20171006

La industria vasca mantiene el paso firme, al experimentar la producción un notable crecimiento entre enero y agosto pese a la crítica situación por la que pasan algunas firmas emblemáticas. La actividad sobre la que están depositadas todas las esperanzas en este momento de clara recuperación por su capacidad tractora y para crear empleo de calidad, ha crecido en los ocho primeros meses del año un 2,5%. El dato, difundido ayer por el Instituto Vasco de Estadística-Eustat, mejora las cifras registradas hasta ahora, producto de un buen agosto en el que la actividad subió un 5,1% con respecto al mismo mes de 2016 y algo más, un 5,5%, en relación a julio.

La difícil situación que están atravesando diversas empresas vascas fue objeto de análisis y debate ayer en el Parlamento Vasco a raíz de una proposición no de ley presentada por EH Bildu, que se mostró muy crítico con el Gobierno Vasco. Una iniciativa que solo contó con el apoyo de Elkarrekin Podemos, por lo que no salió adelante, mientras que sí lo hizo otra planteada por el PNV y PSE, que contó con el respaldo del PP. En la misma se insta a los diferentes niveles de la Administración y a las direcciones y propietarios de las empresas afectadas a que utilicen todos los elementos a su alcance para mantener la actividas de las plantas. Se exhorta también al Departamento de Desarrollo Económico a revisar cuantos acuerdos contractuales, ayudas o subvenciones mantenga con las empresas afectadas ante la amenaza de deslocalización o de destrucción de empleo.

El compromiso del Gobierno vasco y de empresas de Euskadi con la digitalización quedó patente ayer en una jornada sobre industria 4.0 celebrada en la Universidad de Deusto. Al encuentro, organizado por el centro y la consultoría Accenture, acudió el viceconsejero de Industria, Javier Zarraonandia, quien sostuvo que la industria 4.0 «tiene que servir para que la economía crezca, generar riqueza, empleo e impulsar el desarrollo». El viceconsejero repasó los puntos principales del Plan Industrial 2017-2020, que incluye la estrategia para afrontar la cuarta revolución industrial y está dotado con 1.225 millones. Aseguró que Euskadi es ya una región «puntera» en esta transformación y así se vio en una mesa redonda en la que Siemens-Gamesa, CAF, Petronor, Kutxabank, Biesse y Tecnalia expusieron su capacidad innovadora.

El BCE ya avanzó en septiembre que la reunión de este mes será el momento para discutir la reducción del actual programa de compra de deuda por 60.000 millones de euros mensuales a partir del próximo año. Y a juzgar por las actas de la reunión celebrada por el consejo de gobierno de la institución el pasado mes, el terreno está preparado para ello. «Las condiciones en general están cada vez mejor situadas, lo que permitirá adaptar la intensidad de los ajustes de la política monetaria y ofrece una oportunidad para reducir las compras de activos netos del Eurosistema», apunta el documento.

CaixaBank y Banco Sabadell han decidido cambiar su sede social fuera de Cataluña. La tensión generada por el pulso independentista en la comunidad ha abocado a estas dos históricas firmas catalanas a trasladar sus domicilios sociales a Palma y a Alicante, respectivamente. Ambos bancos cambiarán sus sedes en unas 24 horas. CaixaBank ha aprovechado el decreto que tiene previsto aprobar hoy el Gobierno central, que permitirá trasladar las sedes de las empresas catalanas sin necesidad de convocar junta de accionistas, para convocar un consejo extraordinario que autorizará, previsiblemente, su traslado a Palma. La medida del Gobierno, también anunciada ayer, facilitará su rápida mudanza sin reunir a los accionistas.

