20260522

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día.

Petronor y O.C.O Technology, una empresa británica especializada en la captura y aprovechamiento de CO2, han inaugurado la primera planta de la Unión Europea para fabricar áridos sintéticos, unos materiales utilizados en la construcción que sustituyen a la grava y la piedra natural y que se obtienen a partir de residuos industriales tratados con dióxido de carbono capturado. La planta, ubicada en el muelle AZ1, tiene como objetivo «contribuir a la descarbonización del sector de la construcción», uno de los ámbitos con mayores emisiones de CO2 por su elevado consumo de cemento, áridos y materiales de origen fósil. El propósito de la instalación, sin embargo, es reutilizar residuos cuyo destino era el envío al vertedero para convertirlos en nuevos materiales de construcción, reduciendo así tanto las emisiones como la extracción de recursos naturales. La planta captura, por lo tanto, el CO2 que emite la refinería de Petronor en Muskiz y lo combina con cenizas procedentes de residuos industriales. Al entrar en contacto, el dióxido de carbono reacciona químicamente con estos materiales residuales, dando lugar a ári dos sintéticos con huella de carbono negativa que pueden emplearse en el sector de la construcción para fabricar hormigón, infraestructuras, obras de ingeniería civil y elementos prefabricados. El proceso reproduce de forma acelerada un fenómeno natural que, de otro modo, tardaría miles de años en completarse. El nuevo material resultante, que posteriormente se venderá a empresas constructoras, permite reducir la necesidad de extraer áridos naturales de canteras y montes, favoreciendo así la conservación del paisaje, al tiempo que convierte residuos destinados al vertedero en nueva materia prima para la construcción.

La diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, aprovechó la inaguración de la fábrica de ecoáricos para reivindicar el sistema foral y la reforma fiscal aprobada el año pasado como herramientas para atraer inversiones industriales vinculadas a la descarbonización. «El Concierto solo tiene valor si lo ponemos al servicios del modelo económico que queremos construir», defendió, en línea con el mensaje que ya lanzó la semana pasada en la asamblea de Cebek tras las críticas de su presidente, Guillermo Buces, por no estar aprovechando todo su margen fiscal y normativo para ganar competitividad en el territorio. «En Bizkaia, quien apuesta por la descarbonización encuentra las condiciones que lo facilitan», insistió Elixabete Etxanobe ante un nutrido grupo de empresarios. La diputada general puso así a Petronor como ejemplo de compañías «que no esperan, que van por delante en el proceso de descarbonización y leen la dirección hacia la que apunta Europa». El CEO de Petronor, Juan Ignacio Zudaire reparó en que esta nueva planta «muestra el atractivo de Bizkaia para la atracción de nuevos proyectos». También destacó el apoyo «serio» de las instituciones locales y europeas al proyecto, que cobra especial relevancia en un momento en el que Europa quiere impulsar la economía verde y circular para reducir la dependencia energética respecto a terceros países.

Mapfre tiene más de 300.000 clientes en Euskadi, una cuota de mercado que supera el 13% y una posición privilegiada para analizar la situación del sector asegurador, que atraviesa una demanda que crece con fuerza desde la pandemia. El nuevo responsable de la dirección regional de País Vasco y Navarra, Juan Vilda, confirma esa realidad en Euskadi. La compañía, como todas las aseguradoras, está en el foco del huracán por el apagón. El presidente de Mapfre, Antonio Huertas, confirmó el mes pasado que la empresa ha indemnizado a sus clientes en España con 14 millones y que, para evitar la prescripción de responsabilidades, ha reclamado al operador público, Red Eléctrica, y al Gobierno central sin prejuzgar responsabilidades. En cuanto al País Vasco, Vilda confirma que la preocupación de las empresas por el absentismo se traduce también en la demanda de seguros médicos. "... Desde luego, esa demanda existe y es uno de los retos que tenemos todos. Lo que estamos viendo aquí no escapa a la tendencia nacional y hay un incremento en la contratación de seguros médicos. En Euskadi hay una particularidad con el IMQ, que tiene una posición muy fuerte, pero aun así nosotros tenemos ya más de 27.000 asegurados en el País Vasco. – El seguro médico privado, al agilizar la atención y las pruebas diagnósticas, ¿es una medida para reducir el absentismo? – Una más, no diría la única. Es complementario a la sanidad pública y, más que de tiempos, es una cuestión de complementar coberturas. – Si una empresa le pide un seguro para cubrir el absentismo, ¿qué le diría? – Habría que analizarlo. Lo que tenemos aquí es una colaboración con Quirón y otras empresas auxiliares para todos los servicios de prevención. Pero para diseñar un producto asegurador hay que seguir una serie de pasos. Pero, desde luego, esa demanda existe..."

