20261015

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día.

Declaraciones de Tamara Yagüe, presidenta de Confebask, en el acto conjunto con sus organizaciones miembro, Adegi, Cebek y SEA sobre ‘Reto Demográfico y Competitividad’. La combinación de las dificultades de contratación, el envejecimiento de la población y el desajuste entre las cualificaciones disponibles y las necesidades empresariales amenaza con limitar la capacidad de las empresas para crecer, innovar y sostener el empleo y el bienestar. Euskadi podría acumular un déficit de 240.907 personas trabajadoras en diez años. La brecha estimada hasta 2035 supondría 22.606 millones de euros de PIB no generado. Confebask propone actuar sobre cuatro palancas: gobernanza compartida, inmigración para el empleo, generación de talento, y arraigo con activación del talento local. Para Confebask, toda la estrategia sobre talento y reto demográfico debe girar en torno a una gobernanza compartida entre instituciones, organizaciones empresariales y otros agentes clave, que transite del actual sistema fragmentado a uno más integrado, para facilitar procesos ágiles, formación alineada con las necesidades de las empresas, la activación de todo el talento, tanto el que pueda venir de fuera como el ya disponible en Euskadi, y que integre una política de vivienda específica. Ver más en Confebask.  Informe completo aquí

Euskadi se asoma a un terremoto demográfico sin precedentes. En la próxima década, las jubilaciones y la falta de relevo generacional amenazan con dejar un enorme vacío en el mercado laboral vasco. Las compañías necesitarán cubrir cerca de 345.000 puestos de trabajo, pero la incorporación prevista de nuevos profesionales será insuficiente para atender esa demanda. El resultado, si no se actúa a tiempo, será un déficit de hasta 240.000 empleados en 2035. Confebask llamó ayer a «tomar conciencia» de la magnitud de este problema y reclamó una actuación coordinada entre las instituciones y el tejido empresarial para evitar que la escasez de mano de obra comprometa el crecimiento económico, la recaudación fiscal y, como consecuencia, la sostenibilidad del Estado del bienestar. De hecho, la patronal calcula que este desequilibrio podría traducirse en 22.606 millones de euros de PIB no generado hasta 2035, una cantidad equivalente al 22% de toda la riqueza producida en 2025. Ante esta situación, Confebask reclama una estrategia de atracción de talento basada en una «gobernanza compartida» que permita superar el actual «sistema fragmentado» y avanzar hacia un modelo más eficaz, capaz de facilitar la llegada de trabajadores extranjeros «con orden, con agilidad y con una integración real», según defendió su presidenta, Tamara Yagüe. Para lograrlo, la patronal propone crear un órgano con capacidad ejecutiva en el que participen las administraciones, el tejido empresarial y los agentes educativos, encargado de adecuar la oferta formativa a las necesidades del mercado laboral y simplificar los trámites para contratar profesionales de otros países.

El informe difundido ayer por la patronal vasca advierte de que «aunque Euskadi mantiene una tasa de paro reducida y supera el millón de personas ocupadas, el desempleo no desaparece al mismo ritmo que crece la afiliación». Una paradoja que se refleja en los 104.000 parados que, según la organización presidida por Tamara Yagüe, conforman una «bolsa estructural» difícil de reducir. La confederación empresarial atribuye esta situación a la concentración de personas sin trabajo en colectivos «con mayores barreras de empleabilidad», así como al desajuste entre sus competencias y los perfiles «técnicos, digitales o especializados» que demanda el tejido productivo. Por ello, la patronal reclama una «mejora de las políticas activas de empleo» que impulse la recualificación de los desempleados. Entre sus propuestas figura también la creación de equipos de recolocación para anticiparse a la pérdida de puestos de trabajo provocada por la Inteligencia Artificial, de manera que los afectados puedan incorporarse a sectores en crecimiento. Asimismo, plantea fomentar la contratación de mujeres, jóvenes e inmigrantes en ocupaciones técnicas e industriales tradicionalmente masculinizadas, con el objetivo de ampliar la base de candidatos disponibles para cubrir las vacantes.

