20190809

CAF anunció ayer un nuevo pedido por valor de 500 millones de euros que le permite protagonizar un verano de auténtico récord. Esta última adjudicación procede de Israel, en concreto de Jerusalén, donde la firma pilotada por Andrés Arizkorreta participará en el proyecto del tranvía de la ciudad a través de un consorcio denominado TransJerusalem J-Net Ltd, formado por la propia compañía goierritarra y la constructora Shapir. Una operación cuyo volumen total supera, ojo al dato, los 1.800 millones. La compañía de Beasain fabricará para la ciudad de Jerusalén un total de 114 tranvías. El fabricante ferroviario de Beasain cierra en menos de un mes contratos por un valor total de 1.000 millones. 

A finales del mes de enero, el comité de empresa de la compañía con sede en Beasain se mostró, por unanimidad, en contra de la nueva línea del tranvía de Jerusalén. Fuentes sindicales aseguraron que «expropiará tierras palestinas garantizando la continuidad del territorio a esas colonias ilegales», y pidieron a la empresa guipuzcoana, que estaba incluida entonces en un proceso de licitación para su construcción, que renunciara a un concurso que iba «en contra de la legalidad internacional». Los representantes de los trabajadores agregaban que cualquier proyecto de tranvía en Jerusalén «debe contar con el apoyo de los legítimos representantes del pueblo palestino». Un día más tarde, ELA se pronunció públicamente a favor del postulado del comité. Una crítica que ayer mismo, después de que la adjudicación del tranvía se hiciera oficial, fue reiterada por LAB, que criticó a la firma beasaindarra por hacer «oídos sordos», y desveló que el comité de empresa se reunirá en las próximas semanas para dar una «respuesta unitaria».

Iberdrola expande horizontes. La firma presidida por Ignacio Galán ya está asentada en Portugal y ahora profundiza su diversificación con el acceso al negocio solar. Se acaba de adjudicar 149 megavatios de potencia solar fotovoltaica en la mayor subasta en el campo energético en una década en el país. Galán enmarcó el proyecto en la apuesta de la compañía «por las energías renovables para seguir contribuyendo a la descarbonización de Europa». Concretamente espera ayudar a que Portugal logre la neutralidad de carbono en 2050. La empresa vasca, según sus datos, ha reducido en un 75% sus emisiones en Europa desde el año 2000.

Tras conocerse el miércoles la nueva caída que acentúa la crisis industrial de Alemania, el Índice de Producción Industrial (IPI) del INE certificó ayer el contagio de la incertidumbre global en las factorías españolas. La industria nacional cedió en junio un 1,8% anual. Se trata de una tasa 3,6 puntos peor que la registrada en mayo. Solo la energía se comportó de forma positiva, con un alza del 4,8%. Cabe señalar que la ministra de Industria en funciones, Reyes Maroto, relativizaba al comienzo de la semana el impacto de la tensión comercial entre Estados Unidos y China. El descenso del 1,8% no es casual. La industria española viene protagonizando un ejercicio repleto de subidas y bajadas. Sin embargo, en el último cuatrimestre solo mayo se saldó en positivo.

El mercado laboral espa­ñol ha recuperado los niveles de ocu­pación previos a la crisis con más de 19 millones de ocupados tras una década en la que ha cambiado el peso de cada sector económico con alrededor de un millón de empleos que se ha movido de la industria y la construcción al sector servicios. Los datos de la EPA del primer trimestre de 2019, la última hecha pública este año, dejan una distribución de la ocupación por sectores que difie­re de la foto de hace una década con menos peso de la industria, un des­plome del empleo en la construcción y un auge de los servicios. 

Los últimos diez años han dejado 2508 huelgas en Euskadi, lo que ha supuesto la pérdida de un millón de jornadas de trabajo. Es lo que se desprende de los datos apor­tados por el Consejo de Relaciones Laborales (CRL). Esos paros han contado con la participación de 292.177 empleados entre los años 2009 y 2018. 
El pasado año se dieron en Euska­di un total de 264 huelgas laborales en las que se vieron implicadas 48.696 personas. El número de jor­nadas no trabajadas se fijó en 110838. Estos números, comparados con los del año anterior, 2017, suponen un aumento del 23,4% en el número de huelgas y del 14,9% en las jornadas no trabajadas, pero el número de partícipes desciende un 18,2%. 

España no se salva de la desaceleración. Pese a crecer por encima de la media de las economías europeas, cada vez son más las voces que moderan sus expectativas respecto a su evolución en 2019, ante la parálisis política en el escenario interno y las turbulencias geopolíticas en el ámbito internacional. La economía española podría cerrar el tercer trimestre del año con un crecimiento del 0,5% intertrimestral, por debajo de lo esperado, según prevé BBVA Research. Se trata de la cota inferior del intervalo de previsiones, entre el 0,5% y el 0,7%, que el organismo había presentado a principios del trimestre. Las causas están en la debilidad de la demanda interna, que podría estar viéndose lastrada por la pérdida de confianza que produce la incertidumbre. En este contexto, la producción industrial continúa perdiendo fuelle. En junio registró una caída del 1,8%, volviendo a la tendencia descendente tras el repunte de mayo, según los datos publicados ayer por el INE.

