20190118

Funcas ha rebajado su perspectiva de crecimiento este año para el PIB hasta el 2,1%, una décima por debajo de la previsión actual del Gobierno. El servicio de estudios, sin embargo, elaboró su cálculo antes de que Moncloa se viera obligada a cumplir con la nueva senda de estabilidad que sitúa el déficit en el 1,3% del PIB. Es decir, la perspectiva del 2,1% se sitúa, en realidad, tres décimas por debajo de la previsión del Gobierno antes del ajuste fiscal necesario. Con todo, Funcas considera que el ajuste a nivel fiscal que plantea el Ejecutivo en los Presupuestos de 2019 no es suficiente para llevar el déficit hasta este objetivo. El organismo sitúa el déficit de la economía española en un 2,1% para 2019.

Hay medidas que son aparentemente positivas y que, sin embargo, en determinadas circunstancias pueden provocar un auténtico descalabro. Algo así sucede con la decisión tomada en las Juntas Generales de Álava, donde se ha adoptado un cambio significativo en la normativa del Impuesto sobre la Renta: el límite para estar obligado a presentar la declaración anual del IRPF se eleva de los 12.000 euros actuales a la cifra de 16.800 euros. El acuerdo  fue adoptado en contra de los deseos del equipo de gobierno foral alavés, formado por PNV y PSE, y gracias a la alianza de buena parte de la oposición, en concreto de PP, EH Bildu y Orain Araba. Y no parece que en Bizkaia o en Gipuzkoa estén por la labor de seguir esa estela. Al margen del revés político que representa para el tándem PNV-PSE, ese cambio tiene una trascendencia significativa. La cuestión más importante, apuntaron ayer representantes de las administraciones forales vascas, es que supone una dificultad añadida para alcanzar un pacto en la nueva Ley de Aportacione

El Ministerio de Hacienda hizo ayer públicas las líneas maestras de su Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2019. La mayoría se basan en continuar con los planes de 2018, para agilizar la posibilidad de hacer todos los trámites por Internet y para poner controles que erradiquen «aquellos comportamientos insolidarios y más graves de algunos obligados tributarios para con el conjunto del sistema». Pero el departamento que dirige María Jesús Montero insiste también en la necesidad de ir adaptando la Agencia Tributaria a la nueva realidad. Y con este objetivo, pone bajo la lupa tres sectores: las llamadas fintech, el comercio electrónico y las criptodivisas.

El Gobierno aprobará hoy en el Consejo de Ministros los anteproyectos de ley que crean las tasas Google y Tobin, que suponen un golpe fiscal de 2.050 millones para las empresas, y que entrarán con retraso en el Congreso para su tramitación. Estaba previsto que los impuestos operaran desde enero y, en último término, que hubieran entrado en el Congreso en diciembre. Queda pendiente la validación del anteproyecto de lucha contra el fraude, que se aprobará más adelante. Estos dos impuestos, que crea España en solitario y sin esperar a los proyectos de la UE al respecto, van en paralelo a los Presupuestos pero su impacto se incluye en el plan presupuestario que entró en el Congreso el lunes.

Las empresas que conviertan a sus asalariados en trabajadores autónomos, con la misma actividad laboral e idéntica prestación de servicios, podrán ser multadas hasta con 10.000 euros por trabajador. Así lo recogió el Gobierno en su Real Decreto de Medidas Urgentes de 28 de diciembre pasado y explicó ayer la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio. Se trata de que las empresas no se aprovechen del hecho de que, a partir de este año, la base mínima de cotización a la Seguridad Social de los autónomos –944 euros al mes– es inferior a la de los asalariados, que es de 1.050 euros al mes.

La debacle parlamentaria del Gobierno de Theresa May aboca a una prórroga del plazo para el Brexit (que expira el 29 de marzo) o a un Brexit duro sin periodo transitorio ni condiciones pactadas. La UE sigue dispuesta a ofrecer una tregua si Reino Unido necesitara más tiempo para la tramitación del acuerdo de salida. Pero, visto el caos político reinante en Londres, la UE exigirá a cambio un acuerdo entre el Gobierno conservador y la oposición laborista que garantice la consumación del Brexit en las condiciones pactadas con Bruselas. . Las condiciones de partida que ambos líderes marcan antes de aceptar una reunión evidencian que ese consenso está muy lejano.

La flota vasca no es ajena a las posibles afecciones derivadas de un ‘Brexit’ duro en el que previsiblemente Reino Unido podría poner coto a la entrada de buques en sus aguas y establecería sus propios límites de capturas para las distintas especies. Pero los arrantzales temen que lo que habría sido un perjuicio «limitado» de llegarse a un acuerdo entre Bruselas y Londres, torne en un punto más perjudicial si los peores augurios acaban confirmándose. «Seguimos con preocupación y expectantes a los próximos pasos», explica Leandro Azkue, director de Pesca y Acuicultura del Gobierno Vasco. El Ejecutivo prefiere analizar con detenimiento cómo se suceden los acontecimientos y no avanzar más opiniones hasta que se clarifique el panorama.

