20211215

El Gobierno vasco también se ha sumado a la ola de revisiones de crecimiento de la economía, para admitir que las cosas no van a ir tan bien como estaba previsto. La conjunción de «variables exógenas» ha llevado al Departamento de Economía del Gobierno vasco, que dirige Pedro Azpiazu, a rebajar las expectativas de aumento del PIB –el valor agregado de los productos y servicios que se generan en un territorio– para este año. Así, mientras que las últimas estimaciones apuntaban a un aumento del 6,7% en 2021 en comparación con 2020, ahora se cree que la aceleración de la economía va a situarse en el 5,6%. Un crecimiento intenso, en cualquier caso. A cambio de un menor crecimiento de lo previsto este año, el Gobierno vasco considera que en 2022 se va a producir una aceleración extra, más allá de lo que se podía evaluar hace apenas dos meses cuando se elaboró el proyecto de Presupuestos de la comunidad autónoma. Las Cuentas se han realizado con una estimación del 6,4% de aumento del PIB y el equipo de Azpiazu cree que la demanda embalsada durante estos meses puede aflorar a lo largo del próximo año con una mayor intensidad, hasta el 6,7%. Los últimos datos, referidos al tercer trimestre del ejercicio, ya apuntan en la línea de aceleración del comercio exterior. Ver nota Gobierno Vasco. 

No hay apenas cambios en el ránking de competitividad regional que elabora el Consejo General de Economistas cada año. Euskadi ha aguantado bien y se mantiene en la tercera posición (12,19 puntos), por detrás de Madrid (14,52 puntos) y Navarra (12,31). Ya en 2018 perdió el segundo puesto y todavía no lo ha recuperado, aunque se acerca. En el ejercicio de la pandemia se produjo una pérdida generalizada de competitividad en España, del 2,3%. «Hemos perdido atractivo», señaló ayer el presidente de la institución, Valentín Pich. Sin embargo, el efecto fue asimétrico y la peor parte se la llevaron los archipiélagos, debido a su dependencia del turismo. Euskadi sufrió una caída moderada, del 1,9%. Hubo diez comunidades que registraron descensos, tres que se mantuvieron igual y cuatro que ganaron atractivo. Euskadi sigue por debajo de Navarra entre otras razones por una menor puntuación en innovación, en infraestructuras básicas y en mercado del trabajo. Los responsables del Consejo General de Economistas sí quisieron lanzar varios apuntes. Señalaron que habría que reflexionar sobre la estrategia de otros países de competir con bajos impuestos para atraer talento e inversiones. Y, respecto al Impuesto sobre el Patrimonio, insistieron en que «habría que seguir el ejemplo del resto de Europa y eliminarlo». 

El Consejo de Ministros aprobó ayer el Proyecto Estratégico para la Recuperación y la Transformación Económica (PERTE) de Energías Renovables, Hidrógeno Renovable y Almacenamiento (ERHA), a través del cual se prevé movilizar inversiones cercanas a los 16.400 millones de euros y crear alrededor de 280.000 empleos entre directos e indirectos. La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, señaló que su departamento aportará 3.588 millones de euros con los que espera canalizar otros 5.390 millones de capital privado. A estas cantidades hay que sumar las correspondientes a varios elementos transversales del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con 17 medidas facilitadoras sobre transición energética; movilidad con gases renovables; capacitación, formación profesional y empleo; y ámbito tecnológico y digital, que conllevan una dotación pública de 3.362 millones con los que se prevé captar otros 4.060 millones de capital privado. De esta forma, el sector público aportará en total más de 6.900 millones de euros y se calcula que se atraerá una inversión privada cercana a los 9.500 millones. El apoyo económico a los proyectos para este PERTE se otorgará mediante convocatorias de concurrencia competitiva y tendrán en cuenta la participación de pymes, el impacto sobre la cohesión territorial, la creación de empleo y la innovación, entre otros aspectos, aunque se dará prioridad a la inversión a corto plazo que sea compatible con la consecución de las metas fijadas para el medio y el largo plazo.

