20221124

Los jóvenes vascos siguen guiándose más por su vocación que por las necesidades del mercado laboral a la hora de escoger carrera universitaria. El desequilibrio entre los estudios que eligen y los profesionales que demandan las empresas se ha puesto de relieve un año más en la UPV/EHU. De los 105 grados que oferta la única universidad pública de Euskadi, un total de 17 no han logrado llenar todas las plazas, muestra de que la demanda es menor de la prevista. Se trata de uno más que el año pasado, pero lo que resulta llamativo es que el grueso de los títulos con vacantes sean ingenierías, muchas con empleo asegurado. La tendencia de otros ejercicios se mantiene. Este curso, 13 grados de esta rama se han quedado con huecos libres. A pesar de los intentos del Gobierno vasco y del sector empresarial e industrial por hacer calar la necesidad de cubrir puestos de perfil tecnológico –en la mayoría de los grados de ingeniería la empleabilidad se sitúa en el 100%–, los nuevos universitarios tratan de complacer sus inquietudes personales y priorizan sus gustos antes que el excelente encaje laboral de algunas profesiones. Una vez cerrada la matriculación de los estudiantes de nuevo ingreso para este año, la institución académica ha colgado en su página web el documento que indica qué carreras se quedan con plazas vacantes y cuáles han logrado el lleno y, por tanto, generan una nota de admisión. De las 17 carreras que no han cubierto todo el cupo de matrículas ofertadas, solo cuatro no se corresponden con estudios tecnológicos: Geografía, Antropología Social (ambas de Ciencias Sociales), Geología (biosanitaria) y Gestión de Negocios (empresarial). Y de las 24 ingenierías que se imparten en la UPV/EHU, únicamente han cubierto todas las plazas las especialidades de Mecánica, Electrónica, Ambiental, Organización Industrial y Tecnología Industrial, en la Facultad de San Mamés, en Bilbao; Química, en Leioa; Automoción, Electrónica Industrial y Automática, en Álava; y Energías Renovables e Ingeniería Civil, en Gipuzkoa. 

Las entidades financieras con más penetración en el mercado vasco, Laboral Kutxa y Kutxabank, muestran su voluntad de adherirse al nuevo plan de protección para los hipotecados afectados por el brusco repunte del euríbor, aunque se encuentran estudiando y desgranando la letra pequeña de esta nueva medida para analizar su impacto técnico y operativo. Desde el banco surgido de las antiguas cajas de ahorro sostienen que todavía no han decidido si adherirse o no a este nuevo protocolo, pero sí aseguran que su vocación es «ayudar a sus clientes y cumplir con la ley». Además, desde que el euríbor comenzó su imparable escalada y dejó atrás valores en negativo, Kutxabank ha revisado más de 5.000 hipotecas de sus clientes. La cooperativa de crédito manifiesta, por su parte, que «sí estamos en voluntad de aplicar estas medidas de protección», aunque se muestran cautos y explican que se encuentran en una «fase de estudio» del propio protocolo para conocer cuántos clientes pueden verse beneficiados por esta medida así como la clasificación de la morosidad o dudosidad. En el protocolo aprobado este pasado martes se recogen medidas que mejoran el actual Código de Buenas Prácticas para deudores hipotecarios vulnerables, aprobado en 2012. Así, se permitirá reestructurar el préstamo hipotecario con un tipo de interés más bajo durante la carencia del principal de cinco años (euríbor - 0,1 % frente al euríbor + 0,25 % actual), se ampliará a dos años el plazo para solicitar la dación en pago de la vivienda y se contempla la posibilidad de una segunda reestructuración, en caso necesario.

El Gobierno estima que un millón de hogares se van a beneficiar de las medidas de alivio, lo que supone más del 25% de los 3,7 millones de hogares con hipoteca variable. Si se traslada esta proporción a Euskadi, donde se contabilizan algo más de 122.000 préstamos a tipo variable, el resultado es que unos 33.000 encajarían en los nuevos baremos. Ahora bien, esta cifra tiene muchos matices. El grueso de la misma –cerca de 23.000 hipotecas si se siguen las estimaciones del Gobierno–, entrarían dentro del nuevo código que se ha habilitado para extender las medidas a las familias con rentas inferiores a los 29.400 euros, siempre que la hipoteca suponga un 30% de los ingresos y el esfuerzo se haya incrementado un 20%. En este segmento, los préstamos firmados hasta fin de año podrán optar a la congelación de las cuotas durante doce meses, alargar el prestamos durante siete años y acogerse a un tipo de interés menor por el principal aplazado. Pero ¡ojo! porque no sale gratis. 

El plan de medidas para amortiguar la subida de las hipotecas por el alza súbita del euríbor no saldrá gratis a los hogares beneficiados por la reestructuración de deudas habilitado por el Gobierno. El texto de los dos Códigos de Buenas Prácticas Bancarias, publicado ayer en el BOE, aclara que esas reducciones de cuota de las que podrán gozar los hogares con unos ingresos de hasta 29.400 euros derivarán en un incremento de los intereses que los titulares de esos créditos acabarán pagando durante toda la vida de la hipoteca. Los hogares de rentas medias vulnerables (ingresos de hasta 29.400 euros) que se acojan a la ampliación del crédito durante siete años, aunque tendrán un alivio en su cuota mensual actual, derivará en un coste cercano a los 17.000 euros al final de la vida del préstamo. Este caso está calculado para una hipoteca de 100.000 euros a 25 años con un interés contratado del euríbor más un punto. Si no se alarga ese plazo se pagarían algo más de 52.200 euros hasta el final de la hipoteca, a costa de una cuota más elevada ahora; o hasta 69.200 euros si prefiere reducir la mensualidad actual a costa de un mayor coste a la conclusión del crédito.

La junta de accionistas de Kutxabank ratificará el próximo miércoles, día 30, el nombramiento de Antón Arriola, exdirectivo de Goldman Sachs, como presidente del banco en sustitución de Gregorio Villalabeitia, que ha permanecido al frente de la entidad durante los últimos ocho años. La junta, formada por representantes de los tres únicos accionistas, las fundaciones BBK, Kutxa y Vital, aprobará así una propuesta que debe surgir del consejo de administración que se reúne hoy. No obstante, fuentes de la entidad consultadas por EL CORREO han indicado que la propuesta en torno a la designación de Arriola no figura en el orden del día, aunque también advirtieron que puede plantearse fuera del mismo. Las mismas fuentes también apuntaron que otra de las opciones es la convocatoria de un consejo extraordinario la próxima semana, antes de que se reúna la junta de accionistas. Desde el anuncio de la renuncia de Villalabeitia se han superado varios hitos hasta llegar al relevo efectivo. Primero fue el encargo realizado a una empresa de selección de directivos y más tarde la preselección de Arriola como el candidato a la presidencia con más apoyos. Sin embargo, la luz verde no llegó hasta el pasado mes de octubre, cuando el Banco Central Europeo dio su plácet al candidato tras superar el proceso de evaluación conocido como ‘fit & proper’. Además del análisis del currículo del futuro presidente, directivos del supervisor bancario de la zona euro mantuvieron un encuentro personal con Arriola para completar esa evaluación.

Orona S Coop. la casa madre del grupo de elevación, cumplió ayer formalmente con todos los requisitos que exigen la Ley de Cooperativas y sus propios estatutos y convocó oficialmente la asamblea extraordinaria de socios con la que pretende romper amarras con el Grupo pilotado por Iñigo Ucín. Según aseguraron ayer fuentes oficiales de la empresa de Hernani, que evitaron entrar al cuerpo a cuerpo con la Corporación, algo por lo que sí apostó Ulma en ese camino emprendido por ambas para abandonar el Grupo, el objetivo de este movimiento no es otro que el de «recuperar la plena soberanía» de Orona. La baja de Mondragon será el punto más ‘caliente’ de la asamblea extraordinaria prevista en su cuartel general para el próximo día 16 de diciembre, fecha adelantada por este diario y que coincide con la elegida por Ulma. Según el orden del día de la importante convocatoria (tanto para la propia empresa como para todo el universo Mondragon), junto a la propia baja –contemplada como posibilidad en las normas congresuales de la Corporación– se somete también a la consideración de los socios «los acuerdos derivados de la misma»; una referencia a las ‘cuentas’ que haya que resolver entre ambas partes en ese divorcio.

