20231223

Confebask prevé para 2024 un crecimiento de la economía vasca en el entorno del 1,6%, aunque esta previsión está sujeta a la existencia de numerosos riesgos, de tal forma que en función de cómo evolucionen, el crecimiento final podría oscilar en una horquilla entre el 1’1% y el 2’1%. En cuanto al empleo, y de cumplirse las previsiones, se prevé una tasa de paro del 7% y un aumento de 13.000 afiliados más a la Seguridad Social, manteniendo el listón por encima del millón de cotizantes. Las perspectivas empresariales para 2024 adelantan un inicio de año con un crecimiento muy plano, un nivel de inversión similar al de 2023 y una moderación en la creación de empleo. Se mantiene la preocupación por el fuerte crecimiento de los costes, la dificultad para encontrar personal cualificado, la reducción de la rentabilidad, y el encarecimiento de la financiación. La economía vasca cerrará 2023 con un aumento del 1’6%, en la línea de lo estimado por Confebask hace un año, y con un crecimiento muy bajo en estos últimos meses. Ver más en Confebask. Informe completo aquí.

La patronal vasca cargó ayer sin ambages contra la nueva ley vasca que, dentro de la regulación de las subvenciones, impone la obligación de devolver las ayudas públicas recibidas a las empresas que deslocalicen sus actividades de Euskadi. Una norma, sentenció ayer la presidenta de Confebask, Tamara Yagüe, que lejos atraer inversión al País Vasco la aleja. «Mientras todo el mundo está en una carrera por atraer nuevos proyectos, esta ley parece que va en sentido contrario», afirmó la responsable de la organización empresarial en la tradicional presentación de las perspectivas económicas para el próximo año y en la que Yagüe también lamentó el estudio encargado por el Gobierno Vasco para analizar la posibilidad de implantar en Euskadi una semana laboral de cuatro días; algo que calificó de «inasumible» para nuestras empresas. Como ya sucediera durante la tramitación parlamentaria de la norma que castiga las deslocalizaciones (se han de devolver con intereses las ayudas de los últimos ocho años), Confebask volvió ayer a dejar clara su postura sobre un desarrollo normativo al que los empresarios atribuyen un tono populista y alejado de las necesidades reales de Euskadi. Cabe recordar que la norma fue finalmente aprobada con los votos de PNV, PSE, EH Bildu y Elkarrekin Podemos, pero el apartado dedicado a la deslocalización parte de una iniciativa de la coalición soberanista. Así, Tamara Yagüe recordó que los decretos de concesión de subvenciones ya determinan con claridad las obligaciones de sus beneficiarios. «Somos partidarios de incentivar la atracción de proyectos, pero en Euskadi hay mucha preocupación por las empresas que se van y muy poca por las que puedan venir», afirmó. En este sentido, la presidenta de Confebask subrayó que las organizaciones que representa son partidarias de favorecer la inversión y los pedidos, «y no precisamente de asustar ni desanimar» a los eventuales inversores. Además, dio a entender que las salidas de empresas son marginales, pues se preguntó cuántas cumplían los requisitos que marca la propia norma para considerarse huidas de Euskadi y si su número merece convertir esa materia en legislable. En la misma línea, el director general de la organización, Eduardo Aréchaga, aseguró que «es probable que quienes estén pensando en invertir (en Euskadi) lo hagan en otros lugares porque con esto se añaden problemas a una hipotética salida».

Hay un notable enfado en el seno de la patronal vasca en torno a una parte de la Ley de Subvenciones aprobada este jueves por el Parlamento vasco. Es en la que se establecen penalizaciones económicas para las empresas asentadas en Euskadi, que hayan recibido dinero público en los últimos años y deslocalicen su actividad. La presidenta de la organización empresarial vasca, Tamara Yagüe, cargó ayer con mucha dureza contra esta iniciativa legislativa respaldada por PNV, PSE, Bildu y Elkarrekin Podemos porque estima Confebask que «se ha legislado sobre algo que en todo caso puede ser marginal» y, sobre todo, porque es una contracampaña de promoción para intentar atraer inversiones a Euskadi. «Vamos en la dirección contraria a la del resto. Mientras en Estados Unidos y en el resto de Europa hay una auténtica preocupación por adoptar medidas para atraer inversiones, aquí nos preocupamos de los que se van. Y ni siquiera sabemos cuántos se van porque no tenemos la impresión de que sean muchos», matizó el director de Confebask, Eduardo Aréchaga. «En Euskadi hay mucha preocupación por las empresas que se van y poca por atraer inversiones», remarcó la presidenta de la organización. Entre los empresarios ha cobrado cuerpo la idea que esta iniciativa, que partió de un primer impulso dado por Bildu en la Cámara vasca, responde a una estrategia ideológica de corte populista. Yagüe indicó que «en los decretos de concesión de las ayudas públicas ya se establecen con claridad los compromisos que deben asumir las empresas», al tiempo que dio a entender que se pueden generar numerosas reticencias. Los empresarios siempre han establecido un paralelismo entre «las condiciones de salida y la facilidad de entrada», como concepto amplio. Ese mismo paralelismo lo aplican ahora ligado a la Ley de Subvenciones. «Es muy probable que quienes están pensando en invertir en Euskadi no lo hagan o lo hagan en otra parte porque se añaden problemas a una hipotética salida», insistió Aréchaga.