El PERTE tiene como objetivo desarrollar esas tecnologías incipientes para avanzar más rápido en la descarbonización e impulsar el empleo y el PIB. El hidrógeno es la “prioridad” del plan —tanto es así que el Ejecutivo habla de “proyecto país” para referirse a él— y absorberá por sí solo 1.555 millones de euros de dinero público, a los que el ministerio espera sumar otros 2.800 millones de capital privado. Se subvencionarán las aplicaciones de este gas en el transporte pesado —de embarcaciones a ferrocarriles, camiones y autobuses—, así como proyectos de electrolizadores de gran escala, relacionados con usos industriales locales y aplicaciones comerciales. También se impulsarán los grupos de interés de hidrógeno renovable, ligados a los actuales puntos de consumo de hidrógeno de origen fósil, para sustituirlo por aquel generado a partir de energía libre de emisiones. “Necesitamos reducir nuestra dependencia del exterior en combustibles sin incrementar la dependencia tecnológica, sino consolidar nuestras propias capacidades. A eso se enfoca este PERTE”, explicó la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. “Queremos consolidar e incrementar nuestra posición como referente tecnológico en la producción y el aprovechamiento de hidrógeno”, agregó. 

El Estado ha asignado ya más de 11.000 millones de euros de los fondos europeos a las comunidades autónomas, de los que 468 han correspondido a Euskadi, según detalló ayer la vicepresidenta primera, Nadia Calviño. Estos fondos servirán para el despliegue de inversiones en ámbitos como vivienda, movilidad sostenible, promoción de renovables, restauración de ecosistemas, renovación de edificios públicos, educación y formación profesional, inclusión y servicios sociales, entre otros. No obstante, que los fondos estén asignados no significa que el dinero esté ya ejecutado. Un dato, el de lo que ya se está moviendo en proyectos concretos, que el Gobierno se resiste a actualizar. «Los datos de ejecución van variando cada día, pero lo importante es el volumen de créditos comprometidos, lo que significa que los procesos están en marcha». 

“España es el país que más avanzado va en el despliegue del Plan de Recuperación”, reivindicó ayer la vicepresidenta primera del Gobierno, y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, que compareció tras el Consejo de Ministros para hacer balance de la marcha del paquete de inversiones y reformas sufragado con las ayudas europeas. Calviño aseveró que 65 de cada 100 euros del gasto presupuestado para este año ya han sido comprometidos a proyectos concretos y que las comunidades han ingresado ya unos 11.000 millones. Del desglose de este último reparto, eso sí, se deriva una asignación muy desigual por territorios en la que Andalucía, Cataluña y Madrid acaparan más del 40% de los recursos. España, que tiene derecho a recibir hasta 69.500 millones de euros en transferencias directas de la Unión Europea para la recuperación de la crisis del Covid, recibió un anticipo de 9.000 millones en verano y ha sido el primer país en solicitar un desembolso oficial, ligado ya al cumplimiento de 50 hitos concretos, que aspira a ingresar antes de fin de año. Pese a que el desembolso comunitario para el país será de 19.000 millones en el ejercicio, el Gobierno se garantizó en el Presupuesto General de 2021 la posibilidad de adelantar vía deuda un total de 24.000 millones a cuenta del Plan de Recuperación. De dicha cuantía, detalló Calviño, el Ejecutivo de coalición ha autorizado ya el uso de un 73% de los fondos (unos 17.500 millones), que es el primer paso de la ejecución.

El sector aeroespacial es uno de los que más han sufrido la crisis económica provocada por la pandemia, sobre todo por la debacle de la aviación comercial. También en Euskadi, donde había disfrutado de años con una cartera de pedidos envidiable. No obstante, las perspectivas son más halagüeñas: en los próximos 20 años, el mundo necesitará unos 40.000 aviones nuevos. Eso sí, no serán como los actuales. La descarbonización avanza a velocidad cada vez mayor y la aeronáutica vasca necesita una hoja de ruta que le garantice mantenerse en la punta de lanza de la innovación. Eso es, precisamente, lo que ayer aprobó el clúster Hegan, dirigido por Ana Villate. El Plan de I+D+i 2021-2024 nace «para afrontar los desafíos de los próximos años, poniendo el foco en la neutralidad tanto de la operación de las aeronaves como de la fabricación de los sistemas y componentes». El clúster reconoce que la crisis aún no ha acabado, pero resalta que «el sector aeronáutico vasco está resistiendo» y que ha logrado preservar el empleo. Y ya atisba luz al final del túnel: prevé que el sector espacial continúe creciendo «tanto en misiones planificadas como en iniciativas privadas», señala que proliferan cada vez más los drones y experimentos como el de los taxis voladores, y menciona la oportunidad que representan nuevos conceptos –desde satélites que operan en la estratosfera, hasta zepelines o globos aerostáticos–. Ver nota Hegan. 