La Unión Europea aprobará a mediados del próximo año nuevas medidas de economía circular que afectan de manera especial a las empresas como el nuevo reglamento de ecodiseño para productos sostenibles o la implantación de un pasaporte digital para esos productos, ante lo que la industria vasca comienza a prepararse con la adopción de iniciativas que aceleran el ritmo de descarbonización y la incorporación a una economía verde. Los retos tienen grandes dimensiones, admiten, pero los primeros pasos ya están dados y cuentan con la colaboración de las administraciones públicas. El Congreso sobre Economía Circular Basque Circular Summit organizado por la sociedad pública Ihobe se ha inaugurado hoy en el recinto ferial Ficoba de Irun donde ha reunido a más de 600 profesionales de diversos sectores industriales interesados en conocer las experiencias más avanzadas en materia de sostenibilidad bajo la premisa de que esta cuestión se presenta como una oportunidad para la industria vasca de ser más competitiva en los mercados europeos. Según cálculos de Ihobe, la economía circular en Euskadi representa el 1,12% de su PIB con unos ingresos brutos anuales de 764 millones de euros. Las empresas vascas más avanzadas reconocen las dificultades que afrontan las pymes, a las que recomiendan colaboración. 

500 jóvenes vascos recibieron ayer el reconocimiento de las becas Global Training para hacer prácticas empresariales en el extranjero que el Gobierno Vasco otorga a través de la Agencia Vasca de Internacionalización-Basque Trade and Investment del Grupo SPRI. En concreto, las Becas Global Training están pensadas para fomentar la movilidad internacional y es requisito indispensable tener una titulación universitaria o formación en FP de grado superior. El presupuesto para este año asciende a los 6,25 millones de euros. El acto tuvo lugar en el Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa, y estuvieron presentes la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, el Director General del Grupo SPRI, Aitor Urzelai y la Directora de BT&I, Ainhoa Ondarzabal, así como las entidades colaboradoras: Cámaras de Comercio, Confebask, Adegi, Politeknika Ikastegia Txorierri, Hetel, Ikaslan, AFM Cluster, Fomento San Sebastian, Garapen, Universidad de Deusto, Mondragon Unibertsitatea, UPV-EHU y Fundación Novia Salcedo. El medio millar de jóvenes realizarán las prácticas profesionales en más de 330 empresas y organismos de primer nivel localizadas en 55 países de los cinco continentes. 

Vitoria vuelve a llenar los asientos de sus palacios de congresos. Y, en los últimos cursos, exclusivamente con asistentes profesionales, a fin de favorecer un mayor retorno para la economía de la capital alavesa –en hoteles, hostelería, comercio, etcétera–. Las cifras rozan los niveles ‘prepandemia’ de hace tres años, cuando se batió el récord de asistentes. Este curso, entre el Palacio Europa y el de Villa Suso suman cerca de 300 convenciones con 75.518 personas en los diez primeros diez meses del ejercicio (de enero a octubre) y se prevén superar las 350 para el cierre del año. Unos números que se colocan cerca de los parámetros de 2019, cuando se contabilizaron 408 eventos entre ambos espacios (316 en el complejo de la Avenida Gasteiz y 92 en el del Machete) y se alcanzó la marca histórica de 95.000 asistentes en el primero. El Europa y Villasuso se especializan «al máximo» para acoger solo a profesionales. 

