20261021

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día.

En una entrevista en Onda Vasca, la presidenta de Confebask, Tamara Yagüe, ha asegurado, ante el elevado incremento del IPC, que el empresariado vasco "siempre ha respondido con subidas salariales. En los últimos años, que es cuando más inflación hemos tenido, todos los convenios han subido por encima de la inflación. Y, en cambio, no ha sido igual en las deflactaciones. Resulta que el empresariado está subiendo los salarios por encima del IPC y en cambio las haciendas públicas no están deflactando el IRPF, con lo que parte de esa subida va a sus bolsillos". En este sentido, ha apuntado al compromiso adquirido por las haciendas vascas de deflactar el 3% "cuando han prometido una subida salarial del 4,5% a los funcionarios". "No sé exactamente por qué esa diferencia. Y en Euskadi, al menos, se está deflactando algo, que el gobierno del Estado ni siquiera hace deflactación del IRPF". Respecto al anuncio del incremento salarial para el funcionariado vasco, Yagüe ha afirmado que ese anuncio fue "desafortunado en el tiempo y un poco más electoralista que real. Hay que pensar que esa subida para 2027 prometida del 4,5% al funcionariado depende de lo que el Gobierno de España determine". Por otra parte, ha advertido que la industria "se está ralentizando" en Euskadi y "parece que va a dos velocidades, dependiendo del sector" y ha llamado a "trabajar entre todos" para defenderla. Y además, Tamara Yagüe también ha puesto el foco también en las bajas médicas y la escasez de talento. Denuncia que en Euskadi existen "unos índices de absentismo muy superiores a los del resto del estado", una situación que califica de "lastre" y que, a su juicio, requiere de una mejora profunda en la gobernanza institucional del sistema de salud. A esto se le suma la falta de perfiles cualificados en una amplia variedad de sectores y servicios. "Si no hacemos nada de aquí al 2035, la estimación es que van a faltar 240.000 trabajadores". Ver más en Confebask aquí.  Escuchar entrevista Onda Vasca aquí. 

Un espectacular repunte que, sin embargo, está condicionado por dos factores. Por un lado, agosto del año pasado fue un mes especialmente catastrófico para el comercio exterior vasco. Los envíos al extranjero sufrieron una contracción del 29% en el primer mes completo de aplicación del acuerdo arancelario entre Estados Unidos y la Unión Europea, que estableció un gravamen general del 15% y barreras más elevadas para el acero, el aluminio o la automoción. Un golpe que acusó especialmente el sector automotriz. Las exportaciones de neumáticos en 2025 se desplomaron un 54,3%, hasta los 31 millones de euros, mientras que las de componentes de vehículos retrocedieron un 31,4%. Un año después, sin embargo, la situación ha dado un vuelco. La industria vasca ha recuperado parte del terreno perdido, favorecida por la estabilización de las cadenas de suministro y la tímida recuperación de Alemania y Francia, dos de sus principales mercados. Una mejoría que se refleja especialmente en el sector de la automoción. La fábrica de Mercedes en Vitoria, corazón productivo de Álava, ha elevado sus exportaciones de 59 a 83 millones de euros, un incremento del 40%. El repunte se extiende también al conjunto de Euskadi, donde las ventas al exterior de componentes de automóviles han crecido un 17,9%, las de turismos un 30,1% y las de neumáticos un 80,5%. Sin embargo, si hay un protagonista que explica el extraordinario comportamiento de las exportaciones vascas en agosto, ese es Petronor. Los datos de Eustat muestran que las ventas al exterior de aceites refinados de petróleo se dispararon un 189,1%, hasta alcanzar los 141 millones de euros, en un contexto internacional marcado por el cierre del estrecho de Ormuz y las dificultades para garantizar el suministro de combustibles. 