El Banco Central Europeo (BCE) ha encendido las señales de alarma en torno a las finanzas públicas y al coste que tienen las pensiones. No es la primera vez que lo hace, pero la insistencia al recordar este problema se ha dirigido a los países que más pueden sufrir por esta partida presupuestaria. «El efecto será especialmente acusado» en aquellos estados que tienen «sistemas públicos de pensiones de reparto; así como aquellos en los que hay un elevado envejecimiento. Sin nombrarlo directamente en su boletín económico, el BCE ha señalado a España por ambas realidades.

Los inversores respiran aliviados tras la tregua de la guerra comercial entre EEUU y China. Las bolsas europeas lograron su segundo avance y en esta ocasión superó el 1% en todos los índices. La calma se instaló después de que el banco central chino fijase el tipo cambio de la divisa en 7,0039 frente al dólar, un nivel superior al esperado. La apertura alcista de Wall Street, con repuntes de más del 1% y el rumor sobre posibles medidas del gobierno alemán para apoyar la economía (luego desmentido) apuntaló las subidas en Europa. Los expertos señalan que no es más que un rebote tras las fuertes caídas y que hay que ser cautos. 

Pedro Sánchez mantuvo ayer en La Moncloa un doble encuentro en la ronda de contactos que ha abierto con diferentes agentes sociales tras la fallida investidura de junio. Fue, probablemente, la cita más importante tanto por quiénes eran sus interlocutores –los dos principales sindicatos por una parte y las organizaciones empresariales más relevantes por otro– y por el peso simbólico que puedan tener las declaraciones de CC OO y UGT en sus conversaciones con Podemos. De hecho, de los representantes de los trabajadores obtuvo un claro ‘mandato’ para que llegue a un acuerdo con la formación morada. De la CEOE y Cepyme, un Ejecutivo «moderado y estable».

La elaboración de un nuevo Estatuto de los Trabajadores es uno de los compromisos electorales del PSOE e, incluso, una propuesta anterior a las elecciones. A los sindicatos no les desagrada, pero exigen que antes se cambien los “aspectos más lesivos de la reforma laboral”. Ayer volvieron a hacerlo y la ministra de Trabajo en funciones, Magdalena Valerio, se mostró receptiva al comentar la reunión mantenida por aquellos con Pedro Sánchez: “Hacer un nuevo Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI es algo que no se improvisa, así que no se descarta, en absoluto, que haya que hacer retoques pendientes de la anterior legislatura”. Después enumeró esos “retoques pendientes”: negociación colectiva, regulación de subcontratación e, incluso, habló del tratamiento laboral de quienes trabajan en la economía de plataforma. 

Si consigue revalidar su mandato antes del 23 de septiembre, unos de los principales objetivos del Ejecutivo es aumentar la protección de los repartidores de empresas como Deliveroo o Glovo, entre otras empresas. El Gobierno quiere regular las condiciones laborales de estos trabajadores para terminar con los falsos autónomos. Es decir, empleados de estas plataformas digitales que se ven obligados a pagar como autónomos a la Seguridad Social si quieren trabajar para una empresa, con su disciplina laboral y sus condiciones. Reciben más del 75% de sus ingresos de una o dos empresas, de las que dependen para su trabajo, pero están obligados a cotizar a la Seguridad Social como autónomos. También deben cumplir con un número determinado de pedidos si quieren recibir más encargos. La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, hizo este anuncio al terminar las reuniones que, junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantuvo ayer con las patronales CEOE y Cepyme, y los sindicatos CCOO y UGT en el Palacio de la Moncloa.

La crisis climática ha alcanzado tal dimensión y rapidez —2019 encadena máximos de temperaturas mes a mes mientras se suceden olas de calor y sequías— que ya no basta con fijarse solo en un sector para intentar dejar el calentamiento dentro de unos límites manejables. No será suficiente con reducir o suprimir del sector energético los gases de efecto invernadero, que según la mayoría de los científicos están detrás del cambio climático. Hacen falta transformaciones profundas en otros sectores como el de la producción de alimentos mundial y la gestión de los suelos, y también en las dietas. “No hay una solución que pase por reducir los gases de un solo sector”, explicó por teléfono desde Ginebra (Suiza) Eduardo Buendía Calvo, copresidente del IPCC, el panel internacional de expertos que asesoran a la ONU.

Hace cinco años había en España 745.100 analfabetos, el año pasado eran 614.200 y ahora 581.600. Afecta al doble de mujeres que a hombres y también existen diferencias por regiones: Melilla encabeza la lista con un 3,7%, por delante de Ceuta, que cuenta con un 3,64%, Murcia (2,75%), Extremadura (2,7%) y Andalucía (2,16%). Por el lado contrario, Euskadi, con el 0,34% de la población, se sitúa como la comunidad con un menor porcentaje, seguido de las autonomías vecinas de Cantabria (0,35%) y La Rioja (0,38%). El analfabetismo en España fue una lacra hasta la segunda mitad del siglo XX. En 1936, el año de inicio de la Guerra Civil, una cuarta parte de la población era analfabeta. La extensión de la educación redujo paulatinamente las tasas, pero aún hoy el 1,25% de la población no sabe leer ni escribir, según el informe ‘Población de más de 16 años por nivel de formación’, publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE).