20220513

Amazon no aterrizará finalmente en Oiartzun. La multinacional fundada por Jeff Bezos ha renunciado al centro logístico proyectado en el polígono Lanbarren al aducir que se está «replanteando» su organización a nivel estatal y que «no tienen necesidad de poner en marcha este centro». Se pone fin así a un proceso de casi dos años rodeado de controversia y trufado de críticas de algunos sectores, principalmente el pequeño comercio de Gipuzkoa, y exigencias administrativas. La decisión de Amazon de instalar su centro logístico en Oiartzun levantó desde el inicio un notable malestar en el comercio del territorio y también en algunos representantes institucionales por el tipo de actividad que desarrolla el gigante del ‘e-commerce’ y la baja calidad del empleo que crean estas grandes plataformas de comercio ‘on line’. Los meses han ido pasando y poco se ha sabido del proyecto, más allá de las protestas que han convocado asociaciones de comerciantes de la zona, respaldadas entre otros por la asociación de comercios de Gipuzkoa (Dendartean), que cuenta a su vez con el apoyo de la confederación autonómica Euskaldendak. Durante el año y medio en el que Amazon ha ido aterrizando su plan para recalar en Oiartzun, desde Dendartean siempre han mantenido que el proyecto de abrir un centro logístico chocaba con el modelo de economía que trata de impulsar el territorio, al tratarse de una actividad comercial, y al ser una venta directa al cliente sin intermediarios –y no de distribución–, por lo que entendían que no debería tramitarse la licencia de actividad como centro logístico. 

La Sepi ha emitido ya un informe favorable al rescate del grupo siderúrgico Celsa, controlado por la familia Rubiralta, y está a la espera de recibir la autorización definitiva por parte del Consejo de Ministros. La decisión tiene trascendencia para la economía vasca, ya que Celsa tiene intereses industriales en Euskadi. La firma catalana es propietaria de la empresa Nervacero, ubicada en el municipio vizcaíno de Trapagaran y dedicada a la producción de barras de acero destinadas a la construcción. Celsa también es la dueña de Celsa Atlantic, que dispone de dos factorías en Álava, una de ellas en Vitoria y la otra en Urbina, dedicadas a la producción de tubos y perfiles. El rescate de la compañía llega en lo que puede ser la recta final del proceso de ayuda a empresas con un fondo de 10.000 millones de euros, que el Gobierno de Pedro Sánchez creó en el inicio de la pandemia y que recibió el respaldo de la Unión Europea. Inicialmente, ese fondo se creó para intervenir y ayudar financieramente a empresas que pudieran calificarse como «estratégicas», que antes de la pandemia estuviesen en una situación patrimonial estable y que la expansión del covid hubiese colocado en una situación delicada. Pero lo cierto es que el Gobierno ha hecho una interpretación extensiva de esos criterios, para ayudar también a compañías que ya antes de la pandemia se encontraban en una posición difícil. En cualquier caso, la crisis económica generada por el covid ha impactado de forma decisiva en todas ellas para agravar su desequilibrio patrimonial.

”Queremos lanzar un mensaje nítido las empresas: esto va en serio. Los sindicatos no vamos a permitir que una crisis de precios que ni remotamente han generado los trabajadores la vayan a pagar ellos”. Esta fue la advertencia a los empresarios formulada ayer por el secretario general de CC OO, Unai Sordo, tras reunirse con su homólogo de UGT, Pepe Álvarez, para unificar la estrategia de negociación de los convenios colectivos, tras la ruptura con CEOE. La primera cuestión que acordaron ambos sindicatos es mantener las demandas salariales que defendieron durante la negociación con las patronales. Estas serán las que trasladen a sus delegados para negociar los convenios. Dichas demandas consisten en incrementos de sueldos del 3,5% este año, del 2,5% en 2023 y del 2% en 2024, pero siempre con cláusulas de garantía salarial que se apliquen anualmente y que abonen a los trabajadores la diferencia entre el salario pactado y la inflación a final de año si esta es mayor. Pero si en los procesos de negociación de los convenios las patronales y empresas “no atienden a estas demandas extremadamente moderadas –ha dijo Álvarez–, que CEOE sea consciente de que los sindicatos promoverán antes de verano un proceso de movilizaciones” en las compañías y en los sectores para exigir sus reivindicaciones. ”En junio habrá hitos movilizadores” añadió Sordo.