ELA se ha quedado sin delegados en la planta de Tubos Reunidos en Trapagaran. Los dos que resistían acaban de presentar la dimisión del comité. Cuando empezó el conflicto había seis, con lo que era la central con mayor presencia en la fábrica, pero cuatro salieron después de un duro choque con la dirección, a la que denunciaron públicamente por «totalitarismo» al no permitir someter el ERE a la votación de la plantilla. Ellos promovieron junto a CC OO y UGT una asamblea para someter a referéndum el ajuste laboral, que obtuvo un respaldo masivo del 96% de votos a favor del acuerdo. Finalmente se cambiaron a la central LSB-USO. Pero quedaban dos delegados de ELA que seguían en el comité de Trapagaran y estos son los que acaban de presentar la dimisión. Según explicaron en una comunicación, su decisión también obedece a desavenencias con la dirección, aunque a diferencia de los otros cuatro no se pasan a otro sindicato, sino que abandonan el comité de empresa. Tras estas marchas, en el comité de Tubos en Trapagaran ya no queda un solo representante de ELA. Ahora la central con más peso es LSB-USO, con los cuatro delegados disidentes de ELA. Le sigue Comisiones Obreras, con tres representantes; UGT, con dos; LAB con uno y luego hay otro independiente, que se marchó de ESK. Mientras, los ex delegados de ELA en Tubos Reunidos, ahora en USO, denuncian que "no nos han echado por “incumplir”, nos han echado por ser demócratas". Ver comunicado íntegro aquí. 

La start up donostiarra Multiverse Computing protagonizó ayer uno de los movimientos empresariales más relevantes de la misión comercial de España en Canadá, rubricando sendos acuerdos estratégicos con los gigantes tecnológicos norteamericanos Cohere y Coveo. La firma de estos memorandos de entendimiento (MOU) en Toronto no fue un mero trámite corporativo. El acto contó con el máximo respaldo institucional: la presencia del rey Felipe VI; el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y el ministro canadiense de Inteligencia Artificial e Innovación Digital, Evan Solomon. Una puesta en escena, impulsada por la Oficina de Comercio Exterior española (ICEX) y su homóloga canadiense, que vuelve a evidenciar que la tecnología de la empresa donostiarra ha trascendido el ámbito puramente comercial para convertirse en una herramienta de soberanía tecnológica y de Estado. En representación de la firma guipuzcoana, el documento fue rubricado por Samuel Mugel, cofundador, director técnico (CTO) y responsable de la oficina de la compañía en Canadá. «Canadá se está convirtiendo rápidamente en una potencia mundial, y estamos orgullosos de profundizar nuestra colaboración en la región», destacaron desde la tecnológica, remarcando la necesidad de asegurar «la competitividad y el desarrollo responsable de la IA en ambas regiones».

Tecnun, la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Navarra en San Sebastián, acogió ayer la reunión anual de su Consejo Asesor de Empresas, compuesto por directivos de 40 compañías e instituciones de Gipuzkoa y que está concebido como nexo de unión y de colaboración entre el mundo académico y el empresarial. El órgano analiza la formación que reciben los estudiantes de Tecnun para adaptar el perfil competencial de los jóvenes a las necesidades reales del territorio.

