20200328

El Gobierno no descarta por completo endurecer las medidas de confinamiento decretadas el pasado 15 de marzo para «ganar tiempo» frente a la pandemia de coronavirus. Es más, su portavoz, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró ayer que todos los ministros están trabajando «anticipadamente» en las decisiones que habría que implementar en caso de que las «autoridades sanitarias» consideraran oportuno dar ese paso, pero también volvió a advertir de que, de momento, la situación se mantendrá tal y como está. El Ejecutivo lleva días sufriendo la presión de varias comunidades autónomas de distinto signo político, y también de quienes fueron sus aliados en la investidura, para dar ya el paso de paralizar toda actividad productiva que pueda considerarse no esencial. Ayer, sin ir más lejos, el sector del Gobierno más proclive a este cierre total filtró a la Cadena Ser el borrador de una orden ministerial elaborada por Industria y en la que quedan definidos los sectores que seguirían funcionando incluso en ese escenario extremo: cultivos, pesca, ganadería, agricultura y otras ramas del sector primario; textiles y ropa de trabajo, y productos médicos y farmacéuticos.

Los economistas avisan de que los efectos de una mayor congelación de la actividad empresarial serían peores incluso en la lucha contra el Covid-19. Calviño sostiene que España ya ha adoptado el «catálogo más duro de medidas de nuestro entorno». La gran industria avisa que «ya hemos perdido el turismo» con esta crisis y que «no se puede dejar perder más actividad». «No hace falta suicidarse, hay una escala de grises que pueden combinar medidas de confinamiento sin llegar a paralizar todo el país», explica Javier Santacruz, profesor del IEB.

Benito Arruñada, Catedrático de la Universidad Pompeu Fabra: “La de cuándo aliviar el encierro es una decisión endiablada, pero inevitable. El cierre de la economía también mata: la pobreza y el desempleo dañan la salud e incluso generan suicidios. El que estos muertos sean invisibles no nos autoriza a ignorarlos. Aun con el grifo del gasto público abierto, la continuación del encierro más allá de un cierto punto de no retorno produciría tal desastre económico que las costuras del Euro saltarían hechas pedazos. Y con él quizá una gran parte de nuestra convivencia: cuanto más prolonguemos el encierro, más recortes y reformas habremos de acometer". 

Prohibido despedir. Así lo decretó ayer un nuevo Consejo de Ministros extraordinario, que aprobó otro paquete de medidas laborales para poner coto a las consecuencias económicas y sociales de la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus. Entre ellas destaca, por su carácter histórico y su excepcionalidad –aunque también en Italia rige una moratoria sobre los despidos– la prohibición de que las empresas echen a sus trabajadores mientras dure la crisis del Covid-19. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, afirmó que la medida es de aplicación desde ayer mismo, desde la publicación del decreto, por lo que no tendrá efecto retroactivo.

La medida de prohibir los despidos mientras dure la crisis del coronavirus, aprobada ayer por el Gobierno, fue celebrada por los sindicatos CC OO y UGT pero, por contra, empresarios y oposición política mostraron su indignación. En un comunicado conjunto, las patronales CEOE y Cepyme aseguraron que este tipo de medidas «no van en la dirección correcta, sino que muy al contrario» llevarán a un «mayor nivel de desempleo». En su opinión, perjudicará al equilibrio económico, reducirá la confianza de los inversores y aumentará el déficit. Además, sienten que el Gobierno trata de arrojar «sospechas y desconfianza» sobre el proceder del empresariado y recla- man «esfuerzos conjuntos y unidad de acción».

Todos los contratistas públicos, aquellos que trabajan para la Administración prestando servicios o realizando obras, van a seguir cobrando el importe correspondiente a los salarios de sus trabajadores. Esta es la razón, aclaró ayer el Gobierno vasco, de que se hayan comenzado a rechazar las solicitudes de ERTs presentados por algunas contratas, como sucede con los comedores escolares y alegando fuerza mayor. Efectivamente, muchas de estas empresas han tenido que paralizar la prestación de los servicios para los que estaban contratadas, porque estaban relacionados con las actividades clausuradas por el estado de alarma. Sin embargo, el Ejecutivo vasco rechazará los expedientes porque no van a poder acreditar una reducción total de ingresos.

