20220719

Hay acuerdo en Mercedes-Benz. La plantilla de la fábrica en Vitoria ha dado su respaldo al convenio con un 57% de los votos. Ese es el contundente resultado del plebiscito celebrado durante toda la jornada de ayer, con una participación masiva de los trabajadores que ha alcanzado un altísimo porcentaje del 94,6%, según las cifras trasladadas por la empresa y los sindicatos. El proceso, en el que el 43% restante ha votado en contra, se ha prolongado hasta las 2.15 horas de la madrugada de este martes, cuando se ha cerrado la última urna. El 'sí' por el que se ha decantado una mayoría del personal, que llega tras 17 largas horas de votaciones y tras varias jornadas de máxima incertidumbre, es la llave que abre la puerta a la inversión de 1.200 millones de euros anunciada por la compañía para la planta alavesa, la mayor industria vasca con 5.000 trabajadores. Supone la perfecta onda de choque para reforzar el tejido económico en Euskadi, ya que de la decisión dependen también 30.000 empleos indirectos y casi 600 proveedores. 

Las compañías Vidrala, CAF e Iberdrola Clientes mantuvieron su liderazgo en la clasificación por ingresos empresariales en Araba, Gipuzkoa y Bizkaia, respectivamente, en 2020. El año de la pandemia y del confinamiento no afectó a su posición de dominio territorial, aunque sus ventas acusaron la crisis sanitaria. En concreto, Vidrala SA redujo sus ingresos un 6 por ciento e Iberdrola Clientes un 10 por ciento, mientras que CAF SA consiguió un alza anual del 4 por ciento. Estos datos se extraen del décimo informe económico-financiero 'Quién es Quién en la economía vasca', elaborado por Empresa XXI con el patrocinio de Kutxabank, que se ha presentado este lunes en la Bolsa de Bilbao. El libro, en sus 416 páginas, analiza el período 2016-2020 con la muestra de las más de 40.000 compañías con actividad que depositaron las cuentas en los registros mercantiles de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa en esos años, al tiempo que detalla los ingresos de explotación, balance y ratios económico-financieros de las 5.000 mayores empresas vascas y ofrece clasificaciones de empresas por sectores y territorios y el análisis agregado de las más de 40.000 compañías por sectores y dimensión empresarial.

Las exportaciones vascas crecen imparables. En mayo marcaron su tercer récord mensual consecutivo con un crecimiento del 50,5% (hasta los 3.267 millones de euros), impulsadas por el estratosférico aumento registrado por los productos energéticos, cuyo volumen de ventas en el exterior se disparó el 175%. Curiosamente, a pesar del encarecimiento del gas y del petróleo, las importaciones de esa misma partida crecieron muy por debajo: un 55,6%. «Se está produciendo una reordenación en los flujos de abastecimiento en el sector energético», analiza Iñigo Muguruza en representación de Eusko Ganbarak. «Nos estamos convirtiendo en un centro de transformación de productos energéticos, recibiendo productos básicos y exportando refinados», añade. Por su parte, las exportaciones de los productos no energéticos vascos también tuvieron un comportamiento excepcional con un incremento del 45,2%, según los datos proporcionados ayer por el Eustat. Y, a pesar del delicado momento por el que pasa, el sector de la automoción disfrutó de un buen crecimiento en sus exportaciones. 

ELA suscribirá hoy el convenio de la Construcción de Gipuzkoa, que regula las condiciones laborales de 15.000 trabajadores. Así lo decidió ayer la central nacionalista después de que la última propuesta de la patronal Ascongi, que se integra en Adegi, recibiera el respaldo de los trabajadores del sector. Responsables de este sector comparecieron ayer en Donostia para dar a conocer su postura. ELA cuenta con el 72% de representación, y la firma de este convenio hará que se dé un fuerte impulso a la negociación colectiva del territorio. No en vano se trata del segundo pacto en importancia tras el del Metal –éste aglutina a 30.000 trabajadores–, que se desatascó en 2020 tras diez años de impasse. El de la Construcción es el tercer convenio sectorial que se suscribe en apenas un mes, tras el de Alojamientos y el del Papel. La central nacionalista entiende que la última propuesta de Ascongi «responde a los objetivos planteados» por el sindicato y los trabajadores del sector, como son la garantía del IPC, la reducción de jornada o los respectivos blindajes y garantías del convenio. El convenio tendrá tres años de vigencia (2022-2024) y recoge un incremento salarial del 4% para este ejercicio y del IPC más 1,25% para 2023 así como para 2024. 

