20261016

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día.

En declaraciones a Radio Euskadi (EiTB), la presidenta de Confebask, Tamara Yagüe, ha asegurado que “la huelga general convocada para el próximo 11 de noviembre es oportunista y más política que laboral, por lo que los empresarios vascos no nos sentimos interpelados". "Parece que lo que se ha hecho es justificar su convocatoria con argumentos laborales, cuando está claro, y así lo reconoció un dirigente sindical en estos mismos micrófonos, se trata de una huelga política. Creemos que es una convocatoria oportunista, justo en precampaña electoral". Sobre la pérdida del poder adquisitivo, Tamara Yagüe ha recordado que "las diputaciones no están haciendo la deflactación del IRPF, y eso supone que, en muchos casos, buena parte de la subida salarial pactada en convenio en el seno de las empresas, se la queda el gobierno y no pasa nada. Es curioso que nadie exija esa deflactación total del IRPF”. Asimismo, ante el incremento del 4,5% previsto en el ámbito público, y respecto a si las subidas salariales en el sector privado deberían ir en esa línea, ha recordado, en primer lugar, que “las empresas han subido por encima del IPC los sueldos en los convenios. En cuanto a los funcionarios, es el Estado el que marca la subida máxima. Habrá que ver si el anuncio del Gobierno vasco es realmente efectivo, o estamos ante un mensaje un poco electoralista". Ver más en Confebask. Entrevista íntegra aquí

Las diputaciones y el Gobierno vasco acordaron ayer en el Consejo Vasco de Finanzas aplicar una deflactación del 3% en el IRPF del próximo año. Se trata de un ajuste que se realiza en los tramos de renta y en las deducciones del impuesto para elevarlos y compensar así la subida de precios. Si no, el aumento de los salarios se iría directamente a Hacienda escapando del bolsillo del ciudadano. La medida es una respuesta frente a las dificultades que la carestía de la vida están empezando a representar para los ciudadanos. Tras el verano, la inflación ha empujado con fuerza y el mes pasado en Euskadi alcanzó un 5% interanual, abriendo el mayor ciclo alcista en los precios de este siglo después del episodio de 2022 con la guerra de Ucrania. La deflactación supondrá, según señalaron fuentes forales, dejar en el bolsillo de los vascos algo más de 145 millones que dejarán de recaudarse.  El 3% anunciado para 2027 mejora el 2% de este año, pero sigue estando por debajo de los precios, que el mes pasado firmaron en Euskadi esa subida interanual del 5%. Esta falta de ambición es un reproche que ha sido planteado por varios agentes económicos, la patronal y partidos como el PP. Y es que las diputaciones están convirtiendo en costumbre aplicar un porcentaje a la deflactación que siempre queda por debajo de la evolución de los precios. 

En pleno debate sobre qué mecanismos activar para evitar que la inflación se coma los salarios, la presidenta de la patronal vasca, Tamara Yagüe, reclamó ajustar la deflactación del IRPF a la evolución del IPC. Es decir, adaptar los tramos del impuesto al ritmo al que suben los precios para evitar que los trabajadores soporten una mayor carga fiscal por incrementos salariales que únicamente compensan el encarecimiento de la vida. Sin embargo, el 3% de deflactación pactado por las diputaciones vascas se queda por debajo de la inflación, que alcanzó el 5% interanual en septiembre, por lo que el ajuste fiscal no compensará íntegramente el aumento del coste de la vida. Yagüe, en una entrevista en la radio pública vasca, insistió en que la pérdida de poder adquisitivo «muchas veces viene por el dinero que te llevas al bolsillo», y recordó que en los últimos años la deflactación del IRPF en Bizkaia «no ha sido total», mientras que en el Estado «ni siquiera se ha deflactado». En cuanto al impacto de la inflación sobre las empresas, señaló la existencia de una «paradoja», ya que mientras los costes empresariales aumentan al ritmo de los precios, los contratos con la Administración pública no se actualizan automáticamente conforme al IPC, lo que obliga a las compañías adjudicatarias a asumir ese encarecimiento sin que aumenten en la misma proporción los ingresos que reciben por prestar sus servicios. Preguntada por el margen de las empresas para subir salarios, Yagüe defendió vincular los incrementos retributivos a la productividad, al considerar que las compañías atraviesan «un momento complicado» por el aumento de los costes laborales, al que se suma el encarecimiento de las materias primas y la energía.