El proceso emprendido a inicios de la presente legislatura de transformación del Servicio Vasco de Empleo, Lanbide, llega ahora a su imagen corporativa. La vicelehendakari segunda y consejera de Trabajo y Empleo, Idoia Mendia, junto con la directora general del organismo laboral, Gloria Múgica, presentaron ayer en Bilbao la nueva marca de Lanbide, con el que se pretende reflejar «su cercanía a la ciudadanía y la eficacia en la gestión». En el nuevo logotipo, que se irá implantado en las oficinas del servicio, destaca la letra L de Lanbide dentro de un círculo y, según los creativos encargados de su diseño, se ha pretendido «subrayarla y colocarla en el centro» ofreciendo un «lenguaje visual, moderno y claro». Por su parte, Mendia señaló que la imagen también quiere simbolizar el cierre del círculo desde que se empieza la búsqueda de un empleo. La consejera de Trabajo manifestó que se está construyendo un Servicio Vasco de Empleo «más directo, fácil y eficaz» y quieren que, con la nueva imagen, la ciudadanía lo identifique de manera «más directa».

El Ministerio de Industria ha adjudicado 42,5 millones de euros de ayudas a consumidores electrointensivos para compensarles por los cargos eléctricos destinados a financiar la retribución a las renovables y el extracoste de los territorios no peninsulares. La convocatoria que ahora se ha resuelto corresponde al mecanismo de compensación a los consumidores electrointensivos de estos cargos, que se aprobó en diciembre del año 2020. El sector que se ha beneficiado de una mayor cuantía ha sido la industria química, con el 22,8% del total. Le sigue la industria metalurgia (20%); el sector de fabricación de productos de minerales no metálicos (17,6 %), y la industria del papel (16,2%). Por comunidades autónomas, Cataluña, con el 22,6% del total, es la que acumula más cuantía de ayudas; seguida de Andalucía (14,3%), País Vasco (10,5%) y Comunidad Valenciana (9,3%). Entre las empresas más beneficiadas está Repsol, con 1,7 millones de euros; Cepsa, con 1,5 millones; ArcelorMittal, con 1,3 millones; Ercros, con 1,2 millones; Dow Chemical Ibérica, con un millón, y Asturiana de Zinc, con 872.454 euros. Por su parte, la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE) reclama una mayor preponderancia de las energías renovables en la configuración del mercado mayorista proveedor de la electricidad, con el fin de reducir el precio final pagado por las empresas. AEGE alerta de que el precio pagado por las empresas electrointensivas en España es muy superior a las de sus homólogas francesas y alemanas. A estas ayudas a las instalaciones electrointensivas repartidas ahora por Industria se une la línea aprobada por el Gobierno en junio para la industria gasintensiva, golpeada también por la crisis energética derivada de la guerra en Ucrania.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, calificó de «tomadura de pelo» la propuesta de la Comisión Europea de fijar un tope de 275 euros en el megavatio hora (MWh) al precio de las compras de gas, y advirtió que España se va a oponer «rotundamente». El objetivo de Bruselas con esta medida es lograr un efecto inmediato en el mercado, aunque el mecanismo lleva implícita la posibilidad de ser suspendido si provoca graves perturbaciones. En los pasillos del Congreso, Ribera criticó que la iniciativa genera «justamente el efecto contrario del deseado», además de poner en riesgo todas las políticas de contención de precios. En un tono muy crítico, la ministra aseguró que además de España hay otros Estados miembros que han manifestado su «preocupación» e «indignación» al respecto. En opinión de la ministra, se explica mal que se haya introducido algo que, a su juicio, ya era «un precio desorbitado» –en referencia al precio fijado para las tecnologías renovables en 180 euros– y que ya en sí mismo incita a un «incremento muy importante de las ofertas de los distintos proveedores eléctricos». Si a ello se suma ahora un tope del gas de 275 euros, que es una cifra «muy parecida a los máximos en los momentos más álgidos de la crisis este verano», será «contraproducente», sostuvo Ribera. «Tengo la impresión de que la Comisión va a oír cosas muy duras de la inmensa mayoría de los ministros», aseguró la titular de Transición Ecológica. «Nos parece una tomadura de pelo. Le hemos pedido a la Comisión una propuesta y esto no es serio». 

