20230323

El giro copernicano dado por Bruselas para incluir finalmente a los llamados combustibles sintéticos en la hoja de ruta de la descarbonización del transporte dibujada para 2035, y que en la práctica supone mantener la posibilidad de que se sigan vendiendo en esa fecha los coches con motor de combustión, pone a Euskadi en primera línea de la carrera para la producción de esos carburantes del futuro. Unas sustancias cuya producción resulta con cero emisiones netas de CO4 y que –aquí está buena parte de la clave– se pueden usar en los coches ‘normales’ (diésel y gasolina) y repostar en todas las gasolineras. La novedad en la posición comunitaria respecto a los combustibles sintéticos, que no entraban en los planes de Bruselas, que solo quería coches eléctricos puros nuevos a la venta en 2035, ha sido propiciada por la intensa presión ejercida en defensa de los llamados ‘e-fuels’ por parte de Alemania (el gran fabricante de coches continental) y de Italia. A pesar de que el Gobierno español es clara y vehementemente contrario, la novedad ha sido recibida con evidente satisfacción en Euskadi. Y es que, además de dar una oportunidad que parecía perdida a la industria tradicional de la automoción, el aparente cambio de paso de las autoridades comunitarias sitúa a la planta piloto que Repsol/Petronor tiene en el puerto de Bilbao como la punta de lanza y la verdadera «referencia» en esa tecnología «en todo el sur de Europa». Así lo aseguró ayer Elías Unzueta, director de Petronor Innovación, la división en la que la compañía aúna toda su apuesta por la descarbonización. «El futuro no está escrito, así que dejemos competir a todas las tecnologías y desarrollemos al máximo nuestras capacidades tecnológicas». 

BBVA Research ha revisado al alza las previsiones de crecimiento del PIB de todas las comunidades autónomas por el impulso esperado en la industria, debido en gran parte a los fondos europeos, y en el turismo. Euskadi también se beneficia de esta actualización y su pronóstico mejora en cinco décimas hasta el 1,3% para este año, todavía por debajo de la media nacional del 1,6%. En 2024, sin embargo, el incremento estimado será mayor en la comunidad autónoma, del 2,9%, que en el conjunto de España, con el 2,6%. Uno de los puntos en los que se apoya esta revisión es la mejora de las perspectivas para el mercado automovilístico bajo la premisa de que «la desaparición de los cuellos de botella podría impulsar el crecimiento de las matriculaciones en 2023 en más de diez puntos». De ahí que las regiones más volcadas en esta industria sean las más favorecidas. Así, el pronóstico mejora en nueve décimas para Navarra, en seis para Galicia y en cinco para País Vasco, Castilla y León y Cataluña. «El resto de comunidades más enfocadas a la producción de otros bienes podrían ver una recuperación algo más lenta», señala el informe. Otro de los pilares para el optimismo es la evolución del turismo, por la recuperación de la demanda europea, que empujará aún más el crecimiento en las islas. Baleares y Canarias liderarán el aumento del PIB este año, con tasas del 3,3% y del 2,8%, respectivamente. Tras esta revisión al alza, la previsión de BBVA Research para la economía vasca se acerca a la del Gobierno vasco, que hace solo unos días rebajó la suya desde el 2,1% al 1,5%. El consejero de Economía, Pedro Azpiazu, lo anunció como un ejercicio de cautela ante la situación actual de incertidumbre, marcada por una inflación persistente, el alza de los tipos de interés y «esta crisis o minicrisis bancaria». En cuanto al empleo, destaca que, tras una importante desaceleración en el segundo semestre de 2022, «la afiliación a la Seguridad Social muestra señales de fortaleza en el primer trimestre de este año».

