20260710

Oharra: KioskoyMás plataformaren akatsa dela eta, El Correo eta Diario Vascoko azalak ezin dira erakutsi / Por avería de la plataforma KioskoyMás hoy no se pueden ofrecer las portadas de El Correo y Diario Vasco. 

El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña ha acordado abrir juicio oral contra el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria como persona jurídica, contra su expresidente Francisco González y contra otras 14 personas, entre antiguos directivos de la entidad, responsables de seguridad, mandos policiales y el propio comisario jubilado José Manuel Villarejo, por la trama de encargos presuntamente ilegales que el banco habría realizado a través del grupo Cenyt entre 2004 y 2016 al exmando del CNP. La decisión coloca al BBVA ante un juicio de enorme carga simbólica: será la primera gran empresa del Ibex que se siente en el banquillo por el 'caso Villarejo'. La macrocausa, abierta por los negocios privados que el comisario desarrolló mientras seguía en activo en la Policía Nacional, salpicó también a otras compañías del selectivo, como Repsol, CaixaBank e Iberdrola. Pero ninguna de ellas, ni sus principales ejecutivos, ha terminado enviada a juicio en la causa central de Tándem. La Fiscalía Anticorrupción pide para Francisco González 173 años de prisión. La cifra es muy elevada por la acumulación de delitos, aunque el cumplimiento efectivo, en caso de condena, estaría muy por debajo: la pena máxima real no podría superar los 15 años. El Ministerio Público solicita para él cinco años de cárcel por cohecho activo y cuatro años por cada uno de los 42 delitos de descubrimiento y revelación de secretos de particulares con difusión a tercero por los que se le acusa. El juez le manda a juicio por cohecho activo y pasivo, 42 delitos de descubrimiento y revelación de secretos, grupo criminal, administración desleal y falsedad documental. Las acusaciones particulares dibujan para el expresidente del BBVA un papel más amplio que el perfil sostenido por la Fiscalía y apuntan a que algunos contratos investigados fueron ordenados por el propio González, que, según una de esas acusaciones, «ya sabía quién era esta entidad y sus métodos de investigación por contratos anteriores». BBVA irá a juicio como persona jurídica por cohecho y por 52 delitos de descubrimiento y revelación de secretos. Anticorrupción reclama para la entidad una multa de 181,1 millones de euros. 

La dirección de Tubos Reunidos propuso ayer a los sindicatos reorganizar los calendarios laborales de los turnos de 468 trabajadores de la planta de Amurrio –de una plantilla de alrededor de 900 empleados– al considerar que la cartera de pedidos continuará disminuyendo en los próximos meses, condicionada por el cierre del mercado estadounidense y una huelga indefinida que agravó todavía más la situación financiera de la compañía. La medida contempla la eliminación de un relevo en varias líneas de producción. Este cambio organizativo, siempre según fuentes sindicales, no implicaría una reducción de la jornada, sino una redistribución de los horarios mediante un nuevo calendario, una propuesta que ya ha suscitado el rechazo de las centrales. Las mismas fuentes sindicales explican que no comparten la propuesta trasladada por la dirección al entender que los cambios deberían seguir un procedimiento distinto al previsto para una modificación de calendarios. Es decir, consideran que la empresa –en concurso de acreedores– debería tramitar la medida como una modificación sustancial de las condiciones de trabajo, lo que implicaría abrir un periodo de consultas con la representación de los trabajadores. Asimismo, muestran su preocupación por el impacto que el nuevo sistema de relevos podría tener sobre «la conciliación de los trabajadores afectados», especialmente en algunas áreas de la acería donde se plantea reorganizar los turnos y aumentar los horarios nocturnos, así como por las dificultades que esos cambios podrían generar para planificar los descansos y la vida familiar. 