Confebask mostró hoy su insatisfacción con la Ley de Subvenciones aprobada en el Parlamento Vasco y que regulará el endurecimiento de las condiciones para dificultar la deslocalización de empresas, obligando a las que lo hagan a devolver ayudas públicas que hayan recibido. La patronal vasca no ve necesaria una norma así ya que entiende que no se ha producido un número de fugas de empresas que justifique esta legislación. "El mundo va en una dirección, en en una carrera para atraer inversiones, y Euskadi va en la contraria", resumió Eduardo Aréchaga, director general de Confebask. La presidenta de la patronal, Tamara Yagüe, indicó que la organización empresarial es partidaria de "incentivar la atracción y localización" de los proyectos y "no precisamente de asustar y desanimar". "En vez de trabajar activamente en la captación y la localización, trabajamos activamente en la deslocalización", criticó. La dirigente empresarial señaló que los decretos que regulan la concesión de ayudas públicas a las empresas ya prevén mecanismos para controlar si la empresa beneficiaria cumple o no las condiciones establecidas, por lo que desde la organización que agrupa a las tres patronales de los Territorios Históricos, "no entienden muy bien el propósito de la medida". Por otra parte, Yagüe criticó también la "falta de información" y las formas en las que se ha dado a conocer a la patronal la reforma para la prevalencia de los convenios vascos sobre los estatales, pactada por el PNV y el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez. "No nos han gustado en absoluto las formas", dijo Yagüe, que subrayó que esa es una materia que debe formar parte exclusivamente de la Mesa de Diálogo Social. Además, expuso, el Acuerdo Interprofesional suscrito en 2027 entre Confebask y los sindicatos UGT, CC.OO, ELA y LAB ya contemplaba esa preeminencia. 

La decisión de analizar una experiencia piloto en torno a la jornada de 32 horas semanales por parte de la Fundación Fabrika –entidad impulsada por la patronal guipuzcoana Adegi– ha abierto una brecha interna en Confebask, la organización que actúa como cúpula de los empresarios vascos. Ese trabajo, que está financiado con 6,5 millones por parte del Departamento de Trabajo del Gobierno vasco, ha generado reacciones contrarias entre los representantes empresariales vizcaínos y alaveses. Así lo reconoció ayer la presidenta de Confebask, que se esforzó en asegurar que «nada ha cambiado». Tamara Yagüe estimó que «se ha producido un problema de comunicación y explicación interna», pero recordó que Confebask ya dejó claro que «el Gobierno puede hacer los estudios que desee por la jornada laboral de cuatro días, pero insistimos en que no debe ser un tema de la mesa de diálogo social. No nos parece que este asunto sea ni prioritario ni objeto de preocupación». Desde algunos sectores se ha considerado que el encargo realizado por el Departamento de Trabajo, junto a la aceptación del mismo, ha sido un movimiento táctico de la vicelehendakari segunda, Idoia Mendia, para abrir una brecha entre los empresarios. Yagüe dejó claro que a pesar de que la fundación ligada a Adegi haya aceptado colaborar con el trabajo –evaluar durante tres años algunas experiencias en empresas concretas que se presten voluntarias a reducir la jornada pero no el salario–, «Confebask tiene y tendrá la misma posición sobre este asunto». Además, la patronal vasca ha coincidido con las críticas lanzadas por la CEOE en lo referido a las «formas», que no al fondo, de la decisión del Gobierno central de dar prevalencia a los convenios autonómicos sobre los de ámbito estatal. Tamara Yagüe recordó que existe un acuerdo de Confebask y todos los sindicatos vascos que «en la práctica ya suponía dar esta prevalencia», de ahí que no discrepe con los efectos prácticos de la medida. Sin embargo, al igual que ha hecho la CEOE, la presidenta de los empresarios vascos ha criticado que el Gobierno de Pedro Sánchez se haya saltado el diálogo con empresarios y sindicatos para hacer esta reforma legal, comprometida con el PNV en su pacto de investidura. «Esto modifica una legislación que fue objeto de un pacto entre el Gobierno, los sindicatos y los empresarios, la última reforma laboral, y no nos gusta que se ha haya hecho fuera de la mesa de diálogo social», apuntó.