Las desavenencias surgidas entre la dirección y el comité de Mercedes Benz en Vitoria a raíz de la parada de la actividad en la principal industria vasca parecieron aparcarse en la tardenoche de ayer en una reunión en la que abordaron el expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) que la empresa quiere aplicar desde el 16 de marzo y hasta el 11 de abril. La compañía presentó a los sindicatos una propuesta para que antes de entrar en el ERTE los trabajadores consuman los días de vacaciones de años anteriores o los saldos positivos de horas y días activables de producción. Una mayoría sindical muestra ya su disposición al pacto, que se podría cerrar hoy con garantías de empleo de un año a partir de que se levante el estado de alarma. 

El comité de Tubos Reunidos Industrial, la factoría del grupo ubicada en la localidad alavesa de Amurrio, alcanzó ayer un acuerdo con la empresa para presentar un ERTE, una suspensión temporal de contratos, por causas productivas. El Departamento de Trabajo del Gobierno vasco había rechazado previamente la solicitud de la empresa para aplicar uno fundamentado en causas de fuerza mayor.

La declaración del estado de alarma y su posterior prórroga derivada de la crisis sanitaria del Covid-19 ha obligado a Iberpapel a retrasar la puesta en marcha de las nuevas instalaciones de su filial Papelera Guipuzcoana de Zikuñaga, ubicada en Hernani, tal y como informó ayer la compañía cotizada a la CNMV. El Grupo Iberpapel informó el pasado 7 de febrero de que en el segundo trimestre de este anô se procederi̇a a la apertura de las nuevas instalaciones y a la interconexiȯn de las existentes, tras las obras de reforma y modernización de su planta de celulosa. En vista de la situación, la compañía ha decidido retrasar su puesta en marcha y suspender la parada técnica de entre 45 y 52 días prevista en la producción, hasta que su ejecucioṅ sea logiṡ tica, tėcnica y sanitariamente posible. La compañía confía en que la inauguración se realice en el tercer trimestre de este año.

La Federación de Cooperativas de Euskadi, Erkide, que reúne a más de 1.000 empresas, censuró ayer que el Gobierno vasco no les haya convocado a las dos reuniones organizadas con los principales agentes económicos para analizar la situación provocada por la pandemia del coronavirus. Erkide precisó que sus asociados abarcan sectores como el del suministro y transporte, entre otros.

El consejero delegado del grupo automovilístico Volkswagen, Herbert Diess, aseguró ayer que el cierre de las plantas del consorcio alemán en Europa y en América para evitar la propagación del coronavirus le supone un coste semanal de 2.000 millones de euros. En una entrevista con la cadena alemana ZDF, Diess afirmó que Volkswagen podría soportar el cierre de sus fábricas “durante varias semanas” o “tal vez meses”, pero no “indefinidamente”, debido al elevado coste que conlleva. A pesar de que aseguró que la compañía tiene una posición financiera sólida, no descartó “medidas estructurales” si la crisis se prolonga durante muchos meses o incluso años, en el peor de los casos.

La cumbre europea del jueves sobre el coronavirus se saldó con tablas entre los países que, como España o Italia, defienden una ambiciosa respuesta europea y los que como Alemania y Holanda prefieren que cada uno afronte el batacazo con sus propios medios. La reunión dejó abierto el camino hacia una solución intermedia que apunta al fondo de rescate europeo (MEDE) para socorrer a los países que atraviesen dificultades presupuestarias por la pandemia. La propuesta del MEDE provoca una resistencia numantina en Roma, donde el siempre tambaleante Gobierno de Conte teme el estigma asociado a un fondo de rescate al que ya acudieron durante la crisis financiera Grecia, Chipre, Irlanda y Portugal, además de España para su banca. Italia, que se libró de cualquier rescate durante la crisis del 2012, teme que el coronavirus sea aprovechado por las instituciones comunitarias para intervenir una economía prácticamente estancada desde el nacimiento del euro en 1999 y con graves problemas de competitividad.