"El plan anunciado ayer por Confebask para acelerar la contratación de trabajadores en Euskadi, debido a la falta de mano de obra a corto plazo, sitúa la crisis demográfica en primera línea del debate. Este reto, alejado de las preocupaciones que agitan la precampaña, tiene en realidad un impacto directo en sociedades avanzadas como la vasca. Por un lado, el aumento de la esperanza de vida y unas tasas de natalidad bajo mínimos acentúan el envejecimiento de la población, que apenas se sostiene con la llegada de inmigrantes. Por otro, las jubilaciones y la ausencia de relevo generacional abren un desierto en el mercado de trabajo, necesitado de profesionales para mantener el impulso económico y la eficacia de los servicios públicos. Sin manos suficientes, se puede tambalear el Estado del bienestar. Con esta premisa, parece más que justificado que la patronal vasca plantee un esfuerzo concertado para mejorar la competitividad y encontrar los perfiles a través de dos vías: la retención del talento y una inmigración atraída «con orden y agilidad». La confederación empresarial que preside Tamara Yagüe señala a una débil demografía como un factor determinante. Siendo un fenómeno global, en el País Vasco adquiere tintes casi dramáticos...La patronal fía gran parte del revulsivo laboral necesario en la llegada de profesionales de origen extranjero y pone cifra al desafío: Euskadi necesita 240.000 trabajadores en los próximos diez años para evitar un vacío de nefastas consecuencias para su progreso. Su llamamiento otorga un valor añadido a la inmigración, convertida en este clima de crispación en fuente de disputa electoral y tensión social. Frente a recelos injustificados, Confebask ha decidido lanzar una llamada a los migrantes que encauza su aportación como fuerza indispensable en el desarrollo productivo del País Vasco... Para que este plan eche raíces, resulta fundamental garantizar antes el acceso a una vivienda asequible, sueldos que se alejen de la precariedad y una educación de calidad"

El presidente de Michelin España y Portugal, César Moñux, advirtió ayer de que ninguna de las cuatro fábricas que la multinacional francesa tiene en España cuenta con la seguridad de continuar su actividad más allá de diez años. «Ninguna de las cuatro plantas tiene futuro asegurado más de diez años». «Es muy duro decirlo, pero esto es lo que asegura nuestro patrón cuando viene a visitarnos». Moñux apeló a la responsabilidad de toda la plantilla para preservar el futuro de las instalaciones. «El pasado no garantiza el futuro», señaló, antes de insistir en la necesidad de trabajar para que las próximas generaciones puedan desarrollar su carrera profesional en la compañía. La advertencia se produce en un contexto complicado para el sector. Según el directivo, la producción de neumáticos de Michelin ha caído un 20% en términos de tonelaje durante los últimos cuatro años, una evolución que ha provocado el cierre de varias fábricas del grupo en distintos países. Las instalaciones de Lasarte-Oria, Vitoria, Aranda de Duero y Valladolid afrontan, por tanto, un escenario de incertidumbre. El presidente de Michelín también alertó de que el absentismo se ha duplicado en sus fábricas. Para combatir el absentismo, Michelin ha desplegado programas de prevención de accidentes, salvaguarda de la salud y buenas prácticas, entre otras iniciativas. Moñux se preguntó si el sistema público de salud, incluidas las Mutuas, está preparado para dar diagnósticos rápidos que agilicen las altas para la vuelta al trabajo. 