El Consejo Económico y Social vasco (CES) advirtió ayer de que la baja tasa de actividad en Euskadi, junto al «elevado peso» de la temporalidad y la parcialidad, son «desajustes pendientes» del mercado laboral vasco. En su Memoria Socioeconómica del País Vasco, añadió que a estos elementos se ha unido este año la «preocupación» por el actual escenario inflacionista, por sus repercusiones negativas sobre la rentabilidad de la actividad productiva y el poder adquisitivo.

Sener firmó ayer un acuerdo de compra del 60% de la australiana Tactix, una consultora para el sector del transporte y las infraestructuras que trabaja en la ejecución de proyectos y en la gestión de recursos, con el objetivo de convertirse en «un actor clave» en el sector del transporte en Australia, tanto urbano, como ferroviario y de carreteras. En un comunicado, Sener, que está presente en Australia a través de proyectos de infraestructuras del transporte, precisó que el 40% restante de Tactix permanecerá en manos de sus actuales accionistas australianos. Con esta adquisición, según destacó, consolida su presencia en Australia, donde cuenta con una oficina en Sídney desde 2016 y trabaja en importantes proyectos ferroviarios como el metro de Melbourne y la línea Cross River Railway en Brisbane, así como en proyectos de carreteras como el túnel de West Gate en Melbourne. El acuerdo está sujeto a una serie de condiciones de cierre habituales en este tipo de operaciones, incluyendo la aprobación del Gobierno australiano. Una vez aprobado, se espera que la nueva empresa esté operativa en cuestión de semanas.

El Gobierno Vasco, a la luz de la tensión en el suministro de gas ruso que sufre Europa, coincidió ayer con la Agencia Internacional de la Energía (IAE) y otros organismos como la Comisión Europea y planteó la necesidad de tomar conciencia de los eventuales problemas en el medio plazo para afrontar cuanto antes un ejercicio de contención en el consumo, tanto de particulares como de empresas.El Ejecutivo reconoció que de materializarse los peores presagios que amenazan a Alemania –socio principal del País Vasco– la repercusión en Euskadi sería inevitable. Así lo explicó ayer a DV el viceconsejero de Industria, Mikel Amundarain, quien afirmó que «tenemos que empezar desde ya mismo a tener un uso más racional y más eficiente; un control de la energía que consumimos». «Es algo que debiera de ser el patrón habitual, pero que ahora es más necesario que nunca», añadió. «Todo el gas que, en general, se pueda almacenar antes de que llegue el invierno, bienvenido sea. Luego ya veremos si ese invierno es o no duro desde el punto de vista climatológico, pero, insisto, todo lo que se almacene será bueno», aseguró Amundarain. Tras un intenso viaje la semana pasada a Alemania, capitaneado por el propio lehendakari y con la presencia de la consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, en el que la legación vasca tuvo estrecho e intenso contacto con las administraciones germanas y algunas de las más importantes compañías del país, el viceconsejero de Industria confiesa que las empresas del motor de Europa les mostraron su «preocupación».

La Unión Europea se prepara para unos días decisivos en materia de política energética. Bruselas lleva semanas trabajando en un plan para mitigar el impacto de un corte total del gas ruso, que incluye medidas para ahorrar energía. Según un borrador, la Comisión Europea se plantea relajar temporalmente las normas de emisiones para fomentar el uso de energías alternativas, incluso si son más contaminantes como el carbón. A pesar de que apuesta por la transición hacia energías renovables a largo plazo, asume cierta manga ancha para enfrentar una «emergencia energética» y reconoce que desconectarse de Rusia traerá más polución. Propone, entre otras fórmulas, derogar el límite de emisiones de las grandes centrales de combustión. Mecanismo que alargará «el tiempo que sea necesario». La Comisión Europea coordinará a los Estados miembro, pero la solución energética dependerá de cada país. A raíz de la invasión rusa, algunos han decidido reactivar sus plantas de carbón y otros han retrasado el cierre de sus nucleares. Bruselas se plantea incluso ofrecer «ayudas temporales» a la industria para desconectarse del gas. Las reservas de gas europeas se están llenando a buen ritmo, pero un corte total del gas ruso las dejaría entre el 65% y el 71% de su capacidad, aún lejos del 80% marcado como objetivo para noviembre, y dificultaría el abastecimiento para el invierno de 2023, apunta la Comisión Europea.