La aseguradora vasca de salud IMQ, líder en este sector en Euskadi, es desde ayer una filial del grupo SegurCaixa Adeslas. La compañía, participada por el grupo Caixa y Mutua Madrileña, ha invertido una cifra aproximada a los 240 millones de euros para hacerse con el control de la empresa que hasta ahora estaba en manos de algo más de un millar de médicos, tanto en activo como ya jubilados. Un colectivo que ha decidido optar por una venta masiva de acciones, lo que ha permitido a Adeslas asegurarse la propiedad del 75% de las acciones de todo el grupo IMQ, que incluye la aseguradora, las clínicas Zorrozaurre y Virgen Blanca, la compañía de residencias de la tercera edad Igurco y la sociedad IMQ Prevención, además de otras numerosas participaciones en actividades sanitarias y ligadas a la salud. La operación culminó ayer con el traspaso formal de las acciones y los médicos que han optado por vender –una mayoría– recibirán entre hoy y mañana la transferencia de 255.000 euros por cada paquete de 1.000 títulos de la aseguradora. Ese número era hasta ahora el mínimo exigido para participar como accionista en la compañía. Aunque el control accionarial de SegurCaixa Adeslas es abrumador, el pacto alcanzado con la Sociedad de Médicos –el ‘holding’ que actuaba hasta ahora como cabeza de la propiedad de la empresa– permitirá que éstos mantengan un alto grado de influencia en el futuro de la aseguradora. Al menos en lo que hace referencia a decisiones que han sido calificadas como «estratégicas» –deslocalización de la sede social o venta de activos importantes, como es el caso de las clínicas–, para lo que será necesario concentrar al menos un respaldo del 80% del accionariado. La venta que culminó ayer ha sido un largo proceso que comenzó hace ahora cuatro años, cuando un grupo de médicos ya jubilados comenzaron a organizarse para intentar vender sus acciones a «un precio de mercado». 

La ampliación de Mercedes Vitoria estará bajo el foco de una serie de alegaciones al Plan General, aprobado inicialmente hace un mes, que arreciarán desde el sector de la construcción. La Unión de Empresarios de la Construcción de Álava (UNECA), integrada en SEA, y la Agrupación de propietarios de Salburua y Zabalgana (lo decidió hace apenas dos semanas) preparan sus razonamientos contra algunas de las líneas generales de la gran hoja de ruta urbanística de la ciudad. Y todo apunta a que la factoría automovilística será víctima colateral. Por partes. Al sur, en las inmediaciones del parque de Zabalgana, Mercedes necesita ganar alrededor de 257.000 metros cuadrados de edificabilidad para levantar un enorme recinto totalmente nuevo en el que concentrará los servicios de logística y proveedores. La parcela tiene una superficie total de 195.471 metros cuadrados. Y la idea es que conecte con el resto de la planta a través de un túnel. Ese sector, identificado como 5B en el PGOU, ha sido desclasificado como suelo urbano para destinarlo a uso industrial. Lo que deja en el aire un proyecto que contemplaba la construcción de 1.242 viviendas en las inmediaciones de la zona verde. De ese paquete, la gran mayoría (en torno a un 75%) iban a tener carácter público. Pero promotores privados tienen derechos urbanísticos inscritos en el Registro de la Propiedad para levantar también 300 viviendas en ese mismo ‘lineal’. Y el Plan General no contempla permutas para ellos. No les da alternativas para ejecutar sus derechos y poder levantar inmuebles residenciales en otros puntos de la ciudad. 

La primavera de 2024 es el plazo que el Gobierno Vasco se ha propuesto para finalizar las obras del Tren de Alta Velocidad (TAV) en el tramo entre Hernani y Astigarraga, el último paso para su entrada a San Sebastián. Se trata de uno de los proyectos más singulares de los que conforman la ‘Y’ vasca, ya que alberga el primer viaducto atirantado del TAV en el Estado, un puente de una longitud de 486 metros, con tres mástiles de 30 metros de altura, que pasa por debajo de la A-15 y que salva el río Urumea hasta en dos ocasiones. El tramo total de la obra se extiende 2,4 kilómetros y la inversión asciende a los 94 millones de euros. Una vez finalizada la actuación en el viaducto central –lo que ocurrirá «en las próximas semanas»–, Euskal Trenbide Sarea (ETS) iniciará la fase final del proyecto con un último puente de prolongación que se encajará entre las vías ya existentes de ancho convencional de la línea Madrid-Irun. Así lo detalló ayer el consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes del Gobierno Vasco, Iñaki Arriola, que visitó el tramo de obras de Hernani y Astigarraga y aprovechó también para aclarar que «las previsiones para la puesta en marcha del TAV se mantienen en 2027» y que la nueva estación de Atotxa de Donostia estará lista a «finales de 2024 o principios de 2025».