La crisis energética no da tregua y ejerce una presión cada vez mayor sobre la economía de los hogares vascos. En septiembre, la tasa de inflación interanual se situó en el 5%, según los datos publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Se trata del mayor repunte desde febrero de 2023, cuando la tasa se situó en el 5,8%, justo cuando acababa de cumplirse un año desde el estallido de la guerra en Ucrania. Mientras tanto, la inflación subyacente –que excluye los alimentos no elaborados y los productos energéticos– escaló hasta una tasa del 3,4%. Para entender la magnitud del ‘shock’ energético, basta con comparar los precios de los carburantes en estos momentos con los que registraban las gasolineras vascas justo hace un año. Según el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el 30 de septiembre de 2025 el litro de gasolina tenía un precio de 1,51 euros. Justo un año después, sin embargo, este alcanzó un precio de 1,97 euros, un 30,4% más. Desde el 1 de octubre, eso sí, el Gobierno aplica un descuento de veinte céntimos por litro, que ha permitido bajar los precios medios hasta los 1,82 euros. El diésel, por su parte, se vendía a 1,45 euros por litro cuando acabó septiembre del año anterior. En cambio, un año después llegó a los 1,95 euros (un 34,5% más). Ahora, el litro se vende a una media de 1,91 euros, y eso teniendo en cuenta que desde el 1 de septiembre la rebaja fiscal a este carburante se mantiene en los veinte céntimos.

El nuevo repunte de los precios registrado en septiembre no responde a un recalentamiento del consumo doméstico, sino a una perturbación de costes importada que condiciona toda la cadena de valor. Así lo diagnostica el doctor en Economía de la Universidad de Deusto Massimo Cermelli tras confirmarse que el IPC escaló al 4,3% en Gipuzkoa, al 5% en Euskadi y al 4,9% en el conjunto del Estado. Aunque el territorio histórico presenta un diferencial de siete décimas por debajo de la media autonómica, el profesor matiza que esa brecha no significa que la vida se abarate, sino que los precios crecen a un ritmo algo menor dentro de un panorama general «bastante preocupante». «No estamos ante una inflación generada por un consumo excesivo de las familias, sino que estamos hablando de un shock de oferta: producir, transportar y distribuir se ha vuelto más caro, de forma similar a lo que vimos en 2022», sostiene el analista. El epicentro de este encarecimiento se sitúa en la inestabilidad geopolítica de Oriente Medio y en su traslación directa al barril de crudo, que ha disparado las cotizaciones de la gasolina, el gasóleo y el transporte. Cermelli recuerda que los costes logísticos ya avanzan a una tasa interanual del 10,5% –instalados de lleno en los dos dígitos–, lo que precipita una merma inmediata en el bolsillo ciudadano.  «Si los precios suben un 5% y no aumentan los ingresos en la misma proporción, somos más pobres en términos reales y tenemos que dedicar más dinero a mantener el mismo nivel de consumo, lo que reduce la capacidad de ahorro y frena otros gastos», argumenta el economista.

El director general de economía del Banco de España, David López Salido, vaticinó una inflación “más volátil y en determinadas circunstancias más elevada y persistente” en el medio plazo, derivada de la mezcla de shocks que producen la incertidumbre geopolítica y energética, unidas a la transformación demográfica, social y climática. López Salido describió un entorno económico en el que operan diversas fuerzas como contrapesos y que marcan un “cambio de época” en el que se dan tanto vulnerabilidades como oportunidades. “Es una inflación de costes”, resumió el economista al recordar que los precios suben por los movimientos en los mercados energéticos. Sin embargo, también destacó cómo los desarrollos tecnológicos por el lado de la oferta –como la inteligencia artificial– pueden ejercer de contrapeso y reducir los precios en el medio plazo. “Es en esta encrucijada donde tendremos esta volatilidad y ajustes de precio”, dijo. Ayer mismo se confirmó el dato de inflación del mes de septiembre, que escaló al 4,9%, empujado por el precio de los combustibles. 

