20201015

Adegi y los sindicatos ELA, LAB y CC OO sellaron ayer el nuevo convenio del Metal de Gipuzkoa, que actualiza las condiciones de 40.000 trabajadores. El pacto abre una nueva etapa entre los agentes sociales. El pacto suscrito cuenta con un amplísimo respaldo sindical que supera el 94%. La patronal Adegi y las centrales sindicales que rubricaron ayer el acuerdo –ELA, LAB y CC OO– resaltaron la importancia que supone renovar el convenio del Metal de Gipuzkoa, el más importante del territorio. Adegi valoró, en un comunicado, el acuerdo «histórico» que, según subrayó ha sido fruto de un proceso de negociación «modélico, con ausencia de conflicto, rápido, negociado desde una actitud positiva por ambas partes y que es muestra de un ejercicio de confianza». La asociación empresarial guipuzcoana agregó que el acuerdo alcanzado es consecuencia de una negociación basada en el «diálogo y la colaboración frente a la confrontación, con un estilo de negociación moderno, diferente, actualizado, y adaptado a las necesidades de los tiempos». Ver más en Adegi. 

«Es rotundamente falso que en Osakidetza haya recortes». Con esta contundencia respondió el Gobierno vasco a la convocatoria de huelga en ambulatorios y hospitales para los días 29 (Álava), 5 de noviembre (Gipuzkoa) y 12 (Bizkaia). Sube la tensión entre los sanitarios y Salud en plena alerta por la segunda ola. Sube la tensión entre el Gobierno vasco y los sindicatos. La de por sí ya difícil relación que desde hace años mantienen el Ejecutivo de Urkullu y las centrales se complicó ayer aún más, en esta ocasión con la sanidad como punto de fricción. Los representantes sindicales anunciaron la convocatoria de tres jornadas de huelga en la sanidad vasca –una por cada territorio–, censuradas de plano por Osakidetza, que no ve motivos para convocar protestas de esa naturaleza en un momento crítico de la pandemia en Euskadi.

CAF figura entre los inversores interesados en comprar la única fábrica que Alstom ha puesto en venta en suelo francés para cumplir las condiciones impuestas por Bruselas para la compra de la canadiense Bombardier, una operación de más de 5.000 millones de euros. El fabricante español negocia la compra de la fábrica de Reichshoffen, en Alsacia, una planta especializada en la producción de trenes regionales cuyo principal producto es el Coradia. La compra de esta factoría supondría un salto cualitativo de CAF en Francia, donde la empresa española dispone de una importante cartera de trabajo y espera participar en nuevas oportunidades de contratación. El año pasado El operador ferroviario galo SNCF eligió a CAF para el suministro de 28 trenes de media y larga distancia, un pedido que supone una inversión de unos 700 millones. El compromiso de CAF para ganar el pedido incluía la construcción de los trenes entre su planta francesa de Bagnères de Bigorre, en los Altos Pirineos, así como en Beasain. 

Euskaltel ha contratado al banco de negocios Lazard para que estudie todas las posibilidades para estructurar esa operación y también para que busque compañeros de viaje. Todo ello, además de poner cifras a los pequeños detalles ya que filializar la red y dar entrada a socios puede permitir a la operadora una financiación extraordinaria muy sustancial. El consejero delegado de la compañía, José Miguel García, expuso hace meses en una conferencia la idea de «analizar todas las opciones» en torno a la red, en línea con lo que están haciendo el resto de compañías. Desde Euskaltel aseguran que la operación sigue en el mismo escenario y que todas las posibilidades están en estudio y «no hay decisión alguna adoptada por parte del consejo de administración». Todo apunta hacia la búsqueda de fondos de inversión para que ocupen ese papel.

En el quinto día de huelga de los estibadores en el Puerto de Bilbao, las empresas encargadas de esta actividad a través de la plataforma común BilboEstiba –la china Cosco, Bergé, S.L.P. y Toro y Betolaza– rompieron su silencio para denunciar que el paro de 16 días convocado por este «colectivo muy bien remunerado» sólo es un pretexto para «perpetuar sus privilegios y seguir controlando los muelles en contra de la liberalización impuesta por ley». Aseguran que se están incumpliendo los servicios mínimos y recurriendo a «amenazas y coacciones» para que otros trabajadores no puedan cumplir con sus tareas, a la vez que advierten del riesgo que la huelga supone para la recuperación. Por todo ello piden apoyo a los poderes públicos. Los sindicatos del Puerto de Bilbao –Coordinadora, UGT, ELA, LAB y Kaia– iniciaron una huelga el pasado viernes que se extenderá hasta el 25 de octubre. 