Los últimos Presupuestos de Iñigo Urkullu son ya una realidad. El Parlamento vasco aprobó ayer el dictamen que da luz verde a una inversión de récord del Gobierno vasco, con una capacidad de gasto de 15.025 millones de euros, un 5,4% más que hace un año –un incremento que se suma a la subida del 8,7% en el ejercicio anterior–. PNV y PSE no aceptaron las enmiendas del resto de grupos y las Cuentas salieron adelante con el apoyo, exclusivamente, de jeltzales y socialistas. No fue una sorpresa. El año pasado recabaron idénticos apoyos y sucedió lo mismo con el Presupuesto de 2022, aunque en aquella ocasión Bildu se abstuvo. En la comisión parlamentaria celebrada hace unos días ya se pudo atisbar lo que iba a suceder. PNV y PSE se opusieron allí a admitir cualquier modificación propuesta por otras formaciones. Estas son las últimas Cuentas de Iñigo Urkullu porque la legislatura afronta ya su tramo final y los comicios autonómicos se celebrarán en el primer semestre del año. Se baraja un adelanto electoral a abril pero es el lehendakari quien tiene la última palabra. El consejero de Economía, Pedro Azpiazu, fue el primero en celebrar «un presupuesto ambicioso, precisamente porque Euskadi ha sabido y sabe responder a los diferentes embates que han sufrido las principales economías europeas en estos últimos años». Azpiazu aludió también a esa soledad de los parlamentarios que sustentan al Gobierno. «No sería sincero si no dijera que me entristece la postura de los grupos de la oposición, que es reflejo de la dialéctica parlamentaria de los últimos meses, en clara clave electoral». Desde la bancada de la oposición no dudaron en replicarle que «han pactado todo PNV y PSE y querían que el resto nos sumásemos de forma acrítica».

Esta semana la vicepresidenta económica del Gobierno central, Nadia Calviño, reinvindicaba en una de sus últimas comparecencias antes de asumir la presidencia del Banco Europeo de Inversiones (BEI) el 1 de enero de 2024 el «acelerón» que ha experimentado la ejecución de los fondos europeos este año. A la luz de los datos del Informe de Ejecución del Plan de Recuperación correspondiente a diciembre, Euskadi se ha beneficiado de ese impulso. Al menos en la adjudicación de proyectos realizada por la Administración General del Estado. Así, los 1.591 millones que habían llegado al País Vasco el pasado febrero se han incrementado hasta 2.339 en diciembre. Son 748 millones más, un incremento del 47% en solo diez meses, sin contar los 426 del plan React EU –destinado a cuestiones de inclusión social y salud– que se ejecutó el año pasado. Esos 2.339 millones se reparten, además, al 50% entre los gestionados por el Gobierno vasco y los asignados directamente por el Ejecutivo central. Pero es este segundo el que más ha aumentado su parte al pasar de los 739 millones de febrero a los 1.187 de este diciembre, un crecimiento del 60%. La razón es el aumento del ritmo en la adjudicación de las ayudas en las convocatorias de los Proyectos Estratégicos (PERTE). En Euskadi, se enmarcan en esta línea las ayudas a la fábrica de baterías de Basquevolt, que contará con 15 millones para afrontar la inversión de 100 que requiere su línea de fabricación piloto. También en esta segunda convocatoria del PERTE del coche eléctrico, Gestamp ha obtenido recursos para la planta de ensamblaje de baterías que diseña en el polígono alavés de Subillabide con un presupuesto de 26 millones. Otra de las iniciativas que ha engordado la cifra de euros recibida se encuadra en el PERTE del hidrógeno. Es el proyecto del Corredor Vasco del Hidrógeno que se quedó fuera de la convocatoria del año por defectos de forma y que ha obtenido algo más de 15 millones en este 2023. Unos recursos para financiar acciones de la primera fase de la planta de combustibles sintéticos de Petronor y que plantea también el germen de una red de estaciones de servicio en las que participa el Gobierno vasco.