El campus alavés de la Universidad del País Vasco UPV/EHU ha definido ya sus proyectos prioritarios para los próximos años. Uno de los más importantes es el ‘Mobility Lab-campus’, un laboratorio avanzado en movilidad y transporte sostenible e inteligente vinculado a la Escuela de Ingeniería de Vitoria. La inversión estimada es de más de cuatro millones de euros y el objetivo es que el Gobierno vasco lo incluya en su próximo plan plurianual de inversiones para la UPV, un documento que tendrá que estar definido para finales de año y en el que se acuerda la financiación para los próximos cuatro años. En un territorio como Álava donde el sector de la automoción tiene un peso tan importante, éste es un proyecto «fundamental», subraya la vicerrectora del campus alavés, Manoli Igartua, que ya se ha reunido tanto con el alcalde Gorka Urtaran como con el diputado general Ramiro González para presentarles la idea. «La acogida ha sido muy buena ya que es un planteamiento muy en la línea de la apuesta tanto de la ciudad como de la provincia», desliza Igartua. El laboratorio, que se ubicaría en una parcela cercana a la Escuela de Ingeniería y el Aulario de Las Nieves, pretende dar respuesta a las crecientes necesidades de innovación y de desarrollo de nuevos productos y servicios por parte de las empresas automovilísticas. Estará abierto al alumnado para que desarrolle sus trabajos de fin de grado, máster o tesis doctorales así como trabajos de investigación en colaboración con otras entidades. Pero también será punto de encuentro para investigadores y empresas, que podrán participar en la vida diaria del centro desarrollando allí sus ideas.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) alerta de la complacencia con la que considera que el Gobierno ha elaborado el nuevo cuadro macro y fiscal remitido hace unos días a Bruselas. La institución considera «factibles» los objetivos planteados, pero advierte de «deficiencias» que podrían dificultar su cumplimiento. En un tono bastante más duro del habitual, la AIReF vino a explicar ayer que el Gobierno vive en una burbuja presupuestaria, tras un 2021 en el que la mejora del PIB nominal y una recaudación récord permitieron una reducción del déficit al 6,8% del PIB. Durante la presentación del informe de evaluación del Programa de Estabilidad 2022-2025, la presidenta del organismo, Cristina Herrero, dejó claro que esta situación no será permanente, criticando que el Gobierno fíe su estrategia de ajuste solo a la mejora del PIB nominal, sin medidas adicionales ni un plan de consolidación a medio plazo que la institución lleva exigiendo desde hace más de dos años. «Podemos tener la idea equívoca de que hay margen para políticas fiscales expansivas, pero ese margen es ficticio, porque los niveles de deuda y déficit sitúan a la economía española en una posición muy vulnerable», advirtió Herrera durante la presentación. El foco de la institución está en la evolución del déficit estructural. La AIReF estima que se consolidará en el -4% en el año 2025, un nivel que supera, y con creces, el -0,4% estimado para esa fecha por el Gobierno, por encima también del -3,4% previo a la crisis. «El margen para reducirlo sin medidas adicionales se agota y el déficit se estabilizaría en el 3% en 2024 y 2025», insisten.