El Ministerio de Economía prevé elevar hoy un Decreto al Consejo de Ministros que podría aprobarse hoy que permitirá a las empresas acordar el cambio de sede social sin someter esa decisión a la junta de accionistas, lo que acelerará la salida de Cataluña a las compañías, en concreto, a las que no lo tenían previsto en sus estatutos, como CaixaBank. La previsión del Ejecutivo es que el Real Decreto-ley incluya una nueva disposición final que modifique la Ley de Sociedades de Capital. En 2015, ante el interés de varias compañías por trasladar su domicilio social a otras comunidades autónomas, el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó una disposición adicional que recogía que «salvo disposición contraria de los estatutos, el órgano de administración será competente para cambiar el domicilio social dentro del territorio nacional».

«Vivimos en un ecosistema de turbulencias», confiesa sin aspavientos un empresario vasco relevante que prefiere conservar la prudencia y el anonimato ante lo que se viene avanzando en Cataluña. Las compañías vascas observan con creciente incertidumbre la escalada secesionista catalana, pero la falta de un horizonte concreto o certero sobre el futuro de la comunidad hace que esa ligera inquietud no se transforme, de momento, en preocupación. Los lazos comerciales que unen a ambas comunidades vienen de lejos y ambos son socios de cabecera. El pasado ejercicio, los intercambios comerciales entre Euskadi y Cataluña ascendieron hasta los 4.415 millones de euros. En 2016, las empresas del País Vasco exportaron bienes por un montante total de 1.753 millones de euros a Cataluña, lo que supone que 4 de cada 100 euros de las ventas totales dependen del mercado catalán.

Los esfuerzos combinados del Gobierno, las instituciones y las grandes compañías por trasladar un mensaje de tranquilidad y control han empezado a surtir efecto en los mercados, que ayer jueves rebajaron las muestras de pánico que venían dando tras la consulta fallida del 1 de octubre. La decisión del Tribunal Constitucional de suspender el pleno del Parlament en el que podría declararse la independencia de manera unilateral y los movimientos de varias empresas cotizadas, lideradas por Banco Sabadell y CaixaBank, para trasladar sus sedes fuera de Cataluña resultaron definitivos para el rebote de la Bolsa y la relajación de la prima de riesgo desde los 132 puntos del miércoles hasta los 123 enteros que marcó ayer al cierre de la sesión.

El secretario general de ELA, Adolfo ‘Txiki’ Muñoz, entró ayer en el debate sobre la reforma fiscal que discuten PNV y PSE y reclamó a la formación que dirige Idoia Mendía un ‘no’ radical a la propuesta jeltzale –desvelada desde la Diputación de Bizkaia– que contempla una rebaja del tipo del Impuesto de Sociedades. Muñoz, acompañado del responsable del área social de la central, Mikel Noval, presentó un nuevo informe elaborado por el sindicato sobre fiscalidad, en el que se critica por «injusta» y «antisocial» la política que aplican las Diputaciones forales.

El Círculo de Empresarios Vascos terció ayer en el debate sobre la reforma fiscal que tratan de consensuar el Ejecutivo Vasco y las tres diputaciones. La institución apeló ayer a que la fiscalidad debe apuntalar y robustecer la recuperación e impulsar la actividad y la competitividad, pero considera que en la misma medida debe proporcionar los medios suficientes para mantener «nuestra protección social». El Círculo señaló que «una vez que se va mejorando la recaudación se hace necesaria una política fiscal que apuntale y robustezca la recuperación económica y que impulse la actividad y la competitividad empresarial». Por ello, la institución considera que la elevación de la presión fiscal nominal «no solo produciría en estos momentos un retraimiento de la actividad económica, de la inversión y del ahorro, sino también un consecuente menoscabo de la recaudación efectiva en el medio plazo».

El Fondo Monetario Internacional (FMI) afirmó ayer que, gracias a las reformas realizadas, España «ha tenido una recuperación extraordinaria», después de ser «uno de los países del euro más afectados por la crisis financiera mundial». Sin embargo, y a pesar de que «desde el punto máximo de la crisis, han encontrado trabajo más de 1,5 millones de parados», la institución pide a España que «consolide los logros obtenidos por las reformas». Así se expresa la institución, con sede en Washington, en su capítulo de España, dentro del Informe Mundial, de 2017, que difundió ayer.