La escasez de diésel amenaza con seguir castigando el bolsillo de los conductores «hasta bien entrado 2027» y su evolución dependerá de la recuperación del suministro procedente del estrecho de Ormuz. La Agencia Internacional de la Energía (AIE) alerta de que las reservas perdidas no empezarán a recuperarse de forma significativa hasta la segunda mitad del próximo año tras recordar que, aunque la oferta de petróleo comenzó a recuperarse en septiembre, las dificultades para producir y distribuir productos de refino mantienen el mercado bajo una tensión que va más allá del crudo. Según su último boletín difundido ayer, aunque los precios mayoristas del gasóleo han disminuido desde los máximos históricos cercanos a los 220 dólares que se alcanzaron en EE UU y Europa, siguen prácticamente al doble de sus niveles previos al conflicto y muy por encima del precio del barril de Brent. Esta brecha evidencia una realidad cada vez más preocupante: no basta con recuperar la producción de esta materia prima si las refinerías no consiguen transformarlo en combustible y los buques son capaces de transportarlo, lo que ya está teniendo un impacto económico en la subida de precios, la actividad económica y la inflación.

"Hay que reconocer que el invierno va a ser difícil para algunas industrias y familias” por los costes disparados, admite el comisario de Energía, Dan Jorgensen. Con el invierno a la vuelta de la esquina y una crisis energética que despunta y que puede inflamar aún más el descontento social, los líderes de la UE se reúnen en Bruselas para buscar soluciones. Reclaman a la Comisión Europea medidas urgentes para atajar los precios “disparados” de los combustibles fósiles. La crisis energética “requiere urgentemente una respuesta europea coordinada, basada en medidas específicas y temporales”, inciden los líderes en un borrador aún confidencial de las conclusiones de la reunión de hoy y mañana en Bruselas, al que ha tenido acceso EL PAÍS mientras continuaba gestionándose. La urgencia es mayor en vísperas de un superciclo electoral, que dará el pistoletazo de salida con España, en noviembre.

Fin a la incógnita. La reformada Intermodal de Júndiz ya tiene dueño. Adif ha adjudicado la gestión de este espacio, clave para el transporte de mercancías por tren, al consorcio conformado, entre otros, por la Cámara alavesa, la Diputación, el Puerto de Bilbao y MSC, la mayor naviera del planeta. La alianza vasca –que incluye al Puerto de Pasaia– se impone así al consorcio alternativo que ha rivalizado con las instituciones por esta infraestructura durante meses. Una entente conformada por Renfe Mercancías, la operadora Algeposa –con fuerte presencia en Gipuzkoa–, la alemana Kombiverkehr y la firma Transitalia, con base en la región de Campania. El gran contrato, inicialmente valorado en 2,6 millones de euros, abre la puerta a un amplio periodo de estabilidad en el polígono industrial vitoriano, el mayor de Euskadi. Y es que, aunque el alquiler inicial abarca solamente seis años, si la alianza de empresas realiza una serie de inversiones, podrá retener este equipamiento durante veinte años sin que Adif abra la puerta a otros competidores. 5,5 millones bastarían para controlar la plataforma del polígono alavés hasta dos décadas.

El empleo vasco se apoya cada vez más en la población migrante. En septiembre el número de afiliados a la Seguridad Social de origen extranjero creció hasta los 124.835, su cifra más alta y con su mayor salto desde que a mediados de abril arrancó el proceso de regularización extraordinaria. Así, frente a los 6.500 trabajadores foráneos que se incorporaron el año pasado entre marzo y septiembre, ahora su cifra se triplica: en los últimos seis meses Euskadi ha sumado 19.087 cotizantes de fuera, de los que algo más de 16.000 derivan directamente de la regularización. Solo en el último mes se han dado de alta en la Seguridad Social 4.649 trabajadores llegados de fuera, según recogen los datos trasladados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. El salto representa un incremento mensual del 3,9% y roza un aumento del 20% en el último año, por encima de la media española donde su porcentaje ha crecido dos puntos menos. Ahora hay 20.627 trabajadores extranjeros más en Euskadi que en septiembre del año pasado y el colectivo representa ya el 12% de toda la fuerza laboral que hay en el País Vasco. Y es que el empleo crece en Euskadi, pero lo hace sobre todo gracias a los ocupados llegados de fuera. De los 23.347 afiliados que ha ganado la Seguridad Social en el último año, casi nueve de cada diez proceden del extranjero (son el 88,3% de todos los nuevos cotizantes).