La Península Ibérica representa el 45% de la capacidad de almacenaje de Gas licuado (GNL) –el que se transporta por barco–. Instalaciones como Bahía de Bizkaia Gas en el Puerto de Bilbao o la plataforma de La Gaviota, frente a la desembocadura del Urdaibai, cobran un especial protagonismo así como su conexión a la red. Los datos del plan de operación de Enagas, a los que ha tenido acceso EL CORREO, constatan que el gasoducto ‘Euskadour’ que atraviesa el País Vasco y conecta por Irún con Francia ha estado enviando gas al máximo técnico de su capacidad, 7 bcm, durante todo el mes de abril. Y, además, tal y como establecen los planes de ese documento, esa intensidad se mantendrá así, al menos, durante todo este mes de mayo. Desde enero y hasta abril, el gasoducto que llega al país galo por Gipuzkoa, así como el que conecta por Navarra, el de Larrau, han multiplicado por más de cuatro el envío de gas alcanzando los 6.467 GWh frente a los 1.434 GWh que se enviaron en el mismo periodo del pasado año. Esta utilización convierte a la infraestructura que pasa por Euskadi en la segunda conexión internacional de mayor volumen de España, solo por detrás del gasoducto Medgaz, que une la Península con Argelia y que tiene una capacidad de 10 bcm. 

Hoy saldrá el decreto que va a aprobar el Consejo de Ministros extraordinario para poner sobre la mesa la limitación del precio del gas en el sistema ibérico, por la que España venía peleando desde el verano pasado. El texto ha superado el aval del Consejo Europeo de finales de marzo, la negociación con Portugal de las últimas semanas y la carta de conformidad de la Comisión Europea del pasado viernes. Sin embargo, el texto que aparezca en el BOE deberá volver a Bruselas para ser validado definitivamente y comprobar que cumple con todos los requisitos establecidos por la Comisión y el resto de los socios comunitarios. De hecho, los equipos técnicos de España y Portugal mantenían aún ayer encuentros con los responsables de la UE para seguir perfilando la medida y los numerosos flecos ténicos que implica la ‘excepcionalidad ibérica’. Es decir, el tope al precio del gas en la Península frente a la cotización del resto de la UE. Finalmente, ese límite será de 48,8 euros/MWh, tal y como anticipó ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El mecanismo por el que se topará el precio del gas en el mercado ibérico «va a suponer una importante protección y un factor de predictibilidad y tranquilidad ante futuras subidas de los precios internacionales de la energía en un escenario geopolítico de una enorme volatilidad e incertidumbre», indicó en una intervención. En realidad, según lo previsto, la medida estará en vigor durante 12 meses, una muestra de que los precios energéticos seguirán elevados lo que resta de año.

Cuando el Gobierno planteó en marzo un alivio fiscal de 20 céntimos por litro en los precios de los carburantes, de los que la Administración soportaría un ajuste en sus ingresos de 15 céntimos y las estaciones de servicio, de 5 céntimos, no faltaron las voces que clamaron que las gasolineras absorberían este agujero en forma de mayores precios. Y efectivamente, las estaciones de servicio no tardaron en elevar sus precios para compensar la medida. Sin embargo, apenas mes y medio después de la introducción de la medida, las gasolineras están yendo bastante más allá y ya se comen una buena parte de la subvención correspondiente a los ingresos de la Administración. Tras la introducción de la medida, los precios de la gasolina 95 se han incrementado en 6,01 céntimos por litro, pasando del 1,818 euros el 28 de marzo a 1,878 euros en la actualidad, de acuerdo con los datos publicados ayer en el Boletín Petrolero de la Comisión Europea. Pero en este mismo periodo el precio medio de este carburante ha caído en 2,07 céntimos en el conjunto de Europa, lo que supone que existe una brecha de 8,08 céntimos por litro entre ambos. En otras palabras, las estaciones de servicio no solo han compensado en su totalidad su parte correspondiente del alivio fiscal, sino que se han comido otros tres céntimos de la rebaja que asume el Ejecutivo, 20% de su parte. Las subidas de precios llaman la atención en un momento en el que el petróleo no está especialmente tensionado. 

