20171027

Euskadi sigue siendo una de las comunidades autónomas con una tasa de paro más baja: el 11,56%, mucho mejor que el conjunto de España (16,38%), y sólo mejorada por Baleares, Navarra y Aragón. A partir de aquí, los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), publicada ayer por el INE, son altamente sombríos para el mercado laboral vasco. En el tercer trimestre del año Euskadi sumó 4.000 parados a la cola de Lanbide, hasta llegar a los 118.300, debido al mal comportamiento tanto de los servicios como de la industria: el sector terciario pasó de computar 34.400 desempleados en el segundo trimestre a los 37.000 del tercero; y la industria, por su parte, subió de 6.900 a 9.500.

Han hecho falta cuatro años de recuperación laboral para que España vuelva a tener 19 millones de empleos, una cota que perdió en el verano de 2009. En el tercer trimestre de este año se han creado 235.900 puestos de trabajo que han elevado el volumen total, en concreto, hasta los 19,049 millones, según la encuesta de población activa. El paro ha bajado a 3,7 millones de desempleados. La tasa de desempleo, hasta el 16,3%. Aunque todavía está por encima de la media europea, son diez puntos por debajo del máximo histórico del invierno de 2013.

Mario Draghi cruzó un rubicón financiero en 2015: empezó a comprar deuda pública —anatema en Alemania— para sacar a la eurozona de una espiral infernal que incluía tendencias deflacionistas, una nueva mediocridad económica y continuas sacudidas en los mercados. La inflación no ha vuelto, pero las aguas bajan más calmas: la recuperación está ahí. Draghi señalizó ayer la puerta de salida de las medidas extraordinarias: anunció el principio del fin del programa de compras (QE). Se trata de un repliegue gradual. Nada de big bangs: el BCE rebaja de 60.000 a 30.000 millones las adquisiciones mensuales, y alarga nueve meses los plazos. Y deja la puerta abierta a volver a disparar si la Gran Crisis sorprende con la enésima réplica.

La parronal vizcaína Cebek y la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) firmarán los próximos días un convenio para impulsarla formación dual en la Escuela de Ingenieros y en la Facultad de Economía y Empresa de Sarríko. La patronal también mantiene conversaciones discretas con la Universidad de Deusto para ampliar su oferta en alternancia, que en estos momentos se compone de un máster en Emprendimiento en Acción y un grado de tres años de Industria Digital que prevé implantar el curso que viene en Gasteiz. Así lo ha avanzado el secretario general de Cebek, Fran Azpiazu, quien subraya que el objetivo del acuerdo es que «la universidad conozca cuáles son las demandas reales de las empresas en estos momentos» en Euskadi y en Bizkaia, único herrialde sin estudios superiores en dual.

Tras varias horas de máxima tensión y continuos cambios de estrategia en las filas independentistas, el president Carles Puigdemont se negó ayer a convocar elecciones y optó por dejar en manos del Parlament la posible declaración de independencia. La Cámara catalana resolverá hoy. Lo hará con la renuncia sobre la mesa del consejero de Empresa, Santi Vila, contrario a la ruptura soberanista. En paralelo, el Senado permitirá la intervención de la autonomía con la aplicación del artículo 155 de la Constitución. La intención de Mariano Rajoy es cesar al Govern y nombrar una comisión gestora. “Tenemos que rescatar a Cataluña”, dijo la vicepresidenta Santamaría poco después de que Puigdemont se negara a dar marcha atrás en su desafío.

El jefe del BCE, Mario Draghi, sigue «muy de cerca» el desafío independentista catalán. Se declara preocupado por la incertidumbre política —«la importancia de lo que está pasando es muy significativa»—, pero apunta que es pronto para decir si la crisis de Estado puede pasar factura al sector financiero, según explicó ayer a preguntas de los periodistas, tras la reunión del consejo de gobierno del Eurobanco. «Concluir ahora que [la incertidumbre política] puede poner en riesgo la estabilidad financiera sería algo prematuro», dijo.

La salud de las cuentas públicas se resentirá si el conflicto catalán no se resuelve en las próximas semanas y se prolonga durante el próximo año. Así lo cree la Autoridad Fiscal (Airef), que estima que los números rojos del conjunto de las administraciones públicas aumentarán hasta en unos 5.841 millones de euros el próximo año si se enquista este conflicto. Es decir, la institución pública creada para velar por la sostenibilidad de las cuentas públicas calcula que el déficit público ascendería el próximo año al 2,7% en lugar del 2,2% del PIB estimado inicialmente por el Gobierno.