Los gestores de fondos de todo el mundo encuestados por Bank of America confirman a España como el peor de los grandes mercados europeos para invertir en 2024. La conclusión es que «Italia y España son los menos preferidos», según señala a este diario Andreas Bruckner, estratega de renta variable europea, BofA Global Research/Bank of America. Bruckner indica que la pregunta a los gestores sobre los grandes mercados europeos era si preveían «sobreponderar o infraponderar» en sus carteras a esos países «en los próximos doce meses» y la respuesta fue al alza en Alemania, Reino Unido, Francia y Suiza, mientras que quedó a la baja en los mismos términos en Italia y España. Se trata de la tradicional encuesta mensual del banco entre fondos de todo el mundo con la particularidad de que es la final del año. El resultado consolida a España en el último puesto tras el ya registrado en noviembre. «infraponderar» en el argot bursátil es que los gestores creen que deben dedicar menos fondos en sus carteras al mercado español de lo que correspondería por su tamaño. Un centenar de gestores de fondos que manejan más de 300.000 millones de dólares participaron en el apartado regional de esta encuesta mundial. La encuesta no detalla las razones de este escepticismo de gestores con España e Italia, pero en otros apartados de la encuesta sostiene que la mayoría espera un empeoramiento de la economía europea debido al efecto duradero del endurecimiento de la política del Banco Central Europeo con «destrucción de demanda en respuesta al deterioro de las condiciones crediticias y el desvanecimiento del impulso presupuestario», por la vuelta de las reglas de déficit y deuda en 2024.

La empresa Green Capital Development 135 SL ha desistido de llevar a cabo el proyecto de la central eólica de Karakate, en Elgoibar, Bergara y Soraluze, según señaló ayer tarde la plataforma Karakate Bizirik en un comunicado. Se trataba de un proyecto de dos aerogeneradores con una potencia bruta instalada de 9,6 megavatios y cuyo proceso se encontraba en un estado incipiente. Se iba a instalar en los alrededores de Akillar y Otsoaldasoro y en enero de 2022 se había solicitado la autorización administrativa al Gobierno Vasco, a la que se dio curso en abril. La empresa tenía seis meses para presentar documentación adicional. Capital Energy, matriz de Green Capital ha presentado recientemente los informes de impacto medioambiental de las centrales eólicas de Trekutz (AntzuolaUrretxu) y Buruzai (AzkoitiaAzpeitia-Zumarraga) pero no de Karakate, según la plataforma, que asegura haber confirmado la renuncia a través de «fuentes de la compañía».

El futuro campus del vino que se levantará en Lakua podrá elevarse hasta tres plantas. Es la capacidad máxima que le otorga el actual Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) a la sede de EDA (Edariak eta Ardoa) Drinks & Wine. Aunque el diseño definitivo saldrá del concurso de arquitectura internacional que se convocará «en breve», el inmueble deberá mantener una altura proporcional a los edificios más cercanos, como la estación de autobuses, los bloques de viviendas y el Gobierno vasco. La futura sede, que busca acoger a sus primeros alumnos en 2026, podrá tener además dos sótanos, aunque en principio no debería tener grandes problemas de aparcamiento, ya que a apenas unos metros se encuentra el parking de la estación de autobuses, muy infrautilizado. El objetivo del Consistorio, que asegura que el terreno permite «múltiples posibilidades», es que el edificio sea «icónico y rompedor», en la línea que persigue el Basque Culinary Center, pero deberá «integrarse» en el entorno desde el punto de vista de sus dimensiones. De hecho, aunque el proyecto consuma la altura máxima que le otorga la norma urbanística, el techo deberá ir recogido en el lado de la calle Rafael Alberti, donde se ubican las viviendas. En este sentido, a pesar de que la parcela que ocupará posee 8.610 metros de superficie, el edificio en su conjunto sumará 4.000 metros en total, con independencia de las alturas que lo compongan. El emplazamiento del inmueble supone el pistoletazo de salida para el ambicioso proyecto, que aspira a convertirse en una referencia del sector del vino y las bebidas. «Este proyecto de formación e innovación será un motor económico que contribuirá a la proyección internacional de Vitoria, atraerá talento y generará empleo», destacó ayer la alcaldesa, Maider Etxebarria.