«La industria es el corazón de la economía del territorio y las pymes, entre las que se cuentan muchas familiares, son sin duda el verdadero motor de Gipuzkoa y también garantes del equilibrio y la cohesión social con su inmensa aportación a la economía y al empleo; las tenemos siempre en mente, en nuestros planes y estamos comprometidas con ellas y con su desarrollo futuro». Así se expresó ayer la diputada de Promoción Económica, Ainhoa Aizpuru, durante la presentación de un estudio sobre el arraigo elaborado por Deusto Business School, la fundación Antonio Aranzábal y la Asociación de la Empresa Familiar de Euskadi (Aefame). El trabajo, que ofrece un repaso de las características de ese corpus empresarial tan importante para Gipuzkoa y también un análisis de los retos (internos y externos) a los que se enfrentan esas pymes, constata que algunas de ellas presentan ciertas debilidades y un riesgo evidente de ser ‘asaltadas’ por agentes terceros ajenos al territorio.

El sector de la automoción ha sido uno de los pioneros en implementar todos los conceptos y tecnologías que giran alrededor de la industria 4.0, pero aún existen diferencias entre los grupos multinacionales y el abultado número de pymes que proveen de productos a estas grandes firmas. «Aún hay muchas empresas que no han empezado esta transformación y eso es un error». Así de categórico se mostró Alberto Moreno, directivo de Gestamp, que participó en el XXII Congreso de Calidad de Automoción, que se celebra estos días en Vitoria. La multinacional de componentes para automoción, como TIER 1, se sitúa en el primer nivel de suministro, pero «nos preocupa el resto de la cadena de valor porque llegará un momento en que la digitalización también se la vamos a demandar a nuestros proveedores», señaló Moreno.

«Hay mucha más construcción de viviendas que mano de obra. Y eso genera tensiones», así de contundente se muestra Juan Velayos, consejero delegado de la inmobiliaria cotizada Neinor Homes. «Para nosotros no hay un problema de costes, porque hacemos contratos de llave en mano con las constructoras (con precio cerrado), pero nos preocupan más los plazos«, añade. Este es un caso particular que se está generalizando en la obra residencial debido a la recuperación del sector tras años de parón. El número de viviendas iniciadas para este año puede duplicarse o incluso triplicarse respecto al mínimo de 30.000 casas y el objetivo es alcanzar en los próximos años una velocidad de crucero de entre 125.000 y 150.000 viviendas anuales.

El centro vasco de ciberseguridad «es ya una realidad» y está en condiciones de «ofrecer sus primeros servicios» y gestionar incidentes. Así lo confirmó el director del denominado Basque Cybersecurity Centre (BCSC), Javier Diéguez, en el III Congreso de Seguridad Privada, celebrado ayer en Bilbao. Durante su intervención, dejó claro que el Gobierno Vasco ha cumplido su promesa de poner en marcha dicho órgano para dar respuesta a los problemas que les puedan surgir a las empresas de Euskadi. Son éstas «el foco principal» al que dirigirán los servicios para «dinamizar la oferta de los agentes tecnológicos y elevar el grado de madurez en la protección de los agentes productivos». Esta instalación convivirá en breve con la que promueve la Diputación de Gipuzkoa, que contará con un presupuesto de 8,5 millones para atender al tejido productivo frente a posibles amenazas cibernéticas.

La secretaria general de CC OO de Euskadi, Loli García, calificó ayer de «absolutamente falsas» las acusaciones de ELA y LAB, quienes denunciaron que la impugnación de CC OO y UGT del Acuerdo Marco de Hostelería firmado a principios de este año por los dos sindicatos nacionalistas y la Federación de Hostelería del País Vasco «ocasionará graves perjuicios» a los trabajadores de Hostelería vascos y, en determinados casos, «peligraría el 50% de su salario». García explicó que el acuerdo Marco de Hostelería es un «acuerdo de estructura, que no tiene ninguna validez si no se firma un convenio colectivo, por lo que la impugnación no tiene efectos sobre la negociación colectiva en Euskadi».