20181204

Los empresarios vascos saludan de forma positiva, al igual que la Bolsa, la tregua en la guerra comercial pactada este pasado fin de semana por Estados Unidos y China en la cumbre del G20, celebrada en Buenos Aires, porque consideran que «para un territorio exportador como el País Vasco es positivo que no se dificulte el comercio internacional con aranceles y «reducir incertidumbres ayuda». Esa es la postura de responsables de Confebask y FVEM que valoran que la cumbre del G20 haya propiciado un alto al fuego en la guerra arancelaria emprendida por la administración estadounidense de Donald Trump contra las importaciones de productos chinos.  El responsable del departamento económico·fiscal de la organización empresarial vasca Confebask, Pablo Martín, tiene claro que «todo lo que sea eliminar aranceles y trabas al libre comercio es positivo para las empresas vascas y, en general para todas».

Tras varios años de pérdida de poder adquisitivo que mermaron la capacidad económica de los trabajadores, sus sueldos mantienen la senda de recuperación que iniciaron en 2017 y las tasas de crecimiento se sitúan en el 1,5%, al menos hasta septiembre de 2018, en términos comparados con el mismo periodo del ejercicio anterior. Así lo refleja la Central de Balances del Banco de España elaborada con los datos de las firmas no financieras, en un análisis donde el supervisor concluye que a las alzas de sueldo, aunque constantes, les queda camino para recuperar el terreno perdido.

El viceconsejero de Industria del Gobierno vasco, Javier Zarraonaindia, aseguró ayer que el Ejecutivo estudia ya varias operaciones de participación accionarial en empresas. Esa iniciativa se enmarca en el nuevo papel adjudicado a la sociedad pública Socade y a la constitución de un fondo para tomas de participación que se dotará con 100 millones de euros en la presente legislatura. La primera piedra de este fondo, antes incluso de que se dotase de una estructura estable, fue la adquisición del 1,24% de las acciones de la firma guipuzcoana CAF, a principios de este mismo año. Estas participaciones, apuntó Zarronaindia, tienen vocación de permanencia lo que permitirá al Gobierno vasco ser un socio estable de esas empresas.

El principal problema de la industria vasca es la dimensión, y para ganar tamaño resulta esencial el crecimiento inorgánico con compras y fusiones. Una vez lograda la dimensión adecuada, una firma puede sobrevivir a todos los ciclos, ya que evita el riesgo de concentración en un producto o un área geográfica. Así de convencido se mostró ayer el presidente de CIE, Antón Pradera, durante una jornada sobre las claves del crecimiento inorgánico organizada por PwC en Bilbao, en la que intervinieron expertos y responsables de la empresa y las finanzas. El empresario destacó que la diversificación geográfica ayuda a sobrevivir porque siempre hay una zona en positivo. «¡Qué bien se vive cuando uno está en todo el mundo!», comentó.

Riesgos y dudas por doquier. La Comisión Europea y el Banco Central Europeo (BCE) advierten de los riesgos para el crecimiento económico de la incertidumbre política en España y de varias medidas anunciadas por el Gobierno de Pedro Sánchez. Aunque Bruselas y Fráncfort hablan de varias medidas, cuando se trata concretar solo mencionan una: la subida del 23% del salario mínimo. «Los riesgos para el crecimiento incluyen un menor crecimiento global (y de la UE), el proteccionismo y las tensiones comerciales, unos precios del petróleo y unos tipos de cambio del euro más elevados de lo previsto, la incertidumbre política doméstica y externa, la política monetaria y la incertidumbre sobre el impacto macroeconómico de ciertas medidas políticas, como la propuesta de subir el salario mínimo», aseguran Comisión y BCE en el informe elaborado tras visitar España el 4 y 5 de octubre.