El fabricante vizcaíno de cadenas de amarre para los sectores naval, petrolífero y eólico marino, Vicinay Marine, anunció ayer su integración definitiva en Velora Invest, la antigua Corporación Cunext Industries. La firma cordobesa, dedicada a la transformación de aluminio y cobre, está controlada por el presidente de Haizea Wind, Dámaso Quintana. El empresario, con el apoyo del Gobierno vasco, acordó a finales del año pasado inyectar 60 millones si la familia Vicinay lograba una reestructuración de la deuda (170 millones) que había llevado a la bicentenaria compañía al preconcurso de acreedores. La operación, en la que Vicinay ha contado con el asesoramiento de Interpath, exigía negociar, entre otros, con ocho bancos (a los que adeudaba un total de 100 millones) y la Sepi (que rebajó los intereses de su préstamo de 32 millones). La quita, autorizada el mes pasado por el Juzgado, fue del 93%.

La empresa cooperativa guipuzcoana Ampo se ha adjudicado el suministro de aproximadamente 15.000 válvulas para el proyecto Rio Grande LNG en Texas, una de las mayores infraestructuras de exportación de gas natural licuado (GNL) que se construyen actualmente en el mundo. La firma de Idiazabal equipará por un montante global de 35 millones de euros –uno de los contratos más importantes en la historia de la compañía en Norteamérica– las cinco primeras plantas de licuefacción de este complejo, promovido por la corporación energética NextDecade y ejecutado por el gigante de la ingeniería Bechtel, consolidando así el peso de la tecnología vasca en el estratégico y exigente mercado gasístico norteamericano. El megacomplejo energético, situado en el puerto de Brownsville, alcanzará a su término una capacidad de producción anual de 48 millones de toneladas métricas distribuidas en ocho grandes trenes de licuefacción. Para soportar las exigentes condiciones de esta infraestructura, la cooperativa dirigida por Ibon Imaz fabricará una amplia gama de equipos de alta ingeniería técnica, que incluye tanto válvulas criogénicas como no criogénicas, diseñadas para operar bajo presiones de hasta 1.500 libras. Garantizarán el flujo del gas en unas instalaciones concebidas para expandir la capacidad exportadora energética de EEE UU a nivel global.

El Consejo Económico y Social (CES) vasco, que llama la atención sobre el paro y el riesgo de pobreza que sufren los inmigrantes, un grupo que apunta a crecer tras las casi 50.000 solicitudes presentadas al proceso de regularización y donde el organismo ve necesario reforzar las competencias profesionales. El informe presentado por el presidente del CES, Javier Muñecas, y el Catedrático de Economía Financiera de EHU y presidente de la comisión encargada de elaborar la memoria, Jon Barrutia, aborda con fuentes oficiales la situación económica del territorio desde diferentes frentes como el mercado de trabajo, la innovación, las condiciones de vida, la protección social, la igualdad o la atención sanitaria. El estudio advierte también de una caída a la mitad de las inversiones extranjeras realizadas en Euskadi, y un mercado de la vivienda que lidera las preocupaciones de la ciudadanía. Muñecas recordó ayer que el documento «construye una amplia imagen de la sociedad civil vasca» para facilitar la labor a entidades como el propio Gobierno vasco y «ayudar en la toma de decisiones». Por su parte, Barrutia apuntó que si bien creció el empleo y se registró una bajada del paro (su tasa cayó al 6,2% según la encuesta del PRA que realiza Eustat), el dato marca una «alarma roja» en la situación de la población inmigrante y su alta exposición a la pobreza. El informe destaca un incremento en el desempleo de este colectivo del 2,5% en el País Vasco, con un peso de los inmigrantes que pasaron de representar el 19,2% de la población parada al 19,7%. «Están más expuestos al desempleo. La inmigración necesita mejorar competencias y conocimientos» ya que su «cualificación es manifiestamente mejorable». A este respecto advirtió de que no se trata de una responsabilidad que recaiga sobre este grupo, sino que existe la necesidad social de prepararles para el mercado de trabajo. «Ahí puede estar la fricción con el paro», razonó.». 

