20201211

La Confederación Empresarial de Bizkaia-CEBEK entregó ayer los premios Emprende 2020, que distinguen a las nuevas empresas vizcaínas que aportan valor al territorio. El premio recayó en Microbiomik, startup biofarmacéutica que desarrolla medicamentos basados en el microbioma humano. El jurado también destacó a las empresas Wats, Asimob, Elur, Recircular, TellMeWow y Aleak. Ver nota CEBEK. 

Un total de once empresas guipuzcoanas y 600 alumnos de la ESO han celebrado el Industria Eguna (Día de la industria), impulsado por la asociación de empresas de Gipuzkoa ADEGI, con el objetivo de "acercar el talento joven a la industria e impulsar los perfiles técnicos y acercar las Stem a las mujeres". La segunda edición de esta iniciativa ha tenido lugar este jueves de forma virtual y ha contado con la participación la consejera vasca de Desarrollo Económico e Infraestructuras, Arantxa Tapia, del diputado general de Gipuzkoa, Markel Olano, y del presidente de ADEGI, Eduardo Junkera. Éste último ha puesto algunos ejemplos prácticos de lo que es la industria, como el robot que la Nasa ha lanzado a Marte con la misión de buscar vida equipado con dos de los instrumentos con los que explorará su superficie diseñados en Elgoibar. Además, ha destacado que durante la primera ola de la pandemia de Covid-19 "empresas guipuzcoanas fabricaran respiradores y mascarillas", así como que "una empresa con sede en Miramón participará en la fabricación de una vacuna contra el Covid desarrollada en Estados Unidos...Todo esto y mucho más es industria", ha señalado". Ver más en Adegi

Todas las comunidades autónomas van a sufrir este año un impacto negativo en su competitividad a causa de la pandemia. Pero de acuerdo con el ‘Informe de la Competitividad Regional de España 2020’, editado por el Consejo General de Economistas, Euskadi se encuentra, junto con Baleares, Canarias, Cataluña y Navarra, entre las que se verán golpeadas más severamente. En el caso de las islas resulta evidente al ser especialmente vulnerables por su exposición al turismo, el sector más damnificado por la crisis sanitaria, mientras que Euskadi y Navarra se han visto muy afectadas por la suspensión de la cadena de suministros para su industria, motivada por las medidas de confinamiento. Algo que también ha hecho mella en Cataluña, donde además su crisis institucional ha influido en que haya entrado en una fase de «atonía competitiva», según el informe.

La competitividad de las comunidades autónomas creció un 3,2% en 2019 respecto a 2018, pero el crecimiento fue dos puntos menor que el año anterior, según concluye el Informe de la Competitividad Regional en España 2020 que presentó ayer el Consejo General de Economistas. Madrid, Navarra y País Vasco, por este orden, siguieron siendo las comunidades más competitivas, y Extremadura, Andalucía, Canarias, Islas Baleares, Castilla-La Mancha, Región de Murcia y Principado de Asturias, las menos. En los estratos intermedios, Cataluña y La Rioja conforman el grupo de competitividad relativa media-alta, mientras Aragón, Castilla y León, Galicia, Cantabria y Comunidad Valenciana integran el grupo de CCAA con nivel competitivo relativo medio-bajo. No obstante, ese crecimiento agregado del Índice de Competitividad Regional en 2019 se situó por encima de la variación media del periodo 2008-2019, aunque por debajo de la alcanzada en la etapa de recuperación. El Índice aumentó en 12 de las 17 autonomías y descendió en Aragón y Asturias.

El Parlamento vasco aprobó ayer por unanimidad la propuesta de instar al Gobierno de Urkullu a ampliar su programa de créditos con aval público, concedidos a través de Elkargi, más allá de 2020, así como la flexibilización de las condiciones en cuanto a los periodos de carencia y devolución. El acuerdo, que contó con el insólito apoyo de todos los grupos, también incluye el impulso a una línea específica para los sectores más castigados. En pocas ocasiones se ha visto en la Cámara tanto consenso como el que ha suscitado esta medida para reforzar la financiación a pymes y autónomos asfixiados por los efectos de la pandemia.