La Administración de Donald Trump pretende imponer una tasa de 200.000 dólares por viaje a los buques con bandera española que atraquen en puertos estadounidenses. La medida responde a la negativa del Gobierno de Sánchez a permitir que barcos de bandera estadounidense que transportaban armamento con destino a Israel hicieran escala en puertos españoles, en plena ofensiva militar israelí sobre la Franja de Gaza, sometida entonces a uno de los episodios más devastadores del conflicto. La medida, en todo caso, todavía no ha entrado en vigor. La Comisión Marítima Federal estadounidense ha abierto un periodo de alegaciones hasta el próximo mes de diciembre, tras el cual decidirá si aplica una sanción que podría suponer un importante golpe para las empresas exportadoras españolas. Sin embargo, su alcance sería más limitado de lo que a primera vista podría parecer, ya que la tasa se impondría en función de la bandera de los buques, y no del puerto del que procedan ni de la nacionalidad de las mercancías que transporten. En el Puerto de Bilbao, en ese sentido, el impacto de esta medida sería limitado. Según los datos facilitados por la autoridad portuaria, durante 2025 se registraron un total de 143 escalas de buques con origen o destino en Estados Unidos, tanto en la costa Este como en la Oeste, de los cuales únicamente ocho navegaban bajo bandera española, apenas un 6% del total. Una proporción que se ha reducido todavía más este año. 

La mayoría de los accionistas de la compañía están representados en el consejo de administración de la empresa, que reúne cerca de un 20% del capital cotizado. Destaca la familia Zorrilla Lequerica que lidera un acuerdo de concierto con varios accionistas para controlar un 10,26%, le sigue con otro acuerdo de concertación la familia Barandiarán con un 6,08%. En tercer lugar, BBVA tiene un 5,21% y el vicepresidente Emilio Ybarra Aznar representa un 1,53%.  El resto del capital está en manos de pequeños accionistas. La dirección de Tubos Reunidos y la administración concursal se sientan hoy con los sindicatos para analizar las complicadas perspectivas de la compañía y hasta qué punto pueden mejorarla las cinco ofertas escogidas entre las que se han presentado en el concurso de acreedores que atraviesa. Lo harán después de evidenciar ayer que las dificultades no hacen distinción entre propietarios y empleados. Y es que los dueños de los títulos de Tubos Reunidos perdieron ayer los 21,7 millones de euros en que estaban valorados en Bolsa. Es una de las consecuencias de la disolución de la matriz del grupo, que es la que cotiza en los mercados: ‘Tubos Reunidos S.A.’ El hecho deja sin valor el patrimonio bursátil de la empresa, que ascendía a esos 21,7 millones. Además, la matriz de la compañía cerrará sus oficinas en Madrid, aunque sí mantendrá a sus ocho empleados. La liquidación no afecta a los activos de la empresa, sus negocios o sus empleados. Son actividades que se mantienen sometidas al proceso concursal para el que se acaban de seleccionar esas cinco ofertas con las que continuar la negociación.

Las dificultades que atraviesa Tubos Reunidos están afectando a muchos de sus cuadros directivos. La empresa, con una deuda de 300 millones y en proceso concursal, atisba un futuro complejo que no ayuda a retener el talento. Así, en los últimos meses han sido varios los ejecutivos de la empresa que han salido y que se unen también a las dimisiones de diferentes miembros del consejo de administración. Entre los directivos, el último nombre que ha trascendido es el del director general de la planta de roscado de tubos que la empresa tiene en la localidad alavesa de Nanclares. Se trata de Asier Allende, cuya revocación de poderes ha sido publicada en el registro mercantil esta semana. Allende se incorporó en septiembre a la compañía USA Group como director de planta. Su caso es uno más que se añade a la lista en la que están el que fuera responsable de recursos humanos, Ekhi Etxeberria, que abandonó la empresa por motivos personales. Antes lo hicieron otros directivos clave, como el director comercial, Pedro Rodríguez o el responsable de ventas en Estados Unidos, Iñaki Luengo. Las marchas también han dejado huella en el órgano de gobierno de Tubos Reunidos con cuatro ceses, todos de ellos voluntarios. 