«Queremos tener una fotografía nítida de los distintos tipos de becarios que hay en el país y acabar con las situaciones irregulares que se producen en algunos centros de trabajo». Con ese objetivo, el Gobierno aprobó el pasado 29 de diciembre un decreto ley que obliga a que universidades, instituciones y empresas den de alta en la Seguridad Social a los estudiantes en prácticas no laborales, sean remuneradas o no —hasta ahora solo era obligatorio si se cobraba por ellas—. Los rectores de las universidades y los empresarios han puesto el grito en el cielo: ninguno está dispuesto a asumir los 51 euros al mes que costará esa cotización. Incluso los consejeros de Educación de diferentes autonomías, tanto del PSOE como del PP, se han rebelado contra la medida porque creen que ahuyentará a las empresas y echará por tierra los convenios que han conseguido hasta la fecha estudiantes de FP y universitarios.

El Pacto de Toledo ultima la hoja de ruta para asegurar la viabilidad del sistema público de pensiones. El Gobierno de Pedro Sánchez esperará a este acuerdo para tomar decisiones aunque ya ha adelantado algunas pistas. En la presentación de las cuentas del Ministerio de Trabajo', que recogen un incremento de la partida de pensiones del 6,4%, la ministra Magdalena Valerio reclamó un plan de consenso que refuerce los ingresos y alivie las cargas de la Seguridad Social a través de los presupuestos del Estado, es decir, vía impuestos.

En una carta firmada el pasado martes por los representantes de los 28 países miembros de la Unión Europea, estos declararon nulos todos los tratados intracomunitarios de protección recíproca de inversiones. Una decisión que afecta tanto al Tratado Bilateral de Inversiones (TBI) que en su día firmaron los países del Este, entre ellos y con otros socios comunitarios. y que fue declarado ilegal por el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) en una sentencia de marzo de 2018 que resolvía la demanda de la holandesa Achmea contra la República Eslovaca, como a la llamada Carta de la Energía. Esta decisión unánime supone el espaldarazo total de la UE a España, que soporta el peso de una cuarentena de arbitrajes de inversores extranjeros (la mayoría europeos) que, invocando la Carta de la Energía, reclaman unos 8.000 millones de euros por el recorte de los incentivos a las energías renovables aprobados por el anterior Gobierno del PP en el marco de la reforma eléctrica.

La llegada del AVE a Vitoria tendrá un coste total de 724 millones de euros, con un tramo soterrado de 3,6 kilómetros que permitirá liberar en superficie 90.000 metros cuadrados para usos urbanos. El grueso de este presupuesto corresponde al tramo soterrado de la estación (434 millones), mientras que el nudo de Arkaute –donde se produciría la unión con la red de alta velocidad vasca Y y una posible conexión con Navarra– recibirá 206 millones; la conexión con Burgos-Vitoria, 41; y la redacción de proyectos y la dirección de obras, otros 42 millones.

Ocho días consecutivos de huelga son muchos, no solo para alumnos y sus familias, sino también para los profesores por el impacto que tiene en su labor educativa –los temarios se acumulan y los objetivos a alcanzar a final de curso están fijados por Educación–, y por los efectos en sus salarios. Plantillas y direcciones de centros de enseñanza están llegando a acuerdos para realizar solo una parte de los paros, empujados también, en gran medida, por la presión de las agrupaciones de padres, que se han rebelado ante la pérdida de 14 jornadas de clases para sus hijos este curso. Hay colegios que ya han enviado circulares con los días concretos en los que habrá clase y en los que no.

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha dictado una sentencia que anula el Convenio Colectivo de Comercio Textil de Gipuzkoa publicado el pasado 28 de junio de 2018 en el Boletín Oficial de Gípuzkoa (BOG). La razón que esgrime es que la organización empresarial firmante, Garen, no ha aportado documentación que acredite su legitimidad para negociarlo, por lo que decreta su «anulabilidad» aunque añade el matriz de que, «a lo sumo», tenga una eficacia limitada.

Orange mueve ficha en España. La compañía explora la compra de Euskaltel, el quinto operador del mercado español, con el objetivo de distanciarse de Vodafone y plantar cara a Telefónica. Para estudiar la operación, que obligaría a Orange a lanzar una opa por Euskaltel, la compañía ha contratado los servicios de Credit Suisse, según confirmaron fuentes conocedoras del proceso, una información adelantada ayer por el portal especializado en el sector de las telecomunicaciones, Tmtfinance.com. Por su parte, fuentes de Credit Suisse, entidad liderada en España por Wenceslao Bunge, no quisieron hacer comentarios.