Entrevista con Robert Habeck, vicecanciller y ministro de Economía de Alemania. SOLUCIÓN PARA EL GAS: «Lo mejor es una plataforma común de compra de gas. Las grandes compañías deberían utilizar su poder en el mercado para bajar precios». TRANSICIÓN VERDE: «Estamos utilizando centrales de carbón para ahorrar gas, pero nuestra hoja de ruta es clara: vamos a eliminar el carbón». GASODUCTO BARMAR: «Es una gran oportunidad, pero sobre su financiación hay conversaciones en curso. No veo que esté impulsado por una lógica de mercado». LA LEY DE BIDEN: «Hay riesgo de que la próxima ola de innovación tecnológica no se produzca en Europa. La Ley de Estados Unidos se la apropia». BUROCRACIA EUROPEA: «Tenemos que cambiar de política. No podemos permitirnos que para construir una central de hidrógeno los procesos tarden 12 años». LA INFLACIÓN: «Esperamos que la inflación empiece a bajar en Europa y Alemania en cuatro meses. En Alemania estará en torno al 7% de media en 2023 ». EJE FRANCOALEMÁN: «Es como en la coalición en Alemania. Partimos de puntos de vista distintos, pero encontramos un terreno común. No queda bonito, pero funciona». LA EXPERIENCIA PERSONAL: «Como ministro tomo decisiones que no tomaría como persona. Lo peor es la entrega de armas a Ucrania para que maten a rusos en esta guerra idiota». 

Iberdrola busca socios para desarrollar su plan de crecimiento en energía eólica marina. La eléctrica ha puesto en venta una participación minoritaria en su parque Baltic Eagle, de 400 MW, valorado en hasta 1.500 millones, según indican fuentes financieras. Iberdrola, tal y como explicó en su último plan estratégico, planea invertir hasta 2025 un total de 47.000 millones de euros, de los cuales 17.000 millones irán dedicados al crecimiento en renovables. La estrategia de la compañía pasa por recabar capital para financiar el crecimiento en renovables dando entrada a socios en sus activos, que adquieran participaciones minoritarias. Esta es una senda, la de dar entrada a socios estratégicos en sus activos renovables, ya conocida para la compañía que pilota Ignacio Sánchez Galán. En septiembre acordó la venta de un 49% de su parque de eólica marina Wikinger, que opera en Alemania en el mar Báltico, al fondo EIP por 700 millones. Está en funcionamiento desde 2017 y tiene una capacidad de 350 MW. La idea ahora es replicar la operación con el otro complejo que tiene en el mar Báltico, el llamado Baltic Eagle, que también está en Alemania. Con una capacidad estimada de 476 MW, está previsto que su construcción empiece el año que viene y esté operativo en 2024.

El nuevo plan estratégico de Endesa hasta 2025 mantiene el pulso del dividendo a pesar del hachazo del impuesto extra a las empresas energéticas que prepara el Gobierno. Así se desprende de la actualización del plan estratégico que Endesa realizó ayer. La compañía, controlada por el gigante italiano Enel, mantendrá hasta 2025 un 70% de pay out (parte del beneficio que se destina a dividendos). El dividendo seguirá siendo en efectivo. Ante la nueva situación de los mercados y el efecto del impuesto sobre las cuentas del grupo –más suave del que inicialmente se preveía–, el nuevo plan ajusta los resultados y el dividendo en forma de alzas y bajas. No obstante, en conjunto, la retribución al inversor entre 2022 y 2025 se va a mantener por encima del euro por acción. En 2022, el grupo ha pasado de prever 4.100 millones de resultado bruto operativo (ebitda) a una horquilla de entre 5.000 millones y 5.300 millones, impulsado por el alza de precios de la luz. El resultado ordinario neto, que sirve de base para el pay out, pasa de 1.800 millones de euros a una horquilla de entre 2.200 y 2.300 millones de euros. El dividendo, que en principio iba a ser de 1,2 euros por título, se dispara a 1,5 euros.

