20211007

La economía vasca se mantuvo en septiembre en la zona de "crecimiento sólido" al obtener un valor de 128,3 en una escala de 0 a 150, aunque por debajo del registro del mes anterior, que fue de 129,5. El Departamento de Economía y Hacienda reconoce que la recuperación de la economía vasca está perdiendo el ritmo de los meses anteriores debido al comportamiento de la industria, que deja atrás los incrementos de dos dígitos de los últimos meses para situarse en valores inferiores, "aunque todavía muy intensos". Por su parte, la creación de empleo también se ha moderado aunque el paro sigue reduciéndose "rápidamente". Ver nota Termómetro Gobierno Vasco. 

La economía vasca «se mantiene dentro de la zona de crecimiento sólido», pero está atemperando la intensidad del alza. Así lo constata el ‘Termómetro de la economía’ que difundió ayer el Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno de Vitoria. El Ejecutivo señaló que «tras el fuerte repunte de los meses de abril y mayo, este indicador se ha ido suavizando lentamente». Y añadió que «parte de esa pérdida de ritmo se debe al comportamiento de la industria, que deja atrás los incrementos de dos dígitos de los últimos meses para situarse en valores inferiores, aunque todavía muy intensos».

La nueva normalidad llega cuando la actividad económica ha despegado pero se enfrenta a algunos nubarrones que impiden lanzar las campanas al vuelo. Ahí están para recordárnoslo el encarecimiento de los productos energéticos, la falta de componentes electrónicos o la subida del precio de las materias primas y de los fletes marítimos a consecuencia de una sobredemanda. La escasez de ‘chips’ amenaza la recuperación de la industria del automóvil, clave para los fabricantes vascos de componentes. Otros sectores, como el del acero y el del mueble, también se han visto afectados por el incremento de los precios del hierro, la chatarra, la madera o el aluminio. Estos fabricantes tendrán que repercutir las subidas en sus productos, con el consiguiente peligro de reducción de su cartera de pedidos. Lo cierto es que los baremos fundamentales son a día de hoy positivos. La previsión de crecimiento del PIB, la excelente marcha de las exportaciones, el índice de producción industrial, la recaudación en ascenso o la recuperación del empleo permiten ser optimistas, aunque con las cautelas señaladas. PIB El Gobierno Vasco eleva el crecimiento en 2022 al 6,4%, siete décimas más. 

La consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, destacó y agradeció a la Industria vasca el papel que ha jugado en la recuperación económica, que, según apuntó, se constata en datos como el 13% de crecimiento acumulado del Índice de Producción Industrial este año, con una recuperación «brillante» de las exportaciones y la mejora del mercado laboral. Tapia mostró ayer su respaldo in situ a las 25 empresas vascas presentes en la EMO 2021 de Milán, con el objetivo de impulsar la presencia de la máquina-herramienta de Euskadi en esta cita internacional. La consejera afirmó que «una parte muy importante de la recuperación que ahora constatamos es mérito de la Industria y se la debemos a ella».

La advertencia de la industria electrointensiva de que se iban a desencadenar ajustes y cierres por los desbocados precios de la luz ya se está materializando. Todavía no se trata de paradas totales, sino de reducciones en la producción, y no en Euskadi, sino en comunidades cercanas como Cantabria y Asturias. Pero la alarma es máxima porque, como señalaba en una entrevista con este periódico el presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, que es actualmente el presidente de la Asociación de Grandes Consumidores (AEGE), «cuando la electricidad supone el 40% de los costes y se multiplica por tres o por cuatro, estás muerto». Según explicó, el problema es mayor en España porque la industria tiene menos ventajas que su competencia europea y porque sólo una pequeña parte, que no llega al 30%, está cubierta con contratos a largo plazo, que además algunas eléctricas han planteado renegociar. Buena parte del consumo está expuesto al mercado mayorista, que no para de subir. Hoy marcará un récord de 288,5 euros el MWh, siete veces más que hace un año, espoleado por el gas, que también es básico en industrias como la química, la papelera y alguna siderúrgica. En este contexto, la semana pasada Asturiana de Zinc anunció que reducirá su producción en las horas con los precios más altos. En Cantabria, Ferroatlántica comunicó ayer mismo que cerraba uno de sus cuatro hornos en Boo (Guarnizo). Avanzó la noticia el presidente de la comunidad, Miguel Ángel Revilla, que atribuyó la decisión «al precio astronómico de la energía».

