20260528

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día.

Rueda de prensa de Adegi en la previa a su asamblea general de hoy. El 29,5% de las empresas industriales percibe sus mercados en recesión tras una caída de facturación del 1,4% en el inicio de 2026. Con un 40% del sector reportando pedidos débiles, el 19,5% de las firmas ya prevé reducir su plantilla, alcanzando los peores registros desde 2021. Esta inestabilidad se agrava por los costes de energía y materias primas, que preocupan a una de cada dos compañías. La situación es preocupante en subsectores como la automoción y la maquinaria. La facturación disminuye para el 50% de los negocios del subsector de maquinaria, según la Encuesta de Coyuntura de Adegi. Su presidenta, Isabel Busto, ha asegurado que "los datos confirman una realidad que las empresas vienen percibiendo desde hace meses: un deterioro progresivo de la situación económica y un aumento claro de la incertidumbre...La industria, que es el motor de nuestro territorio, es la que más está acusando esta situación. La caída de la facturación, el debilitamiento de la cartera de pedidos y el aumento del pesimismo están afectando de forma intensa a sectores estratégicos como el de maquinaria y equipo, clave para nuestra economía y nuestra capacidad exportadora. Estamos, por tanto, ante un cambio de clima económico..."  Ver más en Adegi aquí. 

Las empresas de Gipuzkoa, especialmente las del sector industrial, enviaron ayer un mensaje de inquietud y pesimismo. Aunque la fotografía general es positiva en términos de empleo, hay síntomas en la cartera de pedidos y en la facturación de las compañías que avisan de un cambio de viento por culpa de la incertidumbre. Por eso, una de cada cuatro considera que sus mercados están en recesión y retrocede la cifra de las que señalan una reactivación, los peores guarismos desde abril de 2021 y septiembre de 2020, respectivamente. Son las principales conclusiones que se extraen de la tradicional Encuesta de Coyuntura que Adegi presentó ayer en San Sebastián de la mano de su presidenta, Isabel Busto; su director general, José Miguel Ayerza, y su responsable de Competitividad, Patxi Sasigain. Una jornada que suele servir para conocer la fotografía de la situación empresarial y que actualmente emite señales de cierta debilidad. Por lo tanto, la incertidumbre no es un concepto abstracto en los consejos de administración de Gipuzkoa, sino un factor de parálisis que condiciona de forma directa cada decisión de inversión y contratación. En una economía con una vocación exterior tan marcada, la falta de visibilidad en los mercados internacionales actúa como un freno silencioso: cuando el horizonte se empaña por tensiones geopolíticas y costes operativos descontrolados, la audacia empresarial deja paso a la prudencia defensiva. El mensaje que emite el tejido productivo del territorio no es un grito de alarma, tal y como subrayaron Busto y Ayerza, pero sí una seria «advertencia» de cambio de ciclo. 

Un llamamiento a «abrir los ojos». Esa es la principal conclusión del coloquio con el que Borja Zarraga, director general de Haizea Wind, congregó ayer a los principales directivos del territorio en una nueva edición del Foro Empresarial de Álava. En un momento en el que Haizea se ha hecho con una cuota de mercado que supera el 10% a nivel global, Zarraga alertó de la «ventaja» que, como en tantos otros sectores, ostenta China. La potencia asiática «crece con una capacidad inimaginable» y se suma a una Europa asolada por tres frentes. En el político, Estados Unidos parece haber abandonado su apoyo tradicional al Viejo Continente. En el energético es Rusia quien le ha hecho ‘un siete’ al club de los 27. China es quien está devorando a Europa en el plano económico. Tres «monstruos» unidos en una suerte de can Cerbero que están complicando el futuro a la industria en general, y a la eólica en particular. Zarraga no tuvo reparos en hablar de «dumping» al referirse a la competencia asiática. El consejo directivo de Haizea Wind recibe semanalmente una actualización de los precios del acero, un producto clave para la industria eólica. «Es nuestra Biblia», llegó a bromear el ejecutivo. La semana pasada, la tonelada de ese metal se vendía a 1.200 euros en Estados Unidos, a 800 en Europa y a 400 en China. Las medidas para proteger al mercado europeo están permitiendo que ese producto no entre en las factorías locales, pero sí se está usando en el Extremo Oriente. Y los monopiles ‘made in Europe’ sí tienen que competir en el mercado mundial con los chinos, que ya copan el 50% de este negocio. Un 38%, de hecho, con empresas de Pekín desconocidas, de las que la mejor consultora del sector (Wood MacKenzie) sólo ha sabido apuntar su origen, no su identidad. Ante esta tesitura, Zarraga hizo un llamamiento a «abrir los ojos» frente a esta realidad. «Quiero pensar que Europa va a tener una ‘wake-up call’, una llamada a despertarse. Si no, nuestro futuro va a ser complicado».