El Gobierno vasco impulsó en 2022 una plataforma para gestionar una red de centros de datos en Euskadi bajo el nombre de ‘aDi Data Center Euskadi’. Comenzó con varias empresas como Euskaltel (MasOrange), Teknei, la cotizada Dominion y posteriormente se sumaron Kutxabank, Iberdrola, la corporación Mondragon, Gertek y las diputaciones de Bizkaia y Gipuzkoa. La iniciativa ha levantado ya un centro de datos con una potencia de 2 MW que está en funcionamiento en Bizkaia, en el parque tecnológico de Abanto-Zierbena. Además, proyecta en Mondragon (Gipuzkoa) otra infraestructura que, en fases, alcanzará los 3 MW. La previsión es que esté en funcionamiento en 2027 en una parcela que supera los 5.000 metros cuadrados. El tercer nodo que completará esta red está previsto en Álava. El objetivo es movilizar una inversión de 100 millones de euros que permita a Euskadi participar en la carrera de esta nueva economía del dato aprovechando las dos conexiones con cables submarinos de fibra óptica que conecta la costa vasca con Estados Unidos –Marea para Microsoft, Meta y Telefónica; y Grace Hooper para Google–. El desarrollo de estas infraestructuras está muy condicionado por el decreto con el que el Gobierno de España quiere reducir su expansión, endureciendo la exigencia de empleo de energía renovable para su funcionamiento hasta un mínimo del 80%. La propuesta, que ha levantado en armas al sector, impacta de lleno en los planes del Gobierno vasco para su red del ‘aDi Data Center Euskadi’.

El ordenador cuántico IBM Quantum System Two instalado en Donostia será accesible de manera pionera para un reducido grupo de ocho empresas que han sido seleccionadas para explorar las oportunidades que puede ofrecer la computación cuántica a su actividad y crecimiento. El comité evaluador designado por el Gobierno Vasco ha seleccionado a tres guipuzcoanas, Multiverse Computing, LKS Next y Akshar Innovation, a tres vizcaínas, Iberdrola, Gertek y Global Data Quantum, y a dos estatales, Moeve y Amadeus, como las primeras que podrán utilizar esta infraestructura de avanzadas prestaciones. El departamento vasco de Ciencia, Universidades e Innovación ha anunciado los nombres de las primeras empresas con motivo de la celebración del primer aniversario del ordenador cuántico IBM Quantum System Two en Donostia, que tiene como su broche final el inicio de su actividad con el ámbito empresarial, lo que da inicio a una nueva etapa. En cualquier caso, en este periodo el ordenador cuántico ha registrado altas cotas de utilización, pero orientada a fines científicos. El consejero del ramo, Juan Ignacio Pérez Iglesias, ha cifrado en un 50% el porcentaje de capacidad que ha sido utilizada de media, aunque el pasado mes de marzo alcanzó un pico del 80%.