La francesa Alstom y la suiza Stadler, ambas con fábrica de trenes en España, se han quedado en un mano a mano en el mayor de los concursos de renovación de flota promovidos por Renfe: el contrato de 2.726 millones para el suministro de 211 trenes de Cercanías de gran capacidad (2.270 millones), sus piezas de parque y el mantenimiento de primer nivel durante 15 años. Según ha podido saber CincoDías, la mesa de contratación eliminó a las españolas CAF y Talgo, y fue una reclamación de la segunda ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) la que ha mantenido congelado el concurso durante 45 días. La resolución del tribunal avala ahora el dictamen técnico de la mesa y da por bien descalificados a ambos fabricantes.

En pleno debate sobre una eventual armonización fiscal en España, desatado tras el acuerdo para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2021 alcanzado entre el Gobierno central y ERC, y con la sensibilidad en este asunto a flor de piel, llega el tradicional Índice Autonómico sobre Competitividad Fiscal (IACF), que cada año realiza la economista Cristina Enache, de la Fundación para el Avance de la Libertad. El trabajo, que no tiene en cuenta Sociedades, analiza en concreto cinco tributos: el IRPF, Patrimonio, Sucesiones, el Impuesto sobre transmisiones patrimoniales (ITP) y actos juridicos documentados (AJD) y tributos autonómicos. En esta ocasión, y en lo que a Gipuzkoa respecta, no hay cambios sobre la edición anterior, ya que mantiene el cuarto puesto –detrás de los vecinos Bizkaia y Álava– en esa clasificación de lugares atractivos o, lo que es lo mismo, con una fiscalidad realmente capaz de atraer y retener a distintos tipos de contribuyentes. 

Los empresarios mostraron ayer una vez más su rechazo a una nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2021. En esta recta final de año, el Gobierno al menos tiene que convocar a los agentes sociales para tratar este tema, aunque en realidad se trata de una mera consulta previa, ya que la decisión compete a Moncloa. Así, cuando llegue el momento de la reunión, el Ejecutivo ya sabe cuál va a ser la postura que defienda la CEOE: no quieren otro incremento de la remuneración más baja del mercado laboral en plena pandemia, después además de que se haya elevado casi un 30% en los dos últimos años, hasta los 950 euros al mes. «Pensamos que no es el momento de hablar de estos temas, con la que está cayendo», dijo ayer con rotundidad el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, durante la rueda de prensa de presentación del catálogo con ‘21 iniciativas estratégicas de país para la recuperación y transformación de la economía española’, elaborado por su organización. 

Según la ocupación medida por la encuesta de población activa (EPA), en la anterior crisis financiera, entre el tercer trimestre del 2007 y el mismo trimestre de 2013 se destruyó anualmente el 3,1% del empleo de media. Mientras que la destrucción anualizada por el impacto del Covid en este año llegará al 3,5%. Así lo destaca una nueva edición del Índice ManpowerGroup, que elabora el catedrático de Economía Aplicada de la Autónoma de Barcelona Josep Oliver y su equipo. Si bien, este experto, como hizo recientemente el Banco de España, explicó ayer que a la hora de analizar el shock del Covid en el empleo debe tomarse como indicador, más que la ocupación, el número de horas realizadas, para eliminar el efecto de los trabajadores en ERTE, que se consideran ocupados pero tienen su empleo suspendido total o parcialmente. En ese caso, la actual crisis también ha registrado un récord, con un desplome del 25% de las horas trabajadas en el segundo trimestre.