La industria europea de automoción se está transformando a pasos agigantados, y a la transición eléctrica promovida por las autoridades europeas ahora se le ha sumado el reto de competir con los fabricantes de vehículos y componentes chinos, cuya irrupción en el mercado europeo ha encendido las alarmas de los grandes agentes del sector. En este contexto, el consejero de Industria del Gobierno vasco, Mikel Jauregi, defendió ayer la «necesidad» de que las empresas automovilísticas chinas que lleguen al mercado europeo «tengan una transferencia tecnológica, empleado s locales y que fabriquen con componentes europeos». Así lo subrayó Jauregi, quien inauguró ayer la sesión plenaria de la Automotive Regions Alliance (ARA), que reúne a regiones con fuerte presencia de la industria de la automoción, celebrada en la sede de AIC-Automotive Intelligence Center, en Amorebieta. Un encuentro en el que también estuvo presente la presidenta de Navarra, María Chivite, quien hace poco anunció la llegada de la china Hithium a su comunidad, un proyecto que contempla una inversión de 400 millones para una fábrica de baterías chinas, y al que también aspiraba Euskadi. Sea como sea, en la reunión de ayer se aprobó la ‘Declaración de Bilbao’, una posición política conjunta que apoya la introducción de requisitos ‘Made in Europe’, «siempre que sean específicos, proporcionados y sólidos, ofrezcan seguridad jurídica y eviten cargas indebidas para las pymes y las cadenas regionales de suministro». En este sentido, Jauregi recalcó que «existe una clara disposición de que los coches chinos que se fabriquen en Europa cuenten con entre un 60% y un 70% de componentes fabricados en Europa». Asimismo, destacó que la intención de las regiones europeas es que «las condiciones sean idénticas a las que los chinos imponían a las empresas europeas cuando iban a China».

Lukas Asset Management, el family office de los herederos de Theo Albrecht (uno de los fundadores de Aldi), está en conversaciones en exclusiva para la adquisición de una participación minoritaria, de alrededor del 20%, en el accionariado de Salto Systems, grupo vasco que es líder mundial en cerradura electrónica y sistemas de control de acceso, según varias fuentes del mercado consultadas. La eventual operación corporativa se produce después de que un grupo de accionistas que suman algo más del 35% en el accionariado de Salto activase un proceso competitivo para explorar su salida del capital de la empresa y materializar las plusvalías que les ha generado el acelerado crecimiento del grupo en los últimos años. Lukas AM ha resultado vencedor de la subasta tras presentar una oferta que valora el 100% de la compañía en más de 1.500 millones de euros, según coinciden varias de las fuentes consultadas. Su propuesta supera a las que habrían realizado Corporación Financiera Alba, el hólding inversor de la familia March; y Temasek, el hólding estatal de Singapur. En torno al 60% de Salto Systems está controlado por los fundadores y el equipo directivo del grupo. Su intención era la de encontrar uno o dos inversores financieros nuevos que releven a los actuales y seguir al frente de la empresa. Los accionistas que ahora exploran su salida son la gestora española de capital riesgo Alantra; la paneuropea Peninsula Capital; el family office francés Florac, de la familia Meyer; y el hólding belga Sofina, vinculado a la familia Boël, entre otros minoritarios. La mayoría de estos inversores entró en Salto en la ampliación de capital de 2020 para adquirir su competidor austriaco Gantner Electronics. En aquella operación Salto Systems ya se valoró en 800 millones de euros y su precio actual se habría multiplicado, al menos, por dos.

