20261022

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día.

El Consejo de Gobierno de la EHU ha decidido no renovar el convenio de colaboración con CAF por sus vínculos con Israel. El año pasado, la universidad puso en marcha un grupo de trabajo para analizar su relación con empresas que colaboran de un modo u otro con Israel. Fruto de ese proceso, se ha llegado a la decisión de romper con la firma afincada en Beasain, que ya estuvo en el foco de la polémica por su proyecto para construir el tranvía de Jerusalén. El paso dado por el máximo órgano de gobierno de la EHU implicará el cierre del aula CAF. Las aulas universidad-empresa son espacios financiados por diversas compañías para llevar a cabo proyectos científicos y tecnológicos. La de CAF será la primera que se clausura en la historia de la EHU. La colaboración con esta firma ferroviaria comenzó en 2022 y ha permitido desarrollar investigaciones en ámbitos como informática, telecomunicaciones, ciberseguridad, ingenierías eléctrica, civil, electrónica, mecánica… En este aula se han desarrollado trabajos fin de grado y de máster, tesis doctorales, cursos, seminarios y jornadas de formación.  Desde que nació en 2022, en el aula CAF se han formado en torno a 30 estudiantes de la Escuela de Ingeniería que han llevado a cabo proyectos que «ni de cerca ni de lejos estaban relacionados con el sector armamentístico», explican fuentes docentes. Son iniciativas como la minimización del ruido en curvas del trazado del tranvía de Bilbao y de Vitoria; o la digitalización del transporte de autobuses urbanos, por ejemplo para que las marquesinas tengan información en tiempo real de la localización de los vehículos. La medida ha suscitado malestar y preocupación en la Escuela de Ingeniería. 

Interpelar a Confebask a negociar un SMI propio para Euskadi y no «premiarla» con una financiación adicional por «no cumplir con sus funciones». Estas han sido las demandas que han trasladado este miércoles los representantes de ELA y LAB, Mitxel Lakuntza y Garbiñe Aranburu, en el encuentro que han mantenido a primera hora con el lehendakari, Imanol Pradales, y con el vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres. Los sindicatos nacionalistas han reclamado «mayor liderazgo» al Gobierno vasco en este debate y han abordado la Ley de Diálogo Social que concederá mayores recursos a quienes formen parte de la Mesa de Diálogo Social, un órgano en el que ambas centrales rechazan participar por considerarlo ineficaz. «El tiempo de la equidistancia ya ha pasado. No se puede seguir escudando en la autonomía de las partes en la negociación colectiva para no intervenir y para no interpelar y mandarle un mensaje muy claro a Confebask», ha trasladado tras el encuentro la coordinador general de LAB. En la misma línea, el secretario general de ELA tachó de «vergonzoso» y de «inaceptable» que se negaran hasta en tres ocasiones a abordar el debate, algo que motivó la demanda presentada por los sindicatos ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) que éste desestimó al considerar que excedía las competencias de Confebask.

La industria guipuzcoana afronta una transformación que ya no admite respuestas lentas ni soluciones aisladas. La presión de los competidores internacionales, la incertidumbre geopolítica, el avance tecnológico, los costes y las dificultades para captar talento obligan a las pequeñas y medianas empresas a reforzar sus capacidades y revisar sus estrategias. La quinta edición de Re-Think Industry, celebrada ayer en el Kursaal de San Sebastián con más de 700 profesionales, puso sobre la mesa una idea compartida por representantes empresariales e institucionales. El futuro industrial de Gipuzkoa dependerá de su capacidad para competir mejor y defenderse ante las grandes potencias. La presidenta de Adegi, Isabel Busto, puso el acento en la dimensión de las empresas como condición para afrontar los nuevos desafíos. Las fusiones y adquisiciones pueden formar parte de la respuesta, pero reivindicó especialmente la colaboración entre compañías, incluso cuando hasta ahora hayan competido entre sí. «Tenemos que colaborar mucho porque estamos ante una pequeña crisis», defendió la presidenta de Adegi, que también reclamó una visión más estratégica de la tecnología. A su juicio, la transformación industrial exige recuperar el compromiso con los proyectos empresariales y una cultura del esfuerzo capaz de sostener decisiones ambiciosas a largo plazo. El presidente de Orkestra, Iván Martén, protagonizó la ponencia inaugural con un diagnóstico en el que combinó confianza en las capacidades del territorio y advertencias sobre sus principales debilidades. Gipuzkoa parte de una posición favorable gracias a su arraigo industrial, su conocimiento y su capacidad tecnológica, pero debe responder a desafíos relacionados con la dimensión empresarial, el talento, la energía y la demografía. 