Las bodegas recogen 93,3 millones de kilos, un 8,2% más que hace un año, aunque en la zona castigada por el granizo en junio cayó la cosecha. «Ya la hemos pasado, ya nos hemos quitado un peso de encima. Ahora a pensar en la de 2021». Las consideraciones de Juan Luis Cañas son compartidas por muchos bodegueros y agricultores de Rioja Alavesa en estos días donde ya se ven menos tractores en los viñedos y la faena comienza a desarrollarse más en la bodega. La cosecha de 2020, la más atípica y difícil que se recuerda en la comarca, ya se puede dar por concluida y de hecho el Consejo Regulador anunciaba ayer el cierre generalizado de la vendimia en el conjunto de la Denominación de Origen Calificada (DOC) Rioja, aunque todavía hay localidades como Labastida donde durante esta semana seguirán metiendo uva en las instalaciones.

Las empresas que se dedican a la fabricación de esa tecnología tienen la oportunidad de afrontar esos retos, y Euskadi se presenta como «uno de los mejores sitios para servir de sede». Así lo defendió ayer la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia. En un desayuno informativo sobre el papel que puede tener el Espacio para detectar las emisiones de metano, la consejera enumeró varias ventajas que presenta el territorio para el asentamiento de empresas de este tipo: la «evidente cultura industrial manufacturera de Euskadi», «el ecosistema de conocimiento» formado por las universidades, grados de Formación Profesional y centros tecnológicos, y «el éxito» de la colaboración público-privada, así como el autogobierno y la política fiscal. Tapia incidió en la importancia de tener la alta tecnología aerospacial en Euskadi. «Con estos avances, como las cámaras de alta resolución que orbitan en el espacio, podríamos haber anticipado la peste de la banda marrón del pino y conocer el estado real del vertedero de Zaldibar antes del derrumbe», dijo. El desayuno fue organizado por la empresa Satlantis, con sede en Getxo, que ha mandado al espacio la cámara más pequeña y con mejor resolución.

El lehendakari Iñigo Urkullu señaló ayer al sistema de cooperativas de Euskadi como un «modelo» a seguir para superar la crisis económica generada por el Covid-19. «El signo de la vitalidad no es durar, sino renacer y adaptarse. Las oportunidades existen para quien se decide por las mismas», dijo citando al padre Arizmendiarrieta, fundador del Grupo Mondragón. Pero lejos de resultar un mero discurso protocolario en la clausura de la asamblea de la Confederación de Cooperativas de Euskadi (Konfekoop) –que reúne a 1.233 sociedades con 56.362 trabajadores socios– las palabras de Urkullu iban más allá. Destacó «el compromiso, los valores y los objetivos» de este tipo de compañías que contribuyen «al crecimiento económico sostenible y al empleo de calidad» frente a otros modelos. Un auténtico espaldarazo en un contexto económico y empresarial en el que se van multiplicando las empresas que están pasando de ajustes temporales con los ERTE a plantear despidos con los ERE. 

El departamento de Trabajo y Empleo aspira a regularizar y transformar 28.000 contratos temporales fraudulentos en indefinidos a lo largo de esta legislatura, a razón de 7.000 anuales, para lo que aumentará el cuerpo de inspectores. Con este refuerzo, largamente reivindicado por los sindicatos, se pretende intensificar el plan de lucha contra el fraude en la contratación y también reducir la siniestralidad a la mitad. Esta es una de las líneas estratégicas marcadas por la nueva responsable de Trabajo y Empleo, Idoia Mendia, que ayer abrió en el Parlamento vasco la ronda de comparecencias de los consejeros tras la formación de Gobierno. La también vicelehendakari segunda explicó que los dos grandes retos que abordará su departamento para recuperar el empleo perdido en la crisis será la transformación de Lanbide hasta «darle la vuelta» y el «refuerzo» de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI).