Rusia interrumpió el suministro desde Polonia de su gas a Europa. Prohibió, en concreto, utilizar ese tramo del gaseoducto Yamal. Un suma y sigue en esa otra guerra, la energética, que ya hace un par de semanas dejó a la propia Polonia y a Bulgaria sin el combustible azul ruso porque se negaron a pagarlo en rublos. Gazprom explicó su decisión de ayer en las sanciones que Moscú impuso el miércoles a EuRoPol GAZ S.A., el propietario del tramo polaco del gasoducto. La respuesta, explicaron desde la compañía, a las sanciones impuestas a su vez por Varsovia contra la propia Gazprom. Consecuencia: «prohibición para que Polonia pueda utilizar la capacidad de ese gaseoducto». Inhabilitadas las cinco estaciones compresoras y los 683 kilómetros de tuberías polacas de una canalización de más de 2.000 kilómetros entre Torzhok (Rusia) y Fráncfort del Óder (Alemania). Su capacidad, 33.000 millones de metros cúbicos al año. El corte se activaba el mismo día que el presidente y la primera ministra finlandesa defendían la entrada «urgente» del país en la OTAN. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, planteaba que la respuesta de Moscú «dependerá del grado de aproximación de la infraestructura militar de la Alianza a las fronteras de Rusia». «Se analizará la situación y se aplicarán las medidas necesarias para garantizar la seguridad del país», añadió.

La Comisión Europea estudia una propuesta para permitir que todos los países de la Unión Europea, y no solo España y Portugal, puedan limitar el precio del gas natural ante la escalada de los precios energéticos que se está produciendo, sobre todo en la luz. Se anticipa así a las tensiones adicionales que podrían llegar en los próximos meses si se cierra del todo la llave del gas de Rusia. Fuentes del sector energético aseguran que la propuesta se va a analizar en la reunión convocada de forma extraordinaria por el Consejo Europeo para los días 30 y 31 de mayo. Bruselas extendería así una medida que originalmente partió de España y Portugal y que en principio estaba limitada a estos dos países. Ambos se disponen a topar el precio del gas que se usa en las centrales eléctricas para así frenar la escalada de la luz. La medida puede ser aprobada en España hoy en el Consejo de Ministros tras recibir el visto bueno de Bruselas. Portugal hará lo mismo. La posibilidad de un descontrol total de los precios del gas es cada vez más real por la espiral de tensión política que se ha creado. La UE amenaza con vetar progresivamente las importaciones de petróleo y gas de Rusia como sanción extra por la guerra de Ucrania. Rusia ha reaccionado con un órdago mayor: cerrar de golpe el grifo a la UE si no paga el gas y petróleo en rublos.

Madrid lidera desde hace años la captación de inversión extranjera en España, así como la creación de nuevo tejido productivo, liderazgo que queda patente en las cifras. En 2021, la región atrajo 20.943 millones de euros de inversión foránea, el 72,8% del total nacional frente al 10,3% captado por la segunda mayor economía regional, Cataluña, y vio nacer 23.691 nuevas compañías, casi una cuarta parte de todas las empresas creadas ese año en España. La libertad empresarial que ofrece la comunidad, su política de alivio fiscal y su seguridad jurídica y estabilidad institucional figuran entre los grandes reclamos para la inversión extranjera, pero no son los únicos. Cuatro de cada diez grandes empresas extranjeras eligen Madrid para instalarse o como destino inversor por su extensa red de infraestructuras y su condición de rampa de lanzamiento hacia otros mercados; esto es, por su privilegiada localización geográfica y sus nutridas conexiones aéreas y terrestres no solo con el resto de Europa, sino con Latinoamérica. Así figura en el Barómetro de Clima de Negocios de 2021. A esos aspectos se suman, según fDi Markets, la capacidad de atraer talento, la innovación y el emprendimiento, además de la estabilidad institucional, social y medioambiental. En este contexto, las compañías extranjeras consideran la moderada fiscalidad de Madrid un “bonus” añadido para las empresas que se instalan en la región, que lo que valoran sobre todo, en un alto porcentaje, son las infraestructuras y la conectividad de la comunidad a la hora de acceder rápidamente a otros mercados. En este sentido, según el barómetro, el tipo de infraestructuras que más valoran las grandes compañías extranjeras son, por este orden: la disponibilidad de estructuras y servicios de telecomunicaciones; las amplias redes de proveedores; la red de carreteras, que permite el acceso al resto del país desde cualquier punto de la región; sus conexiones ferroviarias de alta velocidad con las principales ciudades españolas; la disponibilidad de suelo industrial, y una tupida red de centros logísticos y redes de distribución.