A pesar del tambaleo que sufre la industria vasca en los últimos años, lo cierto es que este sector mantiene un peso diferencial en la economía de Euskadi. El sector generó en 2024 el 23% del valor añadido bruto (magnitud económica que mide la riqueza o el valor generado por un territorio de Euskadi, una proporción que supera la registrada en Alemania, donde se situó en el 20,9%, en el conjunto de la Unión Europea, con un 17,2%, y en España, con un 14,3%. El dato, publicado ayer por Eustat, confirma la relevancia de la actividad industrial en el tejido productivo vasco, que también destaca por su capacidad para sostener el empleo. El sector industrial dio trabajo a 209.459 personas en el País Vasco durante el 2024, lo que equivale al 19,8% de la ocupación total. Este porcentaje se encuentra por encima de la media europea, situada en el 15,3%, y casi duplica el peso del empleo industrial en España, donde representa el 11,4% del total. La concentración del empleo refleja, además, el peso de las actividades tradicionales vinculadas a la transformación metálica y la fabricación de bienes de equipo. La metalurgia y los productos metálicos reunieron el 32,5% de los trabajadores industriales, seguidos de la fabricación de maquinaria y equipo, con el 11,3%, y la fabricación de material de transporte, con el 9,8%. En conjunto, estas tres ramas concentraron el 53,7% de la ocupación industrial vasca.

Miguel Ángel Carrera, CEO de AVS, premiado como Ingeniero del Año en Euskadi. El empeño y el ‘buen hacer’ de una compañía de Elgoibar ha situado a la industria guipuzcoana en la élite tecnológica de ese sector. "...Ahora mismo que hay que atraer talento, es interesante aparecer en los medios para que AVS sea más conocida y que más chicos y chicas quieran trabajar por aquí. Si el premio sirve para eso, genial...Nos hemos dedicado a abrir camino en tres ámbitos fundamentales: espacio, fusión y aceleradores. Son tres áreas muy complejas, con unas barreras de entrada muy altas, en las que hay que demostrar resiliencia, resistencia y paciencia. –Y la apuesta ha dado sus frutos. –La ambición siempre ha sido tratar de ser relevantes, y ahora mismo se puede decir que, a nivel mundial, AVS es relevante en esos tres ámbitos. Este año duplicamos al año anterior y estaremos en el orden de los 40 millones de facturación. AVS aquí tiene muy buena salud, la filial de Reino Unido también y la filial de Estados Unidos también...Siempre cuesta encontrar perfiles. Tenemos unos 70 empleados en Elgoibar y más de 200 y pico en total. La gente de la zona del Bajo Deba enraiza muy bien, y atraer gente a Donostia es una opción, pero lograr talento internacional para aquí es raro y quizás más complejo. Para dar una idea, en AVS en Reino Unido hemos llegado a tener a 40 personas de 15 nacionalidades distintas, porque la capacidad de atraer talento allí es mundial por el idioma...A igualdad de salarios, lo que nos diferencia para atraer talento es proyectar pasión y el ‘para qué’..."

Un informe de la Comisión Europea emitido el pasado 28 de septiembre cierra la puerta a cualquier posibilidad de que la Sepi establezca una condonación en el crédito que concedió a Tubos Reunidos y que ahora pesa con 150 millones sobre su deuda. Se trata del principal obstáculo en la situación financiera del grupo tubero y un elemento a cuya eliminación condicionan sus ofertas todas las empresas que se han presentado en el concurso de la siderúrgica vasca. El informe fue solicitado por la Abogacía del Estado en representación de la Sepi. Esta planteó una consulta a la dirección general de Competencia del Ejecutivo comunitario para sondear las posibilidades de reducir las cuantías del rescate concedido a Tubos Reunidos desde el fondo FASEE en 2022. Y la respuesta no da margen alguno.