El pesimismo de las familias vascas se mantiene en el segundo trimestre del año en valores negativos por la incertidumbre geopolítica. Se mantiene en línea con los trimestres anteriores, confirmando así la situación de escepticismo y «muy cerca de entrar en el pesimismo» causado por la incertidumbre geopolítica «exacerbada» y la «problemática social interna », según el informe. Estos datos vienen incluidos en el estudio de confianza de los hogares vascos durante el segundo trimestre de 2026, elaborado por el Departamento de Estudios de Laboral Kutxa. El análisis se ha elaborado tras realizar encuestas a 800 personas en Euskadi en el periodo del 11 al 22 de mayo de este año. Por lo tanto, los hogares vascos confirman su escepticismo, «lastrado por la incertidumbre» de los últimos años que suma la «inestabilidad» generada por la guerra de Irán, cuyo plazo de resolución definitiva «condiciona las perspectivas de la actividad económica y del empleo», según dicho informe. Los datos de los hogares europeos tampoco son mucho mejores encontrándose «sobrepasados» ante un escenario que empeora, con unas expectativas condicionadas por la «anticipación del deterioro de su estado del bienestar». Los hogares de Dinamarca, la Unión Europea, Francia y Alemania reportan cifras muy negativas. Los datos «claramente pesimistas» se acercan a los peores resultados de 2020. De vuelta aquí, los hogares españoles y de la Comunidad Autónoma Vasca presentan datos negativos pero superiores a los de los países europeos, según Laboral Kutxa. Ver informe Laboral Kutxa aquí. 

La Diputación Foral de Gipuzkoa, Multiverse Computing y Málaga Tech han mantenido un encuentro para compartir experiencias y explorar oportunidades de colaboración en emprendimiento tecnológico y tecnologías cuánticas. El diputado de Promoción Económica de la Diputación Foral de Gipuzkoa, Unai Andueza, acompañado por Koldo Peciña, director general de Proyectos Estratégicos, e Iraia Ibarzabal, Chief Growth Officer (CGO) de Multiverse Computing, han intercambiado impresiones con miembros del equipo de Málaga Tech. El objetivo es conocer las iniciativas que están impulsando el crecimiento del ecosistema tecnológico malagueño e identificar ámbitos de interés común. La delegación guipuzcoana ha presentado el modelo de apoyo al emprendimiento desarrollado en Gipuzkoa y ha compartido experiencias sobre la creación y consolidación de empresas innovadoras. Han prestado especial atención a los retos y oportunidades que plantea el desarrollo de startups vinculadas a tecnologías emergentes como la computación cuántica.

De sacar un 0,5 a llegar al 5; de un 0 a un 6,5; de un 0,7 a un 7,3; y de un 1,55 a un 8,9. Son ejemplos de las enormes diferencias en la puntuación obtenida por varios estudiantes en el examen de Lengua Vasca y Literatura II entre la fase ordinaria de la PAU, celebrada en junio, y la extraordinaria, que tuvo lugar la pasada semana. En las escasas cuatro semanas que han transcurrido entre ambas citas, estos alumnos han logrado dar un vuelco espectacular a sus calificaciones en Euskera. «Todos nuestros alumnos han mejorado mucho» su nota, confirma un responsable académico de uno de los colegios que pasaron por el tribunal 11 en la fase ordinaria. Tras el batacazo de junio, «todos» sus estudiantes han aprobado la PAU extraordinaria, «pero lógicamente es difícil que entren en la universidad este año», lamenta. Especialmente llamativo fue el caso del tribunal 11, donde 80 alumnos sacaron una nota de 0,0. De esos roscos, 79 (casi la mitad de los 168 que se pusieron en todo Euskadi) los colocó una sola persona encargada de corregir a los estudiantes –cuyos apellidos correspondían al tramo alfabético comprendido entre la I y la S–. La segunda corrección de la prueba redujo de forma sustancial el número de ceros pero las notas siguieron próximas, según informó entonces la EHU, aunque también hubo un 20% de exámenes donde la calificación subió más de dos puntos. Muchos de estos alumnos –básicamente, los que necesitaban aprobar para entrar en una universidad privada o los que querían mejorar su nota– se presentaron a la reválida de la convocatoria extraordinaria. Y ha sido al recibir las calificaciones cuando ha saltado la sorpresa. Hay un puñado de casos que han obtenido notas muy superiores en Lengua Vasca. No todos, claro está. Sigue habiendo algún cero y malas notas. Pero también alumnos que han sacado notables e incluso rozado el sobresaliente tras haber recibido un cero rotundo o menos de un 2 en la primera corrección.