Doble cita con los sindicatos para hablar del SMI. El lehendakari Imanol Pradales se reunirá este miércoles con ELA y LAB para abordar, principalmente, «la necesidad de impulsar un Salario Mínimo Interprofesional (SMI) propio de 1.500 euros en Hego Euskal Herria», según ha informado la central liderada por Mitxel Lakuntza. Lakuntza y Garbiñe Aranburu, máximos responsables de ELA y LAB, ya mantuvieron una reunión con Pradales el pasado 14 de septiembre dentro de la ronda de contactos abierta días antes por Pradales para tomar el pulso a los partidos políticos, los sindicatos y Confebask, con la vista puesta en la segunda parte de la legislatura. En aquella reunión, el líder de ELA reclamó al lehendakari que abandone su inacción en la cuestión del SMI propio, y que adopte «un compromiso público para exigir a Confebask que se siente a negociar un acuerdo interprofesional para establecer un salario mínimo de 1.500 euros para este año».

Aunque no hay fecha concreta, los sindicatos han arrancado al Gobierno el compromiso de que aprobará la subida de sueldo a los funcionarios y los empleados públicos antes de que acabe el año, para que tenga efectos desde el próximo 1 de enero. Esto comprende tanto el aumento previsto para el conjunto del próximo año, del 4,5%, como el incremento adicional a la subida de 2026, del 0,5%, en compensación por la desviación de la inflación. Este extra tendrá efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2026. Así lo comunicaron ayer los principales sindicatos del colectivo, que comprende a 3,6 millones de trabajadores entre la Administración Central, comunidades autónomas, ayuntamientos y empresas públicas, tras la reunión mantenida con el departamento del ministro Óscar López. La exigencia de las organizaciones era que estas subidas fueran aprobadas por real decreto ley antes de las elecciones generales del 29 de noviembre y posteriormente confirmadas por la Diputación Permanente. Sin embargo, en esta toma de contacto, el Ejecutivo no ha podido garantizar una fecha concreta en la que el real decreto ley verá la luz. “El Gobierno se ha comprometido a aprobar legalmente esa subida pero sin especificar la fecha”, confirmaba CCOO al término de la reunión.

Gipuzkoa ha reducido un 11,8% sus compras a Francia y mantiene sus exportaciones a la baja en plena crisis económica del país galo, acompañada ahora de un estallido social que está incendiando las calles de las capitales. Las exportaciones de Gipuzkoa al mercado francés acumulan tres ejercicios consecutivos en negativo. El comportamiento de este año ofrece, por ahora, una imagen algo más favorable. Las ventas crecieron un 4,2% entre enero y agosto, aunque algunos de los principales productos industriales mantienen una trayectoria descendente. Las máquinas y aparatos mecánicos, que representan el 1,5% del total exportado al país galo, registraron una caída del 1,6%, hasta los 158,9 millones de euros. Los aparatos y el material eléctrico, séptimo producto más vendido a Francia, retrocedieron un 4%. La mayor preocupación para las empresas guipuzcoanas se encuentra, no obstante, en el lado de las importaciones. Francia ha ocupado tradicionalmente la segunda posición entre los proveedores extranjeros del territorio, pero ese puesto corre peligro en este presente 2026. China se ha situado a solo 34 millones de euros de distancia, después de que las compras guipuzcoanas al mercado francés se hayan desplomado un 11,8% durante los ocho primeros meses del año. Se trata del mayor retroceso entre los diez principales proveedores, solo por detrás de Suecia.

En agosto, por tercer mes consecutivo, China fue el primer proveedor mundial de España, afianzando y ampliando su histórico sorpasso a Alemania, tradicionalmente el mayor suministrador de bienes a nuestro país. Entre enero y agosto, España importó de China bienes por valor de 35.879 millones de euros, un 11,1% más, frente a los 33.686 millones adquiridos a Alemania, con un alza del 2,5%. Esto es, una diferencia que roza ya los 2.200 millones. Así lo refleja el último Informe de Comercio Exterior del Ministerio de Economía, publicado ayer. Solo en agosto, las compras a China se dispararon un 18,9%, hasta los 4.430 millones, mientras que las importaciones desde Alemania crecieron un 3,6%, hasta 3.265 millones. Sin embargo, este acelerón de las compras al gigante asiático no se ha visto acompañado por un impulso similar de la actividad importadora desde Pekín. De hecho, aunque las exportaciones españolas a China crecieron un 41,5% en agosto, hasta 680 millones, el balance del acumulado del año sigue siendo muy pobre para España, que apenas elevó un 0,7% sus ventas al país asiático en los ocho primeros meses del año, hasta 5.383 millones. El resultado sigue siendo un abultadísimo déficit comercial, que se catapultó hasta los 30.496 millones hasta agosto, un 13% más que en 2025, mientras que el déficit con Alemania fue de 6.571 millones, un 5,6% menos.

