20260709

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día.

El detonante de la ruptura ha sido la última ofensiva mutua en la estratégica vía marítima, por donde transita el 20% del petróleo mundial, que incluyó ataques contra un buque de gas natural licuado catarí. La respuesta de Washington ha sido contundente. El Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) confirmó haber bombardeado más de 80 objetivos a lo largo de la costa iraní, destruyendo sistemas de defensa aérea, radares, almacenes de drones y más de 60 lanchas rápidas de la Guardia Revolucionaria. Irán replicó lanzando misiles balísticos contra bases norteamericanas en Bahrein y Kuwait. “Les pegamos muy duro anoche... y probablemente les peguemos duro otra vez esta noche”, advirtió el presidente estadounidense, quien deslizó la posibilidad de decretar un bloqueo naval total y apoderarse de la isla de Jark, el corazón de la infraestructura petrolera persa. Su secretario de Guerra, Pete Hegseth, respaldó estas palabras afirmando que las tropas están listas para golpear “aún más profundo”. La cumbre de Ankara deja al descubierto las profundas discrepancias entre la Casa Blanca y las capitales europeas respecto a la campaña militar contra Teherán, iniciada originalmente el pasado 28 de febrero por Estados Unidos e Israel. Trump aprovechó el foro aliado para reprochar abiertamente a sus socios la falta de implicación en el esfuerzo bélico, acusando a la diplomacia europea de inacción frente a las agresiones de la república islámica.

“For me, I think it’s over [para mí, creo que se ha terminado]”, dijo el presidente de EE UU respecto al alto el fuego con Irán. Después de una noche de ataques a objetivos militares iraníes, Trump daba por concluida la tregua provisional. Las palabras del mandatario, pronunciadas de viva voz en torno a las 10.30, horario de España peninsular, desataron una sesión negra: en pocos minutos, el barril de petróleo se disparaba, las Bolsas europeas caían a plomo y se encarecía el coste de financiación de la deuda soberana. La perspectiva de una reedición del conflicto que ha provocado una crisis petrolera histórica impulsa más de un 5% los futuros del crudo brent en Londres, que llegó a superar los 80 dólares por barril, la mayor subida en tres meses. El Ibex cerró con una caída del 2,73%, la mayor desde los primeros días de la guerra (concretamente, desde el 3 de marzo), y estuvo a punto de perder los 19.000 puntos. El mandatario estadounidense dijo en una rueda de prensa en Ankara (Turquía), en el marco de la cumbre de la OTAN, que permitirá que sus negociadores sigan hablando con Teherán, pero consideró que “están perdiendo el tiempo” y calificó a los iraníes de “basura”, además de “personas enfermas, personas crueles y violentas”. Amenazó además con continuar con los ataques “con dureza” de forma inminente. Durante la noche europea, las fuerzas estadounidenses habían atacado más de 80 objetivos después de que Irán lanzara una serie de agresiones contra barcos mercantes el lunes. Estos tres incidentes —dirigidos contra un buque catarí de gas natural licuado y dos grandes petroleros— constituyen la mayor jornada de ataques desde la entrada en vigor, en junio, de un acuerdo provisional de paz. El precio del gas natural en Europa roza los 50 dólares tras subir más del 5%. El impacto en las Bolsas europeas fue violento tras la primera intervención de Trump. Y el día no fue a mejor.