Sólo 6 de los 88 municipios que hay en Gipuzkoa tienen una tasa de paro igual o superior al 10%, según la estadística a cierre de abril publicada por Lanbide. Se trata de Zumarraga, Arrasate, Ikaztegieta, Irun, Eibar y Soraluze –ver mapa adjunto–, que según la misma fuente es la localidad guipuzcoana con el índice más elevado. Así, nuestro mercado laboral presenta una fisonomía de contrastes donde la estabilidad macroeconómica del territorio –con cifras casi récord de afiliación– convive con realidades municipales marcadamente asimétricas. Y las cifras de empleo se mantienen pese a un contexto de incertidumbre global y pérdida de competitividad de Europa que preocupa a nuestras empresas. Con una tasa media del 7,5% a cierre de abril, el territorio mantiene una sólida posición de conjunto, si bien los datos de Lanbide revelan una brecha estadística entre el pleno empleo técnico de las áreas rurales y las dificultades de adaptación de ciertos núcleos con fuerte tradición fabril. En este escenario, Soraluze encabeza la lista, lo que obliga a realizar una lectura profunda sobre la interconexión entre el crecimiento demográfico, la disponibilidad de vivienda y la necesaria actualización de los itinerarios de inserción laboral.

Los sindicatos presentes en Iberdrola plantarán cara la próxima semana a una negociación del convenio que arrastra 16 meses sin llegar a ningún acuerdo. Lo harán aprovechando la Junta de Accionistas que se celebrará el próximo día 29 en la sede de Bilbao. Antes del acto, y durante toda la semana, UGT y CCOO instalarán «dos centros de información» que permanecerán plantados frente a la Torre Iberdrola, de lunes a viernes, durante las 24 horas del día. Para el día 29, además, ELA ha convocado una huelga con la que quieren denunciar la pérdida de poder adquisitivo de la plantilla pese a los beneficios que acumula la empresa. La llamada de la central soberanista recogerá a los territorios de Bizkaia, Gipuzkoa, Álava y Navarra en una protesta para la que también ha llamado a participar a UGT y CCOO como sindicatos mayoritarios en la mesa negociadora a nivel estatal. Por su parte, UGT y CCOO han convocado el paro en toda España para el 19 de junio, cuando la eléctrica conmemorará oficialmente su 125 aniversario. Los sindicatos denuncian que la compañía ha rechazado «todas» las propuestas presentadas para garantizar una subida salarial en base al IPC, AENC e incrementos fijos. Los sindicatos califican la propuesta realizada por la empresa de «vergüenza» y subrayan que los salarios en Iberdrola están muy alejados de la propaganda que difunde la empresa cuando habla de retribuciones por encima de los 88.000 euros e incrementos de más de 5.000 anuales. Según explican, la plantilla de Iberdrola en España (más de 9.500 trabajadores de los que unos 1.800 están en Euskadi) ha recibido un incremento salarial del 2,8% desde 2021.

Inspección de Trabajo ha levantado un acta de infracción contra la empresa Ask Chemicals España SA por falta de medidas de seguridad. Según han trasladado desde CC OO, el informe emitido propone un recargo en las prestaciones a la Seguridad Social para varios empleados a los que ordenó una operación que califican «del todo insegura», y que derivó en una explosión que dejó cinco trabajadores heridos, con quemaduras muy graves, en la localidad vizcaína de Zierbena. El siniestro se produjo en septiembre del año pasado, dentro de las instalaciones dedicadas a la producción y comercialización de productos para el sector de la fundición, mientras el personal vaciaba un depósito móvil en el cuál ya se había producido una primera explosión la noche anterior. Se trataba de un depósito en el que se habían mezclado varios productos inflamables como magnesio y polvo de aluminio. Inspección de Trabajo constató más tarde que la empresa había encargado a los trabajadores el vaciado del depósito en contra de lo que ordenan los preceptos legales de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales del Real Decreto 681/2003 que protege ante atmósferas explosivas, así como del 374/2001 que aborda los agentes químicos.

