20190123

Según una encuesta que dio a conocer ayer la patronal vizcaína Cebek y que ha sido realizada entre 599 empresas del territorio de todos los tamaños y sectores, l os empresarios se muestran mayoritariamente a favor de crear estos planes de pensiones de empleo, pero también reclaman que estén acompañados de «deducciones fiscales suficientes», de tal forma que no supongan «un incremento inasumible de los salarios». En torno a la coyuntura económica, el sondeo realizado por la patronal vizcaína refleja datos similares a otras encuestas realizadas recientemente, ya que arroja una visión optimista respecto a la evolución a corto plazo. «No tenemos un optimismo desbordante, pero las perspectivas son buenas», señaló ayer el presidente de la patronal vizcaína, Iñaki Garcinuño. Aunque los empresarios son conscientes de que se va a producir una ralentización en el crecimiento –un incremento del PIB del 2,3% frente al 2,7% de 2018–, creen que la situación de la demanda va a mantener un buen tono.

Los movimientos accionariales, o más bien los anuncios en torno a ellos y sus consecuencias, han generado la idea de que el futuro de Euskaltel corre peligro. Dicho de otra forma, que la operadora vasca de telecomunicaciones puede experimentar un vuelco en sus equilibrios internos de poder, que alguien puede hacerse con el control de la empresa y que, como consecuencia de todo ello, puede quedar absorbida dentro de un conglomerado mayor. Ayer, el presidente de la patronal vizcaína Cebek, Iñaki Garcinuño, mostró la confianza de esta organización en que «cualquier cambio que pueda producirse permita mantener el centro de decisión aquí». Garcinuño, sin embargo, admitió que las empresas que «son generadoras de caja y tienen atractivo para los inversores» están expuestas a operaciones de compras que difícilmente se pueden impedir.

Las exportaciones vascas sufrieron un bache en noviembre, con un retroceso del 2%, que se puede atribuir en gran medida a Mercedes-Vitoria, según los datos facilitados ayer por el Eustat. Las ventas de la furgoneta Vito y el monovolumen Clase V constituyen la principal partida arancelaria y en ese mes registraron una brusca caída, afectadas por la crisis del diésel en toda Europa, que ha obligado a la planta a reducir su producción y a parar catorce jornadas en 2018. Este descenso, sumado al mal comportamiento de los componentes del automóvil, explican el bajón mensual. Pero en el balance de los once primeros meses del año, Euskadi sigue saliendo muy favorecida en la foto. Acumula un incremento en las exportaciones del 7,8% hasta sumar 23.724 millones de euros, lo que permite vaticinar que cerrará el ejercicio con un máximo histórico, por encima de los 25.000 millones. El aumento es muy superior al del conjunto de España, de sólo el 3,4%, y, de hecho, «el País Vasco se mantiene como la comunidad que más contribuye al avance nacional», según destaca en su informe el Ministerio de Industria y Comercio.

Cambio de tendencia en la política de concesión de crédito. Tras años de relajación de los criterios para financiar la economía, los bancos endurecerán la oferta en todas las modalidades en el primer trimestre de este año. Es la primera vez desde 2012 que las entidades anticipan que exigirán criterios más estrictos para dar créditos, según la última encuesta sobre préstamos bancarios publicada ayer por el Banco de España. Esta tendencia también se extiende al resto de países que comparten el euro, aunque de forma más leve y no en todos los segmentos.

La industria metalúrgica y los servicios serán los sectores que más puestos de trabajo generarán en Euskadi este año, según las previsiones que maneja la firma recursos humanos Randstad. Durante 2018 el sector del metal, junto con turismo y logística, fue uno de los que favoreció más contrataciones, y Randstad apunta que así seguirá durante los próximos meses. Los perfiles más demandados estarán relacionados con la industria siderometalúrgica. Se pedirán ingenieros y también profesionales especializados como soldadores, ajustadores, profesionales de mecanizado, torneros y fresadores.

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, amenazó ayer al Gobierno con romper el diálogo social si no cumple lo que ha pactado ya con los sindicatos: la derogación definitiva del Índice de Revalorización de las Pensiones y del Factor de Sostenibilidad, que es la fijación de la primera pensión con la esperanza de vida del nuevo jubilado. Cambios promovidos por el Gobierno del PP. Sordo también exigió al Ejecutivo que regule ya la reforma de la negociación colectiva y la restauración del registro horario en las empresas.

