20190204

El director general de Confebask, Eduardo Aretxaga, destacó ayer en referencia a la institucionalización del Diálogo Social, que se producirá el próximo lunes, que la patronal siempre ha «apostado por el diálogo y el acuerdo. Lo importante es que se oficialice el diálogo social», afirmó, para añadir que la patronal siempre acude «con buena predisposición, nunca desde la reivindicación». Y advirtió que «el que vaya a la mesa desde la reivindicación no entiende lo que es el diálogo social. Nosotros siempre lo hemos dicho».

La productividad, ese indicador por el cual se mide cuánto más puede hacer una economía con los mismos trabajadores y recursos, se estancó en 2018, un hecho que no ocurría en España desde 1999. El crecimiento registrado de la productividad por puesto de trabajo a tiempo completo fue el año pasado del 0%, según las estadísticas del INE. Si se toma por hora efectivamente trabajada, el dato fue incluso negativo: un -0,25%. Según los expertos, la explicación radica en que conforme se reduce el paro se incorporan más personas que llevan más tiempo en el desempleo y que cuentan con menos formación, lo que acaba lastrando la productividad.

Diez años después de que la crisis económica de 2008 fuese explícita en España, y tras un periodo de casi seis años de destrucción de riqueza y de empleo y cinco de recuperación, los niveles de producción agregada están ya por encima de los máximos alcanzados en el ciclo alcista de los primeros años del siglo. Aún faltan más de 1,6 millones de ocupados por encontrar trabajo, pero la renta agregada de los asalariados en términos corrientes es ya superior a la de 2008. En cuanto al reparto de la riqueza generada, la renta de los asalariados se ha llevado, no obstante, la peor parte en estos dos lustros de sucesiva recesión y recuperación. En concreto, su participación en la tarta nacional ha descendido desde el 50,14% en 2008 hasta el 47,27% del año pasado: la pérdida es de casi tres puntos (2,87).

Los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) que se hicieron públicos recientemente trajeron buenas noticias. Durante el pasado año se consiguió crear más de 565.000 nuevos empleos y el número de parados se redujo en 460.000. Sin embargo, no se pueden lanzar las campanas al vuelo puesto que el mercado laboral español no se ha conseguido recuperar aún de la grave crisis vivida. Todavía faltan por sumar más de 1,1 millones de trabajadores (en 2007 había 20,7 millones de ocupados frente a los 19,6 millones actuales) y, principalmente, reducir el nivel de desempleo que existe: más de 3,3 millones de personas quieren trabajar y no pueden. Éste es seguramente el reto más importante que tiene por delante España y también el más difícil, como se pone de manifiesto en el hecho de que prácticamente la mitad son parados de larga duración –en Euskadi el 42,24%– ; es más, uno de cada cinco lleva más de cuatro años buscando activamente empleo sin éxito.

El Gobierno analiza la posibilidad de implantar un fondo de capitalización para los trabajadores al modo de la mochila austríaca, pero pretende orientarlo hacia la jubilación (en lugar de hacia el desempleo) e implantarlo en las actividades con mayor capacidad económica, como es el caso del sector financiero. El Gobierno ha reconocido recientemente estar estudiando la posibilidad de implantar la mochila austriaca (un fondo de capitalización individual para cada trabajador que se destina a financiar su propio desempleo o a complementar su jubilación) y ahora concreta que ha pensado en la banca como uno de los sectores en los que se podrían probar las aguas por dos motivos: las aportaciones de la empresa a los fondos de pensiones y las prejubilaciones en el sector.

El crecimiento económico en la zona euro se enfría. Nadie sabe cuándo llamará a la puerta la próxima crisis, pero nadie duda de que llegará. Bruselas urge a los países más rezagados a que reduzcan su deuda pública con mayor rapidez. La Comisión Europea prevé que el conjunto de la UE reduzca ese lastre desde el 81% al 72% del producto interior bruto (PIB) en una década. Pero advierte en un informe de «riesgos elevados» que pueden llevar a que esta sea insostenible a medio plazo en siete países. Entre ellos está España, donde, si no hay cambios en la política fiscal, podría llegar al 107% del PIB en 2029.