Bizkaia vuelve a sacar partido a su tirón turístico. Tras un inicio de año en el que el sector mostró algunos síntomas de ralentización –en febrero, por primera vez en meses, se registraron menos visitantes que un año antes–, el territorio sigue pulverizando sus propios récords. Las entradas en los hoteles de la provincia continúan siendo las que más crecen en el País Vasco, hasta firmar un abril nunca visto, con 164.701 clientes, casi 5.500 reservas cada día. El aumento, según los datos publicados ayer por el Instituto Vasco de Estadística, fue de un 7,4% con respecto a las mismas fechas de 2025, frente al 4% que creció el turismo en Gipuzkoa y al 1,1% de Álava. Bizkaia se consolida, además, como el principal destino de quienes visitan Euskadi, acaparando cerca de la mitad de los clientes en este tipo de establecimientos. Es cierto que los datos de abril hay que analizarlos con ciertas reservas, puesto que fue un mes marcado por la Semana Santa, temporada alta. Sin embargo, lo que se refleja en el balance del Eustat es que el notable incremento de clientes en los establecimientos vizcaínos no tuvo tanto que ver con el periodo festivo. Ese mes se hospedaron en los hoteles del territorio casi 11.400 personas más que en las mismas fechas de 2025. Pero no puede achacarse a la coincidencia con el periodo vacacional porque, un año antes, los festivos también fueron en abril.

Entre esas razones para evitar alojarse en Donostia está el precio por noche de los hoteles. La tarifa media diaria ascendió en abril hasta los 144,3 euros, un 10% más que un año antes. En el área metropolitana de Donostia es de 66 euros; en la costa, de 91,3 euros; y en el interior, de 79,2 euros. La Semana Santa de este año han reforzado una tendencia que cada vez se observa más en el territorio y que tiene que ver con el lugar que eligen para su alojamiento los visitantes que llegan del resto de España y los internacionales. Y es que en abril, la mitad de los visitantes llegados del resto del Estado evitaron alojarse en la capital guipuzcoana, mientras que de todos los extranjeros que aterrizaron en el territorio, tres de cada cuatro pernoctaron en San Sebastián. La estadística refleja que dos de cada tres turistas que llegan a Gipuzkoa se alojan en San Sebastián, alrededor del 67% del total. Atendiendo a los datos de abril, Donostia registró la entrada de 93.356 visitantes –según los datos del Eustat–. De ellos, algo más de 61.000 llegaron del extranjero. Los estatales fueron algo más de 32.000. En el conjunto de Gipuzkoa, de los casi 147.000 turistas de abril, 81.472 fueron llegados desde el extranjero y 65.452 lo hicieron del Estado. Esa casuística no se repite en otros territorios. En Bizkaia, el 56,9% de los turistas estatales que llegaron en abril se alojaron en Bilbao; mientras que en Álava el 76% lo hizo en Vitoria.

La Comisión Europea ve a España como una auténtica locomotora económica. Bruselas hizo ayer públicas las cifras de su habitual ejercicio de análisis, una actualización especialmente vigilada porque por primera vez recoge el impacto de la crisis de Oriente Medio sobre la economía del bloque comunitario. Pese a ello, la institución sorprendió al revisar al alza el crecimiento de España para este año en una décima. Esto supone que, de cumplirse las estimaciones, la economía española avanzaría un 2,4% frente al 2,3% publicado la última vez que el Ejecutivo comunitario actualizó sus proyecciones macroeconómicas, en otoño del pasado año. Según detalla la Comisión Europea, el crecimiento está favorecido por un fuerte efecto de arrastre de la actividad económica a finales de 2025, un impulso que se modera después y que lleva el crecimiento de 2027 más bajo y recortado en una décima respecto a las previsiones de otoño. La Comisión indica que el país se beneficia del fuerte descenso del desempleo, que por primera vez desde 2008 caería por debajo de la cota del 10%. Además, mantiene la expectativa de que la deuda pública caiga por debajo del 100% del PIB por primera vez desde 2019 al situarse en el escenario base en el 99,6%.“La alta penetración de energías renovables en la Península Ibérica actúa como un amortiguador, haciendo que los precios eléctricos dependan menos de las fluctuaciones de los combustibles fósiles en comparación con la media europea”, aseguran los expertos de la Comisión. De hecho, Bruselas destaca que, en lo que va de 2026, el gas fija el precio marginal de la electricidad en España solo el 15% de las horas, una cifra muy inferior a países como Italia (casi 90%) o Alemania (40%).