La guerra en Oriente Próximo escala hasta la primera posición como el mayor riesgo para la economía mundial, según el Fondo Monetario Internacional (FMI). El organismo multilateral rebajó ayer sus previsiones de crecimiento global y alertó de una nueva escalada de la inflación de forma generalizada debido al conflicto entre EEUU, Israel e Irán y sus efectos sobre el mercado energético internacional. El FMI prevé ahora que la economía mundial crezca un 3% en 2026, una décima menos en comparación con los datos que manejaba en abril, y medio punto menos que la cifra registrada en 2025, lo que pone claramente de manifiesto el frenazo económico a nivel global. La institución liderada por Kristalina Georgieva dejó claro en su última revisión del Informe de Perspectivas Económicas Mundiales (WEO, por sus siglas en inglés) que espera una ligera recuperación para 2027 si el conflicto terminase este verano. Sin embargo, la nueva escalada de las tensiones en la zona anunciada ayer por el presidente de EEUU, Donald Trump, podría haber dejado ya desactualizadas las previsiones del FMI. El organismo insistió ayer en que el deterioro generalizado del escenario responde fundamentalmente a la guerra en Oriente Próximo, aunque la caída ha sido parcialmente compensada por el fuerte impulso de la inversión ligada a la inteligencia artificial.

La cumbre de la OTAN en Ankara volvió a mostrar la confrontación entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el Gobierno español a cuenta del aumento del gasto en Defensa en el seno de la Alianza Atlántica. El mandatario estadounidense calificó a España como “un socio terrible” y “una causa perdida”, amenazando incluso con paralizar “todo el comercio con España” y llamando a cortar, incluso, las visitas al país. Trump acusó al país de ser “un aliado terrible” en la OTAN. “No participan. No pagan. No quiero saber nada de España”, continuó el presidente de EEUU en una rueda de prensa conjunta con el secretario general de la Alianza, Mark Rutte. En esta ocasión, la amenaza verbal del presidente estadounidense fue más allá de las meras palabras. Según publicaba Político y especialistas de The Wall Street Journal, la administración Trump habría solicitado al Tesoro y a los departamentos comerciales del país norteamericano una lista de bienes españoles que considerar de cara a un posible embargo. El conflicto de fondo, que ahora pone en jaque una relación comercial bilateral de más de 47.000 millones de euros, es el mismo que ha enfrentado al Ejecutivo de Pedro Sánchez con el presidente de EEUU desde la segunda llegada de este a la Casa Blanca, el año pasado. Se trata del gasto en Defensa, después de que el Gobierno español haya vuelto a mostrar su desacuerdo con elevar al 5% del PIB la inversión militar. En opinión de Trump, España es un país “hostil”, al decir “abiertamente” que no van a aumentar su inversión más allá del 2% del PIB.

Cada día cerca de 72.000 trabajadores vascos no pueden acudir a su puesto por una baja médica, pero en la mayoría de los casos los convenios sectoriales complementan sus salarios. Así lo ha detallado este miércoles la presidenta del Consejo de Relaciones Laborales (CRL), Emilia Málaga. De los 90 convenios sectoriales que hay en el territorio, nueve de cada diez (81) complementan los salarios por enfermedad común. Se trata de unos acuerdos que cubren al 88,5% de todos los trabajadores vascos, aunque las coberturas varían en cantidades y duración. En el caso de las enfermedades laborales o los accidentes de trabajo, el 99% de los trabajadores ven cubiertas sus bajas mayoritariamente al 100% de sus salarios, aunque las duraciones «varían significativamente», ha detallado Málaga. Sobre la negociación en Euskadi, el estudio destaca que la duración de las negociaciones para alcanzar un acuerdo sectorial en la Comunidad Autónoma prácticamente dobla a lo que se tarda en cerrar un acuerdo el resto del Estado (778 días frente a los 403 de los convenios negociados fuera pero que son de aplicación en el territorio), así como que tres de cada cuatro participantes en jornadas de huelga el año pasado fue personal del sector público (el 75,7%). 