Cambio de tendencia en el mercado hipotecario de Euskadi. Si hasta diciembre de 2025, el número de hipotecas firmadas había crecido durante 16 meses consecutivos (comparándolo siempre con el mismo mes del año anterior), y el último año cerró con registros inéditos desde la burbuja inmobiliaria –se firmaron 25.505 hipotecas–, lo cierto es que el comportamiento durante este inicio de año está siendo completamente distinto. Según los datos publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en marzo se firmaron 1.919 hipotecas sobre viviendas en Euskadi, lo que se traduce en un descenso del 12,3% respecto al mismo mes del año anterior. De tal forma, Euskadi firma tres meses consecutivos de caídas interanuales y cierra el primer trimestre del año con 5.890 pólizas, es decir, un volumen un 7,5% inferior al del 2025 a estas alturas. Es una evolución que contrasta completamente con la registrada en España, donde los préstamos crecen un 9,7% hasta marzo, sumando así 21 meses al alza. En el caso del País Vasco, Laura Martínez, portavoz del comparador hipotecario iAhorro, defiende que esto «no se trata de una caída, sino más bien de una corrección». Y es que la actividad durante el año pasado fue especialmente elevada, mientras que los volúmenes actuales casan más con los observados en 2024, 2023 o 2022. «En algunas comunidades como Euskadi ya se ha llegado al tope», señala.

Si hace poco Eroski mostró su mejor sonrisa de cara al exterior gracias a unos muy buenos resultados, apoyados por fin en una situación financiera completamente controlada tras años de estar pendiente del pasivo, ahora la firma de distribución pilotada por Rosa Carabel sonríe también hacia adentro. Un gesto tan importante o más que el primero, dada su esencia cooperativa. Y es que la empresa va a volver a pagar los retornos a sus 8.336 socios (unos 1.700 guipuzcoanos) después de no hacerlo desde el ejercicio 2010, cuando ni la abultada deuda ni los resultados permitían abonar lo que en una empresa de capital sería lo más parecido a un dividendo. Una decisión, cabe recordarlo ahora, que tomaron los propios socios dada la tesitura de la empresa y que incluso, en los años más complicados, cuando se registraron pérdidas, se acompañó de un apunte individual negativo, que restaba una pequeña cantidad a cada uno. Pero hoy los números y la realidad de Eroski son bien distintos. La compañía de Elorrio celebra esta mañana su Asamblea General Ordinaria en la que unos 500 socios en representación del conjunto de sus compañeros-propietarios someterán a votación varios aspectos, uno de los más relevantes será el regreso a la vida de lo que los trabajadores de Eroski entienden como su ‘cartilla’, la cuenta en la que –cuando se puede– se va apartando una parte de las ganancias y que ellos llaman coloquialmente la ‘caja del muerto’; una hucha que sólo se puede retirar en caso de jubilación o de abandono de la empresa.