La propuesta de España, que poco a poco ha ido ganando aliados entre sus socios comunitarios tras lograr el apoyo explícito de Francia, Grecia, Rumanía y República Checa para lanzar un comunicado conjunto llamando a la UE a actuar, se sustenta en dos pilares. El primero es la creación de una reserva conjunta que implique una compra centralizada de gas natural a nivel europeo, inspirada en el sistema que ha abastecido de vacunas contra el Covid-19 al continente. Sin embargo, hay países que no ven clara esta posibilidad . Sánchez es consciente de ello y por eso pidió a Bruselas un sistema de “cooperación reforzada” para facilitar acuerdos intergubernamentales para que los países que así lo deseen puedan unirse bajo una gestión de compras tutelada por la Comisión Europea. El segundo es la revisión del sistema que fija los precios de la luz para desvincularlos de los del gas. Pese a los apoyos ganados por España, hay varios países, incluidos Alemania y Holanda, que no están por la labor de meter mano al marco normativo energético comunitario, ya que su visión es que la subida de los precios responde a factores temporales.

La delegación de la Comisión Europea para controlar sobre el terreno la implementación de reformas y proyectos del Plan de Recuperación ya está en España en un viaje de dos días en el que se va a monitorizar las reformas implementadas hasta el 30 de junio y, sobre todo, las comprometidas hasta 31 de diciembre, el núcleo central del Plan, en el que se sitúan la reforma laboral y la de las pensiones, de cuyo éxito según los estándares de Bruselas depende el pago de 10.000 millones en la segunda parte del año. En este sentido, los evaluadores comunitarios exigen un informe ex ante que justifique detalladamente los beneficios de la derogación de la reforma laboral aprobada en 2012 por el Gobierno de Mariano Rajoy. A su vez, buscan concreción sobre la alternativa que va a plantear el Gobierno tras la supresión del factor de sostenibilidad en las pensiones. Preocupa especialmente a la Comisión Europea, como muestra un documento de trabajo sobre el Plan de Recuperación español, la reforma laboral y los constantes anuncios del Gobierno de Pedro Sánchez, espoleados por el ala de Podemos, de la inminente derogación de la reforma del PP de 2012. Bruselas está inquieta por la falta de detalles que les están proporcionando el Ejecutivo español y por lo tanto reclama que “la reforma debe acompañarse de un informe ex ante de los defectos del sistema vigente de negociación colectiva” que se quieren enmendar.

El tipo mínimo del 15% en el impuesto de sociedades que se incorporará al proyecto de Presupuestos de 2022 afectará solo a las grandes compañías: el 1% del tejido empresarial, que sin embargo supone el 60% de la recaudación. Pero tendrá un efecto limitado para las arcas públicas. El tipo mínimo se aplicará sobre la base imponible, como confirmó el martes la ministra de Hacienda, y el grueso de estas compañías ya tributa por encima de ese porcentaje. El tipo medio efectivo que pagan estas empresas sobre la base imponible es del 21,5%, según la última estadística de Cuentas anuales consolidadas del impuesto de sociedades de la Agencia Tributaria, relativa a 2018. Si el cálculo se realiza sobre el beneficio, el tipo medio es notablemente más bajo: el 9,5%. El diseño que prevé aplicar el Gobierno va en línea con el contemplado en el proyecto de Presupuestos de 2019 que no logró aprobarse en el Congreso, según aseguran distintas fuentes gubernamentales. Ese esquema preveía un suelo de tributación del 15% para todas las empresas integradas en grupos o que facturaran más de 20 millones anuales: 12.247 compañías, que suponen el 0,7% del total de los más de 1,5 millones de sociedades que declaran el impuesto.

El lehendakari hizo público ayer en Bilbao, ante el Rey y la ministra Raquel Sánchez, algo que su partido ya ha trasladado al Gobierno de Sánchez en privado: el PNV condiciona su apoyo a los Presupuestos si desde Moncloa se garantiza la culminación de las obras del TAV de acuerdo a los proyectos de soterramiento para las estaciones de las capitales vascas. El Ejecutivo de Urkullu aceptaría una encomienda de gestión o estaciones provisionales. Golpe en la mesa del PNV en plena negociación presupuestaria con el Gobierno de Pedro Sánchez. Un día después de que PSOE y Podemos anunciasen un acuerdo interno sobre la regulación del precio de los alquileres para dar luz verde a las Cuentas, los jeltzales movieron ficha para recordar a La Moncloa que no puede dar por sentado el respaldo de los seis diputados nacionalistas. 