SAPA Placencia dio ayer un paso de gigante al anunciar la compra de un 5% de Indra, por un importe de 90,8 millones de euros, a Corporación Alba, uno de los accionistas históricos de la compañía de Alcobendas, especializada en tecnologías de la Defensa y con actividad en otras muchas áreas. Un movimiento que llega después de hacerse en octubre también con otro 5% de ITP, en el marco de la operación realizada por el fondo de inversión estadounidense Bain Capital, que ofrece 1.700 millones por la empresa aeronáutica con sede en Zamudio. De esta forma, y en apenas dos meses, SAPA se sitúa como un agente esencial en el panorama industrial y tecnológico del sector, en un claro papel de integrador de capacidades. Desde SAPA Placencia explicaron ayer a DV que su entrada en Indra –con la que coincide en algunos de los programas más importantes del negocio– responde a una estrategia concebida para convertir a la firma en «un actor relevante» en el ámbito de la industria de la Defensa.

El costoso acuerdo de Tubacex, que puso fin a casi ocho meses de huelga en la compañía alavesa, ha sido por fin homologado por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que en un principio se mostró reticente por la falta de unanimidad sindical. Hay que recordar que el pacto fue sellado por ELA (4 representantes en el comité de empresa), CC OO (3) y Atal (1), pero rechazado por STAT (4) y LAB (1). Pese a esta falta de consenso, los jueces –a excepción de un voto particular– han decidido dar luz verde a la validación del acuerdo al considerar que es suficiente el apoyo de la mayoría y que los sindicatos discrepantes no la han impugnado. El desbloqueo fue celebrado con una fuerte subida en Bolsa de las acciones del fabricante alavés de tubos, cuya cotización se disparó un 5,7%. Y es que la homologación garantiza la paz social después de un duro pulso que arrancó al fracasar las negociaciones para aplicar un recorte salarial, como se había hecho en otras plantas de la compañía. 

La dirección de Sidenor en Basauri ha llegado a un acuerdo con USO, UGT, CC OO y SU para resolver el problema surgido en el calendario de la plantilla ante la decisión de la siderúrgica de parar 20 días por «los desbocados precios de la electricidad». La razón es que estas jornadas de inactividad exceden la bolsa de nueve días de flexibilidad que establece el convenio para este año. La solución encontrada es que los trabajadores van a ofrecer hasta seis días más de disponibilidad a descansar adicionales de los ya empleados, de los que luego se recuperarán cuatro y con condiciones. Así, no se excederá en ningún año los nueve días y no habrá merma económica. «Es un acuerdo razonable y aceptable que contribuye a superar el bloqueo existente y la falta de negociación en la planta de algunos sindicatos», señaló Víctor Sánchez, de USO. Hay que recordar que este sindicato, junto con CC OO y UGT, han acordado el convenio marco para los próximos cinco años, pero ahora se debe debatir en cada planta, donde las mayorías sindicales son diferentes.

El precio de la electricidad sigue desbocado en el mercado mayorista y obligará al Gobierno a abordar nuevos recortes fiscales en 2022 para contener la factura de los consumidores. La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, adelantó ayer la intención del Gobierno de seguir buscando fórmulas fiscales para contener la escalada de precios, que consistirán previsiblemente, según aclaró luego su departamento, tanto en la prórroga de la rebaja ya aplicada al IVA, hasta el 10%, como en la supresión del Impuesto Especial de la Electricidad. El anuncio de la ministra llegó después de que el precio de la electricidad marcase ayer un récord histórico de 291,73 euros por megavatio hora (MWh) en el mercado mayorista de electricidad. Este precio es el que se aplicará hoy y responde al encarecimiento del gas, que también marca máximos. El nuevo récord de la electricidad supera los 288,53 euros el MWh del pasado 7 de octubre y llega tras varias semanas de precios excepcionalmente altos, por encima de los 200 euros. La tendencia de las últimas jornadas, con una meteorología adversa y con el gas escalando en los mercados internacionales, apuntaban a lo ocurrido ayer. El precio del pool es seis veces más elevado que en el mismo día de 2020. En Francia, el precio para hoy es de 346 euros, mientras que en Alemania se sitúa en 295 euros.