Euskadi ha renunciado a casi once millones de euros provenientes de los fondos europeos de recuperación para la creación de 1.518 plazas públicas gratuitas del primer ciclo de Educación Infantil, que va desde los 0 a los 3 años. El Departamento de Educación argumenta que en el País Vasco «ya existe una oferta pública suficiente de plazas para atender prácticamente toda la demanda existente». Así consta en una respuesta parlamentaria remitida por el consejero de Educación, Jokin Bildarratz, a la diputada de Elkarrekin Podemos-IU Isabel González. El denominado Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno central contempla crear más de 60.000 nuevas plazas de titularidad pública en el primer ciclo de Infantil, preferentemente en las aulas de 1 y 2 años. Para ello se reservaron 331 millones de euros provenientes de Europa, tal y como se acordó en la conferencia sectorial de Educación en diciembre de 2021. A Euskadi le correspondían 15.484.890 euros entre 2021 y 2023. El primer ejercicio recibiría 4.664.345 euros; el segundo, 7.689.743; y el tercero, 3.130.802. El compromiso era crear 506 plazas públicas dentro del Consorcio de Haurreskolak –participado por Gobierno vasco y los ayuntamientos– en cada ejercicio. El primer pago se llevó a cabo. Con ese monto, el Ejecutivo creó 73 plazas nuevas en 2022 y prevé 76 más este año y 34 en 2024 (183 en total). En 2022, sin embargo, no llegó el dinero. 

El gas, denostado por la legislación que ha vetado la creación en España de nuevas explotaciones, no deja de ser una energía de transición más que necesaria y que con la invasión rusa de Ucrania se ha revelado como el nuevo oro. De hecho, el negocio de extracción que tiene el Gobierno vasco duplicó por dos sus ingresos el pasado 2022 obteniendo 9,2 millones de euros. Una cantidad que se añade a los 7 millones que el Ejecutivo ha recibido en forma de dividendos por su participación en Bahía de Bizkaia Gas, la regasificadora del Puerto de Bilbao que comparte con Enagás al 50%. La apuesta del Gobierno vasco por la explotación de los yacimientos subterráneos de Euskadi quedó limitada a un solo pozo. Una sola infraestructura que, además, no está en el País Vasco sino en La Rioja, en la localidad de Sotés. La vida del yacimiento ‘Viura’ es más bien corta. Comenzó su actividad en 2017 y el año pasado alcanzó su récord de ventas. En total, 9,6 millones de euros gracias al incremento del precio de este combustible. Y es que en cuanto a las cantidades extraídas se registró un descenso del 10% con 325 millones de KWh obtenidos. Así se desprende de la documentación enviada por el Ejecutivo a requerimiento del parlamentario de EH Bildu, Mikel Otero. Estas ganancias deberá repartirlas Shesa, la sociedad pública del Ejecutivo vasco dedicada al gas, con sus socios norteamericanos. El Gobierno autonómico tiene un 39% de la explotación por un 58% que está en manos de Heyco Energy y un 3% de Oil & Gass Skills. Heyco entró en la sociedad este pasado verano, una vez que Naturgy vendió su participación mayoritaria.

La recién aprobada reforma de las pensiones ha cambiado las reglas de juego en la negociación colectiva. La fuerte subida de cotizaciones que trae la nueva norma para las próximas décadas ha llevado a la patronal CEOE a dar marcha atrás y a acudir a la reunión que ayer mantuvo con los sindicatos CC OO y UGT pero sin una propuesta de subida salarial para los próximos años, por el momento, pese a que la organización empresarial había anunciado que estaba trabajando para presentar una iniciativa, según confirmaron fuentes del diálogo social. El de ayer fue el primer encuentro oficial para abordar un nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), después de que en mayo pasado se rompiera todo diálogo al mantener ambas partes unas posturas totalmente enfrentadas. En este inicio de año ya habían mantenido contactos informales y, además, los sindicatos enviaron el 1 de marzo una nueva propuesta de subida salarial que sumaba hasta un 13,25% repartido a lo largo de cuatro años (2022-2025), y que incluye además un nuevo diseño de la cláusula de garantía salarial que ya no solo tiene en cuenta la inflación, sino también los beneficios empresariales. Pero el acuerdo se antoja de nuevo muy complicado, más después de la reforma de las pensiones pactada sin una patronal que se negaba en redondo y que eleva los costes laborales. Los empresarios rechazaron de pleno la propuesta de los sindicatos, pero seguirán sentándose a negociar en la primera quincena de abril con el objetivo de alcanzar un acuerdo que guíe los próximos convenios colectivos. Ven «descabellada» la subida salarial del 5% para 2022 con efecto retroactivo. UGT y CC OO advirtieron ayer que si no hay acuerdo dejarán de negociar y plantearán un escenario de conflicto y movilizaciones. Los sindicatos defienden que la negociación con la CEOE de este pacto de convenios no puede ir más allá del 1 de mayo, y si no se logra un acuerdo, además de las movilizaciones, han instado al Gobierno a establecer una contribución mínima en el Impuesto sobre Sociedades del 15% o del 20% sobre el total de beneficios, un planteamiento que no ha gustado nada a la patronal.