Tras no pocos encontronazos sobre el manejo y la gestión de los fondos europeos, en los que Euskadi ha exigido siempre más participación y poder de decisión, parece que la relación entre el Gobierno central y el vasco puede destensarse. Al menos, en el corto plazo. De hecho, fuentes del gabinete del consejero de Economía y Finanzas, Pedro Azpiazu, aseguraron ayer a este periódico que «la música empieza a sonar bien». Una declaración que llegaba tras una reunión bilateral en Madrid entre el propio Azpiazu y la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño. Una cita que precedía a otra más numerosa, en la que participaron todos los consejeros de Hacienda de las comunidades autónomas, en lo que se conoce como ‘conferencia sectorial’. Fuentes del departamento de Azpiazu aseguraron que algunos de los proyectos estratégicos para Euskadi, planteados hace ya tiempo a la propia Calviño por el lehendakari, Iñigo Urkullu, podrían tener cabida en el llamado proyecto Retech, que se ha incluido en la actualización de la Agenda España Digital 2026, con el objetivo de poner en marcha iniciativas emblemáticas y transformadoras en el área digital propuestas por las autonomías.

Ayer, Funcas y Mapfre Economics ahondaron en esta rebaja de previsiones, que hasta la fecha ya habían realizado la Comisión Europea, la OCDE o el Banco de España, entre otros organismos. Mientras que la Fundación de las Cajas de Ahorros cree que la economía crecerá un 4,2% en 2022 y un 2% en 2023, los analistas de Mapfre sitúan el crecimiento en el 4,1% y el 2,4%, respectivamente. Eso sí, este último contempla un escenario mucho más sombrío, en el que en 2023 el PIB perdería un 2,5%. Funcas mantiene así su previsión para este año, pero realiza una fuerte moderación para el año que viene, de 1,3 puntos porcentuales, respecto al anterior pronóstico que había realizado. No solo eso, sino que el último trimestre de este año el crecimiento se quedará en el 0%. “Estaríamos rozando la recesión”, aseguró Raymond Torres, director de coyuntura económica de Funcas. Esto siempre y cuando se cumpla la hipótesis “de unos precios energéticos al alza hasta la próxima primavera antes de estabilizarse”, como explica el informe que recoge las previsiones. En caso de que los precios energéticos sufrieran un encarecimiento mayor del esperado, la economía entraría en crecimiento negativo en la última parte del año. Por ello, el ente señala que la inflación se situará en el 8,8% en 2022 y en el 5% en 2023. Las previsiones de Funcas superan a las realizadas la semana pasada por la Comisión Europea, no tanto para este año, en el que es 0,7 puntos porcentuales superior, sino sobre todo en 2023, con 1,5 puntos por encima. “Las opciones de los gobiernos para reducir la inflación son muy limitadas”, reconoció el director general de Funcas, Carlos Ocaña, pero “la política monetaria tiene la misión de no agravar las consecuencias del alza de precios”. Ver informe Funcas. 

El 61% de las compañías españolas reconocen que, debido a la inflación, cada vez es más difícil pagar a los proveedores a tiempo. Como consecuencia de esto, tres de cada cinco empresas han pedido a sus proveedores una ampliación en los plazos de pago. Es una de las conclusiones del Informe Europeo de Pagos, realizado por la empresa de gestión de crédito Intrum. Una encuesta a 800 directivos de compañías de todos los sectores y tamaños en España y 11.000 en Europa. El documento revela una paradoja: España es, de entre las grandes economías europeas, la que tiene un mayor dato de inflación, del 10,2% en junio; a la vez, es el segundo país con menor porcentaje de empresas que reconocen no tener la capacidad necesaria para gestionar el impacto de la inflación en sus empresas, un 51%, sólo mejorado por 49% de Alemania. Esto “puede deberse a que el tejido empresarial español esté más habituado a experimentar periodos económicos de mayor incertidumbre, lo que ha permitido a nuestras organizaciones adquirir mayores habilidades y confianza para enfrentar la adversidad. En cualquier caso, esa vulnerabilidad de más de la mitad de las empresas españolas sigue siendo elevada, ya que refleja la necesidad de que nuestras organizaciones adquieran una posición más proactiva en la gestión de la inflación si no quieren ver peligrar su margen de beneficios o, incluso, su supervivencia”, señalan desde fuentes de la compañía. Un peldaño por debajo de las dificultades en el pago a los proveedores se encuentran las preocupaciones de expansión del negocio: el 55% de las compañías explican que la destacada alza de precios supone un obstáculo considerable a la hora de aprovechar las nuevas oportunidades y para la capacidad para hacer crecer el negocio.