En vísperas de que el Congreso dé luz verde a la proposición de Ley que impondrá un gravamen extraordinario a bancos y energéticas, y en la que PSOE y Podemos han colado como enmienda el nuevo impuesto a las grandes fortunas, el Fondo Monetario Internacional (FMI) lanzó ayer un serio aviso a navegantes mostrando abiertamente sus dudas sobre las posibles consecuencias de esos tributos. A priori, la institución que dirige Kristalina Georgieva no cuestiona la decisión del Gobierno de elevar la presión fiscal en 2023 para engrosar “temporalmente” los ingresos y financiar así “el apoyo a los más vulnerables”, estrategia que considera “bienvenida” e incluso “apropiada”. Sin embargo, lo que pudiera parecer un espaldarazo incondicional a la política fiscal del Ejecutivo no lo es. En su informe sobre España relativo al Capítulo IV, publicado ayer, el FMI mostró claras reservas sobre el diseño de esos tributos, que “se aplican a los ingresos (de bancos y energéticas) en lugar de los beneficios y, por lo tanto, no tienen en cuenta los costes”, aspecto que ya habían denunciado las propias compañías. En este sentido, la institución alertó de los riesgos que esos nuevos impuestos pueden entrañar sobre “la disponibilidad de crédito, los costes del crédito y la resiliencia de los bancos”, así como “sobre los incentivos a la inversión de las empresas energéticas”. En otras palabras, teme que pueda producirse un encarecimiento de los préstamos y desincentive las necesarias inversiones en un sector tan crítico como el de la energía. De ahí, que inste al Ejecutivo a vigilar estrechamente “la incidencia” de esos tributos en ambos aspectos y, sobre todo, reclame que sean “medidas temporales”. Una advertencia que se produce después de que el Gobierno se haya comprometido con EH Bildu a analizar la posibilidad de convertir esos impuestos en permanentes.

La producción de vehículos continúa la senda ascendente que tomó en verano. Según datos publicados ayer por Anfac, la patronal de fabricantes de coches, las plantas españolas aumentaron su producción un 24,2% en octubre respecto al mismo mes de 2021, con 204.987 unidades. De esta forma, el ensamblaje de vehículos ha aumentado en lo que va de año un 2,8%, hasta los 1.806.642 coches, dejando atrás las cifras negativas registradas en la primera mitad del ejercicio (el mes pasado, la producción acumulada fue superior a la de 2021 por primera vez en el año). La patronal explicó que este aumento se ha debido a la mejora en el suministro de microchips y a la flexibilidad de las fábricas españolas, lo que ha permitido completar muchos vehículos que se encontraban en las campas a la espera de añadirles las piezas que les faltaban. Del total de producción en el año, la mayor parte fueron turismos y todoterrenos, con 1.458.515 coches, un 4,6% superior a 2021. Por el contrario, los vehículos comerciales e industriales continúan por debajo del nivel del año anterior, con 348.128 unidades, un 4,2% menos. Los vehículos eléctricos puros continúan aumentado su peso en el total de producción y su cuota se sitúa ya en el 5,4%, con una subida hasta octubre del 59,1%, hasta las 97.351 unidades. Los híbridos enchufables, por su parte, han crecido un 12% en los diez primeros meses, hasta los 114.132 coches, quedándose así con una cuota del 6,3%. Así, los vehículos electrificados representan el 11,7% de los automóviles que salen de las factorías españolas.

El empresario vasco Antonio Garamendi fue reelegido ayer como presidente de la patronal española CEOE por una amplísima mayoría de los representantes en la asamblea de la organización empresarial. Optaba a un segundo mandato –fue nombrado presidente por primera vez en noviembre de 2018– en un proceso en el que ha tenido competencia, ya que la empresaria catalana Virginia Guinda también presento su candidatura, impulsada por un reducido grupo que discrepaba abiertamente de la estrategia de moderación que Garamendi ha mantenido desde su llegada a la presidencia. Tras confirmar su victoria, Garamendi hizo un llamamiento a la «unidad» de los empresarios para dejar atrás las discrepancias, al tiempo que lanzó críticas directas al Ejecutivo de Pedro Sánchez, al que acusó de provocar «situaciones rocambolescas» y generar «inseguridad jurídica». Un total de 789 representantes de organizaciones territoriales y sectoriales tenían derecho al sufragio en la asamblea general. La candidatura de Guinda tan solo fue respaldada por la patronal catalana Foment del Treball, Faconauto (concesionarios de automóviles), Acogen (industria de cogeneración), Fecic (industria cárnica) y dos organizaciones de gestores administrativos. Garamendi arrasó y obtuvo 534 votos a favor, frente a 87 de su oponente. Un resultado que supone un rotundo fracaso para Guinda, más aún si se tiene en cuenta que la delegación catalana de Foment tiene 45 votos en la asamblea. Para muchos observadores, el resultado hay que interpretarlo como una clara apuesta del sector empresarial por la moderación y la estrategia de pactos, alejando así la confrontación total con el Ejecutivo de coalición. Pese a ello, en su primera intervención tras la reelección, Garamendi se refirió en tono crítico a los nuevos impuestos a las empresas energéticas y a la banca, que calificó como «impuestos a la carta que generan inseguridad jurídica». Se refirió igualmente a «la baja calidad de la normativa», en alusión directa a lo que ha sucedido con la denominada ley del ‘sólo sí es sí’.

