20190112

El Gobierno presentó ayer el proyecto de Presupuestos para 2019 con incrementos del 40% en inversiones, dependencia y políticas de vivienda. El Ejecutivo prevé una recaudación récord para financiar esos aumentos y una partida de pensiones que sube un 6,2% y alcanza ya los 150.000 millones. También se eleva el capítulo de personal un 3,9% por las alzas salariales y la contratación en áreas necesitadas. Y el gasto en desempleo, por las nuevas ayudas a parados mayores de 52 años. Todo ello en un contexto de ralentización: la economía crecerá un 2,2% frente al 2,6% de 2018, y la creación de empleo se moderará desde los 500.000 puestos anuales de los últimos cuatro años hasta unos 300.000. Las cuentas no tienen aún los apoyos parlamentarios necesarios.

El Gobierno prevé que la recaudación tributaria alcance en 2019 los 227.356 millones de euros, lo que supone un récord en relación con los últimos años que se sitúa un 9,5% por encima de la cifra lograda en 2018 de acuerdo al avance de liquidación y unos 20.000 millones más que se quieren lograr en gran medida a costa de las empresas. «Estas cifras no se obtendrán por casualidad», aseguró ayer la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en el que se aprobaron los Presupuestos de 2019, que el lunes se presentarán en el Congreso.  Montero aseguró que el alza de ingresos y, muy especialmente, la del Impuesto sobre Sociedades, se conseguirá por las medidas del Gobierno para hacer tributar más a las grandes empresas.

«Vienen tiempos de desaceleración económica y por ello nos preocupa que gastemos más de lo que tenemos, y nos preocupa que se intente subir impuestos a las empresas porque afectaría a la competitividad del país y le vendría mal a la economía española», afirmó ayer el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, que alabó la situación del País Vasco, cuyas previsiones de crecimiento económico y de tasa de paro, «un 2,5% de incremento del PIB y del 8% de paro, según Confebask», resaltó el empresario getxotarra, «ojala se tuviesen en el resto de España». Garamendi intervino en un debate en Bilbao organizado por la AED, la asociación de   empresarias y directivas.

Noviembre se ha demostrado un pésimo mes para la industria, tanto en Euskadi (cuyos datos de producción fueron publicados anteayer por el Instituto Vasco de Estadística, el Eustat, que evidenció una caída del 1,8%) como en el conjunto de España, donde ese indicador cayó un 2,8% en ese periodo, según el informe dado a conocer ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE). En el caso de Euskadi, la caída que presenta el INE es del 5,4%. Las alarmas aún no han llegado al color rojo, toda vez que hablamos de un único mes de retroceso, pero el escenario internacional se complica y todo parece indicar que viene tormenta.

El Gobierno quiere retrasar hasta los 65,5 años la edad real y efectiva de jubilación de los trabajadores en los próximos años, como una vía más para intentar atenuar el crecimiento del gasto en pensiones. Actualmente, la edad media de jubilación real en el sistema de la Seguridad Social está en los 64,3 años, y en los 62,7 años, si se incluye en los cálculos a los funcionarios.  Apoyado en instituciones como el Banco de España o la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), el Gobierno está decidido a impulsar medidas a corto y medio plazo con las que cuadrar la sostenibilidad del sistema de Seguridad Social (con un déficit de 18.000 millones de euros) con el aumento de la esperanza de vida y el poder adquisitivo de las pensiones.  Así lo trasladará a sindicatos y patronal la próxima semana en una convocatoria de la mesa de diálogo social en la que espera cerrar acuerdos que refuercen en un mes y medio una propuesta definitiva de reforma de todos los partidos desde el Congreso de los Diputados.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, se mostró ayer favorable a que se puedan tomar medidas para aproximar la edad real de jubilación, que ronda los 62,7 años, a la legal –que ahora está fijada en 65 años y ocho meses–, tal y como plantea el Gobierno de Pedro Sánchez, «si eso conlleva la sostenibilidad del sistema, que es lo importante». Y propuso poner más el foco en cómo financiar las pensiones. Lo hizo en Bilbao, con motivo de su participación como ponente en el ‘Foro Nuevos liderazgos’ organizado por la Asociación de Empresarias y Directivas (AED).

El Gobierno devolvió ayer a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia la capacidad para establecer los peajes de acceso al sistema eléctrico y gasista, lo que otorga a este organismo un control directo sobre la configuración de los recibos domésticos y reduce la influencia política del Ejecutivo.  La aprobación de la transferencia de competencias en Consejo de Ministros responde a la obligación por parte de la Unión Europea para dotar de más independencia al regulador tras haber provocado un duro enfrentamiento judicial entre la CNMC y el Gobierno en el Tribunal Supremo.

A falta de tres días para el voto crucial en el Parlamento británico, el titular del Foreign Office, Jeremy Hunt, advirtió que un rechazo al acuerdo de Theresa de May supondría «la parálisis del Brexit» y podría desembocar en la cancelación de la salida de la UE. Se trata de la primera vez que un miembro del Gabinete de May reconoce la posibilidad de una marcha atrás del Brexit, fijado inicialmente para el 29 de marzo.  «La aritmética parlamentaria es desafiante», admitió Hunt en declaraciones a la radio de la BBC. «Las opciones son muy claras, pero creo que algo ha cambiado esta semana. Hasta ahora, la gente ha tenido razones para estar preocupada ante la posibilidad de un no acuerdo. Pero hay otra posibilidad a la vista: que no se produzca el Brexit».