La Inspección de Trabajo ha dado de alta de oficio a 4.000 repartidores de filiales de diversas filiales de reparto de Amazon, tras una denuncia interpuesta hace un año por UGT, según informó ayer el sindicato. La central, que dirige Pepe Álvarez, denunció la forma de reparto de Amazon a través de repartidores autónomos que utilizan su propio vehículo para la distribución de paquetes. Todo con la plataforma digital Amazon Flex. Trabajan por encargos, con ingresos por tiempos de entrega, pero se tienen que pagar ellos mismos la Seguridad Social. Son los denominados falsos autónomos. En este sentido, el caso de Amazon Flex forma parte de la ofensiva que lleva a cabo la Inspección de Trabajo contra estas plataformas digitales de repartidores. Es más, la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, presentará próximamente a la patronal y los sindicatos un borrador de proyecto de ley, con el que pretende regular las condiciones laborales de estos trabajadores.

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, va retomando poco a poco los planes que tenía al llegar al Gobierno. En su agenda ya ocupa un lugar preferente el cambio de la reforma laboral del PP. No es que hubiera desaparecido. Nunca lo ha hecho, pero sí había quedado aplazada por la necesidad de una respuesta urgente a la pandemia. Aunque antes de llegar a este punto, hay otro: los falsos autónomos y los repartidores. “La semana que viene voy a convocar a los agentes sociales [para regular claramente la diferencia entre asalariados y autónomos]”. “Hemos sorteado la reforma laboral. Ha demostrado que no sirve”. “No hay ningún expediente colectivo (ERTE) sin reconocer ni pagar”- “Tenemos un mercado de trabajo profundamente envejecido”. 

El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, presentó ayer a las principales organizaciones de autónomos (ATA, UPTA y UATAE) su propuesta para que los trabajadores por cuenta propia coticen al sistema en función de sus ingresos reales. Ante el abanico de posibilidades en vigor, habría un colectivo que verá cómo debe abonar más dinero en su cuota social a partir de 2021: el formado por aquellos que tributan más de 25.000 euros al año. Se trata de unos 700.000 autónomos de los tres millones de profesionales en activo, según los cálculos de Seguridad Social los que se verían afectados. Su cotización se incrementaría en función de cuáles sean las rentas declaradas ante Hacienda de forma progresiva desde ese suelo que el Gobierno ha dejado encima de la mesa de la negociación con las asociaciones del sector.

El FMI no cree que España vaya a recuperar su tasa de paro previa a la pandemia al menos hasta 2026, es decir, siete años después de 2019, el último año antes de que la palabra coronavirus se hiciera omnipresente. Y para este año y el próximo el panorama será especialmente malo, con una tasa del 16,8%. En 2021 se creará empleo, pero solo se recuperará uno de cada cinco empleos perdidos el año anterior, siempre según las previsiones del Fondo. Tras la destrucción de 965.000 puestos que estima el organismo para 2020, la creación de nuevos empleos será de solo 187.000 en 2021, según sus economistas. Pero el paro no es el único indicador en el que España destaca por estar en el grupo de los peores. El Gobierno español colocó su previsión de déficit público para este año en el 11,3% del PIB. Ahora, el FMI amplió ayer su pronóstico al 14,1%, un nivel récord como mínimo desde la Guerra Civil. Este desfase millonario en las arcas públicas, —de unos 140.000 millones de euros, una cantidad similar a la que se gasta España en pagar las pensiones a sus nueve millones de jubilados o equivalente a todo el dinero que le corresponde del fondo de recuperación europeo— no tiene parangón entre las economías desarrolladas. 

La crisis del coronavirus va a dejar a una buena parte del empresariado español en una situación financiera más que comprometida. A la caída de la facturación por la mala situación económica y las restricciones sanitarias, se suma el aumento del endeudamiento que las compañías –sobre todo las más pequeñas– tuvieron que afrontar para poder sobrevivir a los meses de confinamiento. El resultado es un balance totalmente descompensado y una dependencia cada vez mayor de los préstamos y créditos concedidos por el sector financiero con aval del Estado. El Banco de España advierte de un fuerte aumento de su vulnerabilidad financiera por el coronavirus. 

