fase, en la que la electricidad es cada vez más barata de producir, pero más compleja y costosa de gestionar. Tras una década de rápido despliegue renovable, el reto ya no pasa solo por incorporar nueva generación, sino por integrarla de forma eficiente en el sistema”. La saturación de planes eólicos y fotovoltaicos; la sobrecapacidad existente en el mercado de producción de luz; y el drástico giro que han dado los inversores hacia empresas de infraestructuras, más que de pura generación eléctrica, han creado un cóctel explosivo para las renovables que ha terminado hundiendo los precios de compraventa de proyectos, según se desprende del informe Energy Pulse (Pulso Energético) de la consultora Álvarez & Marsal sobre el mercado español. En 2021, los precios a los que se intercambiaban proyectos de renovables en España llegaban a medias de hasta 15,3 veces el ebitda (resultado operativo bruto). Los precios de las renovables en España llegaron a ser un 50% más caros que el negocio de las redes eléctricas, que en su momento eran el objeto de deseo de los inversores. A partir de ahí, el boom de renovables provocó una saturación de proyectos que desembocó en otros problemas. Entre ellos, la canibalización de precios entre unos y otros proyectos para conseguir entrar en el mercado. El apagón del pasado año en España ha hecho el resto. Desde ese evento –que puso en la diana el exceso de renovables en el sistema–, se ha producido un cambio drástico en el mercado de transacciones. Los inversores prefieren ahora proyectos relacionados con las infraestructuras o proyectos híbridos (renovables más baterías), antes que simples proyectos eólicos o fotovoltaicos.

La Agencia Internacional de la Energía publicó ayer su análisis mensual sobre el mercado del petróleo, correspondiente a abril, y el balance sigue siendo demoledor. La guerra en Irán y el cierre del estrecho de Ormuz ha supuesto en marzo y abril una pérdida acumulada de suministro de los productores del Golfo de más de mil millones de barriles, el equivalente a 14 millones de barriles diarios de crudo (la producción mundial ronda los 100 millones al día). Una crisis de suministro sin precedentes ante la que el mundo está encontrando algunas alternativas de alivio: el resto de países productores está bombeando a toda máquina y los consumidores han ajustado la demanda. Es decir, los altos precios del petróleo y sus derivados están destruyendo demanda y forzando un menor consumo, lo que ayuda a rebajar el déficit de suministro y a aliviar, relativamente, el shock energético. Es la adaptación forzosa ante un conflicto que va a camino de su tercer mes y que ha puesto patas arriba las cadenas de suministro de energía a nivel mundial. Aun así, pese a los esfuerzos de abril –menos consumo y más producción fuera del Golfo–, la AIE advierte que el déficit de suministro se prolongará hasta el último trimestre de año, partiendo de un escenario en el que los flujos se reanudan de forma gradual a partir de junio. Y lanza una advertencia imposible de obviar para el más corto plazo. “Dado que las reservas mundiales de petróleo ya se están reduciendo a un ritmo récord, parece probable que se produzca una mayor volatilidad de los precios antes del pico de demanda del verano”, señala la AIE.

La alarma por el impacto de modelos de inteligencia artificial (IA) como Mythos, de la empresa Anthropic, está recorriendo las capitales europeas. La respuesta de la Unión Europea se queda corta para la magnitud del desafío de un sistema que detecta con precisión los puntos flacos de los sistemas de defensa o las infraestructuras. Especialistas y legisladores urgen a tomar medidas para reforzar la soberanía tecnológica europea. El mensaje desde las capitales europeas es claro: quieren que la UE esté mejor preparada —y no solo con una armadura legal, también con mayor soberanía tecnológica— ante los potenciales riesgos que suponen los nuevos modelos de inteligencia artificial (IA) como Mythos de la compañía Anthropic, procedente de un Estados Unidos que no hace más que presionar a Europa para que relaje o incluso elimine las normas con las que intenta poner coto y orden a las grandes plataformas, la mayoría estadounidenses. Pese a las voces de alarma que se han elevado hasta ahora, el nivel de respuesta europea de momento se queda corto para la magnitud del desafío de un modelo que detecta con precisión los puntos flacos de los sistemas de la defensa o las infraestructuras. La sensación de urgencia para que la Unión esté mejor parapetada ante los crecientes embates de estas empresas, apoyadas por Washington, no para de crecer: solo dos semanas después de que el Banco Central Europeo (BCE) desatara las alarmas al pedir a la banca planes de contingencia ante una tecnología como la de Mythos, capaz de detectar múltiples vulnerabilidades de sus sistemas más sensibles, ahora les urge a que se preparen también para potenciales “graves perturbaciones” provocadas con la ayuda del programa estadounidense o sistemas similares a punto de salir, como dijo ayer el vicepresidente del Consejo de Supervisión del BCE, Frank Elderson.