El inminente inicio de las campañas de vacunación contra el Covid-19 representa un rayo de luz al final del largo túnel de la pandemia, pero sus efectos no serán inmediatos, ni en el ámbito sanitario ni en el económico. Como advirtió recientemente la canciller alemana, Angela Merkel, “un trimestre de vacunación no supondrá un cambio significativo” a escala epidémica; esto es, no traerá consigo un levantamiento súbito de las restricciones ni permitirá un despegue en vertical de la actividad económica, al menos a corto plazo. Un diagnóstico que comparten las empresas españolas, que tras la catástrofe económica sufrida en 2020 vaticinan un comienzo del nuevo año igualmente desalentador. El 45,9% las compañías que operan en nuestro país espera que su facturación siga cayendo en el primer trimestre de 2021. Así lo refleja una encuesta realizada por el Banco de España entre cerca de 12.500 empresas españolas para calibrar la evolución de su actividad y el impacto del coronavirus en sus negocios. Es la primera encuesta de esta amplitud que realiza el supervisor en la era del Covid-19.

La automoción española se prepara para dejar atrás un año negro en la venta de coches e iniciar una recuperación que, según diversos pronósticos, durará tres años y vendrá acompañada de crecimientos a doble dígito en 2021 y 2022. Sobre el mercado sobrevuelan todo tipo de incógnitas y prevenciones, pero las marcas tradicionales ya se están posicionando para recuperar sus ofensivas comerciales, acelerar en la descarbonización y plantar cara a nuevos competidores como Tesla. Desde el sector no hay unanimidad en torno a las previsiones para 2021, pero las fuentes no oficiales coinciden en una estimación: un millón de matriculaciones. La cifra es un 20% superior a la previsión de 2020, que se cerrará con una caída del 35% con respecto a la de 2019.  Las marcas de Volkswagen, PSA y Renault-Nissan se preparan para la batalla comercial. Los planes de estímulo chocan con subidas de impuestos y las sanciones por el CO2.

El BCE anunció ayer una nueva ronda de estímulos monetarios ante la certidumbre de que la recuperación económica el próximo año va a ser más débil de lo que preveía hace unos pocos meses. Entre las medidas que presentó la presidenta del organismo, Christine Lagarde, destaca la ampliación en 500.000 millones del programa de compras que lanzó en marzo para luchar contra la crisis del coronavirus, hasta los 1,85 billones. Además, se prorroga al menos hasta marzo de 2022. Con este movimiento, Lagarde da cierta tranquilidad a los Gobiernos del sur de Europa, que tienen garantizada financiación barata para el aumento de la deuda al que se ven abocados para financiar los costes de la crisis.

2020 será recordado como el año en el que un sinfín de situaciones remotas se convirtieron en realidad. El último “no sucederá” cristalizó ayer definitivamente: en plena pandemia y a punto de echar el telón el peor ejercicio económico que se recuerda, España cobra por financiarse a largo plazo. El Tesoro colocó 1.403 millones de euros en una subasta de bonos y obligaciones a varios plazos en la que, por la deuda a 10 años, los inversores aceptaron pagar intereses al Estado en lugar de recibirlos, como había sucedido siempre. Como si la brújula se hubiese imantado, la lógica económica hace tiempo que cambió en el mercado de deuda, con la irrupción en tromba de los tipos negativos. España no hace sino sumarse a una ya larga lista de países —más de la mitad de la eurozona— que no solo no tiene que pagar por el dinero prestado, sino que obtiene una mínima retribución a cambio.

El BCE ha empeorado sus previsiones de crecimiento e inflación para la zona euro a causa del impacto económico de la segunda ola de la pandemia y no prevé que el PIB se haya recuperado hasta los niveles previos a la pandemia hasta mediados de 2022. Ya en 2023, el crecimiento de la economía de la zona euro sería un 2,5% superior al PIB de 2019, según las previsiones económicas lanzadas ayer por la institución. El BCE ha decidido por tanto dar pleno soporte monetario hasta marzo de 2022 para garantizar esa recuperación, que prevé gradual, y en la que no descarta un traspié. Si bien su escenario base contempla un alza del PIB en la zona euro del 3,9% en 2021, rebajado desde el 5% de septiembre, el crecimiento se reduciría a apenas el 0,4% en el escenario adverso de un resurgimiento de la pandemia que forzara a los Gobiernos a adoptar medidas de restricción en el primer trimestre de 2021. 