—Seré clara. El presidente Feijóo tiene más razón que un santo. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP), apoyó así ayer las palabras del líder de su partido sobre las bajas laborales. Alberto Núñez Feijóo, que defendió hace dos días que los trabajadores cobren menos durante la incapacidad temporal y calificó el “absentismo laboral” de “cáncer”. También avanzó que reformaría la normativa y lo haría “con o sin acuerdo” con los agentes sociales. Tras el revuelo inicial por las declaraciones, el Partido Popular se afanó en matizarlas: que él se refería solo a los casos de fraude y que quería, simplemente, abrir un debate al resjoy pecto. Ayuso siguió en esta línea, aunque remarcó que la postura del líder de la oposición es la correcta: “No habla de una persona que está enferma, no se refiere a una mujer embarazada. No estamos hablando de una persona que tiene un cáncer, que tiene una enfermedad sobrevenida, que tiene cualquier problema”. Ayuso añadió que de lo que habló Feijóo es de “equilibrio”. 

Entre las reformas que el canciller alemán, Friedrich Merz, ha defendido ante el pleno del Bundestag, figura un endurecimiento de la legislación de las bajas laborales que pretende cerrar una brecha de productividad en la economía alemana y luchar contra el fraude. En el futuro, los empleados tendrán que demostrar que están enfermos desde el primer día de la baja laboral, no desde el cuarto como hasta ahora, y presentar un certificado médico. Alemania tiende a equipararse con esta nueva regulación a otros países europeos que llevan décadas batallando contra las bajas fraudulentas. En Suecia, por ejemplo, no se ha pagado salario por el primer día de baja desde 1993 para desincentivar los abusos. Desde el segundo, el empleador sueco paga el 80% del salario. En el último informe sobre absentismo laboral publicado por la OCDE, correspondiente al año 2024, las semanas de ausencia por enfermedad promedio por empleado son de 3,6 para Alemania, en el octavo puesto del ranking europeo. En esa lista España ocupa el tercer lugar con 4,9, por detrás de Noruega y Finlandia. «Ya no podemos permitirnos la desventaja competitiva que suponen las ausencias prolongadas en las empresas», justificó Merz. Los empleados alemanes se ausentaron casi 21 días al año debido a baja por enfermedad. En 2024. las empresas alemanas pagaron alrededor de 82.000 millones de euros de salarios durante las bajas y las pérdidas de producción ascendieron a 134.000 millones.

Los sindicatos y los empresarios chocan estos días a cuenta del incremento de las bajas laborales en España, que se han duplicado en la última década y que protagonizan el debate público desde que el martes Alberto Núñez Feijóo se refiriera al fenómeno como “un cáncer”. La patronal insiste en la importancia del “absentismo profesional”, sin concretar el impacto de esos presuntos fraudes, y los sindicatos ponen el foco en que son muchos más los empleados que acuden a su puesto enfermos por miedo al despido. Pero hay un mensaje que sí comparten, al considerar el funcionamiento sanitario como una de las causas principales del incremento de la incapacidad temporal. Con este punto de partida común, ambos colectivos apremian a las Administraciones públicas a mejorar los recursos sanitarios para descongestionar las listas de espera y conseguir que las bajas duren menos. Ese enfoque apela directamente a las comunidades autónomas, que tienen transferidas las competencias en sanidad. Tanto la autoridad fiscal independiente (la Airef) como otros expertos avalan el vínculo entre listas de espera sanitarias y duración de las bajas. “Que contraten más médicos. Necesitamos una sanidad pública mejor. Demos espacios a las mutuas para que colaboren. Pongamos más psicólogos en la sanidad pública. Hagamos lo que tengamos que hacer”, dijo el miércoles el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi.