El curso que viene se estrenarán además cinco nuevos cursos de especialización, entre ellos de ciberseguridad o implementación de 5G. La Formación Profesional sigue imparable en Álava y el curso que viene, para el que ya está abierto el periodo de matriculación, llega con varias novedades tanto en la red pública como en la concertada. Se estrenarán dos nuevos ciclos de grado superior y cinco nuevos cursos de especialización, los conocidos como ‘másteres de la FP’. En total Álava ampliará su oferta hasta los 141 ciclos y más de 3.500 plazas para el alumnado. Ciudad Jardín es uno de los centros de la red pública Ikaslan que estrenará formación por partida doble. En primer lugar, impartirá por primera vez el ciclo de grado superior en Movilidad Segura y Sostenible, en el que se formarán futuros profesores de autoescuela o asesores de instituciones, personas que por ejemplo ayudarán a elaborar los planes públicos de movilidad de las ciudades. «Se trata de un ciclo muy interesante y novedoso, Euskadi y Andalucía seremos las primeras comunidades en impartirlo», revela Iñaki López de Sabando, director de Ciudad Jardín. Allí se ofrecerá también el curso de especialización de implementación de redes 5G con una veintena de plazas. «En pleno ‘boom’ del 5G, las empresas que se dedican a instalarlo se van a rifar a estos especialistas». 

El texto consensuado señala que en 2022 se elevarán los salarios un 4%; en 2023, un 3%; y en 2024, otro 3%. Según los primeros cálculos –y si el preacuerdo se ratifica por las partes–, en 2022, del 4% pactado se destinará el 3% a subida salarial y el 1% a aportación a plan de pensiones. De esta forma, un trabajador de la construcción que tenga un sueldo de 20.000 euros anuales pasará a cobrar 20.800 euros en 2022, y tendrá 200 euros en su nuevo fondo de pensiones de empleo. En 2023 el patrimonio de este plan aumentará en otros 200 euros y en 250 euros en 2024, hasta completar alrededor de 650 en 2025. Estas cifras son preliminares y orientativas y no tienen en cuenta el rendimiento que puedan dar las inversiones de la cartera del plan. El acuerdo volverá a revisarse tras sus tres años de vigencia. Las cifras manejadas apuntan que este fondo de pensiones contará con un millón de partícipes trabajadores y podría alcanzar los 3.500 millones en los próximos 10 años. Según estas estimaciones, un empleado del sector de la construcción con 25 años en la actualidad podría llegar a acumular una bolsa de ahorro en este fondo de 35.000 euros en el momento de su jubilación.