70 años de historia y sumando. Rubí Automotive ha soplado este miércoles las velas para celebrar sus siete décadas de vida en Vitoria. La firma alavesa, consolidada como uno de los proveedores clave de Mercedes Vitoria, está desembolsando más de 100 millones de euros de aquí a 2031 entre todas sus plantas -95 de ellos en Álava- para atender los pedidos de la multinacional alemana, Stellantis y Volkswagen. En Mercedes, sigue en marcha un ambicioso plan para renovar el catálogo de modelos 'made in Vitoria' tras la inversión de más de 1.000 millones de euros ejecutada en la mayor fábrica de Euskadi. La VLE ya es una realidad y la VLS -un modelo que será aún más lujoso- ya está en fase de prototipado con el fin de salir al mercado en 2027. Pero en 2028 despunta ya el reto de producir nuevos modelos de combustión. Para plantar cara a ese desafío, Mercedes contará con la nueva plataforma VAN.CA, que compartirá el 70% de sus piezas con las unidades eléctricas. A esos nuevos modelos dedicará Rubí una nueva inversión de hasta 20 millones de euros según ha anunciado su director general, Ricardo Romo. Este capital se sumará al resto de desarrollos que venía incorporando el proveedor alavés. El más importante, la moderna línea 10, que ya usa tecnologías de IA y visión artificial y que se encuentra en las instalaciones del fabricante en la calle Eskalmendi. Este miércoles, en plena fabricación de techos de la nueva furgoneta, a ojos de Romo, «uno de los coches más espectaculares del mundo».

La representación sindical del sector vitivinícola de Álava, formada por LAB, UGT, CCOO y ELA, ha anunciado este miércoles un calendario de movilizaciones que incluye caravanas de coches, protestas en actos clave y la amenaza explícita de paros y huelgas si las bodegas y la patronal SEA no retoman de inmediato la negociación del convenio colectivo. Según explican las centrales sindicales en un comunicado conjunto, la Intersindical presentó en mayo una propuesta unificada dando respuesta a las demandas empresariales. Sin embargo, afirman que tras más de cinco meses de espera ni SEA ni las bodegas han respondido al documento ni han vuelto a convocar la mesa negociadora, tras haber suspendido a última hora una reunión fijada en el mes de julio. Las protestas darán comienzo el próximo 5 de noviembre con la comparecencia de una delegación sindical ante las Juntas Generales de Álava para exponer la situación del sector y cuestionar el reparto de ayudas públicas a empresas que «congelan las condiciones laborales» de sus plantillas. 

En lo que va de año en Euskadi se han cerrado con acuerdos 221 convenios, 37 de estos sectoriales y 184 de empresa, que afectan a más de 77.058 asalariados vascos. El CRL cifra la población trabajadora con convenios vigentes en el 53,4%, más de 361.000 trabajadores, lo que representa un descenso del 6,6% respecto al año pasado. Un 42,2% (285.000 empleados) lo tienen actualmente prorrogado o pendientes de renovar como ocurre con la industria siderometalúrgica de Bizkaia y Álava o con el comercio del metal de Bizkaia, y un 4,4% (29.500) lo arrastran decaídos y pendientes de recuperar. La subida salarial que contemplan los convenios vigentes ha alcanzado durante los tres primeros trimestres del año un aumento medio del 3,2% para los acuerdos alcanzados en Euskadi. En septiembre, el IPC en Euskadi ha escalado hasta el 5%. Por lo demás, a pesar de que este año Euskadi registrará dos huelgas generales (la ya celebrada el 17 de marzo para demandar un SMI propio en el País Vasco y la prevista para el próximo 11 de noviembre por la vivienda que afectará a todo el Estado), y el peso de movilizaciones en grandes empresas como Petronor por el conflicto de los vestuarios que se prolongó durante 83 días, o la de Tubos Reunidos ante la amenaza del ERE que se alargó más de tres meses, la conflictividad laboral registrada hasta el mes de abril marca un descenso en el número de huelgas. Ver informe CRL aquí. 