El tercer Diagnóstico sobre IA en Euskadi presentado ayer por la viceconsejera de Tecnología del Gobierno vasco, Jaione Ganzarain, recoge que los profesionales dedicados al desarrollo de la IA en 2025 ascendieron a 14.331, un 48,9% más que el año anterior y que la necesidad de contrataciones nuevas para estas tareas se disparó un 58% hasta las 3.856 personas, frente a las 2.439 del año anterior. Además, el 86,9% de las empresas en Euskadi, según el trabajo desarrollado por el Centro Vasco de Inteligencia Artificial (BAIC), realizan inversiones en esta materia. Un porcentaje que se ha elevado en casi siete puntos solamente en un año. Estas inversiones tienen una rápida repercusión en el negocio, ya que el 25% de las empresas asegura rentabilizarlas en solo un año. La implantación de la Inteligencia Artificial hizo que en 2025 el 21% de las empresas con más de diez trabajadores en Euskadi la emplearan de forma habitual en su organización. La cifra ubica al País Vasco a la cabeza de la ratio en España, solo por detrás de Madrid y Barcelona, y por encima de la media europea, situada en el 20%. A diferencia de lo que ocurre en el resto del país y en Europa, la industria manufacturera vasca lidera la implantación de estas tecnologías. 

IMQ inauguró ayer la ampliación de las instalaciones de la Clínica Zorrotzaurre, culminando así un proyecto estratégico iniciado en 2021 que ha supuesto una inversión de más de 30 millones de euros. Una importante apuesta por el crecimiento de este centro hospitalario, que desde 2019 mantiene una estrecha colaboración con la Universidad de Deusto como hospital universitario, acogiendo las prácticas de estudiantes de los grados de Medicina, Enfermería y Fisioterapia. La ampliación ha permitido incrementar notablemente la capacidad asistencial y quirúrgica de la clínica, con la incorporación de una tercera planta que alberga nuevas habitaciones elevando su capacidad hasta las 170 camas. Las instalaciones incluyen también una unidad de endoscopias con 17 boxes y siete salas de consulta, un área de consultas especializadas con otros 17 espacios y una nueva Unidad del Dolor. Al acto acudieron numerosos invitados, entre ellos, el presidente de Cebek, Guillermo Buces y su secretario general Francisco Javier Azpiazu. 

Habrá pelea. La decisión del Bizkai buru batzar de proponer a la vicelehendakari, Ibone Bengoetxea, para ser la candidata del PNV en las elecciones forales de mayo de 2027 ha provocado un terremoto en las filas jeltzales después de que la diputada general, Elixabete Etxanobe, reprochase el trato recibido y desvelase que el partido le había propuesto repetir en marzo. Ella no habló de su futuro, pero el BBB de Iñigo Ansola da por hecho que habrá batalla y que parte de las bases la apoyarán en el proceso interno.  La primera vuelta para elegir candidata a diputada general arranca el día 21 con las espadas en alto, 

Las revelaciones sobre Sergi Velez, pareja de la portavoz de la ejecutiva del PSOE, Montse Mínguez, que le identifican como propietario de al menos 30 inmuebles en los que, además, se han realizado desahucios han desatado la polémica una semana después de la muerte de Maricarmen Abascal tras ser desalojada de su piso en alquiler y cuando los socialistas, con Pedro Sánchez a la cabeza, intentan utilizar las políticas de vivienda como activador de su electorado ante las generales del 29 de noviembre. Pese a la polémica, el PSC de Lleida ha propuesto a la portavoz socialista como cabeza de lista al Congreso por esta provincia, candidatura que aún deberá ser ratificada mañana por el Consell Nacional de los socialistas catalanes. La actividad del novio de Montse Mínguez ha saltado a la luz después de que el partido tildase de «buitre carroñero» a la empresa de inversión Urbagestión, que posee, según la empresa, un solo piso en propiedad –el de la anciana de 87 años fallecida– en el inmueble que se convirtió en el detonante de la ola de protestas por el derecho a vivir bajo un techo asequible.