España se aleja de medidas que asegurarían una sostenibilidad a medio plazo de sus cuentas públicas. El Estado vulnera este año la regla de gasto europea en 12.000 millones de euros con el proyecto de Presupuestos presentado por el Gobierno al superar con creces lo que se puede permitir, según el cálculo de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).  El presidente de la AIReF, José Luis Escrivá, no llegó a mencionar este dato en su presentación el pasado martes en el Congreso de los Diputados, pero aparece en su informe sobre las cuentas públicas presentadas por el Gobierno.  La relajación supone que, un año más, no habrá ningún avance para bajar el llamado déficit estructural, el crónico de España, que seguirá en torno al 2% con respecto al PIB, según coinciden todos los organismos oficiales que evalúan los Presupuestos, desde la AIReF y la Comisión Europea al Banco de España.

Entre enero y octubre del año pasado la Inspección de Trabajo y Seguridad Social convirtió en indefinidos a 170.000 contratos temporales por fraude. Representa un crecimiento del 82% respecto al mismo periodo del año anterior, según ha informado Raúl Riesco, el subsecretario del Ministerio, a la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados. Muchos dirán que es una cifra insignificante respecto a los catorce millones de contratos que se hacen en un año. Sin embargo, semejante número de contratos fraudulentos es muy llamativo porque refleja el incremento de las irregularidades que cometen algunos empresarios.

La UE ha confiado en un consorcio vasco para liderar un proyecto que tiene como objetivo limitar el control de China sobre la comercialización de las denominadas tierras raras. Lo integran las sedes donostiarras de la Universidad de Navarra (Ceit) y de la Facultad de Química de la UPV, así como en la empresa Indar (Beasain). Se conocen como tierras raras los minerales imprescindibles para la fabricación de los imanes que se instalan en motores eléctricos utilizados en el sector energético, aerogeneradores eólicos y automoción. Este casi monopolio mundial del gigante asiático en la extracción de minerales como el neodimio y el disprosio, indispensables para la fabricación de los imanes, ha conllevado un incremento de precios que lastra el desarrollo, por ejemplo, de la generación eólica. La UE se ha marcado el objetivo de que dentro de un año el 20% de la energía consumida proceda de aerogeneradores, de ahí que haya decidido actuar.

Entrevista con Francisco Riberas, presidente de Gestamp. El plan para China y el coche eléctrico incluye el desarrollo de componentes con socios locales. En el caso del diésel, la transición industrial “debe ser sensata” para que las fábricas tengan tiempo para adaptarse. Gestamp suministra carrocerías a modelos de todas las motorizaciones. Al diésel se le ha demonizado y Europa produce el 75% de estos vehículos, que tienen poca presencia en Estados Unidos y China. Los coches actuales tienen menos emisiones que los de gasolina y no hay alternativas de fabricación en Europa, sin capacidad instalada en relación con el coche eléctrico. La transición industrial debe ser sensata. Las plantas de ensamblaje no pueden adaptar de un día para otro estos cambios en motorización.

La crisis del diésel ha hundido las ventas de coches equipados con esta tecnología en toda Europa. Su cuota cayó el año pasado ocho puntos porcentuales hasta situarse en el 36%. Las de gasolina, por contra, se dispararon siete puntos y alcanzaron el 57%. Por su parte, el porcentaje de motores alternativos se elevó desde el 4,8% al 6,1%, según Jato Dynamics.

El plan universitario vasco prevé movilizar 750 millones de euros hasta el año 2022, lo que representa el 30% del gasto estimado de las universidades el próximo cuatrienio. Eso sí, si se aclara la situación tras la prórroga presupuestaria. El borrador del Plan del Sistema Universitario (PSU) supone un cambio de paradigma ya que, a diferencia de los cinco anteriores, no persigue incidir en ninguna de las tres universidades en particular, sino en mejorar la competitividad del sistema en su conjunto con base en los retos fijados y debilidades detectadas. Además, se han marcado dos ejes prioritarios, la investigación de excelencia y la relación universidad-empresa. Pero sin duda, la novedad más radical tiene que ver con quién y cómo se paga la factura. Por primera vez, el proyecto plantea un esfuerzo compartido entre el Gobierno Vasco y las propias universidades a la hora de movilizar recursos de origen público y privado.