La presidenta del CRL también abordó ayer el debate abierto por el sindicato ELA que anunció este martes su intención de negociar «exclusivamente» en euskera, y recordó que esta decisión le corresponde únicamente a los agentes sociales. Según anunció el responsable de negociación colectiva en ELA, Pello Igeregi, a partir de septiembre utilizarán únicamente este idioma en 27 de los 46 convenios sectoriales que permanecen abiertos (según apuntaron, los más activos). ELA pidió al CRL que se dote de un equipo de traducción o que el resto de los agentes cuente con interlocutores capaces de utilizar esta lengua con el objetivo de «proteger los derechos lingüísticos» de los euskaldunes. En este sentido, la presidenta del CRL advirtió que no todas las negociaciones sectoriales se realizan dentro del consejo y que su presencia en las negociaciones «es de un apoyo meramente técnico». «La decisión de lo que se debate y de cómo se debate corresponde a las partes», remarcó Málaga, quien también apuntó que el personal técnico del CRL «es perfectamente bilingüe y trabaja en euskera y castellano según se les requiera». En todo caso, destacó que al año se celebran de media más de 400 reuniones vinculadas a este tipo de negociaciones, por lo que para adoptar cualquier medida sería necesario conocer antes qué tipo de apoyos son necesarios. «No tenemos ninguna posibilidad de conocer cuál es la capacidad lingüística de las personas que participan en esas comisiones», señaló.

Los convenios sectoriales se cocinan en Euskadi a fuego lento. Así lo reflejan los datos aportados por el Consejo de Relaciones Laborales (CRL), que destacan una duración media de 778 días para alcanzar un acuerdo, más de dos años. La cifra representa casi el doble de la que se requiere a nivel estatal para sellar uno de estos pactos con incidencia en el País Vasco, ya que se alcanzaron en 403 días. La cifra se reduce drásticamente en los convenios de empresa, donde la negociación se gesta antes en el País Vasco. Aquí los acuerdos se firmaron el año pasado en un plazo medio de 315 días, por debajo de los 384 durante los que se prolongaron en todo el Estado. Estos son algunos de los detalles que recoge el informe anual sobre la situación económica y de las relaciones laborales en el País Vasco. En su presentación, la presidenta del CRL, Emilia Málaga, apuntó que al cierre de mayo un 48,4% de la población trabajadora tenía su convenio actualizado, mientras que el 47,2% lo tenía prorrogado y pendiente de renovar. El dato representa un 6% más que en las mismas fechas de 2025 al haber caducado, con el cambio de año, el periodo ordinario de unos convenios que cubren a más de 86.000 vascos. En lo que va de 2026 ya se han registrado ocho acuerdos sectoriales que han permitido actualizar las condiciones de casi 22.000 personas, entre ellos el de la hostelería de Álava (con más de 5.700 empleos), el de colectividades de comedores escolares de centros del Gobierno vasco (con más de 4.200), y un nuevo ámbito, el de la restauración colectiva del País Vasco (también con más de 4.200), a los que se añaden los 15 suscritos a nivel estatal que influyen sobre 11.000 trabajadores vascos.

El PP se esmeró ayer a fondo para matizar las palabras de su líder, Alberto Núñez Feijóo, sobre el absentismo, después de que lo calificara como un «cáncer» y planteara que los trabajadores de baja no cobren lo mismo que quienes sí acuden a su puesto. Tras el revuelo político y sindical desatado por sus declaraciones, los populares trataron de acotar el debate, reduciéndolo a una confusión terminológica que no abarcaría todos los procesos por incapacidad temporal, sino solo aquellos en los que no está justificada. «Lo que explicó fue el posible fraude que se pudiese producir en ese absentismo. No parece lógico que quien cometa un fraude cobre el 100% del sueldo», defendió el vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo, sobre una cuestión que preocupa al tejido empresarial en general y al vasco en particular. El responsable económico del PP recordó que, según sus datos, el 50% de las bajas se concentra en el 10% de los trabajadores y que tres de cada cuatro empleados no faltaron ni un solo día al trabajo en 2024. «Eso plantea desequilibrios», sostuvo Bravo, que reprochó al Gobierno no haber actuado pese a que hace dos años abrió un debate sobre el absentismo e incluso anunció un real decreto para atajarlo. La defensa del PP, sin embargo, solo encontró el respaldo del presidente de la CEOE, mientras el Gobierno, los sindicatos y la izquierda aprovecharon la polémica para redoblar sus críticas a Feijóo. Garamendi respaldó así al líder popular e incidió en que cualquier medida para combatir el absentismo se debe abordar dentro del diálogo social, porque no se ha hecho «nada» en materia de bajas laborales pese a que existe un acuerdo desde el 2023 con los sindicatos para hacerlo. Sin embargo, los representantes de CC OO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, aseguraron que no existe un problema con la incapacidad temporal en España, ya que es más bien una cuestión derivada del deterioro de la sanidad pública.