Los retos que tiene por delante Antonio Garamendi en estos nuevos cuatro años al frente de la CEOE son muchos y de gran calado, más en este escenario de crisis económica que se ha desatado con la guerra en Ucrania, con el riesgo de una recesión a las puertas y unas empresas que, cuando a duras penas se habían recuperado de la pandemia, ven cómo sus costes se están disparando a consecuencia del alza de precios y de los nuevos impuestos puestos en marcha por el Gobierno. La mesa del diálogo social, que estaba paralizada por estas elecciones, está esperando para volver a reunirse y abordar temas tan importantes como la reforma de las pensiones, la subida de los salarios (incluido el salario mínimo) y el estatuto de los becarios, cuestiones que deberían resolverse antes de que termine el año. Pero también tendrá que aplacar las voces críticas dentro de la organización, para lo que será necesario mejorar las relaciones que tiene con la patronal catalana Foment del Treball, cuyo presidente, Josep Sánchez Llibre, se ha mostrado especialmente beligerante contra el empresario vasco.

El nuevo impuesto de solidaridad a las grandes fortunas, que será aprobado hoy por el Congreso de los Diputados y pasará a afrontar en el Senado la recta final de su tramitación, afectará de distinta forma a los contribuyentes de mayor riqueza en función de la comunidad en la que vivan y cómo se esté aplicando en dicho territorio el Impuesto sobre Patrimonio. La intención armonizadora con la que el Gobierno ha diseñado este impuesto busca tapar los huecos dejados en Patrimonio en aquellas comunidades donde dicho gravamen ha sido rebajado en gran medida. Es por ello que Madrid y Andalucía, que cuentan con bonificaciones del 100% en Patrimonio, serán las regiones más afectadas por el nuevo impuesto –tras ellas, Galicia, con una bonificación del 25% que aumentará al 50%– ya que hará a los contribuyentes de estas regiones pagar al Estado las cantidades de las que quedan exentos por las bonificaciones del Impuesto sobre Patrimonio en sus comunidades. Sin embargo, Madrid, Andalucía y Galicia no serán las únicas comunidades afectadas por el nuevo tributo, sino que gravará también a los contribuyentes de todas las que aplican en Patrimonio un tipo marginal inferior al 3,5% que establecerá el tributo de solidaridad. En este sentido, un informe de Fedea publicado ayer indica que las comunidades de Aragón, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, La Rioja y Comunidad Valenciana no se verán afectadas, ya que cuentan con tipos marginales iguales o incluso superiores (es el caso de Extremadura) en Patrimonio y, al pagar más en dicho impuesto de lo que les tocaría pagar en el nuevo, podrán deducirse la totalidad de esa cuota. En cambio, sí afectará a los contribuyentes de Madrid y Andalucía a partir de un patrimonio neto de 3,7 millones de euros; a los de Galicia, a partir de 8,6 millones; a los de Bizkaia a partir de 9,6 millones; en Navarra, a partir de 10,6 millones; y en Álava y Gipuzkoa, desde los 13 millones. 