Iberdrola ha elevado un 10% sus ganancias hasta septiembre de este año con 5.816 millones de euros. Un beneficio histórico que se apoya en la creciente apuesta por el negocio del transporte y distribución de electricidad de la compañía vasca. Y es que esta actividad ha incrementado su resultado un 15% con un beneficio operativo –ganancias antes de impuestos y gastos financieros (ebitda)– de 6.430 millones. En cambio, el negocio tradicional de generación y venta de energía ha reducido el beneficio operativo –ebitda– en un 2%, con 5.359 millones. La inestabilidad geopolítica y la subida de precios se ha notado coyunturalmente en el tercer trimestre, especialmente en España. Aquí la caída ha sido del 4,6%, por gastos auxiliares del sistema y el impacto negativo de la tarifa regulada del gas. “El problema de la crisis del Golfo es el petróleo y gas, no la luz”. El presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, señaló ayer que todas las medidas de las que se está hablando en relación con la crisis de Oriente Próximo para amortiguar el impacto en los consumidores, “tanto a nivel Unión Europea, como del Gobierno de España”, están relacionadas con el “petróleo y gas” y no con la electricidad. Preguntado en la conferencia de analistas tras la presentación de resultados del tercer trimestre sobre si le preocupa una posible intervención en España sobre el mercado eléctrico, Galán destacó que “todas las medidas se refieren a estos dos elementos –en referencia al petróleo y al gas– para ver qué pueden hacer para proteger a los consumidores si los precios siguen aumentando”.

El presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, admitió ayer que la nueva retribución para las inversiones que los operadores hagan en las redes supone que estas «sean más atractivas». La CNMC subió del 5,5% al 6,5% esa tasa de retribución y, aunque queda lejos de lo que había venido reclamando la eléctrica, mejora el escenario junto a otros elementos como desvincular la inversión total del PIB. Así las cosas, Galán reconoció que «se han eliminado restricciones y tenemos incentivos» y anunció que la inversión en estas infraestructuras en España escalará el año que viene a 1.200 millones, un 50% más que en 2025. El discurso de ayer fue, por lo tanto, diferente a la lluvia de dardos que solía dedicar entre líneas al regulador español cuando en los últimos dos años se refería a las inversiones en redes de la compañía.

El Gobierno Vasco ha protagonizado «una operación desconocida en España» al comprar a un fondo de inversión como Blackstone nada menos que 510 viviendas que estaban cerca de perder su calificación protegida para pasar al mercado libre en el barrio donostiarra de Benta Berri. Efectivamente, no hay precedentes en el Estado en el que una administración pública haya adquirido un paquete de viviendas semejante –ni siquiera una décima parte– para evitar una pérdida en su parque público residencial. Si este movimiento «inédito e histórico», que fue avanzado en exclusiva el martes por la web de este periódico, ha sido posible en este momento se ha debido a una «conjunción de factores», como definió ayer el consejero vasco de Vivienda, Denis Itxaso. Entre ellos destaca la oportunidad que ha supuesto la aprobación por parte del Gobierno central el martes de una ayuda de 180 millones para que las cinco comunidades autónomas que han declarado zonas tensionadas para el alquiler impulsen el alquiler asequible. De esa cifra, a Euskadi le corresponden 31 millones, que el Gobierno Vasco ha decidido destinar íntegramente al primer pago de los 100 millones que abonará a Blackstone por los 510 pisos de Benta Berri. De esta forma, el Gobierno central financiará «el 31% de la operación», lo que supone casi un tercio de la misma, mientras que el Ejecutivo vasco deberá abonar los 69 millones restantes entre los ejercicios 2027 y 2028, según desveló Itxaso. 