El Banco Central Europeo afronta el jueves una reunión clave. Subirá los tipos de interés por primera vez en 11 años, en 25 puntos básicos, aunque la alta inflación y la devaluación del euro, que ha tocado recientemente la paridad con el dólar, presionan a la autoridad monetaria para ir más allá. El euríbor a 12 meses espera la cita crucial de nuevo por encima del 1% en tasa diaria. El indicador superó ese umbral a mediados de junio por primera vez en casi una década, justo cuando el BCE se reunió de urgencia tras dispararse las primas de riesgo de los países del sur de Europa. Llevaba todo julio por debajo del 1%, pero marcó el 1,057% el viernes y el 1,015% ayer, situando la media provisional del mes en el 0,934%. El mercado espera movimientos bruscos hasta la decisión del BCE. El euríbor se sitúa muy por encima del valor de hace justo un año (-0,491%), lo que se traduce en un notable encarecimiento de las hipotecas variables ligadas al índice. Un préstamo medio de 180.000 euros a 25 años con un diferencial del 1% al que le toque revisión pagará 116 euros más al mes o 1.396 euros más anualmente.

Las dudas se acumulan cada día que pasa tras el anuncio del nuevo impuesto a la banca que realizó el presidente Sánchez durante el debate del estado de la nación. El Gobierno calcula que servirá para recaudar 1.500 millones de euros al año, pero aún no se conoce qué gravará ni en qué medida. Para tratar de sofocar los encendidos ánimos de las entidades financieras, el Ejecutivo va a reunirse con el sector. Y lo hará precisamente cuando comienza la ronda de presentación de resultados de la banca de la primera parte del año. La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, será la encargada de convencer a la banca sobre el nuevo impuesto en una primera reunión con el sector este viernes. Calviño anunció ayer que ha citado a las patronales bancarias, entidades financieras y representantes del Banco de España para comenzar a hablar de esta nueva tasa que, reiteró, «no se repercutirá a los ciudadanos». El Ministerio de Hacienda aún no ha concretado en qué consistirá este impuesto y la ministra de Economía no quiso adelantar nada. Además, rechazó la idea de que la banca esté contra este tributo ya que, a su entender, «todas las grandes empresas quieren contribuir a dar soluciones y arrimar el hombro para contener la inflación y hacer un reparto justo del coste de la guerra».

El presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, inauguró ayer con el primer ministro portugués la gigabateria del Támega: más de 1.500 millones para el mayor proyecto de energías limpias del país y uno de los mayores de Europa. Ignacio Sánchez Galán reafirmó su apuesta por el país luso debido al “entorno de estabilidad jurídica y buen diálogo logrado por el Gobierno luso en los últimos años”. Además, en el actual contexto de crisis energética en Europa por las tensiones con Rusia tras la invasión de Ucrania, destacó que esta infraestructura evidencia que “las dos grandes metas” de la política energética, la independencia energética y la descarbonización, “son perfectamente compatibles siempre y cuando se trabaje en la electrificación del sistema económico y productivo”. 

El Gobierno central ha abandonado la idea de que la empresa Indra –de la que posee el 25% de las acciones– tome una participación destacada en la compañía vasca ITP, que se encuentra en proceso de venta. El escándalo suscitado en el consejo de Indra, tras forzar la salida de cinco consejeros y provocar la dimisión de otros dos, todos ellos independientes, no deja espacio para más aventuras forzadas. Indra se retira de la operación, aseguran fuentes conocedoras del proceso, con pocas intenciones de retomarla a medio plazo y centrará sus esfuerzos en recomponer su consejo y recuperar el prestigio de un gobierno corporativo maltrecho. Incluso, el actual presidente, Marc Murtra, parece decidido a renunciar a su aspiración de tener poderes ejecutivos en la compañía. El Gobierno de Pedro Sánchez quería que Indra tuviese una participación destacada en ITP –fabricante de componentes para motores aeronáuticos, con sede en la localidad vizcaína de Zamudio– para influir en el futuro de la empresa y generar también un polo de concentración de la industria nacional ligada a la defensa. Como ya es conocido, Rolls Royce, actual propietario de ITP, alcanzó el pasado mes de septiembre un acuerdo para vender esta firma por 1.700 millones de euros al fondo norteamericano Bain. Las presiones del Ejecutivo hicieron que Bain aceptase reservar un 30% del capital de ITP para un conjunto de accionistas españoles, entre los que debía figurar Indra. Por el momento y dentro de ese grupo se da como segura la participación del Gobierno vasco, del fondo JB Capital y de la firma guipuzcoana Sapa. Algunas fuentes apuntan también a la participación del grupo inversor Onchena.