De hecho, si los índices PMI estimaban en abril un retroceso del PIB del 0,1% en el segundo trimestre, los indicadores apuntan ya a una contracción del doble. “Los datos de la encuesta indican que la economía de la zona euro probablemente se contraiga en un 0,2% en el segundo trimestre”. Con EEUU e Irán inmersos en un tira y afloja negociador que no acaba de fructificar, el deterioro de la actividad económica internacional por la crisis en Oriente Próximo es cada vez más pronunciado, especialmente en Europa, donde el fuerte aumento del precio de la energía y las materias primas (petróleo, gas, fertilizantes…) está pasando ya una abultada factura a la economía del bloque, además de encapotar sus perspectivas a corto y medio plazo. De hecho, Bruselas recortó ayer en tres décimas, al 0,9%, sus previsiones de PIB en la eurozona para 2026, evidenciando la enorme vulnerabilidad económica del bloque por su gran dependencia energética del exterior. Esas perspectivas pesimistas son el reflejo del más que notable declive que sufre la actividad desde que estalló el conflicto a finales de febrero y que, como una bola de nieve, ha ido creciendo en los últimos meses, empujando cada vez con más fuerza a la economía a terreno de contracción. Si el diagnóstico que los indicadores mostraban en abril ya era preocupante, las señales de mayo corroboran el rápido empeoramiento. El avance del índice PMI Compuesto de Actividad Total de la Zona Euro publicado ayer por S&P Global, que toma la temperatura de la evolución tanto de la industria como de los servicios, se ha hundido a los 47,5 puntos en mayo, 1,3 puntos menos que en abril y su registro más bajo en 31 meses.

Las reservas de petróleo no son infinitas. La cuestión es si la presión de la demanda sobre el suministro mientras las reservas de crudo se agotan sobrevivirá al aumento de los viajes en verano, en un contexto marcado por los elevados precios que dictan las reglas del juego del mercado desde el cierre del estrecho de Ormuz. El verano será así la prueba de fuego. «Normalmente, la demanda y el consumo de petróleo aumentan. Entonces, con estos dos factores, las reservas se están agotando, no llega petróleo nuevo de Oriente Próximo y la demanda está aumentando», explicó este jueves el director de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, en un evento en París. «Esto puede ser complejo y podemos entrar en la zona roja en julio o agosto si no mejora la situación», advirtió. A pesar de que el organismo internacional ha puesto en marcha medidas para aliviar a los mercados, como la liberación de reservas o la publicación de recomendaciones para los distintos sectores económicos, Birol sostuvo que la solución pasa por la reapertura del estrecho de Ormuz: «Si no se abre, estas reservas que tenemos se agotan. Si tienes dinero en el bolsillo y no tienes ingresos, puedes gastar, gastar y gastar, pero eso tiene un límite. Estamos llegando al final».

Airbus, con 2.500 millones; BAE Systems, con 1.250 millones; y Thales, con 800 millones, lideran el pago de dividendos de los grupos europeos, que elevan un 20% la retribución. El auge del sector de la Defensa en Europa está disparando la cuenta de resultados y engrosando la cartera de pedidos de las grandes compañías de la industria, gracias a los nuevos programas militares, pero también los ingresos de los inversores en estas empresas a través de millonarios dividendos. En España, Indra ha elevado la remuneración a sus accionistas en un 20% en términos interanuales. En concreto, el próximo 9 de julio repartirá 0,3 euros por acción, frente a los 0,25 euros que abonó con cargo a los resultados de 2024. A pesar del fuerte incremento porcentual, la tasa de reparto de dividendos sobre las ganancias netas distribuibles –payout– en 2025 será del 34,4%, dos puntos porcentuales menos frente al 36,4% del ejercicio previo. En total, distribuirá casi 53 millones de euros entre sus inversores, muy lejos de los importes que repartirán las grandes compañías europeas de Defensa. A pesar de que el importe es menos significativo, la subida de la remuneración al accionista es notable. Indra retomó el pago de dividendos en 2022, tras una travesía por el desierto que se prolongó durante siete años, dado que no hubo dividendo con cargo a los ejercicios entre 2014 y 2020. Desde que se recuperó la remuneración, ha estado congelado en 0,25 euros por acción en los tres últimos ejercicios. Este cambio en la dinámica del dividendo de Indra ha llegado acompañada de un aumento sin precedentes –tanto en volumen como en cuantía– de los contratos concedidos a la compañía por parte del Ministerio de Defensa.