Las ayudas que creó España en el año 2002 para que las empresas nacionales compraran firmas extranjeras son ilegales. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) pone punto final a un conflicto judicial demasiado largo y con varias sentencias con el fallo publicado ayer, que confirma uno anterior que obligaba a España a recuperar las ayudas fiscales concedidas a una serie de multinacionales a través de bonificaciones por comprar empresas extranjeras. De esta forma el Gobierno podrá reclamar a las compañías que se beneficiaron de ellas el pago de los incentivos que recibieron. El Tribunal de Luxemburgo ha desestimado, en concreto, los recursos que presentaron España y las empresas afectadas, entre ellas Banco Santander, contra la sentencia que confirmó que las ayudas fiscales por comprar empresas extranjeras a través del régimen de amortización del fondo de comercio eran ilegales.

El consejero delegado de Renault Group, Luca de Meo, advierte de que el precio de los coches va a subir por la escasez de semiconductores y el encarecimiento de la energía, y avisa del riesgo de que Europa pierda competitividad frente a China si se avanza demasiado deprisa en el coche eléctrico. “Si Europa se convierte en el continente con más coches eléctricos, será un terreno de conquista para los chinos. Ellos son más competitivos en eléctricos que en combustión. Por eso, si tenemos las normas más restrictivas en materia de emisiones y nos enfocamos en el coche a batería, los chinos mirarán a Europa en vez de a EEUU”. El presidente ejecutivo de Renault Group desde el 1 de julio de 2020, desde donde llegó procedente de Seat, explica que la regulación europea y el acortamiento de los plazos para prohibir la venta de vehículos de combustión de 2040 a 2035 no ayuda a la industria. “La prohibición crea confusión al cliente. Es como si me voy a comprar un piso y sé que en 20 años me van a poner un paso elevado por donde irá el metro, pues no me lo compro. Esto es muy peligroso porque no nos da tiempo para amortizar la tecnología ni a salvar a la gente que está en toda la cadena de valor”.

Ocho de cada diez empresas familiares en España esperan recuperar el próximo año el ritmo de crecimiento previo a la pandemia, según estudios de diferentes consultoras. Euskadi cuenta con más de 42.000 compañías que generan el 55% del empleo en la comunidad. La convivencia entre diferentes generaciones y la configuración accionarial de las compañías son dos de las principales preocupaciones de estos empresarios y que hoy abordará el profesor Josep Tàpies en el Foro de Empresa Familiar que se celebra en la Cámara de Comercio de Álava. "Es importante aludir a la convivencia porque en una empresa familiar coinciden durante varias etapas personas de diferentes generaciones y todas pueden aportar mucho a la causa común. Debe haber comunicación entre ellas para que los jóvenes aprendan de los mayores. Lo que no puede ser es que a una persona le llegue la jubilación y al día siguiente esté fuera de la empresa sin que se haya trabajado con anterioridad el relevo. Hay gente con 65 años o más en plena forma y que pueden seguir siendo válidos..."

Las cooperativas vascas verán ampliado el plazo para adecuar sus estatutos a los nuevos preceptos de la Ley de Cooperativas aprobada en diciembre de 2019, gracias al retoque exprés que le hará hoy el Parlamento vasco a esta reciente legislación. Con la regulación inicial, debían hacer dichas adecuaciones antes de diciembre de 2022, pero ante las dificultades de gestión y de reunión causadas por la pandemia, los grupos que lideraron la aprobación de la ley –PNV, PSE y PP– han pactado un nuevo texto, con tramitación urgente y como artículo único, aunque incluye más modificaciones. Ahora lo amplían hasta diciembre de 2023. Cuando se aprobó la Ley de Cooperativas por amplia mayoría parlamentaria hace casi dos años, la presidenta de Konfekoop, Rosa Lavín, mostró la satisfacción de todo el mundo cooperativista al considerar que era una herramienta «que se ajusta al contexto económico y social» al ofrecer más margen para «competir en condiciones de igualdad» e incluir «el tema de la digitalización». Precisamente otro de los puntos principales de esta modificación urgente es profundizar en el uso de las herramientas digitales para permitir que las asambleas generales, los consejos rectores y otros organismos estatutarios puedan realizar reuniones telemáticas de una forma efectiva y segura.

La liberalización de la venta de acciones del IMQ es una herida que sigue sin cerrarse en la compañía vizcaina. En la junta extraordinaria de finales de julio, la mayoría de los socios dio su visto bueno a la operación con SegurCaixa Adeslas, pero el proceso quedo pendiente de ratificación en un nueva asamblea, prevista en principio para finales de este año, a la que la dirección acudirá con todos los números cerrados. Entre ellos el precio final, que está pendiende de afinar en una auditoria interna. Algo más del 40% de los médicos se posicionaron en contra en julio y ahora se abre una brecha entre los que votaron a favor. El fundador de la Plataforma de Accionistas del Igualatorio (PAI), Eduardo Zabala, ha enviado recientemente una carta a los asociados en la que informa de que está buscando un comprador alternativo a Adeslas. El objetivo es elevar el precio, que el proceso no se prolongue durante más de seis meses y que se compre toda la compañía. Sobre el papel, la aseguradora de Caixabank y la Mutua Madrileña ofrecerá 255.000 euros por cada paquete de 1.000 acciones. Establece varias ventanas de compra, la primera a los seis meses de la formalización del acuerdo, y posteriormente se abrirían periódicamente nuevas oportunidades de venta. No se plantea en ningún caso la compra de toda la compañía al menos en estos momentos y, al parecer, su intención es comprar inicialmente en torno a 100 paquetes de acciones.