El Gobierno de España acelera los trabajos para prepararse frente a un Brexit caótico. A pocos días de que el Parlamento británico vote el acuerdo transitorio alcanzado con la Unión Europea, el Ejecutivo quiso mandar un mensaje de tranquilidad a ciudadanos y empresas, anunciando que el próximo mes de febrero se aprobará la Ley de emergencia para paliar las consecuencias que tendría una salida sin acuerdo.

El Gobierno vasco pondrá en marcha un servicio de asesoría a las empresas para salvaguardar sus intereses en el Reino Unido ante el ‘Brexit’ y su «prioridad» también será defender los derechos de los ciudadanos vascos residentes en ese país, según avanzó ayer el lehendakari. Iñigo Urkullu presidió en la sede de Lehendakaritza una reunión del Consejo Asesor de Acción Exterior, un foro de encuentro entre el Ejecutivo autonómico y diferentes agentes que se creó en 2016 para diseñar estrategias que relancen la internacionalización de la marca Euskadi.

México seguirá siendo un país prioritario para Euskadi a la hora de realizar negocios. La elección de López Obrador como presidente, con un marchamo izquierdista como líder del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), no inquieta a las empresas vascas allí asentadas y tampoco a la Spri. La estabilidad que ofrece aquel país, pese a las continuas sacudidas del narcotráfico, lo han convertido en el segundo del mundo –después de China– con mayor presencia de compañías vascas. Allí se asientan 156 firmas con sede central en Euskadi. De ellas, según datos de la Spri, 85 cuentan con plantas de fabricación, otras 76 disponen de oficinas comerciales y finalmente 50 se enmarcan en el sector de servicios.

La compraventa de viviendas aumentó un 2,8% el pasado mes de noviembre en relación al mismo mes de 2017, hasta sumar 42.510 operaciones, según informaron este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE). El avance interanual de noviembre, con el que la compraventa de viviendas encadena ocho meses consecutivos de incrementos, es bastante inferior al logrado en octubre, cuando este indicador subió un 15,8%, registrando su mejor octubre en 11 años. Con todo, se trata del mejor mes de noviembre desde 2007. Aquel año, antes del inicio de la crisis, se registraron 56.188 transacciones.

La Audiencia Nacional ha anulado la multa de 57,7 millones impuesta en 2015 por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a 18 empresas de los sectores de fabricación de papel, cartón ondulado y productos de embalaje de cartón, y a la patronal, por pactar precios y repartir clientes. En una sentencia conocida el viernes, los magistrados de la sala de lo Contencioso-Administrativo estiman los recursos de las compañías al entender que cuando la sanción se notificó a las empresas, el procedimiento había caducado hacía cinco días. Al respecto, recuerdan que existe por ley un límite máximo de resolución de 18 meses a fin de evitar que se mantenga indefinidamente abierto en detrimento de la seguridad jurídica, por lo que la notificación tendría que haberse realizado antes del 18 de junio de 2015.

En la cumbre de directivos de Telefónica de hace poco más de un mes, José María Álvarez-Pallete calificaba el retorno del mercado teleco como «decreciente», encarecido por las inevitables inversiones tecnológicas que contrastan con una «regulación del Antiguo Régimen» que lastraría este sector. El presidente ejecutivo advertía de la tensión de un mercado en el que tira, por un lado, el alto precio de las inversiones, y, por otro, la paulatina reducción de ingresos. La reorganización para el nuevo escenario ha llevado a Vodafone a anunciar un ERE que podría acabar con 1.200 empleos, casi la cuarta parte de su plantilla. Los desafíos que llaman a los operadores de telefonía son muchos y el sonido ya ha llegado a sus líneas de negocio.

Era el último intento de frenar las ocho huelgas que comienzan la próxima semana, pero la brecha que separa a patronal y sindicatos de la enseñanza concertada es demasiado grande para lograr un acercamiento. La reunión que mantuvieron ayer acabó sin acuerdo, por lo que ELA, LAB, Steilas, CC OO y UGT mantendrán las movilizaciones. Más de 120.000 alumnos de 215 colegios de Kristau Eskola, AICE e Ikasgiltza, se verán afectados por los paros, con lo que suman ya catorce jornadas perdidas de clase que, según denuncian las familias, «ponen en riesgo» el curso escolar.

El juez de la Audiencia Nacional que investiga los negocios ilegales del comisario jubilado José Manuel Villarejo ha enviado requerimientos a empresas de telecomunicaciones, bancos y a la Agencia Tributaria para conocer la identidad de las personas que pudieron suministrarle datos confidenciales de sus clientes. La Audiencia rastrea declaraciones de la renta, movimientos de cuentas bancarias y registros de llamadas. Este tipo de datos, que solo se pueden obtener por mandato judicial, eran clave en el modus operandi de Villarejo, que pudo comprometer la seguridad del Estado con la supuesta interceptación de comunicaciones al entonces jefe de la Oficina Económica de Moncloa, Miguel Sebastián.

La compañía aeronáutica de componentes Aernnova anunció ayer la incorporación a su equipo directivo de Ricardo Chocarro, que hasta mediados del pasado mes de octubre era el número dos en la escala ejecutiva de Siemens Gamesa. Chocarro dimitió como máximo responsable de la división de generación terrestre de la firma eólica, debido a las diferencias que mantenía en torno a la evolución de la empresa. Entre sus responsabilidades como director general corporativo de Aernnova estará la de liderar las operaciones de fusiones y adquisiciones, la diversificación de la compañía y el área económico financiera.