Barcelona Medio millón de vehículos eléctricos made in Spain en 2025. Ese es el objetivo que tiene marcado el Gobierno para acelerar la reconversión de la industria de la automoción del país, donde los grandes fabricantes mantienen una docena de plantas activas. Así lo aseguró ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una visita a los terrenos de Navalmoral de la Mata (Cáceres), donde el fabricante chino Envision, con el acompañamiento del grupo de servicios Acciona, prevé levantar una fábrica de baterías. El proyecto, que supondrá una inversión de 2.500 millones de euros y la creación de 3.000 empleos, es uno de los que se beneficiará de las ayudas a los proyectos estratégicos (PERTE) para el vehículo eléctrico, que supondrá inversiones en los principales centros de producción del país. Sánchez destacó que con esta inversión Extremadura se convierte en “protagonista” de esa evolución de la industria. Y señaló una paradoja: mientras que en el pasado los trabajadores extremeños se trasladaron al norte de España para fabricar vehículos, ahora la comunidad autónoma se convertirá en un punto neurálgico de la nueva industria de la movilidad, con las minas de litio y la fábrica de celdas de baterías como principales actores.

El presidente de Argelia, Abdelmadjid Tebboune, anunció ayer un acuerdo por valor de 4.000 millones de dólares (3.935 millones de euros) “que permitirá a Italia suministrar cantidades muy importantes de gas natural”. En una rueda de prensa conjunta con el primer ministro italiano, Mario Draghi, Tebboune precisó que hoy se firmará un importante acuerdo con las compañías Occidental, Eni y Total, estadounidense, italiana y francesa, respectivamente. El presidente argelino apostó por renovar con su “amigo Draghi lo propuesto” para que Italia sea uno de “los proveedores de electricidad solar y convencional de Europa”. El país magrebí ha desplazado a Rusia como principal proveedor de gas de Italia, que busca reducir aún más la dependencia de Moscú. Draghi, de visita oficial en Argel para participar en la IV cumbre intergubernamental italoargelina, confirmó “una asociación privilegiada” en el sector energético. En los últimos meses, Argelia se ha convertido en el principal proveedor de gas de Italia” y el anuncio de 4.000 millones de metros cúbicos de gas en los últimos días supone “una aceleración respecto a lo previsto” por los acuerdos y “anticipa suministros aún más conspicuos en los próximos años”.

Europa occidental se prepara para vivir hoy «un apocalipsis de calor», con temperaturas récord que se espera que alcancen los 44 grados en el suroeste de Francia y que lleguen por primera vez a los 40 grados en el Reino Unido. Los efectos del fenómeno comenzaron a notarse ya ayer en suelo británico, donde el aeropuerto londinense de Luton tuvo que cancelar vuelos y desviar una docena de aviones al aeródromo de Stansted tras provocar la subida del mercurio daños en la pista. El desperfecto en el aeropuerto de Luton, ubicado a unos 60 kilómetros al norte del centro de Londres, también causó retrasos en más de 60 llegadas y salidas operadas por EasyJet, TUI, Ryanair y Wizz. Asimismo, la Real Fuerza Aérea británica se vio obligada a utilizar aeródromos alternativos a su base de Brize Norton después de que el calor derritiera la pista de Oxfordshire, según desveló el canal Sky News. El Gobierno del Reino Unido, que ha activado el máximo nivel de alerta, el 4, ante la previsión de que hoy se viva el día más abrasador de todos los tiempos, ha instado a la población a quedarse en casa. 

El estreno de la universidad Euneiz tiene fecha. Su primer curso comenzará el 15 de septiembre en las antiguas instalaciones de la Caja Vital en Salburua con alumnos de cuatro grados: los de Fisioterapia, Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, Multimedia y Producción Musical, y Sonido para la Industria del Entretenimiento. Con ese objetivo, se trabaja a destajo para transformar el edificio en una facultad y también en los despachos para completar los trámites pendientes y sellar alianzas con universidades de la talla de Harvard. En los próximos días se prevé que empiece el periodo oficial de matriculación tras una fase de preinscripción que ha funcionado «mucho mejor de lo que se esperaba», destacó el presidente de Euneiz, Jordi Roche, sin concretar datos. «Ha tenido una buena aceptación. Pese a que empezamos tarde en la promoción de la universidad porque había una serie de pasos administrativos que había que dar, el balance sobre la prematriculación ha sido muy positivo», recalcó. Las cuatro carreras ya cuentan con el visto bueno de la Agencia de Calidad del Sistema Universitario Unibasq y todavía necesita la definitiva autorización de apertura y funcionamiento por parte del Departamento de Educación del Gobierno vasco. Roche explicó que la universidad vitoriana podrá beneficiarse de las alianzas que sus impulsores –las escuelas catalanas ENTI y EUSES– tienen con prestigiosas instituciones de Estados Unidos y Canadá. Entre ellas destaca Harvard, con quienes se empezará a colaborar desde el primer curso tanto de manera telemática como presencial.