Kutxabank ha cerrado su primera emisión de deuda verde senior no preferente por un importe de 500 millones de euros, con un plazo de amortización de un mínimo de cinco y máximo de seis años. El 78% de la emisión ha sido suscrito por inversores institucionales internacionales, cuya demanda conjunta se ha aproximado a los 1.250 millones de euros. El rendimiento de los bonos se ha establecido en 75 puntos básicos sobre ‘mid-swap’, referencia utilizada en estas emisiones.

El diputado general de Gipuzkoa, Markel Olano, advirtió ayer al sindicato ELA de que no permitirá que «se ensucie y denigre» el trabajo que realizan los cerca de 6.500 trabajadores en las residencias del territorio. Olano se refirió así a la denuncia de ELA sobre la situación de la residencia Txara I, en Donostia, que dio lugar a una inspección que reveló que los usuarios pasaban hasta catorce horas sin comer entre la cena y el desayuno. El diputado general aseguró en una entrevista radiofónica que darán «todos los pasos necesarios» para aclarar los casos de irregularidades que pueda haber en las residencias, pero también «para defender hasta el final el sistema de residencias de Gipuzkoa». En este sentido, defendió tanto el modelo como la gestión de las residencias guipuzcoanas, y destacó que, comparando con datos de países del entorno, existen recursos y los ratios son óptimos. Además, la colaboración público-privada da «buenos resultados», por lo que ha considerado que es «uno de los mejores sistemas del entorno».

“Vamos a encarar los problemas que ningún otro Gobierno ha tenido las agallas de hacer frente”, afirmó Johnson; “las debilidades estructurales que arrastramos desde hace mucho tiempo”, añadió. Saldaba así cuentas, sin nombrarlos, con sus dos predecesores, los también conservadores David Cameron y Theresa May, a los que reprochó su supuesta inacción. “Nos embarcamos ahora en un cambio de dirección en la economía del Reino Unido que era necesario desde hace mucho tiempo. No regresaremos al mismo viejo modelo fallido de bajos salarios, bajo crecimiento o mano de obra poco cualificada, todo facilitado y sostenido por una inmigración incontrolada”, proclamó el político conservador. Ese ha sido el mantra repetido durante todo el congreso. Los ciudadanos británicos, han repetido los conservadores casi en un esfuerzo por convencerse a sí mismos, votaron a favor del Brexit en 2016 para acabar con un modelo agotado y revolucionar las cosas. “Y nos llevará tiempo. Y en ocasiones resultará muy difícil. Pero eso fue el poderoso deseo de los votantes, que uniéramos y reequilibráramos este país”. 

Unos se van, pero otros pueden venir. Ése es el pensamiento del Gobierno británico ante lo que ya se considera como la mayor crisis laboral de la historia de Reino Unido. Lo paradigmático es que no es una crisis de desempleo masivo sino de todo lo contrario. Faltan miles de empleados para cubrir determinados puestos en todo tipo de sectores. Desde la metalurgia hasta el sector de hostelería, la logística, la salud y las tecnologías. Así se desprende de los últimos datos de la agencia que hace un seguimiento de las solicitudes de empleados que hacen miles de empresas en todo el país, por tipología y regiones. Los puestos sin cubrir, que las empresas están publicitando en estos momentos en Reino Unido, está en niveles récord, y alcanzan casi los dos millones. La escalada se ha producido sobre todo a lo largo de este año por una confluencia de factores sin precedentes. El Covid y sus reglas de confinamiento, ha provocado que muchos de esos puestos, cubiertos en gran parte por ciudadanos no británicos, queden vacantes. Muchos empleados preferían volver a sus países en plena pandemia. La puntilla ha sido el Brexit, la salida de Reino Unido de la Unión Europea. Este complejo proceso ha provocado un caos migratorio durante este año. Ciudadanos de la UE que antes trabajaban libremente en Reino Unido ahora tienen que sacar visado para desarrollar actividades remuneradas allí o, en el mejor de los casos, haber tramitado previamente el estatuto de “asentado” (residente).