La Reserva Federal (Fed) cree que es el momento de levantar el pie del acelerador. Los tipos seguirán subiendo, pero a un ritmo más lento. Esa es la tesis que defiende la mayor parte de los gobernadores del banco central de Estados Unidos, que se inclina por aflojar ligeramente el endurecimiento de la política monetaria. “Una mayoría sustancial de los participantes considera que pronto sería conveniente reducir el ritmo de aumento”, tal y como se desprende de las actas de la reunión de principios de noviembre que se publicaron ayer. Eso se traduce en una más que probable subida de los tipos en diciembre de medio punto, un cuarto menos que en las últimas cuatro revisiones. Los mercados se mantuvieron planos a lo largo de toda la jornada de ayer pendientes del contenido de las actas, en busca de algún indicador que señale dónde se encuentra el techo en la subida de tipos. Aunque en este sentido no hubo novedades, la confirmación de que se moderarán las subidas sirvió para que los principales índices avanzaran tras el anuncio. El Nasdaq subía un 0,95%, mientras que el S&P y el Dow Jones sumaban un 0,53% y un 0,29%, respectivamente. A principios de noviembre, la Fed subió los tipos 0,75 puntos por cuarta vez consecutiva en lo que va de año, hasta situar el precio del dinero en el tramo entre el 3,75%-4%, máximo desde 2007.

El Parlamento Europeo envío ayer un potente mensaje al Kremlin sobre su aislamiento internacional y las consecuencias judiciales que puede tener su guerra de agresión en Ucrania. La Eurocámara aprobó por una amplia mayoría una resolución que designa a Rusia como Estado promotor del terrorismo por sus actos “inhumanos y brutales” sobre Ucrania y su ciudadanía. La declaración no es vinculante, porque el Parlamento Europeo no tiene un marco legal que ampare este tipo de bloqueo a Moscú, pero tiene una gran carga simbólica. Y más en un momento en el que el Ejército del presidente ruso, Vladímir Putin, carga contra las infraestructuras energéticas ucranias, en pleno invierno. Tras anunciar su decisión, el organismo sufrió un ciberataque que hizo caer sus páginas webs y que, después, reivindicó el grupo de hackers Killnet, cercano al Kremlin. “Los ataques deliberados y las atrocidades de Rusia contra la población civil, la destrucción de la infraestructura civil y otras violaciones de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario equivalen a actos de terror contra la población ucrania y constituyen crímenes de guerra”, remarca la resolución, que reclama a los Veintisiete que sigan la línea y declaren a Rusia “promotor del terrorismo”. Mientras los europarlamentarios votaban la simbólica resolución, el Kremlin volvió a apuntar contra las centrales eléctricas de Ucrania, donde ya hay apagones masivos y empieza a haber problemas serios de transporte. 

El Colegio Vasco de Economistas entrega hoy el premio Ekonomistak 2022 a Ibon Galarraga por su contribución a la economía ambiental y el análisis de políticas públicas. Doctor en Economía del Medio Ambiente por la Universidad de Bath (Reino Unido), Galarraga es socio-director de Metroeconómica S.L. e investigador de BC3 Basque Centre For Climate Change, centro «creado en 2009 que analiza desde diferentes disciplinas cuáles son los impactos del cambio climático y cuáles pueden ser las soluciones potenciales para hacerle frente». A Galarraga le llega el premio cuando acaba de concluir la última cumbre climática internacional, la COP27 de Egipto. Un encuentro cuyos resultados el investigador bilbaino califica como «agridulces» pero ante los que se muestra «moderadamente optimista». «Y digo moderadamente porque es importante distinguir entre el proceso y el fin», reflexiona. De estas cumbres suele esperarse que «se den pasos enormes de cara a lograr el fin, que la temperatura no aumente más de 1,5 grados a escala mundial». Galarraga recuerda que estos encuentros son el resultado de «la suma de un montón de pasos pequeños. Suele haber muchas cumbres antes de llegar a acuerdos que nos parezcan importantes desde el punto de vista del fin, como fue el acuerdo de París». Que en Egipto se haya decidido crear un fondo de daños y pérdidas «es un hito muy importante, porque es una reivindicación histórica de los países en vías de desarrollo y una especie de reconocimiento explícito por parte de los países desarrollados sobre la responsabilidad histórica en cuanto a las emisiones y sus impactos. Así que soy moderadamente optimista», repite.