"...La decisión del Consejo Vasco de Finanzas de aplicar un alivio del 3% en el IRPF, anunciada ayer por el consejero de Hacienda y las tres diputaciones, busca amortiguar esa pérdida de capacidad de compra, con el fin de evitar que las subidas salariales se destinen al pago de más impuestos. Sin embargo, esa contrapartida abre un encendido debate sobre su alcance real y el desigual margen de respuesta entre el sector público y el tejido empresarial privado. Si los precios crecen al 5% y el IRPF solo se adapta un 3%, los contribuyentes siguen perdiendo un 2% neto de poder de compra. De ahí los reproches de Confebask, que ve en este recurso fiscal un alivio insuficiente para el contribuyente y una brecha competitiva insostenible frente a una Administración que sí puede permitirse proteger a sus empleados. La grieta puede resultar asimilable para el personal de la red autonómica, tras el anuncio del Gobierno vasco de aplicar a sus 130.000 funcionarios y trabajadores de entes públicos una subida salarial del 4,5% el próximo año –la máxima que le permite la horquilla avalada por el Ejecutivo central y los sindicatos–. Pero amenaza con convertirse en un abismo para los trabajadores del sector privado, atrapados entre el alza del coste de la vida y la incapacidad de las pymes para asumir mayores costes laborales, según la patronal. Proteger al ciudadano sin estrangular al tejido empresarial que sostiene la propia recaudación es el difícil encaje de bolillos que también se dirime en las urnas..."

El empleo, el gasto público y el sector servicios siguen siendo la trinchera desde la que la economía vasca se defiende de la crisis industrial en Europa y de los conflictos geopolíticos. Así, el Gobierno vasco y las diputaciones confirmaron ayer que en este 2026 la recaudación alcanzará los 20.365 millones de euros, un 5,1% más que el año pasado y un 1,1% por encima de lo presupuestado, lo que se traduce en mil millones más. Las instituciones vascas, que analizaron lo datos en el Consejo Vasco de Finanzas, confían en el último trimestre del año para mejorar una recaudación que hasta agosto dio síntomas de menos vigor. En los ocho primeros meses los ingresos crecieron un 2,7%, por debajo del 4% presupuestado para este ejercicio. Un fenómeno que reflejaba descensos en la recaudación del IVA por el comportamiento del consumo y también por las medidas del escudo social activado por el Gobierno de España, que contemplaban rebajas impositivas en luz y energía. El conjunto de ese escudo social prorrogado el mes pasado, así como las facilidades de aplazamiento que habilitaron los gobiernos forales antes de verano han supuesto que las haciendas vascas hayan reducido su recaudación en 575 millones. En cualquier caso, la economía vasca aguanta con un crecimiento del PIB para este 2026 del 2,2%. Una dinámica que llevará a las diputaciones a marcar un nuevo techo histórico con esos más de 20.300 millones a final de año. 

El presidente de la patronal vizcaína Cebek, Guillermo Buces, ha arremetido con dureza contra el anuncio realizado por el Gobierno vasco de que incrementará un 4,5% los salarios del personal de la administración pública autonómica el año que viene. Según expone en un mensaje en la red LinkedIn, hacer esta previsión «cuando las empresas no podemos asumir todos los incrementos de costes que estamos sufriendo» es, en su opinión, «un error mayúsculo además de ser pura competencia desleal». Buces responde así al anuncio que realizó este mismo martes el consejero vasco de Hacienda y Finanzas, Noël d'Anjou, que explicó, tras el consejo de Gobierno, que los Presupuestos para el año que viene contemplan esa subida del 4,5% para los 130.000 funcionarios de la administración autónomica y los trabajadores de sociedades y entes públicos como Osakidetza, EiTB y la Ertzaintza. En realidad, se trata de un incremento que viene marcado por el Gobierno central. Buces, que ha llevado la negociación del convenio de Artes Gráficas como presidente de la asociación, apunta «que si las empresas pudiésemos repercutir nuestros gastos de personal a otros actores económicos, este tema tendría que otro cariz, pero no». Tras recordar que los salarios públicos «los pagamos todos los ciudadanos», advierte de que «estamos jugando con la viabilidad de muchas empresas y parece ser que no nos damos cuenta del daño que hacen este tipo de medidas por las repercusiones que tienen después».