PNV y PSOE, los dos partidos que conforman el Gobierno foral de Bizkaia, han pactado aprobar un aumento en el Impuestro de Transmisiones Patrimoniales para penalizar la compra a partir de la cuarta vivienda. El incremento será progresivo, en función de los inmuebles adquiridos. Por contra se reducirá para menores de 36 años. En paralelo, siguen negociando su reforma fiscal para atraer y retener talento. La batería de cambios normativos en materia tributaria que ultima Bizkaia también se extenderá a la vivienda, convertida ya en la primera preocupación ciudadana según todas las encuestas. PNV y PSE-EE han alcanzado un acuerdo, en el marco de unas negociaciones sobre la reforma fiscal con varios frentes abiertos, para retocar el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP), que grava, entre otras operaciones, la compraventa de inmuebles de segunda mano. El pacto contempla endurecer la tributación a partir de la cuarta vivienda y reducirla para los compradores menores de 36 años, aunando el objetivo de penalizar la acumulación de propiedades y facilitar el acceso de los jóvenes al mercado inmobiliario. El texto incorpora una bonificación adicional para los menores de 36 años, que en estos casos podrán beneficiarse de una tributación superreducida del 2,25 %.

Los decretos de vivienda que el Consejo de Ministros aprobó el pasado 6 de octubre, un día después de disolver las Cortes y convocar elecciones anticipadas para el 29 de noviembre, siguen cosechando duras críticas por sus efectos en el mercado residencial –especialmente en el del alquiler–, en lo relativo a la “contracción de la oferta y el endurecimiento de la selección” de inquilinos, factores que previsiblemente generarán aún más obstáculos para acceder al techo para los colectivos más perjudicados por la crisis de vivienda, como los jóvenes; y continuará favoreciendo el alza de precios. Esta es una de las conclusiones principales del análisis publicado ayer por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), donde se advierte asimismo de que su aprobación, de espaldas al Pleno del Congreso de los Diputados y buscando su convalidación en la Diputación Permanente, “tiene mucho de fraude de ley”, al haberse aprovechado el Ejecutivo de Pedro Sánchez del diferente reparto de escaños para convalidar, al menos, las medidas recogidas en el primero de los dos textos. Además de la caída de la oferta de viviendas en alquiler, que ya se ha hecho ostensible durante las dos semanas de vigencia del primero de los decretos, el trabajo apunta a que la limitación de las subidas en los precios –del 2% o del 0%, dependiendo de si la renta se encuentra por encima o por debajo del índice de referencia del Ministerio de Vivienda– supone de facto una reducción del coste de los arrendamientos, teniendo en cuenta que los precios están subiendo a niveles muy superiores a los topes impuestos. Mientras, las intenciones del Ejecutivo de Pedro Sánchez pasan por llevar la votación al 12 de noviembre, un día después de la huelga general convocada por los sindicatos para, precisamente, protestar por la crisis de vivienda que ha provocado el adelanto electoral.

A España le faltan ya unas 750.000 viviendas para cubrir la demanda, según el Banco de España. Y la brecha sigue creciendo: si se mantienen los actuales flujos migratorios y el ritmo de creación de hogares (más de 200.000 al año), el déficit podría alcanzar el millón de viviendas en 2030. Cubrir ese agujero recae en buena medida sobre el sector de la construcción y promoción, que pide agilizar trámites burocráticos y liberar más suelo, aunque duda sobre la capacidad de sus empresas para crecer. Problemas de financiación y escasez de mano de obra se interponen en esa misión. Promotores, constructores, entidades financieras y expertos coinciden en que el déficit de vivienda solo puede corregirse de forma sustancial aumentando la oferta mediante la construcción de nuevas casas, y que la tensión de los precios solo se rebajará si la mayoría de ellas son asequibles. El déficit, además, no se distribuye de forma uniforme por el territorio. Según BBVA Research, Murcia, Canarias y la Comunidad Valenciana son las regiones que más necesidad de vivienda han acumulado en el último lustro. Una cuestión central del debate es precisamente dónde levantarlas viviendas que faltan. Para Xavier Vilajoana, presidente de la Asociación de Promotores Constructores de España (APCE), el déficit es generalizado, pero el verdadero problema radica en la disponibilidad de suelo y en la capacidad de las ciudades para absorber el crecimiento demográfico que ha experimentado España en los últimos años.