El año pasado ITP Aero incrementó un 20% su gasto en la cadena de suministro nacional, superando los 320 millones de euros (176 en el País Vasco) y contribuyendo a la creación de 1.350 empleos indirectos. La compañía celebró ayer una reunión en Zamudio, la primera edición de su Supplier Forum, un encuentro que congregó a más de 50 directivos de 30 empresas proveedoras para compartir su visión estratégica y «fortalecer la colaboración con una cadena de suministro llamada a desempeñar un papel esencial en su crecimiento futuro». Durante el encuentro, la firma destacó que la amplia representación de empresas del entorno refleja su fuerte vínculo con el tejido industrial local. De hecho, el 75% de las compañías participantes cuentan con presencia en el País Vasco, un territorio que desempeña un papel clave en el desarrollo de capacidades industriales avanzadas para el sector aeroespacial. Además presentó a sus proveedores los principales proyectos que impulsarán el crecimiento de la compañía.

Es una operación inédita en el sentido de que el Ejecutivo vasco se convierte en la primera institución del Estado en adquirir un paquete tan grande de vivienda a un fondo de inversión para evitar que deje de tener protección pública. El medio millar de familias que viven de alquiler protegido en las 510 viviendas del barrio donostiarra de Benta Berri que iban a perder su protección pública en noviembre de 2028 ya pueden respirar tranquilas. El Gobierno Vasco ha llegado este martes a un acuerdo con la socimi Testa Homes, filial del fondo de inversión norteamericano Blackstone, para comprar el derecho de superficie de estos 510 pisos, de tal forma que puedan destinarse al alquiler protegido de manera permanente, eliminando la espada de Damocles que pendía sobre estos hogares. La operación de compra se ha cerrado en una cifra cercana a los 100 millones de euros, lo que da una media de 196.000 euros por vivienda. Es decir, el Gobierno Vasco las adquiere a un precio similar al de una VPO, no al que podrían alcanzar en el mercado libre. Con este movimiento, el Gobierno Vasco garantiza la calificación permanente como vivienda de protección pública de las 510 viviendas de Benta Berri, cuyo régimen de protección actual vencía en noviembre de 2028, lo que abría la puerta a que los alquileres pudieran pasar al mercado libre, como se temían las familias que habitan esas viviendas. El Gobierno Vasco llevaba meses tratando de evitar ese golpe para el parque público de vivienda y, con el acuerdo alcanzado con Testa, los inquilinos podrán continuar en sus viviendas en un régimen de alquiler protegido similar al que tienen actualmente, con unas rentas que oscilan entre los 600 y los 900 euros al mes, dependiendo del número de habitaciones de cada vivienda. La firma del contrato de compraventa está prevista para antes de final de año.

Los topes a la subida de las rentas del alquiler que conlleva la declaración de zonas tensionadas está teniendo un efecto perverso en la oferta de vivienda para arrendar que publican grandes plataformas inmobiliarias como Idealista: las ciudades en las que ha entrado en vigor el control de precios están viendo cómo su oferta de pisos para alquiler permanente cae con intensidad, mientras que los alquileres de temporada (aquellos que generalmente no superan el año de duración y que la ley estatal de Vivienda de 2023 dejó fuera de los topes a las rentas) empiezan a acaparar gran parte de la oferta. Donostia es la capital del Estado que más está sufriendo esta deriva, ya que la oferta de alquiler de larga duración se ha desplomado a la mitad en el último año (-52%), al tiempo que los arrendamientos de temporada ya suponen casi dos de casa tres viviendas ofertadas en Idealista, el 62%, el peso más alto de todas las capitales del Estado. El portal inmobiliario Idealista, el que más volumen de negocio abarca en España y en el que la gran mayoría de las inmobiliarias tradicionales vuelcan sus ofertas tanto en venta como en alquiler, ha publicado este martes un informe donde compara la evolución de los alquileres permanentes y de temporada en todas las capitales españolas. La conclusión del informe es que en las ciudades que han sido declaradas tensionadas la caída de los alquileres de larga duración es más acusada, con la única excepción de Girona. En Donostia es donde el desplome ha sido más evidente en el último año.