BBVA Research ha revisado al alza sus previsiones de crecimiento para 2026 con un alza de dos décimas hasta alcanzar el 2,6% gracias al consumo privado, la creación de empleo y el tirón de los servicios. La previsión de este año es especialmente optimista para Madrid, Cataluña, las comunidades del sur o Valencia, donde el alza se dispara hasta el 2,9% también por el impulso de la reconstrucción tras la dana, mientras que la debilidad de las exportaciones y la situación de la actividad industrial limita el crecimiento para la zona norte marcando únicamente un 2,2% para el País Vasco. Sin embargo, mantiene que Euskadi liderará junto a Navarra las estimaciones para 2027, cuando alcanzaría el crecimiento más alto con un 2,4% frente al 2,1% que estima para el resto de España. El centro de estudios de BBVA advierte un contexto de «elevada incertidumbre internacional» para 2027 por la persistencia del encarecimiento de la energía, así como otros insumos clave, a los que añade una inflación más elevada y unos tipos de interés superiores a lo previsto. 

Casi tres décadas de maquetas, protocolos y sucesivas declaraciones de intenciones jalonan la crónica de la alta velocidad en Vitoria. Lejos de ser el capítulo definitivo, el nuevo anteproyecto presentado este jueves se suma a la ya extensa biblioteca ferroviaria de la ciudad, esta vez con una propuesta de 300 millones de euros. El planteamiento asume el reto de mantener el edificio histórico de la estación de Dato de 1934, proyecta un gran vestíbulo subterráneo de 6.000 metros cuadrados y fía a una segunda fase el soterramiento definitivo de las vías por el centro urbano. El calendario oficial fija el inicio de las obras para 2028; un horizonte que, a la luz de la experiencia acumulada en estas dos últimas décadas, obliga a abonarse a la cautela. La cuarta propuesta presentada este jueves por el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, y el presidente de Adif, Luis Pedro Marco, opta por el pragmatismo y concentra toda la arquitectura en el subsuelo de la actual estación. El documento técnico plantea una remodelación integral bajo la playa de vías. La futura terminal crecerá hacia abajo mediante una compleja solución de ingeniería a desnivel, diseñada específicamente para ser compatible con la futura llegada de los trenes soterrados... un hito que, de momento, se queda sin fecha fija en el calendario.

Los hogares vascos volvieron a consolidar su escepticismo en el tercer trimestre del año manteniendo la dinámica de los últimos registros con una desconfianza moderada. Así lo refleja el estudio presentado ayer por Laboral Kutxa, que advierte que si bien las expectativas de realizar grandes compras mejoran a pesar de la previsión de un nuevo incremento de precios, solo el 1,4% tiene intención de comprar vivienda y un 5,4% prevé adquirir un vehículo, una cifra que se mantiene estable incluso después de que el número de matriculaciones aumentara un 2% en los ocho primeros meses del año. El estudio de los consumidores vascos advierte que las expectativas positivas favorables proceden de la buena evolución del empleo y de la capacidad de ahorro. Por otro lado, aumenta la desconfianza respecto a la evolución de la economía del hogar y especialmente sobre la situación económica general, siendo este último factor el que concentra el mayor grado de escepticismo. Ver informe Laboral Kutxa. 