Kevin Warsh, el economista nacido en Albany (Nueva York) se dispone a ejecutar un “cambio de régimen” en la Fed, tal y como él mismo manifestó durante la audiencia pública en el influyente Comité Bancario del Senado, que tenía que avalar su nominación. A lo largo de su carrera, Warsh ha dejado un visible reguero de críticas hacia la organización y estrategia de la Reserva Federal. Con discursos bien armados, con toques literarios y frecuentes referencias históricas, ha lanzado dardos mordaces contra Powell y los funcionarios de la Fed. En un famoso discurso pronunciado en 2016, criticó el pensamiento grupal de economistas y bancos centrales por propiciar “políticas repetitivas, modelos equivocados y resultados económicos decepcionantes”. Citando a Copérnico y a Ptolomeo, escribió: “Las economías no mueren de vejez, mueren por errores de política”. Y agregó lo que es uno de sus mantras desde entonces: “Todos los modelos económicos están equivocados, pero algunos son útiles”. Conoce la institución. Fue gobernador entre 2006 y 2011 bajo la presidencia de Ben Bernanke. Entonces fue el enlace entre el banco central y Wall Street durante la crisis financiera de 2008, que colapsó el sistema financiero. Graduado en economía en Stanford y Harvard, trabajó como asesor financiero en Morgan Stanley, donde tejió una red de contactos en el exclusivo mundo de las altas finanzas neoyorquinas. 

Hoy, Xi Jinping llega a la reunión no solo ejerciendo como anfitrión, sino convencido de que China dispone de muchas más herramientas para resistir la presión y, en algunos sectores estratégicos, incluso para ganar el pulso a su homólogo norteamericano. Ya lo demostró plantándole cara cuando inició la guerra comercial. El inquilino del Zhongnanhai fue el único que plantó cara al de la Casa Blanca. Su as en la manga: las tierras raras que tanto necesita EEUU y de las que China controla alrededor del 70% a nivel mundial. La prioridad inmediata de Trump es económica. El presidente estadounidense llega presionado por la desaceleración de la economía, la persistencia del déficit comercial y el impacto político de la inflación sobre el votante estadounidense. La Casa Blanca quiere presentar esta reunión como una oportunidad para reducir tensiones comerciales y conseguir concesiones de Pekín. Entre ellas, mayores compras chinas de productos agrícolas –especialmente soja–, contratos para el gigante aeronáutico Boeing, más importaciones energéticas y, por supuesto, garantías sobre el suministro de tierras raras. El acceso a minerales críticos se ha convertido en una de las grandes obsesiones estratégicas de Washington. Además de la producción, China domina con una cuota de mercado superior al 90% el refinado y procesamiento mundial de estos minerales, esenciales para la industria de los semiconductores, baterías eléctricas para vehículos, Defensa e inteligencia artificial. Sin embargo, la gran contradicción de Trump es que necesita estabilizar la relación comercial con China al mismo tiempo que mantiene una estrategia de confrontación tecnológica. Washington no quiere que el gigante asiático acceda a chips avanzados, sistemas de inteligencia artificial, equipos de litografía de última generación o tecnologías militares sensibles. Precisamente, esa es una de las principales líneas rojas de Xi Jinping.