Desde hace meses, ministros, líderes y funcionarios tenían marcada en rojo la fecha del 3 de diciembre. Lo repetían una y otra vez, encomendándose a la última ocasión para finiquitar la gran reforma de la Eurozona, una de las principales esperanzas para empezar a hacer frente con propuestas tangibles al discurso populista. Para poner remedio a las debilidades fundacionales en la gobernanza que en la última década dejaron impotente al continente durante su peor crisis y alimentaron las olas euroescépticas. Una reunión importante, crítica. Y sin embargo, en la reunión del Eurogrupo de ayer, el ministro francés de Finanzas, Bruno Le Maire, dejó la sala a media tarde y volvió a París a toda prisa para una reunión de emergencia sobre la crisis de los chalecos amarillos. El detalle, más que una anécdota, simbolizó la realidad actual. A pesar de que Emmanuel Macron es quien con más fuerza ha presionado para un cambio profundo, todo se tambalea.

Las mujeres son mayoría en la universidad. Durante el último curso, el espectro femenino representaba al 55% del total de egresados frente al 45% masculino. Además, de cada diez graduados que salían al mercado laboral, seis eran mujeres. Sin embargo, tras los estudios, este trabajo e implicación no se ven del todo reconocidos. Los hombres con estudios superiores sufren menores tasas de paro que las mujeres (un 17,2% frente el 20,5%), menores cifras de precariedad laboral (40,1% de contratos indefinidos frente a un 47,7%) y menores tasas de relaciones laborales temporales (27% de contratos temporales frente a un 38%). Mientras tanto, a la espera de que la brecha de género se corrija mediante el impulso de las políticas necesarias, algunas titulaciones se erigen como alternativa para conseguir, al menos, hacer este salto más pequeño. Es lo que se deduce del último informe de la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD), en el que se analiza la participación e inserción laboral de la mujer titulada en las conocidas como ramas STEM (ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, por sus siglas en inglés).

La OCDE, el club de los países más desarrollados del mundo, recomendó ayer a sus socios vincular la cuantía de la pensión y la edad de jubilación con la esperanza de vida, para garantizar su sostenibilidad y la cobertura de los beneficiarios. Precisamente, cuando, en una derogación de facto de la reforma, España ha aplazado hasta 2023 la entrada en vigor del Factor de Sostenibilidad. Es decir, la fijación de la primera pensión con la esperanza de vida del nuevo jubilado. En su informe bienal de perspectivas sobre pensiones, publicado ayer en París, la OCDE también recomienda dotar a los sistemas públicos de «flexibilidad» para permitir que los beneficiarios puedan escoger el momento de la jubilación de acuerdo con su esperanza de vida.

España es uno de los países del mundo desarrollado y, probablemente, del planeta que más gasta en las llamadas pensiones de supervivencia, es decir, las de viudedad y orfandad. Suponen cada año un desembolso de más de 20.000 millones de euros de dinero público, en torno al 2,2% del PIB. Entre los países de la OCDE, solo Grecia e Italia superan estas cifras tomando los datos de 2014, los usados por el think tank de los países más desarrollados del mundo en su informe Pension Outlook 2018, divulgado ayer. La OCDE da el paso de pedir cambios en la regulación de estas prestaciones. Y pide que sean temporales y estén disponibles para «ayudar a adaptarse a la nueva situación». Esto se complementa con la recomendación de que solo quienes ya estén jubilados tengan pensiones de viudedad de una forma permanente.

El punto final de las negociaciones entre el Gobierno vasco y EH Bildu para un posible acuerdo sobre los Presupuestos de Iñigo Urkullu parece cercano, para bien o para mal. Fuentes nacionalistas consultadas confíaban ayer en que «en 24 o 48 horas» pudiera conocerse el desenlace de las conversaciones tras el acercamiento de las posturas de ambas partes producido la semana pasada. La nueva oferta de la izquierda abertzale, que ha rebajado sus exigencias en 187 millones –frente a los 420 que reclamaba en origen ahora se conforma con 233 para mejorar las políticas de empleo y garantizar pensiones mínimas de 858 euros– ha allanado el camino.Y el Ejecutivo de Vitoria no está dispuesto a desaprovechar la oportunidad, pese a que el acuerdo llegaría en pleno terremoto político provocado por la irrupción de Vox. «Lo vamos a intentar, hasta el último momento».

El dinamismo del gasto se está frenando tras el agotamiento de algunos estímulos, tales como la demanda embalsada de bienes duraderos, los bajos tipos de interés o la creación de empleo, que está empezando a perder fuelle.