Jorge Marichal es presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat) y de la patronal de hoteleros canaria. El sector ha perdido la temporada de verano y, a juicio de Marichal, si no se aprueban ya medidas como la realización de test a los turistas, se perderá el otoño: «Nos sentimos olvidados. El Gobierno no ha entendido la importancia del turismo». "Estamos en cero turístico. Baleares está en una situación parecida. Aquí ni el 12% de la planta alojativa está abierta y la ocupación es escasa. Hay turoperadores (TUI) que han vuelto a operar pero con eso no llenas ni un hotel. La situación es dramática. En Canarias tenemos plantillas fijas, no temporales, pero el 80% de las empresas hoteleras está cerrada y se siguen pagando costes. Muchas empresas no podrán subsistir". 

La condena al PP por beneficiarse de los negocios corruptos de la trama Gürtel ya es firme. El Tribunal Supremo confirmó ayer la sentencia que precipitó la salida de Mariano Rajoy de La Moncloa y ratificó, con pequeños cambios, las condenas de prisión para 29 acusados que fijó la Audiencia. También confirma la responsabilidad civil a título lucrativo del PP y de la exministra Ana Mato. Entre las condenas avaladas están las de Luis Bárcenas y su mujer, Rosalía Iglesias, por apropiación indebida de 149.600 euros de la caja b del PP, aunque el fallo aclara que en esta causa no se juzgaba la financiación ilegal del partido.

La Generalitat aprobó ayer nuevas medidas restrictivas para la población, con el objetivo de adelantarse al rebrote de la segunda ola de la pandemia y evitar en última instancia un nuevo confinamiento, como el de la pasada primavera. Tras una reunión con el sector, el Gobierno catalán anunció que bares y restaurantes de toda Cataluña deberán cerrar sus puertas durante los próximos 15 días. Únicamente, podrán abrir para servir comida para llevar, como ocurrió durante la fase más dura del confinamiento domiciliario. Además, los gimnasios y los comercios solo podrán funcionar con un 30% de su aforo, del 50% en el caso de los equipamientos culturales, como cines y teatros, y los actos religiosos. Parques de atracciones y ferias serán clausurados, los parques infantiles se cerrarán a las ocho de la tarde para evitar los botellones y los centros comerciales se abrirán con controles específicos. El Govern llama a la población a hacer «sacrificios» y a asumir medidas «dolorosas». 

El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció que impondrá a partir de mañana a medianoche un toque de queda nocturno de al menos cuatro semanas en París y su región, así como en otras ocho ciudades francesas situadas en zona de máxima alerta por coronavirus, ante el empeoramiento de la situación sanitaria y para frenar los contagios de Covid-19. A la misma hora, se restablecerá por decreto el estado de emergencia sanitaria. Mientras, Reino Unido e Italia se encaminan hacia un confinamiento inmediato. Científicos y oposición empujan a Johnson a decretar un cierre de dos semanas este mes y Roma teme una medida similar para Navidad. Y Alemania acuerda el cierre nocturno de restaurantes y bares en regiones de riesgo. «Estamos en una fase grave de la pandemia» advirtió Merkel en la posterior rueda de prensa, en la que destacó que Alemania ha alcanzado la «fase exponencial» de las infecciones.

El Vaticano ha convertido sus últimos escándalos en un auténtico reality show protagonizado por cardenales, tiburones financieros y misteriosas damas que juegan a los espías y gastan miles de euros de la Santa Sede destinados a ayudar a países en desarrollo en artículos de lujo. En el centro de la intriga se encuentra esta vez el cardenal Giovanni Angelo Becciu, quien fuera uno de los hombres más poderosos del Vaticano —estaba en todas las quinielas para el próximo cónclave— y custodio de gran parte de los secretos de la milenaria institución. Son ahora sus miserias las que están saliendo a la luz en una cacería a tumba abierta: nepotismo, un presunto soborno a un grupo de víctimas para que acusasen a un cardenal rival de abusos a menores, malversación… Pero el ventilador se ha activado y Becciu no es cualquier prelado. Nadie sabe cómo puede acabar una investigación y fuego cruzado que amenaza con dejar en papel mojado el proceso de intrigas y corrupción conocido como Vatileaks, que terminó costando la dimisión del anterior pontífice, Benedicto XVI.