La patronal madrileña (CEIM), que forma parte de la CEOE, arremetió ayer con inusitada dureza contra el Gobierno por la reciente reforma de las pensiones. CEIM, que es una de las organizaciones territoriales más importantes de la confederación española, aseguró que “la reforma contribuye, aún más, a generar un clima de negocios adverso a la actividad empresarial, propiciado por un Gobierno irresponsable que no sólo criminaliza a las empresas, sino que las ataca y menosprecia con discursos de mal gusto”. Con ello, CEIM se refiere a las críticas que ha hecho el Gobierno en los últimos meses a empresarios como Ana Botín, presidenta de Santander; Ignacio Galán, presidente de Iberdrola; Rafael del Pino, presidente de Ferrovial o Antonio Garamendi, máximo dirigente de la patronal CEOE. En el caso de Del Pino, por trasladar la sede de Ferrovial a Países Bajos. Las críticas a Garamendi se refieren a la tardanza en negociar un acuerdo salarial con los sindicatos. “Las empresas no podemos tirar del déficit, como la administración pública. Los beneficios son necesarios para que las empresas puedan ser viables, generar empleo y sostener el estado del bienestar, pero se nos descalifica por ello”, dijo la patronal madrileña, cuyo presidente, Miguel Garrido, es también vicepresidente primero de la CEOE. Las empresas tenemos libertad de decisión, pero se nos ataca [por el Gobierno] si decidimos irnos de España, para defender los intereses de nuestro negocio. La continua política intervencionista de este Gobierno, incluso en materia de salarios, ataca la viabilidad de los negocios”, dice CEIM, en una clara referencia a la subida anual del salario mínimo interprofesional que, desde 2018, ha subido un 46%, desde los 736 a 1.080 euros mensuales.

El Banco de España sorprende con su nuevo cálculo de la tasa de inflación para este año, que será del 3,7%, más de un punto por debajo de la previsión que el organismo hizo solo hace tres meses, cuando pronosticó un IPC del 4,9% al cierre de 2023. En su informe trimestral publicado ayer indican que los precios se han «moderado significativamente desde el verano» debido «casi exclusivamente» a la energía, cuyo coste será un 13,6% menor que en 2022. Sin embargo, el precio de los alimentos ha seguido acelerándose. Hasta tal punto que el organismo ha revisado la inflación de la cesta de la compra en más de cuatro puntos al alza, hasta calcular que a fin de este año los precios serán un 12,2% más altos que su anterior estimación, realizada en diciembre pasado, del 7,8%. En 2024 la presión de los alimentos seguirá siendo alta, con una subida adicional del 4,6%, y en 2025 aún se encarecerán otro 3,3%. En cuanto a la inflación general, en 2024 será del 3,6%, la misma que el Banco de España preveía en diciembre, antes de descender al 1,8% en 2025. En cambio, la senda de reducción de la subyacente –que no incluye energía ni alimentos frescos– será «más lenta». El regulador bancario pronostica que este año se eleve medio punto más de lo previsto anteriormente, hasta el 3,9%, por lo que cerrará dos décimas por encima de la general. En 2024 se situará en el 2,2% y en 2025 en el 1,8%. En este contexto, el organismo pronostica que el crecimiento económico de España este año será mayor del esperado inicialmente. En concreto, estima que el PIB avanzará un 1,6%, frente al 1,3% que calculó en diciembre. Este avance se debe a que 2022 tuvo un mejor comportamiento del previsto, lo que conlleva un «efecto arrastre positivo» sobre la tasa media anual de este año.

