20200709

En plena desescalada, uno de los grandes focos de contagio de la Covid-19 puede estar en las empresas, muchas de las cuales ya han iniciado el retorno gradual de sus trabajadores a las oficinas. Es por esto que el Gobierno quiere poner especial atención a que se cumpla con las medidas de seguridad y salud para prevenir el coronavirus impuestas hace un mes y ha habilitado a la Inspección de Trabajo de manera «extraordinaria» y «limitada en el tiempo» para imponer sanciones de entre 2.046 y 40.985 euros en caso de que no se respete la normativa vigente, según recoge el Real Decreto publicado ayer en el BOE. Esta habilitación se hace extensiva a los inspectores de trabajo que dependen del Gobierno Vasco que, como confirmó ayer el departmento de Trabajo, actuarñan de forma coordinada con sus homólogos estatales y los técnicos de la Seguridad Social.

El Gobierno vasco quiere negociar con el Ejecutivo central los nuevos márgenes de déficit público, necesarios para atender el drástico incremento del gasto como consecuencia de la crisis generada por el Covid-19. Primero fue el gasto sanitario derivado de la pandemia, que desbordó cualquier previsión del sistema vasco de salud, pero ahora llegan también las consecuencias económicas de la crisis que ha provocado: menos ingresos por impuestos y más necesidades de ayudas públicas para sostener parcialmente la actividad. El Ejecutivo pretende que ese nuevo techo del déficit permita compensar el descenso previsto en la recaudación de impuestos, lo que se situaría en torno al 4% del PIB.

La canciller urge a cerrar el acuerdo sobre el fondo de recuperación este mes y apela a la solidaridad. «Conocemos la profundidad de la crisis y no hay tiempo que perder porque perderán sobre todo los más débiles y vulnerables», aseguró. En una alocución que duró en torno a veinte minutos, Merkel dejó un margen escaso para la lectura entre líneas. La direccionalidad de algunos de sus mensajes resultó cristalina. Especialmente los que dirigió hacia ese club de ‘frugales’ (Países Bajos, Austria, Suecia y Dinamarca) que quieren reducir el volumen de la ayuda y cargarla de condicionalidad. Eran socios tradicionales de Alemania. Pero en esta batalla no lo son. «Esta situación es extraordinaria y nosotros defendemos la ayuda extraordinaria de 500.000 millones de euros», les remarcó.

Más de 15 millones de turistas internacionales visitaron España entre abril y mayo de 2019, aprovechando la Semana Santa y algunas de las fiestas locales más conocidas, como la Feria de Sevilla. Un año después, ni un solo visitante extranjero cruzó las fronteras españolas durante estos meses aperitivo del verano, la temporada más importante para el sector turístico español. La crisis del Covid-19 ha borrado de un plumazo un sector del que dependen más de un 12% del PIB y 2,6 millones de empleos directos, y pese a la reapertura de fronteras, no parece que vaya a remontar en 2020. España perderá 50 millones de turistas este año, según las previsiones de la consultora Simon-Kucher & Partners a las que ha tenido acceso EXPANSIÓN. Si en 2019 se alcanzó un nuevo récord con 83,7 millones de visitantes, en 2020 circularán por el país alrededor de 33 millones. Un desplome del 60% sin precedentes que arrastrará parte de la economía española: la consultora prevé un impacto negativo del 6% sobre el PIB.

El Gobierno británico anunció ayer un paquete de medidas valoradas en 30.000 millones de libras (unos 33.000 millones de euros) para estimular la actividad en el país y salir de la recesión del Covid-19, intentando evitar un dramático aumento del paro en el país. Entre otras actuaciones, el ministro del Tesoro Rishi Sunak va a reducir del 20% al 5% el IVA de los sectores de turismo y hostelería durante seis meses. De este modo, quiere “proteger” 1,4 millones de empleos en el sector que ahora están de baja temporal. El coste de la medida para el fisco puede ascender a 4.100 millones de libras. Además de hoteles y pubs, este descenso de los impuestos indirectos también beneficiará a parques de atracciones y otras instalaciones de ocio. El recorte del IVA durará del 15 de julio al 12 de enero de 2021, por lo que abarcará el periodo navideño.

El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, señaló ayer que “los datos recientes que hemos recibido sugieren que podemos ser un poco más optimistas sobre la caída del crecimiento en el segundo trimestre y la expansión en el tercer y cuarto trimestres”. Guindos hizo estas declaraciones en una charla telemática junto al director general del Mede, el alemán Klaus Regling, organizada por Goldman Sachs. “Va a tomar tiempo la recuperación”, subrayó. No obstante, el exministro español considera que “las perspectivas son ahora algo más brillantes de lo que eran hace apenas un par de meses en términos de desempeño económico”.

El impacto negativo que la crisis sanitaria y económica provocada por el coronavirus está teniendo en el grupo Daimler es más que evidente. Esta multinacional, propietaria de la planta de Mercedes-Benz en Vitoria, hizo públicos ayer los resultados del primer semestre, un periodo en el que se matricularon un 21% menos de vehículos –coches y furgonetas de la marca de la estrella así como de los modelos Smart– que hace un año. Pero esta caída de ventas es todavía mayor en el área de furgonetas, a la que pertenece la planta alavesa que fabrica la Vito y la Clase V para todo el mundo. Entre enero y junio Mercedes vendió de estos modelos así como de la  Sprinter y la Citan un total de 125.946 unidades, un 25,6% menos. Pese a estos malos datos, el director de furgonetas de Mercedes Benz, Marcus Breitschwerdt, destacó la rápida recuperación del mercado chino «y que ya hayamos podido aumentar nuestros vehículos comerciales –como los que se hacen en Vitoria– en un 35%».