Los sindicatos ELA, Steilas, CC OO , LAB y UGT barajan convocar en los centros en los centros de iniciativa social –Kristau Eskola y Aice-Icea– diez días de huelga, cinco en enero y otros cinco en febrero, si la negociación del convenio sigue bloqueada. En una reunión intersindical de Kristau Eskola que se celebró el pasado jueves, los sindicatos plantearon realizar paros los días 17, 18, 23, 24 y 25 de enero y los días 6, 7, 8, 19 y 20 de febrero. Algunas centrales ya han comunicado a sus afiliados estas fechas, aunque la convocatoria aún no es oficial. El convenio bajo el que se rigen 9.000 trabajadores de los 200 centros donde estudian 130.000 alumnos caducó en diciembre de 2021. Las principales reivindicaciones se centran en medidas para aliviar las cargas de trabajo, mejoras para los sectores más feminizados y precarizados, subidas salariales que garanticen el IPC, medidas para mantener los puestos de trabajo y mejoras para la Formación Profesional. Además incluyen la puesta en marcha de planes de euskera para toda la plantilla, incluidos los colectivos no docentes y planes de igualdad en todos los centros del ámbito de aplicación del convenio. También buscan que se aborde la salud laboral, especialmente de los riesgos psicosociales que padecen las plantillas. El sector de iniciativa social cuenta en Euskadi con alrededor de 200 centros que forman a más de 130.0000 escolares, y en los que trabajan cerca de 9.000 personas entre personal docente, administrativo, de limpieza o en los comedores.

La economía española modera su crecimiento al 0,3% entre julio y septiembre, lo que debería ser una buena noticia en medio de las turbulencias de la eurozona, que ha entrado en contracción en este periodo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esta ralentización se produce a pesar de que España sigue siendo una de las economías más rezagadas en la recuperación respecto a las cifras previas al coronavirus, por lo que es más fácil que mantenga un cierto efecto rebote, que en el último año ha experimentado una notable desaceleración en términos interanuales (pasando del 5,4% en el tercer trimestre del año pasado a una tercera parte, el 1,8%, en el tercer trimestre de este ejercicio) y que numerosas áreas de la actividad se encuentran en negativo. De hecho, el PIB español mantiene un cierto crecimiento con la mitad de la economía en recesión, incluyendo el sector agrario, las ramas industriales no manufactureras, la construcción y las actividades inmobiliarias. Con ello, se antoja complicado dar continuidad al crecimiento en el futuro, ya que el consenso de analistas apunta a una ralentización de otra décima en el cuarto trimestre que llevaría la tasa anual al 1,5%.

La recaudación de impuestos ha encarado al alza la recta final del año. Pese a la paulatina desaceleración económica, que ya se hace notar en la imposición societaria y al consumo, el conjunto de los ingresos tributarios del año mantiene un sólido incremento interanual aportado, fundamentalmente, por la mejora de recaudación del IRPF, que al cierre del mes de noviembre había permitido ingresar ya 10.000 millones de euros más que en el mismo periodo del año anterior. El impacto del incremento de precios y salarios, ante la negativa de Hacienda a deflactar la tarifa del tributo frente a la inflación, así como los relevantes incrementos de renta aprobados para funcionarios públicos y pensionistas, explican buena parte del fenómeno. Los ingresos tributarios del mes de noviembre ascendieron, según los datos oficiales publicados el viernes, a 17.536 millones, un 9% más que en el mismo mes de 2022, si bien la variación se debe a la caída de las devoluciones impositivas, dado que los ingresos brutos crecen menos que en los meses anteriores. En todo caso, el balance conjunto de los once primeros meses del año se salda con un aumento de los ingresos tributarios del 5,5% (alza del 5,7% en recaudación bruta y del 6,9% en las devoluciones), hasta los 252.927 millones. La cifra supone 13.138 millones de recaudación extra frente al ejercicio anterior. En términos homogéneos, el avance interanual de los ingresos es del 5,8%, manteniendo los mismos niveles de los dos meses anteriores.