"...Alberto Núñez Feijóo, el líder del primer partido de la oposición, quizás para mostrar cercanía con una de las preocupaciones mayores que tienen los empresarios del País Vasco, donde el absentismo laboral es claramente superior a la media nacional, aprovechó una intervención pública para hablar de ello. Y cometió unos errores de bulto tan importantes que hacen que sus palabras se acaben volviendo contra él y tuviera que ser matizado, por no decir desautorizado, por el propio Partido Popular, que enmendó lo dicho por su líder. Hablar del total de ausencias al trabajo, en lugar de solo de las que no necesitan prescripción médica por ser de corta duración, como posible absentismo laboral es desconocer que la gran mayoría de aquellas están justificadas precisamente porque quienes las tienen padecen enfermedades de distinta gravedad. Si hubiera diferenciado no habría hablado de más de un millón de personas, sino de un colectivo sustancialmente menor, creciente en los últimos tiempos pero claramente menos relevante. Y podría haber dado más consistencia a sus palabras en lugar de reducirlas hasta dejarlas sin contenido. Al venir a decir que viene a ser lo mismo trabajar que no hacerlo porque se cobra lo mismo en ambos casos, Núñez Feijóo pareció desconocer que la legislación actual establece una reducción, en función del número de días de baja, de lo que un trabajador en incapacidad percibe en comparación con lo que cobra cuando está en activo..."

La patronal lleva meses esforzándose para que la sociedad española escuche lo que opina sobre el aumento de la incapacidad temporal en España, cuya incidencia se ha duplicado en la última década: resiente la competitividad de las empresas, especialmente la de las pequeñas, y reclaman medidas contundentes para atajar el problema, mensaje que ha intensificado en los últimos días. El foro principal para que esa conversación fructifique en resultados es la negociación tripartita del Ministerio de Seguridad Social con los sindicatos UGT y CC OO y con las patronales CEOE y Cepyme. Pero el diálogo empezó hace casi dos años y todavía no ha fructificado en medidas concretas para solucionar el incremento de bajas, un fenómeno que el líder del PP catalogó el martes como “un cáncer”. También criticó los convenios, acordados por sindicatos y organizaciones empresariales, que complementan el salario de los empleados de baja. Una posición matizada después por su partido, pero que sirvió ayer al presidente de la gran patronal española, Antonio Garamendi, para percutir en esa idea: “Es algo de lo que queremos hablar con los sindicatos. Habría que detectar cuál es la parte de absentismo profesional”. Al otro lado, las centrales se sienten cada vez más agredidas por el tono de la patronal en este tema.

El vicesecretario de Economía del PP, Alberto Nadal, explica que cuando un trabajador está de baja y se le asegura el 100% del salario «se crean desincentivos que no son buenos» y, por tanto, lo que hay que hacer es «introducir la mayor flexibilidad posible en la negociación colectiva para que los incentivos sean adecuados». Teniendo en cuenta que la Justicia ha tumbado los incentivos económicos individuales ligados a niveles de absentismo por considerarlos discriminatorios, la iniciativa del PP iría más en la línea de los incentivos colectivos a las plantillas que reduzcan los niveles de absentismo. Nadal no especifica los detalles, pero insiste en que, tras escuchar a los sectores productivos, el PP ha concluido que están «asfixiados» por el absentismo y es necesario introducir «elementos de flexibilidad». El PP gira así respecto al planteamiento inicial, que se alineaba con los postulados de la CEOE al defender la supresión de los complementos salariales que mejoran las prestaciones. La patronal también ha pedido que la Seguridad Social asuma todo el coste de las bajas, pese a que España está entre los países de la UE en los que menos días pagan las empresas. El Gobierno está colaborando con la OCDE y la Comisión Europea en el estudio de casos de éxito en la gestión del absentismo. Mientras, Feijóo parece mirar a Alemania, donde la coalición va a endurecer el sistema de bajas médicas para atajar una crisis que afecta ya a la productividad.