El Gobierno dio ayer el primer paso para lanzar los 10.000 millones de euros en nuevos programas de defensa que necesita para superar el 2% del PIB y llevar el gasto en defensa a su mayor cota en 30 años. Industria publicó ayer los borradores de los primeros decretos mediante los que concederá los préstamos que pondrán en marcha los PEM (Programas Especiales de Modernización) de este año. Este pago adelantado permite a las empresas financiarse y asumir las inversiones hasta comenzar a cobrar por los contratos adjudicados por Defensa. El ministerio dirigido por Jordi Hereu sacó a consulta tres decretos. El primero de ellos dirigido específicamente a Navantia y otros dos que están orientados a «varias empresas», que no se detallan aunque por las descripciones de programas es seguro que varios irán a Indra. El decreto de Navantia se centra especialmente en la modernización de varios barcos y el desarrollo de nuevas tecnologías, entre ellas la contribución española al programa de corbeta europea. También se modernizarán los buques cazaminas y otras unidades de flota de la Marina. El segundo de los decretos incluye otra modernización, esta vez del Eurofighter, así como varios programas que podrían ser adjudicados a Indra como la adquisición de capacidades de mando y control o el desarrollo y producción de drones y medidas contradrones.

Euskadi y Navarra quedan fuera del reparto por su singularidad foral. Pese al rechazo que han venido expresando los representantes autonómicos del Partido Popular a la composición y el despliegue de los fondos que establece el plan, por considerar que vulnera competencias, ninguno de ellos votó finalmente en contra de la recepción de estos fondos. Superado ese trámite, el programa se pone en marcha y ahora cada territorio deberá firmar un convenio bilateral con el Estado. Quienes den pronto este paso podrán disponer de los fondos a partir del segundo semestre del año, según el compromiso que adquirió en su día la ministra. la distribución de los 7.000 millones de euros de los que se compone el plan estatal —que supera ampliamente los fondos del anterior para 20222025— no requería, formalmente, de un resultado mayoritario (ni simple, ni unánime) de la votación. Bastaba con que aquellas comunidades que se mostrasen favorables a recibir su parte correspondiente acordasen la forma de hacerlo. Sin embargo, como defendió la ministra, la voluntad de su departamento ha sido la de alcanzar “consensos” que permitieran un despliegue conjunto de los fondos por todo el país.

El grupo automovilístico Stellantis, propietario de una constelación de marcas como Fiat, Jeep, Citroën, Peugeot, Chrysler, Alfa Romeo o Maserati entre otras, dio un golpe de timón en la puesta de largo del nuevo consejero delegado, Antonio Filosa. El italiano de 52 años presentó ayer en Auburn Hills, la imponente sede del grupo a unos kilómetros de Detroit (Michigan), el nuevo plan estratégico con el que prevé invertir unos 60.000 millones de euros hasta 2030 para ampliar su gama de vehículos, reordenar su ecosistema de marcas globales y regionales y, sobre todo, mejorar la eficiencia de su producción, reduciendo el tiempo de desarrollo de vehículos, en un sector donde el ahorro de costes se ha convertido en un mantra. El plan estratégico contiene un importante repliegue en Europa, donde reducirá su capacidad de producción un 17%, y una apuesta en Estados Unidos, donde el veto a los coches chinos y una legislación más favorable, con menos exigencias ambientales, ofrece una gran oportunidad al sector. Subido al escenario, con una gran pantalla en la que se proyectaban las cifras del plan, detalló que espera que los ingresos en Estados Unidos crezcan un 25%. En este mercado, espera lanzar siete nuevos modelos por debajo de 40.000 dólares y otros dos por menos de 30.000 dólares. En Europa proyectó que la facturación avanzaría de forma más modesta, un 15% en los próximos cinco años.