El Gobierno de Pedro Sánchez dio ayer un paso histórico para culminar el Estatuto de Gernika al presentar un calendario de transferencias que prevé negociar 33 traspasos pendientes en el plazo de un año, desde febrero hasta enero de 2020, aunque se compromete a ello sin tener asegurada la continuidad de la legislatura, que depende en gran medida de la aprobación de los Presupuestos. El cronograma remitido ayer por el Ejecutivo central al Gobierno Vasco supone un hito porque nunca antes se habían calendarizado todas las competencias pendientes, aunque el gabinete de Iñigo Urkullu lo recibió con un sabor «agridulce», ya que el plan de trabajo excluye las cuatro competencias que el Gobierno central relaciona con la Seguridad Social –de hecho, la reivindicación de las instituciones vascas sigue ascendiendo a 37 transferencias pendientes, en vez de las 33 que incluye el calendario–.

Unidos Podemos provocó ayer una grave derrota al Gobierno en el Congreso. El grupo de Pablo Iglesias votó contra el decreto ley sobre alquileres después de que el Ejecutivo no accediese a su exigencia de limitar los precios por creerlo inviable jurídicamente. La convalidación de la norma registró 243 votos en contra frente a solo 103 a favor. Es la primera vez que Pedro Sánchez no logra el respaldo del Congreso a un decreto ley de su Gabinete, aunque sí logró que se aprobasen las otras siete medidas que llevaba al pleno, entre ellas el alza del sueldo de los funcionarios y de las pensiones. La derrota en la votación sobre alquileres implica que la reforma que se introdujo el 18 de diciembre deja de estar vigente y se vuelve a lo dispuesto en la ley anterior: la duración mínima de los contratos, que se fijó en cinco años, será de nuevo tres, y desaparecen otras garantías para los inquilinos que incorporaba la legislación frustrada.

La digitalización, el cambio climático y el envejecimiento demográfico traerán cambios en los mercados laborales de todo el mundo. Para afrontarlos y evitar que nadie se descuelgue, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) propone medidas como «el derecho universal a la formación durante toda la vida», «protección social desde el nacimiento a la vejez» o iniciativas por la igualdad de género, en un informe sobre el futuro del trabajo presentado ayer.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y el organismo francés de regulación de la energía (CRE) tumbaron ayer el proyecto de interconexión gasista entre España y Francia por el Pirineo Oriental. Según las entidades, el plan conocido como STEP (South Transit East Pyrenees), tal y como lo han presentado los transportistas, no cumple con las necesidades del mercado y tiene un coste demasiado elevado. Por estas y otras razones, rechazaron la solicitud de inversión presentada por Enagás y la francesa Teréga.

Los movimientos accionariales o más bien los anuncios en torno a ellos y sus consecuencias, han generado la idea de que el futuro de Euskaltel corre peligro. El portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, admitió ayer que el Ejecutivo no se ha planteado intervenir para garantizar el arraigo de la empresa –sí lo hizo el pasado año en CAF–, al tiempo que apuntó que «aún es pronto para poder emitir un juicio y tener una posición». Erkoreka dio a entender que el Gobierno no espera movimientos importantes en Euskaltel a corto plazo

Uber y Cabify anunciaron ayer que cesarán su actividad en Barcelona y su área metropolitana después de que la Generalitat de Cataluña abriera la puerta explícitamente a que la contratación de los vehículos de alquiler con conductor (VTC) se tenga que realizar con una hora de antelación, como mínimo. Las empresas, reunidas en la patronal Unauto, lo entienden como una derrota y como una cesión del Govern hacia el sector del taxi, y así lo explicó ayer la directora general de regulación global de Cabify, Marta Plana.

Los taxistas madrileños elevaron ayer el tono de la huelga para exigir una mayor regulación de los vehículos de transporte concertado (VTC) y realizaron cortes de tráfico en vías de acceso al aeropuerto de Barajas y a Ifema, donde desde hoy se celebra Fitur, la feria más importante del año. En una de las protestas, que causaron importantes retenciones, un taxista resultó herido grave tras abalanzarse sobre un coche. El presidente regional, Ángel Garrido, respondió que no cederá a su principal reivindicación: que haya que contratar a los VTC con antelación.