La hoy número cuatro del Gobierno defendió ayer en la comisión del Senado que investiga las presuntas irregularidades de la SEPI, la adecuación a la legalidad de los tres rescates polémicos que están en el punto de mira de investigaciones judiciales: Air Europa (475 millones), Plus Ultra (53 millones) y Tubos Reunidos (112,8 millones). Aagesen hizo hincapié en que todos ellos llegaron al Consejo Gestor con los informes, tanto los realizados por la SEPI como por auditores externos, avalando el cumplimiento de los 13 requisitos de elegibilidad para acceder a los préstamos y negó rotundamente haber recibido ningún tipo de «presión política» ni desde La Moncloa, ni por parte del ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, para otorgarles luz verde. De los tres rescates, el otorgado a la empresa vasca Tubos Reunidos fue el que más centró las preguntas de los senadores. La empresa recibió 112 millones de préstamo público y, pese a ello, ahora se encuentra en situación de concurso de acreedores. La Fiscalía Anticorrupción y la UCO sostienen que Aagesen mostró su oposición, por razones ecológicas, a que se concediera a la citada empresa el rescate, razón por la cual el ex presidente de la SEPI, Vicente Fernández en colaboración con Leire Díez, conocida como la fontanera del PSOE, y Antxon Alonso, supuesto socio de Santos Cerdán en la empresa Servinabar, pusieron manos a la obra, activando incluso a los más altos dirigentes del PNV e incluso a miembros del Gobierno vasco, para levantar el veto. Finalmente el préstamo se desbloqueó y los integrantes de la trama cobraron a cambio jugosas comisiones ilegales.

El grupo Mercedes-Benz cerró el primer semestre del curso con unas ventas de 174.300 unidades de furgonetas, lo que supone una leve caída de un 1% con respecto al idéntico periodo del año anterior. En ese grupo están las unidades que se fabrican en la factoría de Vitoria. Mientras, las ventas de turismos de la firma germana descendieron entre enero y junio a 837.200 unidades (-7% en comparación con 2025). El dato positivo es que en el apartado de eléctricos se produjo un repunte del 39% en los seis primeros meses del ejercicio, lo que se traduce en 16.200 unidades. Mientras, las ventas de turismos ascendieron en el primer semestre en Europa (325.000 unidades, +5%) y en Estados Unidos (un 15% más, hasta 163.000). Por el contrario, las de turismos en China descendieron en el tramo que va de enero a junio hasta 210.200 unidades (una bajada del 28 %) debido a la fuerte competencia, la caída de la confianza del consumidor y el cambio de modelos. La multinacional alemana, que ha presentado este miércoles los resultados correspondientes al segundo trimestre del año, subrayó que las cifras en ese periodo se mantuvieron en 94.100 unidades, «lo que refleja una demanda global estable». A su vez remarcó el crecimiento en Europa (+5%) y Norteamérica (+23%), y en especial el ascenso de ventas de dos dígitos para eVans o modelos de furgonetas eléctricas (+46%).

