20200913

Emiliano López Atxurra (Zumaia, 1956) es presidente de Petronor desde junio de 2015. Conocedor como pocos de los entresijos europeos y del mercado de la energía, el directivo advierte de que Euskadi y España no pueden dormirse en los laureles, algo que pudiera estar pasando, en la obligada reconversión tecnológica e industrial que abordan ya países como Alemania y su entorno. Ni tampoco derrochar los fondos europeos del plan ‘Next Generation’ en proyectos que no cambien nada. Al tiempo, y un tanto disgustado, lanza afilados dardos al aire para denunciar que, dicho en plata, quizás nos hemos creído ‘estupendos’ y corremos el riesgo de que nos adelanten por todos los lados. Augura años «muy duros» para Euskadi si se dejan pasar las oportunidades. «Petronor es una columna vertebral de la economía y de la industria vascas». -¿Falta reconocimiento?- "Sí. No se está siendo justo con Petronor. No somos como las farmacias, que siempre están ahí. Vamos a estar ahí si hay gente comprometida para ello, y eso exige responsabilidad, cooperación y, sobre todo, orgullo de pertenencia, del país y sobre todo de Petronor. Por eso lo reivindico".

El sector público estatal tiene abierta una oferta de casi 33.800 puestos de trabajo y las instituciones vascas suman otras 9.300 plazas a cubrir. Un puesto de trabajo para toda la vida, horario estable, condiciones y derechos laborales consolidados y salario asegurado –aunque el Gobierno puede que lo congele para los empleados públicos el próximo año– son razones de peso que atraen a miles de personas a opositar cada vez que una institución, organismo o ente convoca una Oferta Pública de Empleo, las deseadas OPE. Máxime en tiempos convulsos, como durante la crisis económica de la pasada década o la actual derivada de la pandemia del coronavirus, que arrasan con centenares de miles, cuando no millones, de empleos en el sector privado o deterioran seriamente los salarios y las condiciones laborales de muchos trabajadores.

La empresa familiar se encuentra en la columna vertebral de la economía guipuzcoana y vasca y, como tal, tiene un papel indispensable en la recuperación de la actividad del territorio, pero requiere de un marco legal adecuado que apueste por ella sin que ello suponga un agravio al resto de modelos empresariales que conviven en Euskadi. Esta tesis es defendida por la Asociación de la Empresa Familiar de Euskadi, Aefame, que considera que este tipo de negocios tienen un gran potencial para contribuir al crecimiento económico y social vasco una vez superado el periodo crítico actual, así como una buena posición para ayudar a que se llegue a ese momento. La representatividad de la empresa familiar en la economía de Euskadi es innegable, ya que ocho de cada diez empresas pertenecen a este modelo y emplean a más de la mitad de los asalariados vascos. Sin embargo, no son solo los números los que avalan el importante peso de los negocios gestionados por familias, sino que su mayor valor reside en sus características específicas, diferentes de las que presentan, por ejemplo, las grandes compañías que operan en el territorio.

Entrevista con Idoia Mendia Vicelehendakari segunda y consejera de Trabajo y Empleo. El reto que tiene por delante es enorme. Euskadi se enfrenta a la mayor crisis en décadas y la sensación es que el otoño será sombrío en materia laboral. Aun así es relativamente optimista, cree que su presencia «fortalece» el papel político del Ejecutivo, mantiene su compromiso de que al final de la legislatura la tasa de desempleo volverá a estar por debajo del 10%. «Para favorecer el empleo hay que colaborar mucho con las empresas, escucharlas....La idea que tengo es la de conectar al desempleado con el empleador. Las empresas hoy en Euskadi tienen unas necesidades determinadas. Está todo el tema de la transición ecológica, el empleo verde, la transición digital.. y eso requiere nuevos perfiles". 

Idoia Mendia: "El departamento que yo dirijo es un departamento de i+d+i, es decir, innovación, diálogo e igualdad. Tenemos que innovar reformando el Sistema Vasco de Empleo. La revolución digital está en marcha y las empresas tienen que sumarse a la industria 4.0. Y atender la igualdad porque principalmente son mujeres las que han salido disparadas de sus puestos de trabajo en la pandemia. Sin olvidar a todos esos jóvenes a los que les había costado muchísimo encontrar un empleo y lo han perdido por esta crisis. Por eso vamos a hacer un plan específico para dar una oportunidad de empleo a 30.000 jóvenes". 

Entrevista con Pepe Álvarez Secretario general de la Unión General de Trabajadores. Cree que el gobierno de Pedro Sánchez se mueve con lentitud en algunas cosas; les nota remolones en cambios que, en su opinión, ya deberían haberse producido; e incluso comienza a pensar que la CEOE ha ganado cotas de influencia en La Moncloa y sus aledaños. No entiende el retraso en la reforma de la reforma laboral, y se le nota en guardia y más que dispuesto a la batalla en el capítulo de las pensiones. Si la posición apriorística indica que la UGT es por definición un aliado del Partido Socialista (PSOE), Pepe Álvarez no deja lugar a la duda de que lo es, pero muy crítico.