Red Eléctrica retomará de manera inminente los trabajos de perforación para construir la parte terrestre del futuro cable submarino con Francia, un proyecto de más de 3.000 millones de euros que sufrió una paralización parcial hace cuatro meses a raíz de unos vertidos a los acuíferos de la zona de Gatika y Maruri. La compañía reanudará la excavación de tres pasos subterráneos que son vitales para llevar la futura conexión eléctrica desde la conversora de Gatika hasta la conexión en el mar, a la altura de la inconclusa central nuclear de Lemoiz. Las obras de cuatro de los siete pozos previstos fueron detenidas por orden de la Agencia Vasca del Agua (URA) en febrero pasado tras un nuevo derrame de una especie de arcilla (bentonita) a los cauces de la zona. Una contaminación que ha causado mucha preocupación y movilización entre los vecinos del entorno, además de derivar en varios expedientes sancionadores que se han saldado con un castigo económico para la compañía o sus subcontratas de algo más de 20.000 euros. La vuelta al tajo en estos agujeros que se están excavando para llevar el cable hasta el mar (el tramo será soterrado y contará con una longitud de 13 kilómetros) será autorizada «en breve» por parte de URA, según dio a conocer ayer su director general, Asier López Etxebarria, en un acto conjunto desarrollado con Red Eléctrica. Este responsable afirmó que el proyecto de conexión eléctrica con Francia es estratégico para Euskadi, pero que su desarrollo no es incompatible con la conservación del entorno.

El Gobierno Vasco ha activado este miércoles Lanera, una red de ochenta empresas que buscan poner en marcha una vía de colaboración para fomentar el uso del euskera y dar un "salto cualitativo" en el uso de esta lengua en el mundo laboral. El acto oficial de la fundación de Lanera ha tenido lugar en el Parque Tecnológico de Araba con una jornada que ha servido para abrir "un primer espacio para crear relaciones entre empresas, identificar necesidades y poner en marcha futuras líneas de colaboración". "El futuro del euskera no se decide sólo desde la administración. Se construye día a día: en el ocio, en el deporte, en casa... y en el trabajo. Por eso, el compromiso de las empresas por el futuro del euskera es imprescindible", ha señalado el su discurso de apertura, el viceconsejero de Política Lingüística, Aitor Aldasoro. El proyecto Lanera tiene una mención especial dentro del Plan Estratégico del Euskera, que está dividido en cuatro grandes ejes: conocimiento, uso, prestigio y datos. Lanera se sitúa en los dos primeros y nace para llevar el euskera a todos los ámbitos, especialmente, al laboral. Para ello, el proyecto tiene tres pilares fundamentales: "inserción del euskera en el mundo laboral, refuerzo de las redes de colaborativas y activación del liderazgo institucional compartido". Ver nota Gobierno Vasco aquí. 

Juan Carlos Benito-Butrón Ochoa sustituirá a Garbiñe Biurrun en la presidencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV). Benito-Butrón, que no pertenece a ninguna asociación judicial y acumula una experiencia de dos décadas como magistrado especialista en el ámbito laboral, fue elegido ayer por el pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La magistrada Garbiñe Biurrun, que ingresó en la carrera judicial en 1987, lideraba la Sala de lo Social desde 2009, cuando sustituyó a Manuel Díaz de Rábago. Desde entonces ha ganado siempre las elecciones. Miembro de Jueces por la Democracia, ha tenido que lidiar con un aumento importante de la litigiosidad en materia laboral por efecto de la crisis financiera y los sucesivos choques económicos. Protagonizó roces con el mundo empresarial, que ha criticado algunas de sus sentencias.