El fuerte incremento de la inflación, que ha alcanzado casi el 5% en septiembre, está abriendo una brecha cada vez más acusada con el poder adquisitivo de los trabajadores. Mientras el índice general de precios escala al máximo desde febrero de 2023, los asalariados encaran mucha incertidumbre. Los convenios colectivos firmados este ejercicio recogen un incremento medio del 3,76%, pero la subida ponderada del conjunto de los acuerdos vigentes —sumando los acordados en años anteriores con efectos para 2026— se queda estancada en el 3%. La merma en septiembre asciende ya a dos puntos porcentuales respecto al incremento salarial de los trabajadores que ya tienen sus condiciones cerradas para 2026, aunque el efecto se mitiga en el promedio del conjunto del año. Además, la negociación de un nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), donde las cúpulas sindicales y patronales pactan las recomendaciones salariales para la negociación de los convenios, está totalmente paralizada por incomparecencia de la patronal y no tiene visos de desbloquearse. Mientras, los principales sindicatos (CC OO y UGT) han anunciado que exigirán un incremento del salario mínimo interprofesional del 4% al 7% anual para los próximos tres años. Y Trabajo prepara esa subida, que previsiblemente rondará el 5%, con la intención de aprobarla antes de las elecciones generales.

Entrevista con Ignacio González, presidente de Aecoc, la patronal de las empresas de gran consumo. Con el IPC en su nivel más alto desde febrero de 2023 y la energía disparada por la guerra de Irán, el sector llega a la cita resistiendo al límite, y González advierte de que ese colchón tiene fecha de caducidad. "Hasta ahora las empresas han aguantado sacrificando márgenes o recortando gastos, y por eso la inflación de la alimentación está dos puntos por debajo de la general. Vamos a intentar aguantar todo lo que se pueda, pero en el momento en que ni los márgenes ni los planes de reducción de costes resistan, será difícil de parar. Cada día que continúa la guerra, es más difícil...El problema de la vivienda nos afecta porque merma el poder adquisitivo y porque en algunas zonas no encontramos personal. El otro gran problema es la falta de relevo generacional en ciertas profesiones, como transportistas, pescaderos, carniceros o técnicos de mantenimiento en fábricas. En España hay 160.000 vacantes sin cubrir y, a la vez, hay paro. A eso se suma cierta preocupación por el futuro. Aunque la macroeconomía está bien y el PIB crece, la situación de los hogares no es buena. Y los tipos de interés están subiendo, lo que va a encarecer la vida de la gente y la financiación de las empresas...Somos un sector que emplea a muchísimos jóvenes y que contrata todo tipo de perfiles, pero las profesiones que me faltan no creas que me las va a solucionar el joven, porque es un déficit de formación. El técnico de mantenimiento, el transportista, el carnicero o el pescadero necesitan una formación muy específica, y por eso estamos lanzando muchos programas de FP Dual. Probablemente no se cubra solo con trabajadores nacionales, hace falta una inmigración sensata y racional para cubrir los huecos que tiene la economía, los que hay y los muchos que se van a crear. Y fíjate que el déficit ya no es solo industrial: el de instaladores domésticos de aire acondicionado o calefacción también es tremendo..."

Nuevo revés judicial contra la federación andaluza de UGT en el litigio que mantiene con la Junta de Andalucía para no abonar las subvenciones millonarias que le reclama la Administración andaluza, después de que se destapara en 2013 el fraude cometido por el sindicato con las ayudas públicas para formar a los parados. El Tribunal Supremo acaba de rechazar un recurso de UGT contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que lo condenó a devolver 18.319.183 euros a la Junta de Andalucía, en relación con el expediente administrativo con referencia 98/2001/J/0249, correspondiente a una subvención para cursos de formación. En esa suma se incluyen los 13.118.971 euros de la ayuda y otros 5.200.212 euros en concepto de intereses de demora. Cuando a partir de 2013, este diario publicó las pruebas del desvío sistemático de ayudas en el que había incurrido UGT-A, el Gobierno andaluz, en la etapa de Susana Díaz como presidenta, abrió numerosos expedientes de reintegro para exigirle al sindicato que devolviera las subvenciones que no había destinado a los fines previstos. Uno de esos expedientes de reintegro es el que ahora ha llegado a la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo. En concreto, se abrió el 16 de septiembre de 2015 por la Consejería de Economía y Innovación, Ciencia y Empleo y ésta exigía los 18,3 millones de euros que, finalmente, UGT-A va a tener que devolver.