El resultado refuerza la apuesta del BBB de Iñigo Ansola frente a Aitor Esteban. El PNV de Bizkaia arrancó ayer la primera vuelta del proceso interno que dirimirá el nombre de la candidata a diputada general del territorio –con clara ventaja para la oficialista Ibone Bengoetxea– y de las personas que la acompañarán en la lista a Juntas Generales en las elecciones forales de mayo. Las primeras votaciones, en unos cuarenta batzokis de los 123 que tiene el territorio, dejaron patente que la ventaja de Bengoetxea sobre su rival es aplastante, de en torno al 85% según las estimaciones de los promotores de su candidatura, aunque otras fuentes reducen algo esa distancia. Una clara superioridad, en todo caso, que minimiza considerablemente las opciones de Etxanobe en una hipotética segunda vuelta –está por ver si la mandataria foral se retira o pelea hasta el final– para la que, en todo caso, ya tiene el billete asegurado al haber ganado, por ahora, en al menos seis organizaciones municipales.

El exburukide de Sanfuentes reunirá el próximo lunes en Bilbao a cuatro presidentes autonómicos y un ministro en el lanzamiento del nuevo ‘think tank’ cuyo comité asesor preside. El laboratorio de ideas, bautizado como Future Government Center (FGC), es una iniciativa de la multinacional japonesa NTT DATA, una de las mayores consultoras tecnológicas del mundo, por la que Ortuzar, volcado en la empresa privada desde que dejó la política activa, acaba de fichar. El acto de lanzamiento de FGC, que pretende ser, según sus promotores, «un espacio de referencia para el análisis, la innovación y la colaboración en torno a la transformación de la gestión pública», reunirá el próximo lunes, en la torre BAT de Bilbao, al lehendakari Imanol Pradales; el president de la Generalitat, Salvador Illa; el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo. Los cuatro mandatarios autonómicos, que pretenden representar a buena parte del arco político «excepto los extremos» –en este caso, PSC, PP, PNV y Coalición Canaria–, participarán en un «diálogo institucional» sobre los «retos y oportunidades de la inteligencia artificial para las Administraciones Públicas», moderado por la directora ejecutiva del FGC, Paloma Baena. La directiva presentará a su vez el primer informe elaborado por el‘think tank’, titulado ‘Gobernar en la era de la IA’.

La cúpula de gobierno de la CEOE se renueva casi sin cambios, pero con algunas novedades que premian el apoyo de grandes casas patronales como la catalana y la madrileña a Antonio Garamendi. El reelegido presidente mantiene para los próximos cuatro años su núcleo duro y renueva a los once vicepresidentes que le han acompañado en su último mandato. Sin embargo, los pequeños cambios llegan con más funciones para alguno de ellos, como el líder de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, al que devuelve su cargo como enlace de los empresarios con las Cortes, un mando que le fue arrebatado por apoyar sin éxito una candidatura alternativa a la del empresario vasco en las elecciones de 2022. Garamendi le agradece así su respaldo a su reelección para este tercer mandato, al que llega por aclamación popular y sin pasar por las urnas por no haber tenido rival. Por otra parte, la presidenta de Confebask, Tamara Yagüe, repite en el comité ejecutivo de CEOE. Ver nota CEOE aquí

 La justicia europea ha puesto el punto final a las disputas entre las entidades y las víctimas de fraudes, incluso aunque hayan cometido una negligencia grave, como llevar anotada la clave en la tarjeta de crédito, dictar por teléfono el código de un solo uso o instalar una aplicación de control remoto en el ordenador a solicitud de un desconocido. De entrada, las entidades financieras no podrán aducir ese motivo para denegar la devolución del dinero, como hacían hasta ahora, de acuerdo con una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Los bancos tendrán que reclamarle, a posteriori, el dinero al cliente. La resolución abre un frente para el sector, tanto por los fraudes futuros como por las reclamaciones anteriores que puedan reabrirse. El importe de las estafas en el Espacio Económico Europeo (los 27, más Islandia, Liechtenstein y Noruega) alcanzó los 4.200 millones, con más de 300 millones solo en España en 2024, según los datos del Banco Central Europeo (BCE), la Autoridad Bancaria Europea (EBA) y el Banco de España. El importe potencial para las entidades españolas puede rozar los 1.000 millones por reclamaciones de hasta cinco años. 

