20170123

Todas las organizaciones empresariales llevan años reivindicando la unidad de mercado dentro de España. Con frecuencia, Juan Rosell, presidente de la CEOE, se queja de la profusión normativa que practican las administraciones y, en especial, las comunidades autónomas. Una circunstancia que además de obligar a la gente de la patronal a escudriñar todos los días los respectivos boletines oficiales, obliga a las empresas a ingeniarse la forma de poder trabajar en todo el territorio nacional cumpliendo la legalidad. O sorteándola, sin que se note demasiado. Sin embargo, Confebask, una de las organizaciones más importantes de la patronal, acaba de firmar con los sindicatos vascos un acuerdo sobre la negociación colectiva que supone una importante ruptura de la unidad de mercado. Una más. El Estatuto de los Trabajadores autoriza a la patronal y los sindicatos más representativos de una comunidad autónoma a firmar convenios en ese ámbito territorial.

Delante de un nutrido grupo de inversores, la jefa de la oficina económica de Moncloa, Eva Valle, destacó el pasado día 10 que España sumaba 39 meses consecutivos con menor inflación que la zona euro, por debajo incluso del país más competitivo de Europa, Alemania. «Esa competitividad es la base de la creación de empleo», sentenció en el Investors Day. Sin embargo, en diciembre la variación de precios ha roto con esta tendencia por primera vez en tres años. Justo cuando se había restablecido la competitividad perdida con Alemania desde la entrada en el euro, un alza puntual del petróleo dispara las alarmas.

La mitad de las pymes españolas no puede aportar las garantías suficientes para que les concedan financiación. El dato lo aporta la última edición del Informe sobre financiación de la pequeña y mediana empresa, realizado por Cesgar (Confederación Española de Sociedades de Garantía Recíproca). Dicho de otro modo, la mitad de las pymes con necesidades de financiación no ha podido conseguirla. A esta problemática se une el alto coste a afrontar, en comparación con otros lugares de la Unión Europea. ¿Están preocupadas las pymes por la financiación? Aunque la respuesta pueda resultar contradictoria: no. Así lo afirma el último informe estadístico del Banco de España, en donde los responsables de este tipo de corporaciones sitúan a la financiación como uno de los problemas de menor importancia dentro de su día a día.

El fuerte ajuste que sufrieron los precios de los inmuebles tras el estallido de la burbuja ha mermado el valor del patrimonio de los hogares españoles, si bien las últimas cifras avalan cómo todavía las familias atesoran mucha más riqueza en casas que en productos financieros. El Banco de España constata que la riqueza inmobiliaria de los hogares es hoy 3,7 veces superior a la financiera.

El alza que ha experimentado la luz este mes no afecta a todos los consumidores por igual. Existe una mayoría de titulares de contratos eléctricos que no se percatarán de un repunte que se acerca al 30%, porque sus recibos no se encuentran ligados al precio regulado –Precio de Venta al Pequeño Consumidor, (PVPC)–, sino a alguno de los paquetes personalizados que comercializan las energéticas. El número de hogares cuya factura eléctrica se rige en lo que se denomina como mercado libre –en el que se venden los ‘packs’ eléctricos con diferentes modalidades– alcanza ya los 13,8 millones. Esta cifra supone un 52% del conjunto de usuarios que disponen de contratos de luz, según la última estadística de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

El viceconsejero de Industria del Gobierno vasco, Javier Zarraonandia, destacó ayer que «las empresas vascas implantadas en China se están consolidando como una de las principales referencias de la economía europea». Fue su conclusión tras el viaje comercial e institucional de cinco días que ha efectuado una delegación del Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras y la Spri. El representante institucional acudió al gigante asiático junto al director general de la Spri, Alex Arriola, y otros altos responsables para llevar a cabo un total de diez visitas y reuniones con las compañías de Euskadi establecidas en el gigante asiático. Uno de los actos principales fue la inauguración el viernes de la cuarta planta de la empresa Batz, en la que se han invertido más de seis millones de euros.