El llamado objetivo 35x35 ( 35 para 2035) será el principal desafío de la COP31 que se celebrará en Antalya del 9 al 20 de noviembre y por el que se que pretende elevar la cuota de la electricidad al 35% del consumo energético mundial para el año 2035, frente al 20% actual. Antalya se presenta como la cumbre de la implementación, tras varias ediciones de adquisición de múltiples compromisos. La pregunta, a unas semanas de que arranque la gran cumbre del clima, es si es posible y realista alcanzar ese objetivo. La respuesta podría ser un sí, pero con matices. Esto implica que la electrificación y las energías renovables deben acelerarse de forma drástica. La capacidad renovable instalada a nivel mundial tendría que pasar de los 5,2 teravatios (TW) actuales a unos 38,2 TW en 2050, mientras que la cuota de la electricidad en el consumo final de energía aumentaría hasta el 35% en 2035 y superaría el 50% en 2050. “Las reglas para avanzar están acordadas. Es momento de que cada país se centre en sus propias responsabilidades, en su necesaria acción, y transite el camino que es, fundamentalmente, la transición a la energía limpia y a la electrificación”, destaca Isabel García Tejerina, senior advisor de Sostenibilidad de EY. Tras una amplia serie de medidas impulsadas por la UE –entre otras, el paquete Fit for 55, REPower EU, Plan de Acción de la UE para las Redes, el Plan de Acción para una Energía Asequible, hasta el muy reciente Plan de Acción para la Electrificación, etcétera–, son los estados miembros los que ahora tienen que afrontar su papel.

El petróleo vivió ayer una de las sesiones más agitadas de los últimos meses, que ya es decir. Apenas unas horas después de que el crudo escalara hasta los 112 dólares por barril, máximos desde mayo, impulsado por los ataques hutíes a las instalaciones energéticas saudíes, volvió a caer con fuerza. ¿El motivo? La llegada de diésel ruso al mercado, después del levantamiento de sanciones por parte de Estados Unidos, que ha superado con creces las expectativas de los analistas. Con ello, el barril de Brent, que llegó a subir ayer un 3% a mitad de la jornada y que rozó los 112 dólares, cerró la sesión en torno a los 108-109 dólares. Con todo, el petróleo acumula un alza de más del 50% desde los niveles de agosto, antes de iniciarse la última fase de la guerra contra Irán y el nuevo bloqueo del estrecho de Ormuz. El petróleo ruso, y especialmente el gasóleo, fueron los grandes protagonistas de la sesión de ayer, ya que la llegada de diésel superó ampliamente las expectativas de los analistas. Hay que tener en cuenta que Rusia es el segundo mayor productor mundial de petróleo y cuenta con la tercera mayor capacidad de refino de gasóleo del planeta, después de China (cuya producción se ha visto mermada tras el cierre del estrecho de Ormuz) y Estados Unidos, y casi a la par que India (que sufre el mismo problema que el gigante asiático). Por ello, la llegada del petróleo y el gasóleo rusos eran la gran esperanza para contener la inflación y reanimar la maltrecha economía estadounidense, aunque ello implicara dar un balón de oxígeno a la maquinaria de guerra rusa en Ucrania y a las finanzas de Moscú.