Las matriculaciones de coches cayeron un 12,6% en noviembre, hasta 91.063 unidades. Es el tercer mes consecutivo de descensos, tras el anticipo de ventas de julio y agosto por la entrada en vigor de la nueva norma de emisiones WLTP el 1 de septiembre. No obstante, entre enero y noviembre, las ventas de coches crecen un 8% en comparación con los mismos meses del ejercicio previo, hasta 1,22 millones de unidades. Las previsiones de las patronales del sector apuntan a un cierre de año con un alza de entre el 8% y el 9%. Diciembre tendría que cerrar con 130.000 unidades para superar la previsión de 1,35 millones de ventas. La venta de coches diésel sigue en caída libre en España. La comercialización de estos vehículos bajó un 40% en el mes de noviembre, con un total de 27.953 unidades, según los datos de Anfac.

Se trata de 24 páginas que son un homenaje a lo políticamente incorrecto. Un programa electoral claro, directo, provocador... Cien puntos que son crochés a la mandíbula del sistema. Vox, la ultraderecha que lidera Santiago Abascal, ha llegado para quedarse. ¿Qué es lo que han votado los cerca de 400.000 andaluces que han apostado por ellos? Cataluña y Euskadi: hacen especial hincapié en el tema catalán. De hecho, su punto primero pide la «suspensión de la autonomía catalana hasta la derrota sin paliativos del golpismo». También defiende la ilegalización de los partidos o asociaciones que «persigan la destrucción de la unidad territorial de la Nación». En lo referido al País Vasco, pide suprimir la Ertzaintza (también el resto de policías autonómicas), el Concierto y las diputaciones forales.

En la nueva movilidad eléctrica, Bruselas lleva la iniciativa ambiental, pero en términos de competitividad las compañías asiáticas son las más aventajadas. Los cinco modelos híbridos eléctricos más vendidos en octubre en Europa fueron el Toyota Yaris, el Toyota C-HR, el Toyota Auris, el Toyota Rav4 y el Kia Niro. Todos asiáticos. Lideran el segmento más pujante dentro de los modelos alternativos en el mercado continental, donde España vende el 80% de su producción. Una muestra de la pujanza asiática y un aviso también para los fabricantes españoles y europeos, que se adaptan a toda velocidad para contrarrestar los efectos de un auténtico tsunami asiático. Para la industria española, el reto ya está sobre la mesa. La tasa española de producción de vehículos electrificados es de apenas el 0,85%, por debajo de otros países fabricantes. Sus 25.500 unidades anuales representan un porcentaje inferior al de la media del 1,5% en Europa, de cuyas fábricas salen al año 240.000 unidades, según LMC.

Era el último reducto, el oasis europeo, un ejemplo que siempre se ha venerado con satisfacción en Bruselas, donde las palmaditas en la espalda brillan por su ausencia. La UE siempre ha destacado el hecho de que una joven democracia como la española era capaz de cerrar todas las puertas a la extrema derecha que tanto daño está haciendo al club. Sí, era. Lo fue hasta el domingo, cuando Vox irrumpió en la España de la moción de censura como un tsunami que el centro de control no supo ni predecir ni calibrar. Todos los expertos coincidían en señalar que el ‘momento Vox’ era, precisamente, las elecciones europeas, donde la circunscripción es única. Sin embargo, todo se ha precipitado de forma abrupta en Andalucía. España comienza a ser europea. El tren ultra ha cruzado los Pirineos de la mano de Marine Le Pen.

Las grandes empresas tuvieron un crecimiento de sus excedentes «muy elevado» en los nueve primeros meses del año, según la central de balances del Banco de España publicada ayer, una encuesta sobre todo entre compañías de gran tamaño que toma 926 casos hasta septiembre de 2018 y 7.829 hasta diciembre de 2017. El Valor Añadido Bruto subió un 3,3% frente al 4,6% que crecieron en 2017. Mientras que en 2017 los reconocimientos de minusvalías y deterioros hicieron que al final los resultados de las empresas retrocediesen, en los tres primeros trimestres de 2018 las sociedades tuvieron un incremento de los beneficios extraordinarios y menores costes financieros. Lo que ha provocado que los resultados del ejercicio sobre el Valor Añadido Bruto se hayan disparado un 59,5%. Según el organismo, estos márgenes superan ya los niveles previos a la crisis.