La Conferencia de Presidentes celebrada el pasado martes dio el pistoletazo de salida a la reforma de la financiación autonómica. Aunque el debate iba a centrarse en cómo distribuir los recursos compartidas de forma más eficiente y sencilla, el PSOE y el grueso de sus barones regionales han querido introducir un nuevo elemento que puede convertirse en un obstáculo para la aprobación del modelo: la necesidad o no de una armonización fiscal de los tributos cedidos a los territorios. La víctima de esta reclamación tiene un solo nombre: la Comunidad de Madrid.

Tras el anuncio por parte del nuevo ministro de Fomento, Iñigo de la Sema, de su intención de «dar un impulso determinante» a las obras de la Y ferroviaria vasca, solo queda esperar que esa voluntad se materialice en una nueva licitación de los tramos que componen el nudo de Bergara, en el desbloqueo de los kilómetros en ejecución entre Gasteiz y Bilbao, acompañado de una reactivación de las inversiones públicas en el trazado de alta velocidad y en el diseño de la entrada del TAV en las capitales. Sin embargo, el Ministerio de Fomento -según ha adelantado el propio De la Serna, se verá afectado por los fuertes recortes que se aplicarán en los Presupuestos generales del Estado para 2017, lo que arroja dudas sobre cuáles serán sus prioridades en materia de infraestructuras. Lo que sí se sabe es que, al margen de las apreturas presupuestarias, en las nuevas adjudicaciones de obra pública no se primará la oferta económica ni los proyectos low cost

España tiene un serio problema demográfico. Si los poderes públicos no ponen en marcha políticas que lo corrijan, la tendencia es a una gran pérdida de habitantes – medio millón en 15 años y 5,3 millones en 50– y a un envejecimiento progresivo y acelerado de la población, en la que los mayores de 65 años (ahora el 18%) pasarían a ser el 25% en 2031 y el 34,6% en 2066. El asunto es tan grave y urgente que uno de los principales acuerdos de la Conferencia de Presidentes, celebrada el martes pasado, fue que Gobierno, comunidades autonomas y ayuntamientos elaboren y pacten antes de que acabe el año una estrategia y un plan nacional para revertir en lo posible la situación.

Los hosteleros se llevan las manos a la cabeza porque la noche está muerta. Los clubes de fútbol que fomentan la cantera han atravesado estos años atrás serias dificultades para conformar sus equipos de estrellas, y ambas realidades apuntan a un dato desalentador: cada vez hay menos jóvenes. El territorio ha perdido en algo más de una década un 30% de ese sector poblacional llamado a garantizar el futuro, una sangría que ha borrado del mapa a 48.058 personas de entre quince a 29 años. Si en el año 2000 había en Gipuzkoa 147.975 personas comprendidas en esta franja de edad, los últimos daros del estudio Panorámica de la Juventud de Euskadi, que acaba de actualizar el Observatorio vasco de la Juventud, sitúan la cifra en 95.534.

Las dificultades del Gobierno presidido por Rajoy para sacar adelante los Presupuestos mueven a Bruselas a advertir contra un acuerdo que revierta reformas como la laboral. «España no debe seguir el camino de Grecia», afirma el letón Valdis Dombrovskis, responsable en Bruselas del euro y del diálogo social. Para mantener el crecimiento, España no debe pedalear a la contra del trabajo ya realizado», dice.

El consejero delegado de Adecco, Alain Dehaze, afirma que la productividad debe mejorar en el actual entorno económico. «Es importante no enfrentar el talento a la tecnología. La productividad se alcanzará combinando ambas cosas», explica en estas entrevistas. Dehaze indica que el gran desafío del mercado laboral es que «las empresas se adapten a las demandas de los jóvenes. El sistema debe apoyar al trabajador. Éste no puede ir a la aventura». Dehaze cree que España debe simplificar su legislación laboral y no subir los salarios por encima del IPC