Enpresa itxi edo kanpoko kapitalen esku jarri beharrean, konpainia bertako langileen esku utz daiteke. Hala, trantsizioa askoz organikoagoa izango da, besteak beste, langileek barrutik ezagutzen dutelako enpresa.  Azken urteotan gero eta indar handiagoa hartzen ari den proposamena dago mahai gainean: enpresaren kudeaketa eta jabetza bertako langileen esku uztea. Trantsizio-prozesu honetan ezinbestekoa da pertsona bakoitzak egitura berri honetan izango dituen funtzioak eta eginkizunak argi eta garbi definitzea. Enpresaren kudeaketa eta jabetza langileei uztea ez da nekez aukeraturiko azken bidea, epe luzera bideragarritasuna eta jarraipena bermatzeko alternatiba oso sendoa baizik. Gehiago irakurri

La subida del salario mínimo interprofesional (SMI) constituye la principal enseña de Yolanda Díaz en materia laboral. La semana pasada dio el primer paso para subirlo una última vez como ministra de Trabajo, con la clara intención de que el alza cristalice antes de las elecciones generales. A diferencia del aumento de las pensiones, que el Gobierno deja para después de los comicios, en el departamento de Díaz tienen claro que la subida del SMI de 2027 sí procede antes de las elecciones. En el ministerio no precisan cuánto piensan subirlo y piden esperar a la cifra que recomienden los expertos, pero los mensajes de Yolanda Díaz y el antecedente de los informes previos de los especialistas apuntan a una subida que ronde el 5%, en línea con los datos actuales de inflación. Si esa acaba siendo la propuesta de Trabajo, quedaría por debajo del planteamiento de CC OO y UGT, a favor de un aumento del 7%. La patronal no precisa una cifra, pero expresa su enfado ante la posibilidad de que se concrete una subida de los 1.221 euros brutos actuales en 14 pagas antes del 29-N. Yolanda Díaz se refirió a la subida del salario mínimo ayer: “España tiene un reto, mejorar los salarios. El esfuerzo no puede recaer solo sobre el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores [el que regula el SMI]. Hago un llamamiento con todo el cariño a que mejoren los salarios”.

Los representantes de los sindicatos CC OO y UGT y de las patronales CEOE y Cepyme se reunieron ayer en la sede del Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA) para constatar la falta de acuerdo entre ambas partes ante la posibilidad de evitar la huelga general que las centrales van a convocar para el 11 de noviembre. En este encuentro, los representantes sindicales tuvieron que comunicar formalmente los motivos de la huelga a este organismo. En concreto, señalaron que la convocatoria se realiza “frente a CEOE y Cepyme”, y añaden que el motivo es “el derecho de acceso a la vivienda y el incremento de salarios para aumentar el poder adquisitivo de las personas trabajadoras, y la negociación del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), entre otras medidas”. Así lo recoge el “acta de desacuerdo” levantada por el SIMA,. La comparecencia de ambas partes en un acto de mediación es un paso previo a la presentación del preaviso o registro formal de la convocatoria del paro. Esta debe hacerse ante la autoridad laboral que, en este caso, será el Ministerio de Trabajo. La solicitud de mediación es asimismo algo habitual en la convocatoria de huelgas, también en las generales, ya que forma parte de los pasos administrativos que exige la regulación sobre paros laborales.

La economía española mantiene un ritmo de crecimiento muy superior al de sus homólogos europeos, aunque la tendencia apunta a la moderación. Esto es, el PIB español irá de más a menos en los próximos trimestres, aunque en el marco de una aterrizaje que se anticipa suave. Así lo reflejan los pronósticos de los grandes organismos económicos nacionales e internacionales, como la OCDE, el FMI o el Banco de España. También los servicios de estudios de las principales entidades financieras. Entre ellos, BBVA Research, que la semana pasada elevó en dos décimas su previsión de crecimiento para España en 2026, hasta el 2,6%, y mantuvo en el 2,1% su proyección para el año que viene. Ayer, la entidad publicó su habitual desglose de ese crecimiento por comunidades autónomas, en el que ya se aprecia un efecto relevo en cuáles serán las regiones que más tirarán del crecimiento en ese proceso de moderación, que viene marcado por el actual rebrote inflacionario. Esto es, “el encarecimiento de los costes energéticos y el endurecimiento de las condiciones financieras actuarán como vientos en contra ralentizando el ritmo de expansión” de la economía, advierte BBVA Research en su último Observatorio Regional. En el actual mar proceloso por el que navega la economía nacional, los principales remeros del PIB en 2026 seguirán siendo las comunidades con mayor peso en el sector turístico y en los servicios, con la Comunidad Valenciana, Madrid, Andalucía y Murcia al frente del avance. 

La Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas) actualizó ayer sus previsiones macroeconómicas para el periodo 2026-2028, anticipando una paulatina desaceleración de la economía española. De esta forma, el PIB pasaría de crecer un 2,5% este año (una décima menos de lo que espera el Gobierno), a moderarse hasta el 1,8% en 2027 y el 1,7% en 2028, debido al enquistamiento de las presiones inflacionistas, el alza de los tipos de interés y que algunos sectores que han sostenido la actividad en los últimos años, como el turismo, perderán empuje. Además, el centro de análisis eleva su estimación de inflación media anual hasta el 3,7% para este año y el 3,1% para el que viene, medio punto porcentual por encima de sus anteriores cálculos. El deterioro llega además en un momento en el que el sector exterior no puede compensar esa pérdida de fuerza. La debilidad de los principales mercados europeos, lastrados por la guerra en Oriente Próximo, limita las exportaciones, mientras que las importaciones crecen a un ritmo superior al de las ventas al exterior. Frente a estas tensiones, la prioridad es atajar la escalada inflacionista antes de que se contagie al conjunto del tejido productivo. Carlos Ocaña, director general de Funcas, insistió en que “el principal riesgo para el país es una inflación persistente que erosiona la renta de los hogares y la competitividad de las empresas”.

Si el Gobierno no aplica medidas de ajuste, el déficit público volvería a rebasar de forma inevitable el límite europeo del 3% del PIB a partir de 2030. Esto lleva a que los pagos por los intereses de la deuda pública aumenten en unos 20.000 millones de euros –desde entorno a 43.500 millones en 2026 hasta 63.700 millones en 2031–. A largo plazo, el ratio de deuda, es decir el termómetro para medir la salud financiera del país y determinar si las cuentas son sostenibles, caerá desde el 98,1% que se espera para este ejercicio hasta un 96% en 2029, cuando se estancaría. A primera vista parece positivo que la deuda baje, pero se queda atascada en un nivel superior al de referencia que fija la Unión Europea (60%) y significa que España debe prácticamente lo mismo que produce en todo un año. Y, al no seguir bajando, la economía se queda sin colchón de seguridad para afrontar futuras emergencias, como lo ha hecho, por ejemplo, con la pandemia o los efectos de las guerras en los últimos años. «Este resultado pone de manifiesto que el margen de maniobra de las AA.PP. para responder a shocks exógenos o a una posible recesión es prácticamente nulo», advierte Funcas en sus previsiones. «Cualquier situación que suponga un incremento del gasto o un menor crecimiento económico situaría la tasa de endeudamiento en una senda de insostenibilidad –es decir, creciente–». Con todo, cabe ser aún más precavidos si las tensiones financieras no ceden. 

El Gobierno se anota el mayor agujero de la historia de la Seguridad Social tras sus dos reformas desde 2021. El Ministerio de Inclusión ha cerrado las cuentas del sistema en 2025 y certifica que presenta ya un agujero patrimonial de 116.100 millones de euros, según el documento revisado por este diario que ha sido elaborado antes de su envío este mismo mes al Tribunal de Cuentas. Esta colosal cifra es el nuevo patrimonio neto negativo de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) en el último ejercicio cerrado, de acuerdo con las cifras oficiales del Ministerio. Se trata del mayor saldo negativo de la historia en la Tesorería General, porque el sistema sigue necesitando préstamos del Estado para cubrir pensiones y otros gastos. Este desajuste se produce tras las dos citadas reformas del sistema de pensiones y es un dato a valorar en pleno debate sobre seguir revalorizando todas ellas con el IPC. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del PP, Alberto Núñez Feijóo, se muestran dispuestos en sus declaraciones en precampaña electoral a apoyar una nueva revalorización con la inflación en cumplimiento de la ley. Ninguno plantea por ahora medidas adicionales para embridar las cuentas.