El Grupo Volkswagen anunció a última hora de ayer, tras una reunión del consejo de supervisión, una reducción de su capacidad de producción global hasta un máximo de nueve millones de vehículos al año, además de una reducción del 50% de su gama de modelos de manera gradual. Según un comunicado emitido por la automotriz alemana, esta centrará sus esfuerzos en los segmentos de mercado “más atractivos”. A ello se añadirán también recortes, por ejemplo, en las opciones de equipamiento. Volkswagen estima que, como resultado de estas medidas, reducirá la complejidad de su oferta comercial “hasta en un 75%”, tal y como detalla en dicho comunicado. “Con nuestro plan de futuro, entramos en la siguiente fase de la transformación”, declaró el presidente del grupo, Oliver Blume. El objetivo es convertir al Grupo Volkswagen en “la empresa automovilística más atractiva del mundo” para 2030, según Blume. El fabricante alemán habla de 12 medidas, propuestas por su consejo de administración, que aplicará hasta el año 2030. El principal punto es el de la producción. Según describe, antes de la pandemia realizó inversiones para alcanzar una capacidad de producción de 12 millones de unidades, pero en los últimos años ya ha hecho “progresos significativos” para reducirla en dos millones, en pleno auge de las marcas chinas y el declive de ventas en Europa. “Se darán nuevos pasos en China y Europa”, advierte Volkswagen. 

España quiere eurobonos y alude al beneficio general de la Unión Europea para impulsar su propuesta. El Ministerio de Economía ha compartido un documento con sus homólogos en el que defiende la creación de un sistema de emisión de deuda conjunta que, sin elevar el apalancamiento de los Estados miembros, permitiría crear un activo refugio en el mercado. La propuesta parte de un viejo debate que siempre ha acabado aparcado por la oposición de los países llamados frugales, fundamentalmente del norte de Europa. En esta ocasión, sin embargo, el marco es distinto, pues el Eurogrupo comparte el objetivo de impulsar el rol internacional del euro, algo para lo que los diferentes ministros e instituciones europeas llevan remando desde que el regreso de Donald Trump pusiese en duda el papel del todopoderoso dólar. Además, Economía estima que esta estructura generará ahorros sustanciales en los intereses a todos los países. “No es una mutualización de la deuda como se proponía hace 10 o 15 años, sino una cuestión de eficiencia en la emisión y un paso más en materia de reducción de la fragmentación. Es una agenda que yo creo que todos podemos compartir”, aseguró Carlos Cuerpo, vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía.

La Comisión Europea busca en la contratación pública una herramienta para impulsar a las empresas de la UE y dar ventaja a los productos made in Europe. En último término, el Ejecutivo comunitario pretende reforzar la seguridad económica del bloque comunitario y reducir dependencias de otras grandes potencias, principalmente China. Para lograrlo, la Comisión ultima un reglamento en el que abre mucho las puertas para que los concursos de compras de la administraciones de la UE incluyan cláusulas de preferencia europea, según el borrador, especialmente en sectores considerados “críticos” como la energía, la salud, el agua, el transporte o sectores industriales que pueden ser de doble uso —civil o militar—, como la construcción naval y el material ferroviario. El texto de 170 páginas que está preparando el Ejecutivo europeo busca, como norma general, dar la opción a “los compradores públicos” de introducir requisitos que puedan dar ventaja a las compañías europeas o, directamente, vetar la participación de las que tienen una nacionalidad de un país tercero que no tiene normas recíprocas con la UE. El borrador sí deja claro que no se puede perjudicar a las empresas con las que hay acuerdos de reciprocidad. Una medida como esta vuelve a poner en el foco la relación entre la UE y China, puesto que con Estados Unidos sí que hay acuerdos parciales en este campo.