Las patronales, los sindicatos y el resto de organizaciones de la sociedad civil que integran el Consejo Económico y Social (CES) han advertido conjuntamente en su memoria de 2025, presentada ayer, que el robusto crecimiento de la economía española no se ha traducido en los últimos años en una mejora del bienestar social debido principalmente a dos problemas: la vivienda y el coste de la vida. «Aquel puente que existía entre crecimiento y bienestar se ha roto, principalmente por dos motivos: uno es la vivienda, que se come, viendo los datos de precios de alquiler y de compra, toda la mejora de los salarios reales y del empleo. El otro es el coste de la vida, especialmente de aquellos bienes y servicios que han quedado congelados arriba tras la etapa anterior de inflación y que no bajan», explicó en rueda de prensa Antón Costas, presidente del CES, quien ha apuntado que «probablemente en muchos mercados de bienes y servicios tenemos un problema de competencia», una idea que no figura en el documento. Respecto al primero de ellos, la vivienda, «un agujero negro», Costas alertó de que si no se consigue avanzar en la flexibilización de la regulación para tener suelo disponible y licencias de forma más rápida, es muy difícil que aumente la oferta de vivienda, aunque a corto plazo mencionó algunas «medidas paliativas» que podrían mejorar la situación. Entre ellas señaló las incluidas en el decreto ley de precios en zonas tensionadas o el avance en el parque público de vivienda social en alquiler, que en los últimos años ha alcanzado las 20.000 viviendas. «Es un problema de intensidad excepcional, nos ha cogido a todos sin preparar. Lo único bueno es que como novedad ahora hay una mayor concienciación política de que esto es un reto fundamental», apuntó.

En plena coyuntura de bonanza económica y de crecimiento sostenido del empleo, el estancamiento de la productividad supone uno de los principales retos. En los últimos años se aprecia un cambio de tendencia que está permitiendo combinar el avance del PIB, con un aumento de trabajo y con mejoras de la productividad, si bien este indicador muestra mejoras contenidas. España registró un crecimiento interanual del 3,1% en el primer trimestre. En este mismo periodo, la ocupación creció un 2,4% y las horas de trabajo un 2,05%. En este sentido, según recoge el Observatorio de la Productividad y la Competitividad en España elaborado por la Fundación BBVA y el Ivie, el buen funcionamiento del mercado laboral explica un 46,7% del crecimiento, mientras que el positivo comportamiento de la inversión, que creció un 5,4% entre enero y marzo, fue responsable del 25,4% de la expansión económica. Aquí, los expertos ponen en valía el hecho de que el 28% del crecimiento corresponda al avance de la productividad total de los factores, que registró un aumento del 0,9% en los tres primeros meses del año, cifra similar a la productividad por hora trabajada que avanza el 1,04% en el mismo periodo. Ambos indicadores, pese a ser positivos representan incrementos de menos de la mitad que el ocupación o las horas de trabajo y una tercera parte del PIB. Por su parte, la productividad del capital aumentó a una tasa ligeramente superior a la del trimestre anterior (0,7% frente a 0,6%). Sin embargo, en los últimos tres trimestres se observa cierta moderación en la dinámica virtuosa de 2024, que se mantuvo los dos primeros trimestres de 2025, cuya principal fuente de crecimiento era la mejora de la eficiencia, contribuyendo con más del 40%.

La diferencia se explica por el peso del empleo a tiempo parcial. Los empleados en España trabajan un promedio de 36,3 horas semanales, según los últimos registros distribuidos por Eurostat. Esta marca, correspondiente a 2025, mantiene a España por encima del promedio europeo, de 35,9 horas, y muy lejos de los países en los que, de media, menos horas se trabajan. En esa posición están algunos de los Estados más avanzados del continente, el reverso de los que más horas echan, con tejidos productivos menos desarrollados. Las jornadas más cortas son las de Bélgica (34,3 horas), Austria (34), Dinamarca (33,9), Alemania (33,9) y Países Bajos (31,9), mientras que las más largas se dan en Eslovenia (38,3), Lituania (38,4), Bulgaria (38,7), Polonia (38,7) y Grecia (39,6). Esta variable es indisoluble de otro registro laboral, la proporción de trabajadores empleados a tiempo parcial. Los países con jornadas más cortas son, precisamente, en los que una mayor parte del mercado laboral trabaja a tiempo parcial. Este registro está liderado por Países Bajos, con un 38,6% de sus empleados, seguido de Austria (30,2%) y Alemania (29,2%), mientras que el reverso es el de Bulgaria (1,7%), Rumania (2,3%) o Croacia (2,9%). De nuevo, las economías más desarrolladas a un lado y las menos avanzados al otro, con España a medio camino con un 13,1% de su mercado laboral a tiempo parcial.