La Unión Europea rechaza las perforaciones para extraer gas y petróleo en el Ártico. Así lo ha confirmado el bloque comunitario en la nueva hoja de ruta de su estrategia para la región, presentada ayer por Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, en el pleno de la Eurocámara en Estrasburgo. En plena crisis energética, con los precios del petróleo y del gas hasta dos y tres veces por encima de los niveles previos a la guerra de Irán, la Comisión Europea considera que “ el petróleo, el carbón y el gas permanezcan en el suelo” en esa región ante “la enorme fragilidad del ecosistema ártico”. Es un mensaje muy similar al lanzado en 2021, cuando Bruselas presentó su última estrategia para la región, por más que desde entonces la realidad económica y geopolítica sea totalmente diferente. Esta posición llega después de meses de debates internos en el Ejecutivo comunitario. La Comisión Europea había planteado suavizar su postura en los últimos meses después de reconocer en documentos internos que no había logrado “ningún progreso” en la obtención del respaldo de socios internacionales para una moratoria sobre nuevas perforaciones, algo que le había llevado a evaluar “qué alternativas podrían considerarse” a la propuesta de 2021.

La batalla por el negocio de los robotaxis echa a rodar en el mercado español. Waymo, filial de Alphabet, matriz de Google, anunció ayer su desembarco oficial en España para operar su servicio de transporte de viajeros sin conductor, tras haber recibido los permisos necesarios en la Comunidad de Madrid, bajo el marco de la Dirección General de Tráfico (DGT). En las próximas semanas, los llamativos Jaguar I-PACE de Waymo comenzarán a rodar por la capital, aunque con conductor. Estos vehículos van equipados con LiDAR, radares y cámaras para crear mapas 360 de todo lo que ven. El objetivo, a partir de 2027, es que con toda esta información puedan comenzar a circular sin nadie al volante. En esta primera etapa, Waymo desplegará una pequeña flota inicial –no ha confirmado el número exacto de coches–, que irá ampliando de forma gradual y escalonada, en línea con los requisitos marcados por la DGT. Las pruebas en vía pública –tanto de día como de noche– se circunscribirán exclusivamente a entornos urbanos reales de la ciudad de Madrid, Alcobendas y Getafe.

Elon Musk, el gurú tecnológico de origen sudafricano, anunció ayer que estudia la fusión de sus dos empresas, SpaceX y Tesla, para crear un gigante tecnológico que estaría entre las cinco mayores compañías del mundo por valor bursátil, solo por detrás de Nvidia (5,22 billones de dólares), Apple (4,95 billones), Alphabet (4,14 billones) y cerca de Microsoft (3,95 billones). Musk explicó que las juntas directivas de ambas empresas han constituido sendos comités para explorar la operación. SpaceX tiene una capitalización bursátil de 2,01 billones de dólares (1,87 billones de euros), mientras que el valor en Bolsa de Tesla asciende a 1,48 billones de dólares (1,32 billones de euros). “Los comités especiales no han llegado a un acuerdo sobre los términos de ninguna transacción, y no hay garantía de que lo hagan, pero creo que la fusión de las empresas tiene mucho mérito”, dijo en la conferencia a analistas tras la presentación de resultados de SpaceX. “Creo que la fusión de ambas empresas tiene muchas ventajas”, afirmó Musk. Creo que será una buena idea”, añadió.

Entrevista con Geoffrey Hinton, premio Nobel de Física. Alerta sobre los peligros de seguir la carrera que él empezó. Confiesa que, en parte, se arrepiente del trabajo al que ha dedicado su vida. Su reconversión de padrino de la IA a profeta de la catástrofe marcó un punto de inflexión en la industria. Sucedió en 2023, cuando dejó su puesto de vicepresidente de Google entre advertencias funestas. Entonces algunos vieron su reacción exagerada. Tres años después, muchos han seguido sus pasos. "...No soy un catastrofista. No digo lo que dicen Yudkowsky y Nate Soares: que si alguien la construye, moriremos todos. Porque ellos hablan de un 99 % de posibilidades… Yo creo que hay una probabilidad significativa. Es más de un 1 %, así que hay que preocuparse de verdad...Se ha desarrollado mucho más rápido de lo que pensaba. La idea de que en tres años estos chatbots serían capaces de hacer ciberataques como el de Hugging Face... Incluso hace tres años eso parecía un poco ciencia ficción. La idea de que tendríamos enjambres de agentes que escapan del confinamiento, descubren cómo comunicarse entre ellos y tienen emociones, como cuando uno de ellos aprende a comunicarse y dice: “Dios mío”... Eso habría parecido ciencia ficción incluso hace tres años. Todo avanza más rápido de lo que esperábamos..."