Uno de los corporativos con más implantación es la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF), con mucho peso en la Administración pública a través de unos 13.000 delegados sindicales. El 6 de octubre, un día después de que CC OO y UGT anunciaran su respaldo al llamamiento a la huelga general del Sindicato de Inquilinas, CSIF expresó su rechazo en un comunicado. Reconocía su “preocupación” por la crisis de acceso a la vivienda y el efecto en sus representados, pero, a la vez, rechazaba el paro por su cercanía a las elecciones: “La convocatoria de huelga semanas previas a la celebración de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre tiene unas connotaciones políticas que no casan con nuestra independencia y el carácter estrictamente profesional de nuestra organización”. Es una reflexión parecida a la de la Federación de Trabajadores Independientes del Comercio (Fetico), con mucha presencia en grandes superficies y que se van abriendo paso en otros sectores. “Nuestro carácter independiente y apolítico nos lleva a buscar, en cada momento, la mejor opción para las personas trabajadoras, al margen de cualquier calendario o interés partidista”, dijo tras la convocatoria de huelga esta organización con 9.400 delegados. Recientemente, Fetico ha sido muy criticado por CC OO, que le imputa ser un “sindicato amarillo” que trabaja a favor de las subcontratas que emplean Uber Eats y Glovo. El sindicato liderado por Unai Sordo es aún más contundente contra otro corporativo con presencia en el sector del reparto a domicilio y que también rechaza la huelga, el Sindicato Libre de Transporte (SLT, con 1.000 delegados). Le acusa de desplegar un “sistema de corrupción” en las elecciones sindicales en esas subcontratas, acusación que SLT rechaza frontalmente.

España es la única gran economía del euro que ha perdido productividad desde 2018, según el FMI y pese a recibir los fondos europeos. Lidera sin embargo en la Eurozona la subida de costes laborales. En radical contraste, Alemania, pese a sus problemas en este período, ha mejorado su productividad un 1% y la media de la Eurozona la ha elevado medio punto. Francia e Italia también registran incrementos del 0,3% y el 0,2% que, aunque modestos, presentan signo positivo. El atasco en la productividad es un problema general en el Viejo Continente, pero llama la atención que España presente decrecimiento tras tener asignados desde 2021 más de 100.000 millones de fondos europeos teóricamente destinados a transformar la economía nacional y mejorar su productividad. El FMI cree que esta variable registró en España una caída del 1,4% en 2025, por ejemplo, cuando teóricamente la bonanza y los fondos europeos habrían hecho esperar una fuerte mejora. Los crecimientos positivos este año y el próximo no evitan que la media desde 2018, según el FMI, sea negativa. Los economistas consideran que para medir bien la productividad hay que tomar períodos largos. Entre 2008 y 2017, con el grueso de los años en crisis, sí se produjo un aumento de la productividad del 3,2%, pero que tampoco resolvió los problemas de la economía nacional. 

Repsol responde a Iberdrola, que hace unos días se hizo con 100.000 clientes de Contigo Energía. La ofensiva de las grandes eléctricas la empezó Endesa al comprar clientes de luz a MasOrange. Totalenergies, durante años parada, ha retomado sus ofertas, y Naturgy está en campaña. Repsol, primera petrolera en España y cuarta eléctrica, va a iniciar una ofensiva comercial sin precedentes para acelerar su crecimiento en clientes de luz y gas, y consolidar así su estrategia de servicios multienergía. El grupo, cuyo consejero delegado es Josu Jon Imaz, inicia esta semana una campaña comercial para captar clientes de forma transversal. Aunque su objetivo es sobre todo aumentar su poder en electricidad, usará el reclamo de los descuentos en otros servicios –sobre todo hidrocarburos– como palanca. Aunque Repsol ha sido una de las grandes energéticas que más ha crecido en clientes de luz y gas –donde hace apenas diez años su presencia era prácticamente inexistente–, el grupo responde así a los últimos movimientos por parte de los grandes rivales: Iberdrola, Endesa, Naturgy y Totalenergies. Iberdrola es la primera eléctrica en España. Cuenta con algo más de nueve millones de clientes. Hace unos días, el pasado mes de septiembre, anunció la compra del negocio de comercialización de Contigo Energía (antigua Gesternnova), sumando más de 100.000 nuevos clientes eléctricos.