Ni la caída del Silicon Valley Bank, ni el contagio al Signature, ni los problemas del First Republic. La Reserva Federal norteamericana (FED) decidió ayer enfocarse en mantener a raya la inflación y subió sus tipos de interés otros 0,25 puntos básicos hasta el 5%, tal y como estaba previsto antes de que arreciaran los problemas de las últimas semanas en parte de su banca. El conato de crisis financiera no ha hecho mella en la decisión del organismo, que sigue considerando prioritario bajar los precios, al igual que ya hizo el Banco Central Europeo (BCE) la semana pasada. No es que no hayan tenido en cuenta las turbulencias bancarias. De hecho, el presidente de la FED, Jerome Powell, admitió que los miembros de su comité de gobernadores tuvieron sobre la mesa la posibilidad de aplicar una pausa en sus alzas de tipos en esta reunión, pero finalmente lo descartaron. Con este último incremento, el precio del dinero en EE UU se sitúa en el rango de entre el 4,75% y el 5%. Era el margen con el que contaba la FED desde su anterior reunión de febrero, cuando insistió en la necesidad de elevar los tipos como fórmula para que ceda el consumo, la economía se enfríe y, por fin, puedan contenerse los precios. Tal es el empeño que el mercado vaticina una nueva subida adicional de los tipos en EE UU a lo largo de este año. Y a partir de ahí, comenzarían las bajadas. Pero «no será este año», apuntó ayer Powell, con una frase demoledora: «Sin estabilidad de precios, la economía no funciona para nadie», indicó.

La visión del banco central es clara: no existe suficiente certidumbre sobre cómo la nueva tormenta bancaria acabará afectando a la inflación y al crecimiento y, por lo tanto, resulta aconsejable dejar que los datos vayan llegando y despejen las incógnitas. En función de eso, se tomará después la decisión sobre el nuevo nivel del precio del dinero, cuando llegue la cumbre de mayo. “Alguna de estas incertidumbres van a remitir, conforme las consecuencias de los eventos recientes en los mercados financieros se hagan más claros. Sin embargo, golpeados por shocks que se solapan y riesgos geopolíticos, hay una alta probabilidad de que el nivel de incertidumbre permanezca elevado. Para confirmar nuestro escenario base en el tiempo, necesitaremos mirar indicadores adicionales”, explicó en su intervención Lagarde. Entre marzo y mayo, el BCE recibirá dos datos mensuales de la inflación de la zona euro, datos industriales que faciliten tomar la temperatura a la economía y más información salarial que le permita tener un mayor conocimiento sobre la tendencia de la inflación subyacente. Además, también se conocerá la encuesta sobre la evolución de los préstamos bancarios. Este último indicador ha cobrado una enorme importancia en las evaluaciones del organismo a la hora de determinar cómo está calando el endurecimiento monetario y será todavía más relevante ahora que se está vigilando muy de cerca la situación del sector financiero. Si los datos confirman el escenario central del BCE, es decir, que la inflación “va a seguir demasiado alta durante demasiado tiempo”, el organismo europeo apostará por seguir elevando las tasas, tal y como confirmó ayer la propia Lagarde.

En 2015, se conoció que Volkswagen había vendido millones de vehículos con un dispositivo fraudulento de desactivación para alterar los resultados de las emisiones de sus motores diésel durante las pruebas de certificación. El dieselgate llevó a que las autoridades hicieran test adicionales a estos vehículos —que ya habían pasado la certificación oficial— en los que medían nuevos parámetros. Un análisis independiente de la ONG Consejo Internacional de Transporte Limpio (ICCT, por sus siglas en inglés), basado tanto en estas últimas pruebas adicionales oficiales como en otras independientes, apunta que el 77% de los test realizados a los coches de gasoil más nuevos (Euro 6), y el 85% en los Euro 5 —vendidos entre 2009 y 2019— muestran niveles de emisiones de óxido de nitrógeno (NOx) “sospechosos” por encima del límite legal, mientras que el 44% de las pruebas arroja resultados “extremos”. Según ICCT, estos datos sugieren que las marcas siguen usando dispositivos de desactivación como los prohibidos tras el dieselgate. Mientras, la ONG ClientEarth ha enviado quejas formales a los gobiernos de Francia, Alemania y Reino Unido para exigirles que controlen a los fabricantes. Los sistemas de control de emisiones limitan los gases que salen de los tubos de escape de los coches diésel más nuevos; el principal es el NOx, un gas muy nocivo para el ser humano cuyos límites saludables se superan en la mayoría de urbes españolas y europeas. Mientras, los dispositivos de desactivación son un software instalado en el vehículo para alterar o desactivar este sistema de control de emisiones. Así, los vehículos reducen su rendimiento —y, por tanto, su polución— durante las pruebas oficiales, mientras que con la conducción normal ofrecen más rendimiento y contaminaban más de lo anunciado. 