La estadística señala que la economía española parece estar aguantando el tirón de la desaceleración, pero casi la mitad de los consumidores no piensan igual. Según el último barómetro de opinión publicado ayer por el CIS, el 40,2% considera que está peor que hace seis meses. Algo más de un tercio (35,5%), no obstante, piensan que la situación económica del país no ha variado mucho en ese tiempo, mientras apenas dos de cada diez (el 18%) entiende que está mejor. Con estos datos, el indicador de confianza del consumidor que elabora el CIS cada mes se encuentra en sus niveles más bajos de los dos últimos años. En noviembre cedió más de un punto y medio, perdiendo más distancia con el índice 100 que separa las percepciones positivas de las negativas, y ahora está en los 91,4 puntos.

La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) vincula el fuerte incremento de los precios hoteleros registrado durante los últimos años con las crecientes restricciones impuestas por comunidades autónomas y ciudades a plataformas de alquiler de pisos turísticos como Airbnb. Así consta en los informes económicos que el regulador adjunta a las impugnaciones judiciales que ha realizado sobre la regulación de distintos ayuntamientos en esta materia como Madrid, Bilbao o San Sebastián. Estos casos están siendo analizados en los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y País Vasco, mientras que otros frentes más antiguos abiertos por el mismo motivo contra CCAA están ya dirimiéndose en el Supremo.

Los casi 90.000 empleados públicos de la Administración autonómica cobrarán el cien por cien de su sueldo desde el primer día de baja con efectos retroactivos al 1 de septiembre, según decidió ayer el Gobierno vasco, que celebró su encuentro semanal con un día de antelación. El Ejecutivo dio luz verde al decreto que materializa los compromisos adquiridos en septiembre con los sindicatos de la función pública, que tendrán un impacto presupuestario de 1,6 millones de euros. Esta medida «cuenta con plenas garantías jurídicas y presupuestarias», según el Gobierno vasco, que con ella «pone fin a seis años de restricciones en mejoras voluntarias de incapacidad temporal del personal público».

Igor Guevara seguirá al frente del comité de empresa de la planta que Mercedes Benz tiene en la capital alavesa. Los apoyos de LAB y ESK le permitieron al representante de ELA obtener 14 votos y revalidar la presidencia aunque no ha logrado la mayoría –está en 16– porque finalmente CC OO se abstuvo. UGT, que también presentó durante el pleno de ayer su candidatura, se quedó sólo en 13 –sumó a su bloque a Ekintza y la Plataforma Independiente de Mercedes (PIM)–.

El proceso para contratar el suministro eléctrico de 854 edificios propiedad del Gobierno vasco, para el año 2019 y previsiblemente también para 2020, se está convirtiendo en un complejo laberinto. Un mar de idas y venidas, marchas atrás, trufado con algo de polémica. La última decisión del Ejecutivo vasco ha sido prescindir del proveedor que le había hecho la oferta más barata en dos de los seis lotes que salían a concurso, pese a que el informe inicial de la mesa de contratación aconsejaba su adjudicación. La firma zaragozana Syder Energía Verde, que había quedado como la mejor posicionada para acceder a contratos valorados en 16,3 millones de euros, ha sido descalificada tras presentar la última documentación. La mesa de contratación ha verificado que la firma no tiene «la solvencia financiera y técnica requerida»

Los candidatos del PP, Juan Manuel Moreno, y Ciudadanos, Juan Marín, se proclamaron ayer legitimados para presidir la Junta de Andalucía tras las elecciones celebradas el domingo. Ambos partidos se mostraron abiertos a pactos con Vox, cuyo apoyo daría a las formaciones de la derecha la mayoría absoluta. El partido de extrema derecha se mostró dispuesto a colaborar para echar del poder al PSOE. Mientras, en el PSOE comenzaron las hostilidades entre el Gobierno de Pedro Sánchez y la presidenta andaluza en funciones, Susana Díaz. El secretario de Organización, José Luis Ábalos, sugirió que Díaz debería renunciar si no forma Gobierno.