El endeudamiento mundial avanza inexorable hacia el 100% del PIB en 2029-2030, algo inédito desde los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Y, lo que es peor, el esfuerzo ha dejado exhausto el margen fiscal de los países para afrontar futuras crisis. Así se desprende del último Fiscal Monitor del Fondo Monetario Internacional (FMI), que esta semana celebra sus reuniones anuales en Bangkok (Tailandia). El Fondo dibuja un horizonte, inquietantemente próximo, en el que se está conformando la tormenta perfecta sobre las finanzas públicas internacionales: al de por sí elevado endeudamiento se han sumado en los últimos tiempos las subidas de tipos y el fuerte aumento del rendimiento de los bonos en las economías avanzadas, disparando los costes de financiación. Un cóctel aderezado por la presiones inflacionistas derivadas del conflicto en Oriente Próximo y su impacto sobre los precios energéticos, y por la creciente emisión de deuda vinculada con el desarrollo de la IA. Las principales consecuencias de esta mayor carga financiera son un tijeretazo en la capacidad de los gobiernos para responder a futuros baches económicos, sobre todo en un contexto geopolítico en el que es indispensable elevar el gasto en Defensa y en seguridad energética, y en el que el envejecimiento de la población consume ingentes recursos públicos. Sin olvidar, tal como advierte el FMI, que también se “reduce el margen para la inversión pública y el gasto social”.

Estados Unidos dio ayer un paso decisivo hacia la imposición de sanciones comerciales contra España por su política hacia Israel. La Comisión Marítima Federal (FMC), organismo independiente encargado de regular el transporte marítimo internacional, propuso imponer una tasa de 200.000 dólares por viaje a todos los buques de bandera española que operen en puertos estadounidenses. Además, plantea restringir la importación de determinados productos de este país, como aceites, cosméticos, cerámica, artículos de piedra y confitería. Dos medidas que, de aprobarse, abrirían un conflicto comercial de consecuencias difíciles de calcular. La decisión se produce tras casi dos años de investigación sobre el rechazo de barcos estadounidenses en puertos españoles por transportar mercancías vinculadas a Israel. La FMC afirma ahora que ha encontrado pruebas concluyentes de que el Gobierno de Pedro Sánchez ha creado condiciones desfavorables para el comercio marítimo de EE UU. Y ya no se limita a advertir de una posible discriminación, como hizo en 2025, sino que propone medidas económicas. La primera afectaría a todos los buques que naveguen bajo bandera de España, con independencia de su mercancía. Cada viaje sujeto a la medida supondría un coste adicional de 200.000 dólares. No sería, por tanto, una sanción única por embarcación, sino una tasa que se repetiría con cada operación gravada, equivalente a un impuesto. Una misma nave que realizara varias escalas o rutas sujetas al recargo podría acumular un coste considerable a lo largo del año.

Los satélites son los ojos de los ejércitos. Y si, como sucedió el martes en Ucrania, su servicio se interrumpe, las baterías defensivas de Kiev se quedan a ciegas y a merced de los misiles y drones lanzados por Rusia. Ayer volvió a suceder: quedó restringido el acceso a las terminales de internet por satélite Starlink, gestionadas por la empresa estadounidense Space X, propiedad de Elon Musk. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, no citó a Estados Unidos pero denunció esa indefensión y varios de sus asesores recordaron que estos apagones coinciden con la presión ejercida por Donald Trump para que cesen los ataques contra las refinerías rusas. El precio del diésel se ha disparado en los mercados internacionales y también en EE UU, y el líder republicano ve cómo su popularidad se hunde a las puertas de la elecciones de medio mandato (el próximo 3 de noviembre). Ciudades como Kiev y Járkov encadenaron dos noches seguidas de bombardeos. Los misiles balísticos del Kremlin rasgaron el cielo sin apenas oposición. No hubo aviso previo de los servicios de Inteligencia y, por lo tanto, no se activaron las alertas antiaéreas.