El Consejo Europeo podrá desembolsar los fondos del plan de recuperación, 750.000 millones de euros, y activar su Presupuesto de 2021, tras la renuncia de los gobiernos de Hungría y Polonia a bloquear el programa económico por la aprobación de un reglamento que podría privarles del acceso a fondos comunitarios si no modifican políticas domésticas que vulneran los valores de la Unión Europea. El compromiso que ha permitido sortear el peligro de colapso de uno de los elementos fundamentales de la política comunitaria se basa en la promesa de no discriminar a los países afectados y la inclusión de un procedimiento legal. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea tendrá que analizar la legalidad del mecanismo de sanción antes de que entre en vigor, si uno de los Estados miembros lo solicita.

 La Comisión Europea publicó ayer una serie de propuestas para acordar con Reino Unido medidas que permitan el movimiento de aviones y pasajeros, de camiones y mercancías y la pesca en aguas territoriales de ambas partes, si las negociaciones que en la noche del miércoles se cerraron sin acuerdo llevan, tras su prevista conclusión, el domingo, a una separación abrupta. La Comisión propone al Gobierno británico la continuidad en el reconocimiento de licencias de aviación al menos durante seis meses, de tal modo que seguirán como hasta ahora los vuelos de aviones británicos cruzando el espacio aéreo comunitario o aterrizando para el transporte de pasajeros y de carga. Estas medidas, como las del transporte por carretera, dependen de la reciprocidad por parte británica. Si el reconocimiento legal de los transportistas no se prolongase más allá del 1 de enero, por falta de acuerdo con la extensión de seis meses propuesta por la UE, se regresaría a un sistema de cuotas, causando una perturbación mayúscula en el comercio de mercancías.

La pandemia en Euskadi sigue ofreciendo resistencia a dos días de que se reabra la hostelería y la movilidad entre municipios. El descenso continúa, pero a menor ritmo que hace unas semanas. El Departamento vasco de Salud notificó ayer 446 casos de coronavirus. La cifra cayó ligeramente –apenas 4 infecciones menos– y son datos que distan mucho de los registrados hace un mes, cuando el virus estaba desbocado, e incluso de los obtenidos hace una semana, un centenar menos. Sin embargo, la transmisión del virus sigue siendo preocupante. La tasa de positividad, el indicador que revela el nivel de contagios de la enfermedad, volvió a empeorar. 

Solo se podrá salir o entrar del País Vasco en fechas muy limitadas –del 23 al 26 de diciembre y del 31 al 2 de enero–, algo que los expertos aplauden. Sin embargo, se echa en falta algo más de dureza desde un punto de vista sanitario, lo que puede llevar a una relajación excesiva de la sociedad frente a un virus que no se ha ido. De hecho, se da por asumido que la situación empeorará tras las fiestas por los encuentros familiares y sociales. «Será inevitable que haya más contagios. Y no es ninguna broma. Puede haber miles de muertos. Hemos tenido 18.000 más de los que pensábamos», advierte Guillermo Martínez de Tejada, profesor de Microbiología de la Universidad de Navarra. Quienes están dentro de la trinchera, viendo cada día cómo el covid arrebata vidas, no tienen duda de que después del «2 de enero nos lamentaremos. Vamos a pagar un alto precio por tener Navidad. En las UCI hay todavía mucha gente», afirma Laura Tomás, presidenta de la Sociedad Vasco-Navarra de Neumología.

El Gobierno Vasco pretende fiscalizar las salidas de Euskadi para disfrutar de la Navidad con un justificante que acredite que es para reunirse en familia. Los vascos que viajen fuera de Euskadi en los días señalados de Navidad deberán portar un ‘pasaporte’ especial, un documento que acredite el lugar de visita y los datos del familiar o allegado con el que van a reencontrarse, según se recoge en el borrador del decreto de la desescalada que hoy se publicará y cuyas medidas entrarán en vigor desde mañana. La Ertzaintza vigilará los desplazamientos y controlará el cumplimiento de la normativa.