El presidente de Aecoc, Ignacio González, aprovechó ayer su intervención en la inauguración del Congreso para hacer pública la lista de “reivindicaciones” de esta patronal para el Gobierno que salga de las urnas el 29-N. Aecoc, que agrupa a más de 35.000 empresas del sector del gran consumo, destacó ayer la reclamación al Gobierno de rebajar impuestos “en un momento pico de recaudación”. El presidente de la patronal reclamó al próximo Ejecutivo esta medida “para mejorar la vida de la ciudadanía”. “Se pueden bajar para abaratar la vida de la gente, tanto el IVA a los alimentos como los impuestos de los suministros energéticos”, ejemplificó González, que aseguró que “la inflación vuelve a ser un problema porque llueve sobre mojado. Desde 2021, los precios han subido un 29%. Nuestro consumidor es el que se enfrenta a la cesta de la compra y ya hay indicadores preocupantes en el consumo. El mes de septiembre es peor que lo que llevábamos de año y que los últimos doce meses”, dijo el directivo. González alertó además de un efecto directo en la renta disponible. “No deflactar el IRPF con inflación equivale a subir los impuestos de manera silenciosa. El Estado, con unos ingresos extraordinarios, ha castigado a la clase media, que es la que dinamiza nuestro consumo y la que nos interesa. Muchos trabajadores han visto cómo su salario neto ha bajado”, denunció. También quiso hacer mención ayer en su intervención al problema de la vivienda, que está marcando la actualidad política de las últimas semanas. González puso sobre la mesa la falta de oferta, junto con un incremento creciente de demanda, y señaló que este problema “nos resta poder adquisitivo para el consumo y drena la capacidad para consumir; genera una brecha generacional muy importante y peligrosa; y también dificulta la cobertura de las plazas en zonas tensionadas”. 

Anthropic registró unas pérdidas históricas de 80.700 millones de dólares (casi 72.000 millones de euros) en el primer semestre de este año, según publica The Wall Street Journal, que cita el folleto S1 presentado por el gigante de la inteligencia artificial (IA) de cara a su esperada salida a Bolsa, prevista para el mes de noviembre. Los números rojos, procedentes en gran medida de ajustes contables, se conocen poco antes de la OPV de Anthropic, que a alcanzar un valor de dos billones de dólares, y protagonizar la mayor salida a Bolsa de la historia, por delante del debut de su rival SpaceX durante el pasado junio. De hecho, 72.000 millones de dólares de esas pérdidas proceden de ajustes contables no monetarios relacionados con pagarés convertibles e instrumentos de financiación. La compañía recaudó 65.000 millones en la ronda de financiación cerrada en mayo, con una valoración posterior a la inversión de 965.000 millones. La empresa, igualmente, podría invertir 750.000 millones de dólares en capacidad informática adicional en los próximos años, por encima de las estimaciones conocidas en los últimos días.

Los creadores de PHP, una tecnología que sustenta hasta el 70% de las páginas web del mundo, revelaron este miércoles un fallo de seguridad crítico que los piratas informáticos podrían aprovechar para hacerse con el control de cualquier sistema que ejecute su software. Esto permitiría a un atacante robar información o lanzar un ciberataque contra cualquier persona que visite una página web pirateada. Los investigadores de seguridad descubrieron la vulnerabilidad utilizando inteligencia artificial. Ahora, los administradores web se apresuran a protegerse de esta vulnerabilidad, que los sistemas de inteligencia artificial más avanzados podrían aprovechar rápidamente. Algunos afirman que están desconectando sus sitios web de forma preventiva. El problema, bautizado como PHP2Shell, representa un tipo de fallo relacionado con la forma en que PHP gestiona la memoria de un ordenador. Los hackers pueden aprovecharlo de muchas maneras –algunas solo requieren unos segundos– para ejecutar software no autorizado en cualquier servidor web sin parches. Se trata del problema de seguridad más grave al que se ha enfrentado PHP en más de una década, 