El gasto en pensiones ha adquirido una enorme relevancia en la conversación pública española. En ese debate, el Gobierno de Pedro Sánchez quiere reforzar la idea de que el sistema es sostenible y, para ello, presentó en abril la herramienta INTegraSS, que proyecta el gasto en pensiones a futuro mediante una metodología que, según el Ministerio de Seguridad Social, es más completa que ninguna otra. El primer informe elaborado con esa herramienta, al que ha tenido acceso este periódico y que se publica hoy, atenúa el impacto del esfuerzo en pensiones que proyectan otros organismos y sitúa en el 15,3% del PIB el pico máximo de gasto en prestaciones. El documento se divulga un día antes de que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), que contabiliza un impacto mayor sobre el gasto, presente este viernes el nuevo examen sobre la sostenibilidad del sistema que exigió la Comisión Europea. Como novedad para sostener sus cálculos, el análisis del Gobierno anticipa una fuerte caída del paro en los próximos años, que los mayores de 65 años participarán más en el mercado laboral y que la población crecerá menos de lo que proyecta el INE, hasta los 53,7 millones de habitantes en 2050. Esas conclusiones llegan en un momento en que cada vez más voces defienden que hay un gran coste de oportunidad en la configuración actual del sistema y que parte de esos recursos destinados a prestaciones se podrían dedicar a otras materias, como vivienda o educación.

Indra acaba de renovar su cúpula directiva, con las salidas de Ángel Escribano y José Vicente de los Mozos y los nombramientos de Ángel Simón como presidente (2 de abril) y de Josep Maria Recasens como CEO (el martes). Ahora, tras cambiar a las dos personas con más peso al frente de la compañía, Indra debe reorganizar su consejo de administración tras la nueva etapa que se ha abierto en la empresa. La celebración de la junta de accionistas el próximo 30 de junio es una fecha clave. La empresa ha puesto, al menos de momento, freno a la crisis de gobernanza que ha sufrido la compañía en los últimos meses, con dos nuevos primeros espadas. Sin embargo, en este momento Indra se enfrenta a un período de transición y de cierta paralización en las decisiones estratégicas, ya que, a día de hoy y como mínimo hasta el 17 de junio, no tiene ningún consejero ejecutivo. Simón fue nombrado presidente y consejero con la categoría de otro externo, a diferencia de su predecesor, que era presidente ejecutivo y consejero ejecutivo. Sin embargo, Simón preside las comisiones Ejecutiva y de Estrategia del consejo. El pasado martes se completó la renovación de la cúpula de Indra con la designación de Recasens como consejero delegado y vocal ejecutivo, con efecto a partir del próximo 17 de junio, por lo que el preaviso del directivo catalán a Renault es corto, algo sorprendente en este tipo de contratos de alta dirección en las multinacionales.

La guerra en Irán y el bloqueo del Estrecho de Ormuz –por donde circulan gran parte de las importaciones energéticas europeas– han teñido de incertidumbre el panorama geopolítico y económico. Sin embargo, la posibilidad de que se firme pronto la paz entre Washington y Teherán, entre otros, ha insuflado confianza a los mercados. El Banco Central Europeo (BCE) advierte en su Informe de Estabilidad Financiera, publicado ayer, de que el excesivo optimismo de los inversores en los activos europeos podría provocar una corrección «brusca» en los mercados, con caídas que generarán inestabilidad. El Eurobanco señala que los mercados «siguen siendo vulnerables a correcciones bruscas debido a las elevadas valoraciones y a la alta concentración de riesgos». Y es que, según la institución, las subidas actuales que están experimentando los mercados estarían propulsadas por las expectativas y no por la realidad. En este contexto, el BCE apunta que existe un riesgo considerable de que el sentimiento del mercado financiero se deteriore, ya que los riesgos a la baja relacionados con la evolución geopolítica, fiscal y macrofinanciera «parecen estar subestimados». 