En un mundo cada vez más concienciado con la importancia de combatir el cambio climático, muchos son los que buscan, a la hora de hacer la compra, productos respetuosos con el medio ambiente. Pero no es verde todo lo que se proclama como tal. Según datos de la Comisión Europea, más de la mitad de las afirmaciones ecológicas de empresas y productos, desde ropa a detergentes o hasta alimentos, son “vagas, engañosas o sin fundamento”. Hasta un 40% incluso carecen totalmente de base para venderse como productos respetuosos con el medio ambiente. Para combatir este greenwashing o lavado de imagen verde y de paso proteger tanto a consumidores como a las empresas que sí cumplen los estándares, Bruselas presentó ayer una propuesta para unificar los criterios “contra el greenwashing y las afirmaciones medioambientales engañosas”. La propuesta, que todavía tendrá que ser revisada y validada por el Parlamento y el Consejo europeos antes de entrar en vigor en toda la UE, busca responder a una situación en la que “las empresas están siendo cada vez más sofisticadas en su lavado verde”. Así lo explica en entrevista con EL PAÍS el comisario de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, Virginijus Sinkevicius. Los ejemplos, señala, están a la orden del día en todo tipo de comercios: “Hay camisetas en el mercado que afirman que están hechas con botellas de plástico recicladas. Pero cuando se lee con cuidado [la etiqueta], se ve que solo es el 1%”.

Iberdrola presentó en Brasil este miércoles una inversión millonaria: el primer parque híbrido de generación de energía renovable. La firma invertirá 30.000 millones de reales (unos 5.300 millones de euros) en los próximos tres años en el país para continuar desarrollando nuevos proyectos renovables. «Llevamos más de 25 años en Brasil, en este momento somos la mayor empresa distribuidora del país, damos servicio a 40 millones de brasileños, tenemos inversiones por 20.000 millones de dólares e invertimos 2.000 millones al año», resumió Ignacio Sánchez Galán, consejero delegado de Iberdrola, que controla a su subsidiaria brasileña, Neo Energía. Sánchez Galán hablaba para un reducido grupo de medios en una enorme carpa montada en medio de la nada, en el Sertao nordestino, zona de muchísimo sol, viento estable y escasa lluvias, ideal para la última gran apuesta brasileña de Iberdrola: un parque híbrido que combina la energía eólica con la solar. Recibirá una inversión de 630 millones de euros. Allí, la empresa presentó el parque de generación eléctrica, una apuesta que contó con la presencia de Lula, el gobernador de Paraíba, el ministro de Minas y Energía y la ministra de Ciencia y Tecnología. «Usted sabe que puede contar conmigo, tanto en el plano profesional como en el plano comercial», dijo Sánchez Galán mirando a un Lula que lo aplaudía.

El presidente francés, Emmanuel Macron, no cede ante las protestas. No retira su controvertida reforma de las pensiones y mantiene en el cargo a la debilitada primera ministra, Élisabeth Borne. Pero los sindicatos tampoco se rinden y vuelven hoy a las calles para exigir que el Gobierno entierre el proyecto de ley que fija la edad de jubilación en 64 años, dos más que ahora. Seis días después de que Borne recurriera al artículo 49.3 de la Constitución para aprobar por decreto la reforma de la pensiones y dos después de que su Ejecutivo superara por los pelos una moción de censura, Macron realizó ayer un ejercicio de equilibrismo en la entrevista conjunta que concedió a las cadenas de televisión TF1 y France 2. Debía mostrar que no cede ante las presiones, explicar a los franceses la necesidad del cambio en las jubilaciones, mantenerse firme ante la violencia y no echar más leña al fuego del descontento social. Y todo en víspera de otra manifestación masiva en las calles. «La reforma de las pensiones no es un lujo ni un placer, sino una necesidad», explicó el presidente a los reticentes a trabajar dos años más que ahora para cobrar la pensión. «Entre los sondeos y el corto plazo y el interés general del país, elijo el interés general del país y si hace falta asumir la impopularidad, la asumiré». Macron confirmó que no va a retirar la reforma, ya aprobada, a pesar de las protestas. Y se mostró confiado en que el plan pueda entrar en vigor a final de año, después de que el Consejo Constitucional se pronuncie sobre el texto.