El grupo Volkswagen afrontará hoy uno de los días más importantes de su historia reciente. La compañía reunirá en Alemania a su consejo de supervisión para discutir los planes de reestructuración de la automovilística, los cuales, según adelantó el medio local Manager Magazin, pasan por recortar 100.000 puestos de trabajo en todo el mundo y cerrar cuatro fábricas en Alemania. Esto último sería un hecho inédito en la historia de una compañía símbolo industrial del continente y termómetro de la economía germana. El propio grupo admitió hace dos semanas que su modelo actual de negocio (desarrollar coches en Alemania, producirlos en Europa y exportarlos al mundo) ya no funciona por la intensa competencia de China y los aranceles estadounidenses. El consejo de supervisión que se da cita hoy está formado por 20 personas: una mitad son representantes de los accionistas –entre los que se encuentra el Estado de Baja Sajonia, con dos asientos– y la otra mitad de los trabajadores. Se trata de un organismo con mucho poder, con capacidad de vetar las decisiones o modificar la hoja de ruta de la dirección de la compañía. “Reestruc turar rápido, en ese entorno, es casi imposible: cada cierre de planta exige meses de negociación, cada recorte de plantilla requiere acuerdos sociales de varios años”, explica Francesc Rufas, docente de EAE Business School.

En Shanghái. una ciudad de casi 30 millones de habitantes, donde el tráfico es incesante, apenas se escucha el rugido de los motores. Los coches y autobuses avanzan como si flotaran sobre el asfalto. Solo los cláxones impacientes y el tintineo de las bicicletas compartidas rompen una calma impropia de una de las mayores megaciudades del planeta. Basta permanecer unos minutos en cualquier cruce del distrito financiero de Pudong para entender que ese silencio es mucho más que una curiosidad acústica. También es el sonido del cambio de poder en la industria mundial del automóvil. Mientras los peatones cruzan mirando la pantalla del móvil y los repartidores zigzaguean entre coches eléctricos, los logotipos que desfilan ante los ojos cuentan una historia completamente distinta a la de hace apenas una década. Volkswagen, Toyota o General Motors, que durante años simbolizaron el éxito de los fabricantes extranjeros en China, ya no monopolizan las calles. Ahora dominan nombres desconocidos para la mayoría de los europeos. Y lo más llamativo es que muchos pertenecen a empresas que hasta hace muy poco fabricaban teléfonos móviles, robots aspiradores, baterías, drones o electrodomésticos. El ejemplo más conocido es Xiaomi. La compañía que revolucionó el mercado de los teléfonos inteligentes con dispositivos baratos y potentes sorprendió cuando anunció en 2021 que entraría en el negocio del automóvil. Ahora, su deportivo eléctrico SU7 es uno de los coches de moda en las grandes ciudades chinas. Su éxito ha terminado de convencer a decenas de empresarios de que fabricar coches ya no es un terreno reservado a las marcas tradicionales.

Apple invertirá 30.000 millones de dólares (26.250 millones de euros) en chips fabricados en EEUU por Broadcom durante los próximos cinco años. Se trata del mayor compromiso inversor concreto que efectúa la tecnológica desde que el año pasado anunció que destinaría 600.000 millones a diversos proyectos en EEUU bajo la presidencia de Trump, con el objetivo de evitar los aranceles al iPhone y a otros dispositivos de Apple. El acuerdo sellado con Broadcom, socio de Apple desde hace tiempo, contempla la producción de más de 15.000 millones de chips, un componente clave en el proceso de digitalización y el avance de la inteligencia artificial que la Administración Trump considera estratégico y desea incentivar para reducir la dependencia de proveedores asiáticos. La compañía dirigida por Tim Cook ha señalado que la inversión de 30.000 millones de dólares permitirá a Broadcom ampliar su megafactoría de Fort Collins, en Colorado (EEUU). Las presiones del Gobierno de Trump al sector tecnológico, tanto doméstico como exterior, utilizando en muchas ocasiones la baza de los aranceles u otras exenciones y ventajas fiscales, ha empujado a muchas compañías a disparar las inversiones en suelo estadounidense durante el último año, combinando más producción doméstica y creación de empleo.