El Tribunal Supremo (TS) establece que las empresas no están obligadas a habilitar un comedor para sus empleados. En una sentencia que rompe con su doctrina anterior, establece que Indra no tiene esta obligación respecto a un caso de su sede en Málaga. Este fallo, que ha dictado el Pleno de la Sala de lo Social, deroga la normativa preconstitucional que existe sobre el comedor de trabajo, que varios Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) y otras sentencias cuestionan porque se remonta a 1938.

La lucha contra el cáncer tiene una doble dimensión para quienes lo sufren a causa del amianto. Los pacientes y sus familias combaten el mal y, al tiempo, exigen justicia y reparación por los efectos nocivos de un mineral que se usó sin control durante décadas en la industria. Esta sustancia cancerígena se cobró 35 vidas en Euskadi en el último año, la cifra más alta hasta ahora.

La gran banca registró en 2018 un fuerte incremento en los ingresos por comisiones que cobra a sus clientes por distintos servicios y la gestión de sus activos financieros. Sólo en España, la recaudación por estas partidas alcanzó los 8.314 millones y cerró el ejercicio con un alza del 8,47% con respecto a 2017, según los informes anuales de resultados publicados la pasada semana por el conjunto de entidades.  Los bancos han sacado provecho al incremento de las aportaciones realizadas por sus clientes a fondos de pensiones o de inversión, han exprimido la recuperación de la actividad inmobiliaria y han endurecido su política de devolución de este coste restando poder al personal de sucursal y controlando el proceso desde las oficinas centrales. La evolución en España es notablemente superior al incremento del 0,32% de los ingresos a nivel global, una situación que las propias entidades vinculan a la negativa evolución del tipo de cambio frente al euro de las divisas locales de los mercados en los que operan.

El sector vasco de automoción continúa imparable, a pesar del «runrún que hay alrededor», como califica el presidente de Acicae, José Esmorís, incertidumbres como la crisis del diésel, una de las causas del enfriamiento de la economía, según el Gobierno vasco. La diversificación de mercados y tecnologías permite la buena marcha de un clúster centrado en los componentes y en el que no se integra la multinacional Mercedes, principal afectada por la caída de pedidos.

La actividad se multiplica en el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, ante el limbo del Brexit o los impulsivos envites comerciales entre Estados Unidos y China. Como secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez, es testigo directo del vaivén de alteraciones internas e internacionales, entre ellas, la desaceleración del sector exterior, el frenazo del comercio minorista o el impacto del Brexit para las empresas españolas.

Ricardo Barkala, que fue nombrado presidente del Puerto de Bilbao el pasado año, afronta ahora su momento más delicado precisamente porque los muelles vizcaínos son muy sensibles al movimiento de mercancías con el Reino Unido. Si dejamos a un lado el tráfico de productos petrolíferos generado por Petronor –que distorsiona todas las estadísticas–, el 19% de las mercancías que se mueven en el Puerto de Bilbao tienen origen o destino en el Reino Unido. Incluso, el 35% del movimiento comercial entre ese país y España pasa por estos muelles

Kutxabank está «cómodo» con su actual cartera de participaciones empresariales, que valora en 1.900 millones de euros, lejos ya de los 4.500 millones de inversiones en empresas con que arrancó como banco, hace 7 años, y  que heredó de las excajas BBK, Kutxa y Vital, hoy sus tres únicos accionistas. De este volumen, 1.100 millones son inversiones en empresas que están en Bolsa; 530 son participaciones en compañías no cotizadas y, el resto, 270 millones, es el valor de las instrumentales, muchas de ellas controladas al cien por cien por Kutxabank, explica su presidente, Gregorio Villalabeitia. El proceso de desinversiones comenzó en el momento del nacimiento de Kutxabank, en 2012, tras el aviso del regulador ante el exceso de riesgo en participadas para un banco retail. Desde entonces, las inversiones empresariales han pasado de representar el 80% de los fondos propios del banco al 40%.