La posibilidad de acogerse a bajas laborales por menstruaciones dolorosas, que el Ministerio de Igualdad quiere introducir en el anteproyecto de ley del aborto, divide de nuevo a los socios de gobierno. El área económica del Ejecutivo, en manos del PSOE, cree que puede estigmatizar a la mujer y retraer la contratación. También hay discrepancias entre los sindicatos. UGT considera que supone un «flaco favor a las mujeres», mientras que CC OO la respalda. El ministro de Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, aseguró ayer que la hipotética ausencia del trabajo por endometriosis está «en discusión» y no hay una decisión tomada al respecto. Según el ministro, lo que persigue la norma, que no se ciñe solo a la interrupción voluntaria del embarazo, sino que abarca otros aspectos sobre la salud sexual y reproductiva de la mujer, es «armonizar» la protección de la mujer y su inserción en el mercado laboral en las mejores condiciones. Para la parte socialista del Gobierno, especialmente el área económica, el reconocimiento de permisos laborales por menstruaciones incapacitantes se perfila como una iniciativa discriminatoria, dado que crearía reticencias entre los empresarios a la hora de contratar a una mujer. El mejor ejemplo de las discrepancias con Unidas Podemos es el cruce de declaraciones entre las dos vicepresidentas. Mientras Nadia Calviño aseguró ayer que el Gobierno «no tomará ninguna medida que estigmatice a la mujer», Yolanda Díaz respondió que «lo que estigmatiza es no tener la sensibilidad suficiente para comprender que hombres y mujeres somos diferentes y que el mundo laboral no es neutro».

El Gobierno ruso respondió ayer al acercamiento de Finlandia a la OTAN con las mismas amenazas que proclamó Vladímir Putin en diciembre ante la posibilidad de que Ucrania formase parte de la Alianza Atlántica. “Rusia se verá obligada a adoptar medidas de respuesta de carácter técnico-militar, y de otro tipo, con el objetivo de detener las amenazas a su seguridad nacional”, advirtió el Ministerio de Exteriores ruso tras denunciar “un giro radical” en la posición del país nórdico. La entrada en la OTAN de Finlandia es visto desde Rusia como una amenaza, aunque los expertos no lo consideran una línea roja tan clara como pudieran ser Ucrania o Georgia. “Helsinki debe ser consciente de la responsabilidad y de las consecuencias de esta medida”, subrayó el Ministerio de Exteriores en un comunicado. El Gobierno ruso acusó a la OTAN de haber convencido a Finlandia para dar este paso. “El objetivo claro es continuar expandiéndose hacia las fronteras de Rusia y crear otro flanco en la amenaza militar a nuestro país”, reza el texto. La primera vez que Moscú habló de “medidas técnico-militares” fue el 21 de diciembre, en plena negociación con EE UU y la OTAN. Putin dijo aquel día a su ministro de Defensa y sus generales que Rusia adoptaría ese tipo de respuesta si continuaba “la línea agresiva de los colegas occidentales”.

«Vamos a ver algo nuevo, raro, extraordinario, en el centro de la galaxia», dijo a las 15 horas de ayer el español Xavier Barcons, director del Observatorio Europeo Austral (ESO). «Es muy interesante estar aquí para mostrarles la primera imagen de este enigma», añadió Huib Jan van Langevelde, director del proyecto del Telescopio Horizonte de Sucesos (EHT por sus siglas en inglés). Así presentaron ayer en Garching (Múnich) los científicos del EHT la primera foto de Sagitario A*, el agujero negro del centro de la Vía Láctea, nuestra galaxia, que fue recibida con una salva de aplausos. Sagitario A* está a unos 27.000 años luz de nosotros, tiene 4 millones de masas solares y actúa como un gigantesco sumidero hacia el que se precipitan las estrellas de su entorno. Es lo que ven arriba a la derecha. O, mejor dicho, lo que no ven en el centro de esa imagen, ese círculo negro enmarcado por un anillo brillante de gas supercaliente. El hallazgo se presentó, al mismo tiempo, en conferencias de prensa en Washington, Santiago de Chile, Ciudad de México, Tokio, Taipei y Madrid, y se publica en un número especial de ‘The Astrophysical Journal’. Un agujero negro nace cuando, al final de su vida, una estrella explota como supernova, colapsa y empieza a succionar toda la materia de su entorno. No es un espacio vacío, sino una región con una inmensa cantidad de materia comprimida en muy poco espacio. Eso hace que su atracción gravitatoria sea billones de veces superior a la de la Tierra y ni la luz pueda escapar de él.