Termina una semana de vértigo para Telefónica, en la que ha vivido la vuelta del Estado a su accionariado con la entrada a través de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) tras 25 años de plena privatización, y el acuerdo con los sindicatos del ERE y del convenio colectivo que se llevaba negociando desde hacía varias semanas. El ERE supondrá un desembolso para la empresa de casi 2.000 millones de euros, precisamente la misma cantidad que se estima que tendrá que pagar el Estado para la compra del 10% del capital de Telefónica. La estimación de GVC Gaesco basada en despidos anteriores indica que el ERE que Telefónica llevará a cabo en sus tres principales filiales y que afectará finalmente a un total de 3.421 empleados (desde los 5.100 que planteó al principio), el 21% de la plantilla sujeta al convenio, tendrá un coste para la compañía de entre 1.600 y 2.000 millones de euros. Esto es, un coste por trabajador despedido de entre 468.000 y 585.000 euros. En el plan de salidas acordado en 2019, en el que se desvincularon de la empresa unas 2.600 personas, Telefónica desembolsó unos 1.730 millones de euros. En el de 2021 salieron de la operadora otros 3.000 empleados y el coste se situó en unos 1.400 millones. Ahora, al tratarse de un ERE en lugar de un PSI (plan de salidas voluntarias), la compañía tendrá que pagar al Estado el coste del desempleo y las cotizaciones sociales de los despedidos. En 2013 (su último ERE) este coste ascendió a los 350 millones por los 6.800 despedidos. En esta ocasión el coste será de la mitad, ya que los despedidos también se han reducido un 50%. El periodo de adhesión al ERE será del 9 de enero al 8 de febrero. La empresa contestará el 14 de febrero y si no se han alcanzado los 3.421 empleados que voluntariamente se adscriban al despido colectivo, habrá salidas forzosas por edad, indican los sindicatos. Las salidas comenzarán el 29 de ese mes, pero el ERE estará abierto hasta el 31 de marzo de 2025.

La entrada del Gobierno en Telefónica, a través de la toma de una participación de hasta el 10% que va a comprar el hólding estatal Sepi, está generando preocupación y suspicacias entre los rivales de la operadora en el mercado español de telecomunicaciones. Los competidores del antiguo monopolio estatal consideran que puede suponer una distorsión de la competencia al convertirse el Estado en juez y parte, desde el momento en que la Sepi pase a ser el accionista de referencia de la operadora más importante del mercado español. Fuentes oficiales de Orange, Vodafone, MásMóvil y Digi declinaron realizar comentarios a esta información. Se da la circunstancia de que el Estado francés es el primer accionista de Orange, ya que no salió del todo de su capital con la privatización, con un 23% entre su participación directa (13,39%) y la del banco público BPI France (9,56%). Entre las principales consecuencias que los rivales de Telefónica temen que pueda desencadenar la irrupción del Gobierno en la operadora líder figuran las sospechas de parcialidad de la Administración a la hora de adjudicar contratos de servicios a los diferentes entes públicos.

Primer fabricante de vehículos en España, gracias a sus plantas en Vigo, Zaragoza y Madrid, Stellantis se ha hecho aun más fuerte en 2023. Según las cifras de la compañía dirigida por Carlos Tavares, su producción en España crecerá este año un 17,8%, hasta 1.003.301 unidades y elevará su cuota sobre el total de vehículos fabricados al 40%, desde el 38,4% de 2022. Esto –y los cerca de 13.000 empleos considerando solo los directos– es lo que se juega el Gobierno, ya que el futuro de la multinacional en España pasa por un megaproyecto cuyo OK está pendiente, sobre todo, de las ayudas que reciban. Por un lado, la construcción de la mayor gigafactoría de baterías en España, cerca de Figueruelas, con una inversión de 3.000 millones de euros. Por el otro, la asignación, desde 2027 o 2028 de una nueva familia eléctricos pequeños a Vigo y Zaragoza. Esta línea supondría la inversión de otros 1.000 millones de euros. Para los dos proyectos, Stellantis pidió acogerse a las ayudas del PERTE VEC II. Pero pinchó en hueso en el caso de las baterías, ya que sólo se les concedió 55 millones de los 200 a los que aspiraban. Tras el desencanto de la multinacional, Industria dejó claro que se buscaría una salida y esta semana, el nuevo titular de la cartera, Jordi Hereu, se reunió con Stellantis para limar asperezas y dejarles claro que la planta de baterías es un «un proyecto estratégico». La salida pasa por acudir a la tercera entrega PERTE VEC, dotada con 1.250 millones y que se activará al inicio de 2024. Además, habría que añadir las ayudas de Aragón, del mismo modo que Cataluña y la Comunidad Valenciana se sumaron al proyecto de electrificación de Seat y VW.