El informe del BCE, liderado por el todavía vicepresidente Luis de Guindos en su último acto de servicio en Fráncfort, alaba la labor de las entidades al señalar que “esta estabilidad ha sido posible gracias a la gestión proactiva de los bancos [a través de ventas de carteras de activos, titulizaciones y reestructuraciones], que compensó las nuevas entradas de morosidad”. No obstante, el BCE ha detectado indicios de deterioro en la calidad en algunos segmentos del crédito bancario. Señala que es “evidente cierto deterioro en los préstamos a pymes y al consumo”. En lo que respecta a las familias, las ratios de morosidad han estado aumentando lentamente desde 2023. La menor confianza de los consumidores y el endurecimiento de los estándares de concesión por parte de los bancos sugieren que esta tendencia podría continuar, según el BCE, lo que debería llevar a las entidades a extremar la cautela. La guerra en Oriente Medio no afecta todavía de lleno a los consumidores, pero podría generar un deterioro del mercado laboral o un encarecimiento del coste de la vida que impacte en su capacidad financiera. En cuanto a los préstamos a pymes, el BCE señala que los impagos “se sitúan significativamente por encima de los niveles posteriores a la pandemia”. Pero existe una importante divergencia entre los grandes países de la zona euro, con España entre los que por el momento se encuentran bien parados. Las ratios de morosidad (NPL) en el sector corporativo y de PYMES han seguido una tendencia a la baja o de mayor estabilidad en comparación con el ciclo anterior. Son los préstamos a las empresas medianas y pequeñas de Alemania y Francia sobre los que el BCE pone especialmente la lupa, porque es evidente el aumento en los impagos y en la proporción de crédito clasificado en situación de riesgo (etapa 2), un indicador adelantado de un mayor deterioro.

El Banco Central Europeo (BCE) eleva el nivel de urgencia con la que la banca debe afrontar la amenaza que suponen para sus sistemas los últimos modelos de inteligencia artificial, como Mythos de la estadounidense Anthropic. El supervisor celebró el pasado martes una cumbre extraordinaria con alrededor de 300 participantes procedentes de entidades bancarias, asociaciones empresariales y representantes del sector público. El objetivo de la cita era lograr que tanto los bancos como las autoridades “tomen conciencia de la gravedad de la situación” pues “el uso de estos modelos de inteligencia artificial se ha mostrado capaz de dejar expuestas con rapidez numerosas vulnerabilidades en las entidades”. La reunión estuvo dirigida por Frank Elderson, miembro del Comité Ejecutivo del BCE y vicepresidente del Consejo de Supervisión bancaria, y fuentes cercanas a la cita aseguran que la autoridad monetaria trasladó a las entidades su intención de comenzar a enviar cartas formales solicitando, entre otras cuestiones, el desarrollo de planes de defensa frente a potenciales ciberataques potenciados con inteligencia artificial. Se trata de un paso más en el proceso supervisor en un asunto que se ha erigido como una de las grandes amenazas para la estabilidad del sector bancario a una velocidad de vértigo. La cita sirvió para “intercambiar experiencias frente a este tipo de ataques, así como poner en común la información disponible y los desafíos comunes a los que se enfrenta el sector”, señalan estas mismas fuentes.