Las obligaciones del Estado suelen representar, recurrentemente, entre un 80% y el 85% del total del presupuesto. Si tomamos como referencia las cifras de ejecución presupuestaria de 2019, comprobamos que la remuneración de asalariados de la Administración ascendió a los 134.063 millones; que se han de sumar a los casi 30.000 millones que se destinaron a pagar los intereses de la deuda, una obligación ineludible; montantes a los que hay que añadir los relativos a las prestaciones sociales, también impepinables porque hay leyes que consignan los derechos que tienen sus perceptores a recibirlas, como los pensionistas y las personas desempleadas, y que hacen un total que se acerca a los 200.000 millones. Estas tres cifras en conjunto suman más de 360.000 millones, el grueso, casi un 70%, del total del gasto público ejecutado y que superó los 520.000 millones. En ese presupuesto cautivo hay que incorporar parte del capítulo de inversiones, puesto que hay algunas que están comprometidas. 

La pandemia ha puesto contra las cuerdas a un colectivo que clama por la extensión de las ayudas para subsistir. 200.000 trabajados pueden desaparecer si no se prorrogan el cese de actividad y los ERTE. “La situación es muy dura. Apenas entran 5 o 10 euros diarios”, dice un zapatero de Santoña. Él es un claro ejemplo del calvario que atraviesa un colectivo formado por 3,2 millones de personas en España: los autónomos. Son casi tantos como en Alemania y Francia, aunque su población sea muy superior a la española. “Un sector que da empleo a casi otro millón de personas. No hay otro tan grande como este en la economía, que ocupe a más de cuatro millones de trabajadores. Y, sin embargo, no se le trata con un mimo especial, ni por parte del Gobierno ni de las propias organizaciones de autónomos, que no les proveen de planes estratégicos para sobrevivir”. 

Los farmacéuticos de Gipuzkoa están de enhorabuena y, con ellos, los guipuzcoanos que adquieren medicamentos en las oficinas de farmacia y que, en alguna ocasión, se han visto afectados por los problemas de abastecimiento de fármacos. Empieza la cuenta atrás para el nuevo centro logístico de medicamento. Y no será un almacén cualquiera. Se ubicará en los terrenos del polígono Eskuzaitzeta de Donostia y será uno de los más grandes de Europa. La Distribuidora Farmacéutica de Gipuzkoa (DFG) lo estrenará en 2022.«Será un almacén moderno, la robotización automatizará el 82% de las líneas». 

Las fichas vuelven a moverse en el tablero bancario europeo. La unión de CaixaBank y Bankia se perfila como un primer paso en la oleada de fusiones bancarias que tanto ansían Bruselas y Fráncfort. Y, a la vez, es otra oportunidad perdida para la conformación de grupos financieros transnacionales que permitan diversificar riesgos y evitar problemas de competencia. La presidenta del BCE, Christine Lagarde, urgió a los socios de la moneda única durante la reunión informal del Eurogrupo en Berlín a acelerar los trabajos para construir la Unión Bancaria y propiciar “integraciones transnacionales” en la zona euro.

Prueba superada. El mundo científico recibió ayer con alivio la noticia de que la farmacéutica AstraZeneca reanudará los ensayos clínicos de su vacuna contra el coronavirus. La empresa británica confirmó que había recibido la autorización de las autoridades sanitarias de su país para continuar con las pruebas de su proyecto, que ya se encuentran en fase 3, uno de los más avanzados en la carrera global por encontrar el compuesto que frene la enfermedad. AstraZeneca anunció el miércoles que suspendía los ensayos después de que uno de los voluntarios sufriera un «incidente» que la farmacéutica no ha querido desvelar por la confidencialidad de estas pruebas. Si todo va bien, la vacuna europea estará lista para ser inoculada a los sanitarios mediado 2021. La UE, España incluida, tiene acuerdos con otros siete proveedores para disponer de antídoto. 

A falta de un fármaco específico o una vacuna para combatir el Covid-19, la principal arma es aplicar medidas preventivas que eviten el contagio. Sobre todo en un hospital, donde el virus cuenta con más papeletas de propagarse sin control. Ningún sistema sanitario estaba preparado para este desafío. En una sanidad basada en el tratamiento, las áreas de Medicina Preventiva y Salud Laboral, con la misión de impedir la entrada en los centros sanitarios de cualquier enfermedad para proteger a pacientes, visitantes y trabajadores, habían perdido fuerza en los últimos años, pero la pandemia ha vuelto a poner en valor la apuesta por la prevención.

La amenaza del coronavirus sigue creciendo en Euskadi. Las cifras siguen sin dar un respiro a la población al conocerse ayer otros 670 casos más, la cota más alta de esta semana, comparable sólo con lo sucedido el viernes y sábado anteriores. El País Vasco vivió entonces, el fin de semana pasado, las peores jornadas de lo que va de mes, con registros en ambos casos por encima de los 700 enfermos diarios. La situación no es buena. Las UCI comienzan a volver a ahogar al personal sanitario, que atiende ya a un total de 60 pacientes críticos.