«Creo que a finales de 2026 vamos a asistir a una auténtica estampida de jubilaciones». Alfonso Muñoz, funcionario y técnico de pensiones en la Seguridad Social, asegura que este escenario se debe a varios factores, entre ellos las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. «Se están alineando tres factores clave que van a llevar a mucha gente a adelantar su decisión. Es muy posible un repunte de solicitudes en la recta final del año», avisa. La inestabilidad política es, a ojos de Muñoz, el primer motivo. «Vivimos un escenario de incertidumbre que genera muchas dudas sobre el futuro de ciertas medidas y la evolución del sistema de pensiones». De hecho, está siendo uno de los grandes debates junto al de la vivienda. «El segundo factor son los mensajes continuos sobre la insostenibilidad del sistema», apunta el funcionario...La tercera razón es «el verdadero detonante», según Muñoz. No es otra que la revalorización de las pensiones. «Con el IPC en septiembre en el 4,9% y las previsiones que sitúan una inflación del 3,5% para 2026 la foto es clara, las pensiones reconocidas en 2026 se revalorizarán aproximadamente un 3,5% en enero de 2027». Muñoz puso un ejemplo encima de la mesa: lo sucedido tras la altísima inflación de 2022 por la guerra de Ucrania. «A finales de 2022 vimos una avalancha histórica de solicitudes de personas que querían asegurar la revalorización del 8,5% y se jubilaron anticipadamente porque lo que perdían por adelantar su jubilación lo ganaban con la revalorización». «Para quien ya está jubilado una subida importante en la pensión es una buena noticia, pero para quien todavía está trabajando y está pensando en jubilarse anticipadamente, la comparación entre jubilarse ahora o esperar unos meses puede empezar a resultar más compleja», termina.

La justicia europea ha aclarado las reglas sobre la responsabilidad que tienen los bancos frente a las ciberestafas. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictó ayer una sentencia en la que establece que las entidades financieras no pueden negarse a devolver el dinero sustraído mediante una operación no autorizada alegando que el cliente actuó con negligencia grave. El máximo tribunal europeo obliga a los proveedores de servicios de pago a reembolsar el importe defraudado y dejar para después que la demostración de que el cliente no protegió sus credenciales de seguridad y la reclamación de las pérdidas ocasionadas. La sentencia señala que la decisión de los bancos de no devolver el dinero sustraído por actividades de suplantación de identidad, phishing (suplantación de identidad de una empresa o persona) y otros engaños, aferrándose a que el cliente actuó con negligencia grave es contrario a la directiva europea sobre servicios de pago, cuyo objetivo es “garantizar un elevado nivel de protección de los consumidores”. El fallo resuelve que el banco debe devolver el importe de una operación no autorizada inmediatamente y, como máximo, al final del día hábil siguiente a aquel en el que haya tenido conocimiento de ella. Eso sí, siempre que el cliente haya comunicado el fraude sin demora injustificada. La única excepción contemplada por el TJUE para suspender el reembolso es cuando la entidad tenga motivos razonables para sospechar que el cliente ha cometido un fraude y comunica por escrito esas razones a la autoridad nacional competente.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha alertado este jueves de que la guerra en Oriente Medio ha provocado el mayor 'shock' petrolero "en al menos cinco o seis décadas". Asimismo, el organismo, que celebra estos días en Bangkok sus reuniones anuales, ha admitido que sus efectos serán "duraderos" en distintos sectores e impedirán a la región recuperar para 2030 la trayectoria económica previa al conflicto. Al mismo tiempo, el director del Departamento de Oriente Medio y Asia Central del FMI, Jihad Azour, ha afirmado que su impacto "ha sido más limitado de lo que su magnitud inicial sugería" gracias al uso de rutas de transporte alternativas y a ajustes en la demanda, entre otros factores. Además, el economista libanés ha valorado que la consecuencia de la guerra es "muy desigual" entre las economías de la región.