Seat realizó ayer una apuesta por España y por el sector de la industria del automóvil al anunciar que invertirá 5.000 millones de euros hasta 2025 en nuevos proyectos de investigación y desarrollo con los que quiere impulsar nuevos vehículos eléctricos. En concreto, la filial del Grupo Volkswagen (VW) trabaja para electrificar la gama, los equipos y las instalaciones en sus plantas de Martorell, Barcelona y de Componentes. “Este plan de inversión demuestra nuestra confianza en España y nuestra intención es que Martorell fabrique automóviles eléctricos a partir de 2025, cuando el mercado eléctrico haya crecido”. Esta inversión, según la compañía, permitirá consolidar la plantilla, integrada por unas 15.000 personas –de las que 5.000 teletrabajan tras la pandemia– y liderar la movilidad eléctrica en España.

La empresa DBA Bilbao Port dio ayer a conocer el proyecto que ha presentado al concurso público abierto por el Puerto de Bilbao para ocupar una nueva parcela de 46.000 metros cuadrados en Punta Sollana (Zierbena). Se trata de una terminal para el almacenamiento de hidrocarburos y biocombustibles que requeriría una inversión de 40 millones de euros. Pese a lo elevado de la cifra, no lo tiene fácil. Compite con dos rivales de peso: por un lado, Petronor, también interesada en buscar ubicación para sus innovadoras plantas renovables de combustibles sintéticos y gas; por otro, la catalana GmFuel, propietaria de Tepsa, instalada hace décadas en la dársena.

El impuesto de sociedades, muy sensible al ciclo económico, recauda hoy en España en torno a la mitad que antes de la crisis financiera, pese a la bonanza económica que el país vivía antes de la pandemia. En 2019, aportó tan solo 23.733 millones, un 4,4% menos que en 2018 —la primera caída en cinco años— y muy lejos del máximo alcanzado justo antes del estallido de la Gran Recesión, cuando brindó 44.823 millones al fisco. Este fuerte descenso se explica en parte por la estructura del tejido productivo: en España escasean las grandes empresas y predominan las pymes, con bases imponibles más modestas y menor potencial recaudatorio para Hacienda.  La OCDE recuerda que otros factores pesan sobre esta evolución. Entre ellos, la distinta estructura de los sistemas tributarios —en España, donde la presión fiscal total está en línea con la OCDE pero es más baja que en Alemania o Italia, el IRPF es el tributo más potente—, regímenes preferenciales, el alcance de deducciones y bonificaciones y el tipo nominal, que también ha experimentado una evolución a la baja.

Las patronales CEOE y Cepyme expresaron ayer al Gobierno su profundo rechazo al Anteproyecto de Ley de Trabajo a Distancia –el teletrabajo–, con el que el Ejecutivo quiere regular un uso laboral que se ha expandido, como consecuencia de la pandemia del coronavirus. En opinión de los empresarios, el enfoque del Ejecutivo en la regulación del teletrabajo “no aporta la confianza y la seguridad necesarias para generar inversiones y empleo”. En un comunicado posterior a la reunión, los empresarios acusaron al Ministerio de Trabajo de elaborar el borrador de la ley sobre teletrabajo, “al margen del diálogo social, orillando la necesaria implicación y participación” de la patronal y de los sindicatos. Ver comunicado CEOE

Harvard contraataca. La universidad más prestigiosa de Estados Unidos demandó ayer al Departamento de Inmigración por su decisión de retirar los visados a todos los estudiantes que tomen la mayoría de las clases en línea. Para cuando se produjo el anuncio, la Universidad de Harvard, como muchas otras, ya había planificado sus clases para el próximo curso completamente por internet ante el temor a un repunte del Covid 19. Se trata de una medida «arbitraria y caprichosa», dice la institución educativa en la queja interpuesta en un tribunal de Massachusetts, porque el Gobierno ya había afectado en marzo que las clases fueran virtuales mientras durase la emergencia. Con los más de tres millones de casos, no hay duda de que la emergencia persiste. Por eso la decisión de la agencia migratoria «es un abuso". 

El foco detectado en Ordizia el fin de semana ha pasado a convertirse en un rebrote del virus con transmisión comunitaria, después de confirmarse ayer que los casos vinculados al mismo suman ya 48 y que Salud espera que se conozcan nuevos positivos en los próximos días. Un foco que ha traspasado las fronteras del municipio, ya que en torno a la mitad de los casos estarían localizados en otras localidades e incluso territorios. Ante esta situación, Osakidetza emitió ayer una orden con una serie de medidas restrictivas aplicables solo en Ordizia, que contemplan la obligatoriedad de llevar mascarilla y la limitación de aforo y horario en los establecimientos hosteleros del municipio. Medidas que se suman a las que ya tomó el lunes el Ayuntamiento, como el cierre de los parques infantiles y de los edificios públicos.

Del «todo controlado» a la «preocupación» en solo una semana. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, reconoció ayer su inquietud ante los 67 brotes de coronavirus que permanecen activos en España, de los 118 detectados desde el inicio de la desescalada. Aunque el Gobierno mantiene la consigna de «no tener miedo pero sí prudencia» y la mayoría de estos focos afectan a menos de diez positivos con un vínculo epidemiológico entre ellos, tres concentran especialmente la atención de las autoridades sanitarias: la comarca del Segrià (Lleida), A Mariña (Lugo) y Ordizia.