El difícil momento que atraviesa el sector aéreo, atenazado por la fuerte subida del precio del queroseno tras el ataque de Estados Unidos a Irán, que se inició el pasado 28 de febrero, ha impactado de lleno en el equilibrio de la aerolínea Plus Ultra, en entredicho por la causa abierta en la Audiencia Nacional sobre su rescate con dinero público en 2021. En este sumario se investiga la supuesta intermediación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en esa operación, así como el destino final de la financiación recibida para amortiguar el golpe de la pandemia. La empresa viene avisando desde primeros de año a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que es quien otorgó los créditos, de las dificultades para cumplir con el plan de viabilidad que comprometió para acceder a 53 millones de euros del rescate. La dirección de Plus Ultra estaba en plena negociación tanto del calendario de pagos como del plan de viabilidad que lleva aparejados la financiación pública (para garantizar la devolución de los fondos) cuando el martes saltó la imputación de Rodríguez Zapatero por tráfico de influencias, organización criminal y falsedad documental en el marco de la asistencia a la aerolínea. Con la línea Madrid-Caracas cerrada durante semanas; la posterior clausura de la conexión entre Madrid y La Habana, y la presión de la factura del combustible, que se ha incrementado más de un 115% desde finales de febrero, la senda prevista por la compañía aérea ha saltado por los aires. Se da por descontado que la SEPI va a fijar hitos de amortización más cómodos frente a los inicialmente previstos, el incumplido en marzo para los 19 millones de crédito ordinario, y el de marzo de 2028 para los 34 millones de préstamo participativo. La actual incertidumbre que pesa sobre el transporte aéreo no facilita el diseño del plan operativo que consolide a Plus Ultra en beneficios.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ordenó ayer el bloqueo de las cuentas bancarias propias de José Luis Rodríguez Zapatero y de los depósitos a nombre de sus dos hijas en los que el expresidente aparece como «autorizado». Calama –según fuentes del caso– dio instrucciones para congelar activos «hasta el límite de 490.780 euros, que es el importe recibido de la sociedad Análisis Relevante», la empresa de Julio Martínez Martínez, amigo del expresidente, y que supuestamente habría sido utilizada para encubrir presuntas mordidas. Ese mismo día, el instructor también congeló las cuentas de varias de las mercantiles investigadas en la causa por el rescate de Plus Ultra, además de levantar el secreto de las actuaciones, citar al exmandatario socialista para declarar como investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales y autorizar registros en varios puntos clave para la investigación. La decisión de paralizar los depósitos del exdirigente socialista se enmarca en la causa que examina si la ayuda de 53 millones de euros concedida por el Gobierno de Pedro Sánchez a la aerolínea durante la pandemia estuvo precedida de una red de intermediaciones, contratos de asesoría y pagos que habrían acabado beneficiando al entorno del exjefe del Ejecutivo. La medida cautelar no solo busca asegurar posibles responsabilidades económicas, sino también impedir que los fondos puedan moverse a otras cuentas, diluirse entre sociedades o quedar opacados dentro del entramado financiero que investiga la Audiencia Nacional.

Los bancos y los Estados miembros de la Unión Europea aprietan para que la ola de simplificación en la que se encuentra inmersa la economía europea llegue cuanto antes al sector financiero. La Comisión Europea, que no había situado a este sector entre sus prioridades, parece haber recogido el guante y comienza a acelerar los tiempos previstos. El Ejecutivo comunitario trabaja ahora mismo en la publicación de su informe de competitividad del sector bancario. Se trata de un documento que analizará el contexto en el que operan las entidades y las causas de la brecha en su rendimiento respecto a sus competidores en otras regiones como Estados Unidos. Para su elaboración, el departamento dirigido por Maria Luís Albuquerque, la comisaria europea de Estabilidad Financiera, Servicios Financieros y Unión de los Mercados de Capitales, abrió una consulta pública hasta el pasado 19 de abril con el objetivo de que supervisores, entidades y otras partes interesadas aportaran su visión. Las autoridades y los bancos europeos consideran este informe como el primer acercamiento a la reforma bancaria. Es una evaluación sobre el punto de partida que, junto con las recomendaciones del Banco Central Europeo y de la Autoridad Bancaria Europea, permitirá señalar qué debe reformarse para impulsar al sector sin debilitar su resistencia. Inicialmente, la Comisión Europea barajaba terminar el documento en septiembre, pero fuentes comunitarias aseguran que la intención ahora es dejarlo listo en julio, antes del parón veraniego de las instituciones.