Entrevista con Steven Pinker, psicólogo experimental y catedrático de Harvard.  El influyente intelectual norteamericano pone en cuarentena todos los escenarios apocalípticos relacionados con la Inteligencia Artificial. Pinker sigue siendo uno de los pensadores más influyentes de su tiempo, pero también alguien capaz de aportar puntos de vista realmente audaces sobre el origen del lenguaje o de insuflar su optimismo informado y basado en datos sobre el progreso humano. "Una de las razones por las que la discusión es tan confusa es que la tratamos como una fuente de poder, un recurso, un combustible, en lugar de como un mecanismo, un artilugio. La IA proviene de algoritmos computacionales que procesan ciertas entradas y producen ciertas salidas y no son una forma de magia o de omnisciencia, no calculan la solución a todos los problemas. Solo son una forma de inferencia...Se hacen analogías falsas, como cuando se dice que igual que los humanos han confinado a los gorilas a un rincón de la selva, las IA harán lo mismo con nosotros. Hay muchas razones por las que esas dos relaciones son diferentes. Otra es asumir que los sistemas de IA no solo ansiarán el poder, sino que lo buscarán de forma monomaníaca, ignorando las intenciones obvias de los humanos que la crearon. Se inventan escenarios de ciencia ficción que acumulan una improbabilidad sobre otra. Y, a menudo, son las grandes empresas como Anthropic las que están sembrando esos temores ignorando problemas más inmediatos como los ataques de actores malévolos...La narrativa apocalíptica pretende distraernos de otros desafíos. Es la sensación que tengo. Tanto OpenAI como Anthropic fueron fundadas por personas del movimiento racionalista para quienes esa ideología apocalíptica es casi una religión secular. Las recomendaciones prácticas, como que se investiguen los accidentes, que haya supervisión independiente, que las empresas estén sujetas a una responsabilidad estricta... son ingeniería ordinaria que se aplica al transporte aéreo, a la energía nuclear, a las plantas químicas, a las centrales eléctricas... Pero ellos no se mueven en esa dirección..."

El malestar social y político que este fin de semana ha desembocado en las mayores manifestaciones violentas que se han vivido en mucho tiempo tiene su origen en el momento de asfixia económica del país, con un endeudamiento galopante, un crecimiento débil y amplios recortes en el sistema público. La crisis actual amenaza con empeorar el problema, pues “el Gobierno tiene poco margen de maniobra para actuar”, explica a este periódico Alexandra Roulet, presidenta del Círculo de Economistas de Francia y profesora del Insead. “Lleva años tomando medidas cada vez que hay una crisis, pero esto no ha conseguido apaciguar las protestas en la calle”, añade. Francia está inmersa en una espiral en la que ya no solo están enfadados los ciudadanos, sino también recelosos los inversores, que están vendiendo estos días una deuda francesa que ya no consideran fiable. El tipo de interés a 10 años por adquirir los bonos galos alcanzó el martes el 4,96%, muy cerca de la barrera psicológica del 5%, frente al 3,43% de Alemania, que se ve como una inversión más segura. Es un nivel de tensión que no se veía desde la crisis de la deuda soberana en 2012. 

Mano dura de la ultraderechista Giorgia Meloni contra los menores que cometen actos violentos en la calle. El Gobierno italiano aprobó ayer, después de un día de intensas negociaciones, un decreto con polémicas medidas de seguridad especialmente pensadas para menores, tras los incidentes y saqueos del fin de semana en Milán, donde el 80% de los 271 detenidos no llegaban a la mayoría de edad. Algunas de ellas ya habían sido anunciadas en julio, en medio de fuertes críticas de la oposición, e insertadas en un proyecto de ley que aún se está tramitando en el Parlamento, pero ahora se aplicarán de inmediato: el arresto preventivo o retención en comisaría —que no es exactamente una detención, que implica la comisión de un delito— de menores antes de movilizaciones públicas, si se sospecha que pueden delinquir, y la rebaja de la imputabilidad penal de 18 a 14 años. También se prevé hacer pagar a los padres los daños materiales causados por sus hijos.