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, ve ya a la economía global en recesión por culpa de la pandemia del coronavirus, que tendrá un impacto notable sobre la actividad. La economista búlgara espera un “considerable rebote” para 2021, pero solo si los países tienen éxito en la contención del virus. “Hemos revisado nuestras previsiones para 2020 y 2021 y hoy está claro que el mundo ha entrado en una recesión que creemos será igual de mala que la de 2009 o peor”, dijo en una rueda de prensa por streaming. La duración y la profundidad de la recesión, advirtió la directora gerente del Fondo, depende de dos cosas: “Contener el virus y tener una respuesta coordinada y efectiva a la crisis”. 

En quince días, la economía española habrá perdido dos puntos de crecimiento. El confinamiento, la oleada de despidos, la paralización de fábricas, el cierre masivo de establecimientos, bares, hoteles y el riesgo de quiebra ante la falta de ingresos es el precio a pagar para frenar la grave expansión del coronavirus en España. Pero todo podría ir a peor. Por su estructura productiva, España será una de las economías que más sufrirán el impacto de esta crisis, según advirtió la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en un documento publicado ayer. Las medidas de confinamiento anunciadas hace 15 días por el estado de alarma, y que se prolongarán hasta el 12 de abril, provocarán un descenso de la actividad del 29%, según las estimaciones de la OCDE, que sitúa a España como uno de los países más afectados debido a la composición de su estructura productiva.

Según los datos que arrojó el balance del Departamento de Salud, 655 personas se añadieron a la lista de infectados, un crecimiento una pizca menor al del martes, con 675 más. «La situación es cambiante, pero si la población hace seguimiento de las medidas excepcionales, vamos a tener pronto resultados». Es el momento más critico, sin duda, de la enfermedad.

La pandemia sigue resistiéndose a ceder de manera clara y da todavía señales aparentemente contradictorias sobre su evolución. La mortalidad vuelve a cifras récord, pero parece que la expansión del coronavirus en España, donde las altas hospitalarias siguen creciendo a muy buen ritmo, se ralentiza ligeramente en las últimas horas, conforme el país se acerca al ansiado pico infectivo.

Las autoridades alemanas reflexionan ya sobre las vías para abandonar el modo de crisis en el que se encuentra el país por la pandemia de coronavirus y el paulatino retorno a la normalidad tras el parón que sufren la mayoría de las actividades económicas en el país. Para ello el Gobierno federal prepara un gran estudio para determinar cuántas personas son, entre tanto, inmunes al virus Covid-19 tras sufrir la enfermedad, en muchos casos sin presentar prácticamente síntomas. «A quienes son inmunes se les podría dar una especie de certificado que les permitiría ejercer sus actividades normales sin limitación alguna», dijo el jefe del proyecto, Gérard Krause.

Los expertos opinan que el ritmo de los contagios se desacelera, aunque todavía no desciende, e inquieta que el 9% de los afectados sea personal sanitario. Las autoridades italianas tratan de mostrarse medianamente optimistas pese a estos datos, que podrían deberse en parte al mayor número de pruebas para detectar el Covid-19 realizadas en los últimos días. Attilio Fontana, presidente de Lombardía, la región más afectada, comentó que «seguramente no está creciendo la curva de contagios» y dijo estar convencido de que está a punto de iniciar la caída. «Se está consolidando y después de algunos días iniciará la disminución». En Lombardía se ha reducido ligeramente la cifra de nuevos pacientes que precisan ser hospitalizados.

Entrevista con Isabel Celaá Ministra de Educación y Formación Profesional. «Nos vimos obligados en 24 horas a sustituir la enseñanza presencial por la telemática» como consecuencia del coronavirus, subraya Isabel Celaá. La ministra de Educación asegura que, si no es posible volver a las aulas este curso, habrá que incorporar algunos contenidos al inicio del siguiente. Y añade que es necesario identificar a los alumnos –un 14%– que no se conectan para recibir formación por vía telemática para conocer sus circunstancias y darles recursos. " Mantengo la confianza de que nuestro alumnado pueda atender a la actividad presencial para mayo o junio. No tengo ninguna seguridad, ninguna certeza" - ¿Y los estudiantes de FP que hagan la Selectividad? Algunos no han podido realizar prácticas- " Así es. Lo que haremos será también abrir esa opcionalidad haciendo que esas FP sean integradas en un módulo de proyecto. Podrán por tanto examinarse igual que los alumnos de Bachillerato a través de los sistemas que proporcionemos".