Los ‘cinco sabios’, el grupo de expertos económicos que asesora al gobierno alemán, han servido durante décadas de oráculo económico. Ahora, sin embargo, no hace falta acudir a ellos para saber que la economía alemana va mal. En su informe de primavera, han confirmado una nueva rebaja de la previsión de crecimiento, que en noviembre era del 0,9% para este año y ahora es ya sólo del 0,5%. Para 2027, todavía prevén un PIB positivo del 0,8%. En este contexto de estancamiento, en el que la economía alemana no ha logrado todavía volver a arrancar desde la pandemia, los ‘sabios’ han expuesto además algunas severas recomendaciones al gobierno de Friedrich Merz, entre los que destacan recortes en el seguro sanitario público y en los cuidados de larga duración. Según sus cálculos, serán necesarias contribuciones de los empleados alemanes a la seguridad social superiores al 50% en 2040, lo que les lleva a aconsejar una reforma del sistema. El principal motor de la carga fiscal es el seguro médico público, cuyos costes han explotado en los últimos 20 años, y los expertos piden reformas estructurales en el sector hospitalario para garantizar una mayor eficiencia. El precio de los medicamentos debe ajustarse de forma más consistente a los recursos, dicen. En el seguro de cuidados a largo plazo, el Consejo Económico recomienda que el acceso a las prestaciones se reduzca al «nivel recomendado profesionalmente».

El partido que gobierna el país con Pedro Sánchez al frente sufrió la sacudida de un nuevo escándalo. Una nueva investigación judicial que imprime un salto de envergadura, por su gravedad y extensión, a lo que hasta ahora era el encausamiento de la llamada ‘fontanera’ de Ferraz, Leire Díez, por tejer una supuesta red con colaboradores de distintos pelaje para tratar de boicotear las pesquisas que acorralan al actual jefe del Ejecutivo y a los socialistas. Desde este miércoles, y tras un «requerimiento de información» por el que la Guardia Civil estuvo 12 horas en Ferraz para llevarse material sensible, el PSOE se enfrenta, según los autos dictados por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, a una ‘trama de cloacas’ dirigida por Santos Cerdán, su exdirigente ya perseguido por la justicia por corrupción, coordinada por Díez y con la gerente, Ana María Fuentes Pacheco, imputada. Fue otro día muy largo para el partido de Sánchez. Pasadas las ocho de la mañana la Unidad Central Operativa (UCO) se personó en el cuartel general del PSOE en Madrid para reclamar información –con las trazas de un registro– sobre la supuesta financiación irregular de las citadas ‘cloacas’ socialistas a través de un entramado de facturas falsas radicado en esas mismas oficinas. O dicho de otra forma: los agentes rastreaban pruebas de la maquinaria para dotar de fondos a los ‘peones’ del partido que trataban de desacreditar investigaciones policiales incómodas para la organización. En el marco de esta pieza secreta del ‘caso SEPI’, Pedraz ha imputado a la gerente Fuentes, a la que sitúa como pieza central de esta maniobra para encubrir pagos con «facturas mendaces». 

El presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha ordenado resistir ante otro día de convulsión para su partido. Sin haberse apagado el fuego por la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, Sánchez se encontró ayer con otro frente judicial mientras visitaba al Papa en Roma. El presidente confía en que escampe para que se vea que esta es una cuestión limitada a los manejos de Santos Cerdán. La preocupación se extiende no solo en el PSOE, sino entre sus aliados parlamentarios, especialmente Junts, el PNV y Podemos, aunque ninguno respaldará una moción de censura. Nueva jornada negra para el PSOE y para el Gobierno, con la UCO prácticamente todo el día mirando archivos y documentación en la sede central del principal partido del poder en la madrileña calle Ferraz. El día comenzó ayer con una sensación de legislatura en riesgo cuando corrió el rumor, difundido por algunos medios, de que se investigaba al PSOE por financiación ilegal, precisamente la línea roja que han puesto varios socios. Después se supo que no era eso, sino una investigación sobre el equipo de espionaje que según un auto del juez Santiago Pedraz, de la Audiencia Nacional, montó el ex secretario de Organización, Santos Cerdán, pagado por el partido, para buscar datos negativos sobre algunas personas que estaban detrás de investigaciones contra la familia del presidente.