Mientras que España dilata la decisión para prolongar la vida útil de la central nuclear de Almaraz (Cáceres), Reino Unido alarga 20 años el cierre de Sizewell B, unas instalaciones de 1,2 megavatios (MW) de potencia que generan el 3% de las necesidades eléctricas del país. El Ejecutivo de Keir Starmer anunció ayer un acuerdo con EDF (80%) y Centrica (20%), accionistas de la central. Ahora se requerirá una inversión de 800 millones de libras (940 millones de euros). Esta planta, ubicada en Suffolk, en la costa al este de Londres, es la última nuclear que se puso en servicio en Reino Unido, en 1995. La clausura, prevista para 2035, se extenderá hasta 2055. Se pretende garantizar el suministro del país sin tener que disparar las importaciones y avanzar hacia una generación sin emisiones de carbono. El acuerdo implica cambiar la retribución a partir de 2035, con la aplicación del conocido como contrato por diferencias, por el que se garantiza un cobro determinado, en este caso 70,5 libras MWh a precios de 2025. Si la energía se vende por encima de esa cifra, el Estado cobra el exceso, y al revés. EDF es propietario de las cinco plantas nucleares con nueve reactores en total que funcionan hoy en Reino Unido. Al resto ya se les habían prolongado los plazos entre doce y veinte años, y está previsto que en 2030 habrán dejado de operar. Estos cierres se producirán en paralelo a la apertura de Hinkley Point C, en Somerset, una central nuclear de nueva generación que no se enchufará a la red antes de 2031. La posible falta de energía nuclear ha despertado dudas sobre el suministro, los precios y la mayor dependencia de las importaciones.

Después de atacar sin miramientos a España a cuenta del gasto en Defensa, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a sorprender en la madrugada de ayer. En declaraciones a los medios de comunicación durante su viaje de regreso a Washington desde la capital de Turquía, Ankara, en el Air Force One, el inquilino de la Casa Blanca afirmó que “España se ha redimido por completo” después de haber aceptado “numerosos pagos” a la OTAN. Todo, apenas unas horas después de haber arremetido contra el país por la negativa del Ejecutivo de Pedro Sánchez a aumentar el gasto en Defensa al 5% del PIB, como lleva meses reclamando el presidente de Estados Unidos y se han comprometido numerosos socios de la Alianza Atlántica. Trump había amenazado el miércoles con paralizar “todo el comercio con España”, así como las visitas al país. Según algunas informaciones, incluso habría encargado al Tesoro estadounidense y a sus departamentos comerciales una lista de los bienes y productos que las empresas españolas exportan al país norteamericano, con el objetivo de cortar de raíz un mercado bilateral de más de 47.000 millones.

El ejército estadounidense lanzó ataques contra Irán por segundo día consecutivo, exacerbando las tensiones horas después de que el presidente Donald Trump declarase que consideraba que el alto el fuego con Teherán había “terminado”. Las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo “una nueva ronda de ataques”, alcanzando cerca de 90 objetivos militares iraníes, “para debilitar aún más la capacidad de Irán de atacar buques mercantes y civiles inocentes en el estrecho de Ormuz”, informó el Comando Central (CENTCOM) de Estados Unidos, que supervisa las operaciones militares en Oriente Próximo, a última hora del miércoles. “Esto es en represalia por el bombardeo de buques llevado acabo ayer por Irán. ¡Si vuelve a suceder, será mucho peor!”, publicó Trump en Truth Social el miércoles poco después de que comenzaran los ataques, junto a una imagen de edificios en llamas. Los últimos ataques se produjeron después de que el CENTCOM informase de que Estados Unidos había atacado más de 80 objetivos militares iraníes el martes, a raíz de que Irán atacase tres buques mercantes en el estrecho. Los renovados enfrentamientos amenazan el acuerdo provisional que las partes en conflicto alcanzaron en junio para extender el alto el fuego de abril y reabrir el estrecho al tráfico marítimo, y provocaron un fuerte aumento en los precios mundiales de la energía.