El Ministerio de Industria y Turismo adjudicó ayer 80,7 millones de euros del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (Perte) Naval entre 65 proyectos de 107 empresas, según la resolución definitiva publicada. En concreto, entre los cuatro proyectos tractores adjudicatarios destaca el promovido por Navantia-Pymar, que se ha hecho con 57,8 millones de euros –más del 71% de las ayudas concedidas–. De ellos, 33 millones de euros serán recibidos por empresas de la industria naval privada aglutinadas por Pymar, con un elevado número de pymes. Fuentes de Pymar destacaron que, más allá del importante efecto cuantitativo, este Perte Naval ha tenido “un claro efecto cualitativo al plantear modernos proyectos innovadores que auguran el mejor futuro para la industria de la construcción naval española”. También han resultado adjudicatarios los proyectos tractores de Marina Barcelona (8,4 millones de euros), Reparaciones Navales Canarias (6,9 millones), y Centro Tecnológico de los Astilleros Medianos y Pequeños Soermar (7,5 millones). El Perte Naval contribuirá a la modernización del sector en España, incrementando su competitividad en alrededor de un 15% y consiguiendo una tasa de crecimiento anual del 9% para el sector. Se espera que contribuya “a la creación de cerca de 3.100 puestos de trabajo de calidad”, según el Ministerio de Industria, principalmente en regiones periféricas, contribuyendo así a la política de reto demográfico, si bien las cifras adjudicadas ayer tendrían un efecto en torno a una cuarta parte de este efecto, que corresponde al total del plan. En esta convocatoria, el Ministerio ha adjudicado el 67,25% de los 120 millones de ayudas disponibles, aunque han quedado sin tocar los 70 millones consignados para préstamos para la modernización del sector.

Doble velocidad en el tratamiento al ahorro tradicional sin riesgo. Al mismo tiempo que las entidades más agresivas en el mercado español rebajan progresivamente los tipos de interés de sus mejores ofertas en depósitos, mejoran los rendimientos de las cuentas remuneradas. La explicación a esta estrategia tan diferenciada tiene que ver con los objetivos de captación de nuevos clientes. Fuentes financieras aseguran que el nivel de fidelidad de los clientes que contratan un depósito es mínimo. En cambio es muy superior en los clientes que abren una cuenta –que puede ofrecer otros servicios, como tarjetas, descuentos o transferencias–. La cuenta ofrece la ventaja añadida de la liquidez total e inmediata. Ese atractivo ejerce como un mecanismo de retención de nuevos clientes muy superior al del depósito a plazo. Aunque el mercado espera hasta seis rebajas de los tipos de interés en 2024, hasta el entorno del 3%, los bancos siguen mejorando las rentabilidades de las cuentas, sobre todo en el segmento de cuentas sin condiciones. El italiano Banco Progetto y Norwegian Bank, protegidos por el fondo de garantía de sus respectivos países, han subido los tipos en los últimos días hasta el 3,50% TAE (tasa anual equivalente). Por detrás, hay un nutrido grupo de entidades europeas que han seguido sus pasos.

James Gorman (65 años), que está a punto de dejar su puesto como consejero delegado de Morgan Stanley, asegura que los mercados financieros “despegarán” cuando los inversores estén seguros de que la Fed ha puesto fin a las subidas de los tipos de interés. En una entrevista concedida a Financial Times días antes de ceder su puesto a Ted Pick, Gorman afirma que el sistema bancario se ha vuelto mucho más seguro durante sus 14 años de mandato. Aun así, cree que “su propia estupidez” supone una de las mayores amenazas a las que todavía se enfrenta el sector de la banca. Los mercados financieros y partes del propio negocio de banca de inversión de Morgan Stanley han tenido dificultades para adaptarse a la agresiva campaña de la Reserva Federal para combatir la inflación. Ahora, los inversores tienen mensajes contradictorios de las autoridades del banco central sobre cuándo comenzarán los recortes de tipos. “La reciente subida de tipos ha frenado las operaciones bancarias y de los mercados de capitales. Y eso se debe a que nadie sabe cuál es su coste de financiación”, declara Gorman. “En el momento en que la Reserva Federal anuncie que las subidas de tipos han concluido, estos mercados despegarán. Y estamos cerca del momento en el que va a producirse esa acción”.