La justicia de Estados Unidos acaba de imponer una histórica multa de 25.000 millones de dólares (unos 22.200 millones de euros) a Meta por engañar a sus usuarios en los acuerdos de confidencialidad de la red social Facebook, facilitando acceso a sus datos personales a la consultora política Cambridge Analytica, que trabajó para la campaña electoral de Donald Trump en 2016. Meta, la matriz de la famosa red social creada por Mark Zuckerberg, dueña de otras plataformas como WhatsApp o Instagram, recibió este nuevo varapalo judicial ayer solo unas horas antes de presentar sus resultados trimestrales al cierre de los mercados. Las acciones del grupo ganaban cerca del 1,5% tras un fallo en el que se jugaba una sanción que podía haber llegado a los 40.000 millones de dólares. Con todo, la sanción impuesta a Meta por un juzgado del Estado de Nuevo México es una de las mayores multas impuestas contra una compañía estadounidense en la historia. La cuantía fue fijada por el juez Francis Mathew, después del fallo condenatorio emitido por el jurado de Nuevo México, en lo que el fiscal general del estado, Raúl Torrez, describió como “uno de los veredictos estatales más grandes, si no el más grande, contra una empresa en la historia de EEUU”. El fiscal defendió que la sentencia “debe ser una señal, un mensaje inequívoco, para Silicon Valley”, después de que el jurado declarara a la compañía responsable de engañar a los usuarios sobre las políticas de privacidad y moderación de contenido en la red social Facebook.

Los reguladores de la UE examinan posibles injerencias extranjeras en redes y campañas de desinformación en torno a los disturbios en Francia, así como a otros episodios de violencia y saqueos ocurridos recientemente en otros países europeos. Según fuentes de seguridad, cuentas en redes sociales —vinculadas a sectores prorrusos y de extrema derecha, y relacionadas con campañas de desinformación previas— han difundido vídeos violentos con el objetivo de sembrar un mayor caos. Los expertos señalan que también se sospecha que Irán y Argelia podrían estar detrás de parte de estos mensajes. Mientras, el presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó ayer que no tiene elementos que indiquen que existe injerencia extranjera en las protestas violentas, pero sí “manipulación” de los hechos “incluso por parte de dirigentes extranjeros”, incluido su homólogo estadounidense, Donald Trump. “No hay injerencia exterior visible, pero sí una manipulación extranjera de la información que ha dado lugar a comentarios estúpidos, a la vez que inaceptables, de parte de dirigentes extranjeros”, aseguró Macron desde Doha, donde culmina una gira por Oriente Próximo. Macron no nombró a ningún dirigente, pero preguntado por si hacía referencia a Trump, que ha usado las revueltas de Francia dentro de su campaña electoral interna para alentar la amenaza de la inmigración, aseguró: “Entre otros”.

Volodímir Zelenski está dispuesto a aceptar una congelación de las líneas del frente para poner fin a la guerra con Rusia. El presidente ucraniano dio ayer un paso de acercamiento a las posiciones defendidas por el líder estadounidense, Donald Trump, mientras el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, se reunía durante tres horas con el jefe del Kremlin, Vladímir Putin, en San Petersburgo. La jornada de frenesí negociador dejó un principio de acuerdo para reanudar las negociaciones entre Washington, Moscú y Kiev a partir de noviembre, pero también puso de manifiesto las dificultades de una paz que todavía depende de las exigencias territoriales rusas, las garantías de seguridad que reclama Ucrania y la disposición de los aliados de la antigua república soviética a seguir financiando la guerra. «Ahora mismo tenemos que congelar las posiciones, y creo que es una forma realista de terminar esta guerra», afirmó Zelenski en una entrevista con la cadena estadounidense Fox News. El mandatario ucraniano explicó que un alto el fuego sobre las posiciones actuales sería el mínimo que Kiev podría aceptar de Moscú. No habló de reconocer la soberanía rusa sobre los territorios ocupados, una concesión que ha rechazado desde el comienzo de la invasión en febrero de 2022.