Euskadi es la comunidad autónoma con una mayor capacidad de competir fiscalmente para retener y atraer empresas y profesionales, mientras que Catalunya se sitúa en la cola después de Extremadura. El primer Índice Autonómico de Competitividad Fiscal (IACF), dirigido por la economista Cristina Berechet y presentado en Madrid por la Unión de Contribuyentes, mide la política fiscal de las comunidades autónomas teniendo en cuenta los tramos de los grandes impuestos y los tributos cedidos a las regiones, entre otras variables. En el País Vasco se han analizado en este índice los tres territorios por separado, ya que cada hacienda foral dispone de normativas y competencias propias. Bizkaia lidera el ranking de todo el Estado al obtener un 7,10 en la escala del 0 al 10 de este índice, mientras que Araba consigue un 7,04 y Gipuzkoa un 6,75, ligeramente por debajo de Madrid.

La reforma fiscal anunciada y defendida desde el inicio de 2017 por el consejero de Hacienda y Economía, Pedro Azpiazu, sigue en el limbo de unas negociaciones eternas como consecuencias de las «diferencias de criterio» de los tres diputados generales del PNV. El portavoz parlamentario, José Antonio Pastor, desveló ayer que el retraso sobre los plazos inicialmente previstos que ponían como fecha de referencia para llegar a un acuerdo el pasado mes de septiembre se ha debido a que los nacionalistas han tenido que «armonizar posiciones no del todo coincidentes». Y aunque no desveló esas diferencias sí que dejó entrever que una de ellas era precisamente la de la rebaja del tipo nominal del impuesto de sociedades (IS) que hizo suya el diputado general de Bizkaia, Unai Rementeria.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) considera «factible» que el País Vasco cumpla el objetivo de déficit del 0,4% en 2018 fijado para las comunidades. En un informe difundido ayer, la AIReF señala, no obstante, que la prolongación de la incertidumbre derivada de la inestabilidad en Cataluña podría afectar significativamente al crecimiento de la economía nacional y, en consecuencia, a la evolución de los ingresos de las diputaciones. «En la medida en que se traslade el impacto desde éstas disminuiría para el País Vasco la probabilidad de cumplimiento del objetivo de estabilidad en 2018», asegura.

El Plan de Inversiones para Europa, más conocido como ‘plan Juncker’, fue alumbrado en 2015 como respuesta al clamor en demanda de una política de estímulos a Bruselas tras años de ajustes y austeridad. Su objetivo es movilizar inversiones a través de un sistema de garantías y préstamos que quiere alejarse de las subvenciones y apostar por proyectos de futuro. Para acceder a la financiación hay que presentar propuestas viables, y tanto España en su conjunto como Euskadi en particular, están sabiendo sacar partido de esta oportunidad. «España es uno de los países que más lo está aprovechando», señaló ayer Ann Westman, economista senior de la Representación de la Comisión Europea en el país. «Euskadi es una de las comunidades más activas», apostilló Alberto Barragán, jefe de la oficina del Banco Europeo de Inversiones (BEI) en Madrid.

«Si abrimos la mente, el potencial de mercado es enorme». Esta frase, pronunciada ayer por Thibaut Mathieu, responsable de ventas de Stratasys, describe claramente el estado actual de la fabricación avanzada y el futuro de la impresión 3D. Mathieu participó ayer en el XXI Congreso de la Asociación de Fabricantes de Máquina-Herramienta que se desarrolla en el parque tecnológico de Miramón. El programa de la mañana se dedicó a esta tecnología, llamada a revolucionar la producción de piezas para todo tipo de sectores, desde el aeronáutico a la automoción, pasando por el energético.

El supuesto pacto de empresas de autobuses, por el que la Autoridad Vasca de la Competencia pide sancionar a 17 compañías guipuzcoanas acusadas de fijar precios y repartirse el mercado de transporte de viajeros por carreteras durante treinta años, tenía igualmente bien atadas las instrucciones que los socios debían seguir para optar a un servicio licitado por la Administración pública, del que depende «gran parte de la facturación» en este sector. Entre ellos, destaca por su volumen el transporte escolar y otros servicios del llamado transporte regular de uso especial (desplazamientos de los trabajadores de Osakidetza, de los niños y niñas de las colonias forales, de usuarios de la UPV o de los componentes de la Orquesta de Euskadi), según se recoge en la propuesta de resolución de la AVC. Las 21 licitaciones entre 2002 y 2015 convocadas por el Departamento vasco de Educación para 563 itinerarios se adjudicaron por valor total de 37 millones de euros.

El consejo de administración de la empresa alavesa Tubos Reunidos anunció ayer un relevo en la cúpula, que se materializará el próximo mes de diciembre. Así, el hasta ahora vicepresidente de la compañía, Guillermo Ulacia, pasará a ocupar la Presidencia ejecutiva. Con este movimiento se completa el proceso de relevo en la sala de mando de la firma siderúrgica, después de que su presidente, Pedro Abásolo, de 72 años, anunciase a mediados del pasado año su deseo de abandonar el cargo dentro de un proceso planificado de relevo al frente de la empresa. Abásolo ha ostentado la presidencia durante algo más de 25 años.