El Gobierno decidió ayer liberar un total de 4,4 millones de barriles de reservas petrolíferas. Es el equivalente a algo más de cuatro días de consumo en España y el mayor uso que se ha hecho, de una sola tacada, de ese almacén de emergencia. El objetivo es frenar la escalada de precios que se está produciendo en el mercado, atizada por la guerra del Golfo Pérsico. La gestión de este almacén de emergencia corre a cargo de la entidad semipública Cores. Aunque hay cerca de 400 empresas en España que tienen obligación de financiar a Cores para que mantenga un nivel de reservas de forma permanente, son sobre todo las grandes energéticas las que más contribuyen en función de sus ventas. Repsol y Moeve son los grandes contribuyentes por su posición en petróleo –precisamente lo que se libera ahora–. Naturgy sería la empresa que más debe contribuir a las reservas de gas. Los 4,4 millones de barriles se liberarán este mismo mes de octubre. Forman parte del compromiso adquirido el pasado marzo por España en el seno de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) para contrarrestar el impacto por la crisis en Oriente Próximo. Ya en marzo se liberó una primera tanda de 3,7 millones de barriles. En aquel momento, España se comprometió a liberar hasta 11,5 millones de barriles de petróleo, el equivalente a 12,3 días del consumo total del país.

La postura de la Unión Europea y de Estados Unidos respecto a la guerra en Ucrania se ha distanciado en los últimos años, más aún desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en 2025. Mientras Europa defiende la soberanía de Kiev y ve como una amenaza a Rusia, Washington percibe este conflicto como una molestia que debe resolver cuanto antes para reducir los precios de la energía. Lo volvió a demostrar hace una semana con el acuerdo sellado con el jefe del Kremlin, Vladímir Putin, para comprar diésel ruso pese a la contienda y las sanciones internacionales contra Moscú. El bloque comunitario considera esta maniobra del republicano un error. «No es el enfoque correcto. La presión para acabar con la guerra tiene que ponerse sobre el agresor, no sobre la víctima para que se rinda», respondió ayer la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas, en la cumbre europea que se celebra hasta hoy en Bruselas. La estonia rechazó, igualmente, la propuesta de Trump para liberar parte de los activos rusos como parte de la negociación para poner fin a la contienda. Kallas –una de las voces que más fuertemente ha defendido a Kiev desde el inicio de la invasión rusa– criticó el acercamiento de Trump a Putin. «Definitivamente la UE y EE UU tenemos diferentes enfoques en esta guerra», lamentó la jefa de la diplomacia europea, quien recordó que los beneficios de las exportaciones energéticas son la mayor fuente de financiación de Rusia para continuar en esta contienda que dura ya más de cuatro años y medio.

EEUU estudia restringir la entrada en su país de exportaciones españolas por más de 3.130 millones de dólares anuales (unos 2.800 millones de euros) citando un listado de productos específicos que incluye aceite de oliva, perfumes, baldosas o chocolate blanco. Un golpe al comercio español que se vería agravado con un arancel de 200.000 dólares por viaje a cada buque español que arribe a territorio estadounidense. La cuenta atrás para tratar de sortear el castigo ha comenzado, pero España lidia con unas elecciones generales en medio del plazo de alegaciones concedido por Washington. Las sanciones propuestas el miércoles por la Comisión Marítima Federal de EEUU (la FMC, por sus siglas en inglés) son el resultado de la investigación abierta después de que España denegara el acceso a sus puertos a tres buques adscritos al Programa de Seguridad Marítima (MSP) de la Administración Marítima de los EEUU (Marad), entre noviembre y diciembre de 2024, alegando que no se facilitaría el transporte de armas a Israel en el marco de los bombardeos sobre Gaza. Desde entonces, la FMC ha estudiado 8.000 alegaciones al respecto, incluyendo la de España, que sostuvo que su territorio es soberano, que la Comisión no tiene jurisdicción sobre el país y que se limitó a cumplir con la legislación nacional, comunitaria e internacional que prohíbe el tránsito de armamento a través de sus puertos. La Comisión concluye que existen “pruebas concluyentes” de que “las actuaciones de España han generado, a raíz de sus leyes o reglamentos, condiciones desfavorables para el transporte marítimo” estadounidense y su “comercio exterior”. “España ha denegado públicamente el acceso a puerto a varios buques” de EEUU, “obligados a modificar sus rutas” y a “excluir puertos de España de sus futuros itinerarios”. España, dice, “ha manifestado que, en el futuro, seguirá denegándolo”.