El real decreto ley que el Gobierno aprobó el pasado 14 de septiembre para mitigar la escalada de los precios de la luz incluyó un recorte hasta el 31 de diciembre del 96% de los cargos de la factura de los domésticos, la parte regulada de la misma junto con los llamados peajes de acceso a las redes. Mientras los peajes son competencia de la CNMC, los cargos, que incluyen otros costes, propios o ajenos, del sistema, son responsabilidad del Ministerio para la Transición Ecológica. El recorte de los cargos, que ha compensado en este tiempo las subidas del precio mayorista de la electricidad (que va camino ya de los 300 euros/MWh), se traducía en un agujero para el sistema que la norma pretendía compensar con una minoración de los ingresos de las grandes compañías eléctricas (a la nuclear e hidráulica) que, finalmente, quedó en agua de borrajas. De hecho, según la orden ministerial por la que se revisarán dichos cargos el 1 de enero, por “prudencia contable”, el ministerio que dirige Teresa Ribera no espera recaudar nada por dicha minoración. Por tanto, los 2.600 millones que el Gobierno pretendía recaudar hasta marzo para compensar la práctica desaparición de los cargos se han quedado en el aire.

Los sindicatos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social amenazaron ayer al Gobierno con “entrar en una fase de conflicto” e ir a la huelga si no aumenta el número de sus funcionarios y no mejora los medios materiales con los que trabaja. La protesta de los inspectores y subinspectores se produce en plena campaña del Gobierno contra el fraude en la contratación temporal, y en plena negociación de la reforma laboral con la patronal y los sindicatos. Por esta razón, Ana Ercoreca, presidenta del sindicato de Inspectores de Trabajo y de Seguridad Social dijo que “de nada servirá la reforma laboral si no se refuerza a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social”. Por esta razón también, los sindicatos dijeron que “acabar con la temporalidad fraudulenta, la siniestralidad laboral, las horas extra no pagadas, el empleo sumergido y las malas condiciones de los trabajadores pasa por reforzar a la Inspección”. Los inspectores y subinspectores reprocharon a la vicepresidenta Segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que aún no haya puesto en marcha el refuerzo de la Inspección de Trabajo, seis meses después de la firma de un acuerdo sobre esta cuestión.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, advirtió ayer al Gobierno de que no aceptará una reforma laboral que, en su opinión, no sea buena para España y para los empresarios. Garamendi recalcó que él no se siente presionado por el Ejecutivo para que firme un acuerdo al respecto. Es más, el presidente de la CEOE recordó al Gobierno que los empresarios no se sienten concernidos por el acuerdo de legislatura que firmaron el PSOE y Unidas Podemos para derogar la reforma laboral. El dirigente empresarial hizo estas declaraciones cuando el Gobierno, la patronal y los sindicatos negocian contrarreloj, con reuniones diarias, para cerrar un eventual acuerdo antes del 31 de diciembre. Una fecha en la que insisten mucho las vicepresidentas Primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, y Segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. En este contexto, Garamendi dijo que “si [la reforma laboral] es para mejorar [los empresarios] estaremos en el acuerdo, pero si no es buena, diremos que no”. “No me siento presionado por nadie (...) mi obligación es que no me presione nadie”, dijo el dirigente empresarial, en una clara referencia al Gobierno. 

El Gobierno propone que la reforma laboral fortalezca el convenio colectivo autonómico frente al de ámbito estatal, una reclamación habitual de los partidos políticos nacionalistas y que encontrará la firme oposición de la patronal CEOE en el tramo final de las negociaciones para cerrar una nueva normativa laboral. En la legislación vigente se centraliza la negociación colectiva reforzando el convenio estatal respecto a los niveles inferiores. Este puede ordenar y limitar qué se negocia aguas abajo. También en el ámbito de la comunidad autónoma. Sin embargo, el documento que en estos momentos maneja el Ejecutivo deshace ese entramado. Elimina la posibilidad de que el convenio estatal pueda condicionar al autonómico en materias tan importantes como el salario o el horario. En cambio, sí que se dejan fuera del convenio autonómico puntos menos sustanciosos y que ya estaban excluidos como el periodo de prueba, las modalidades de contratación, la clasificación profesional o el régimen disciplinar. Trabajo no confirma esta información y señala que es un asunto que no se ha cerrado y que no se ha abordado en la mesa de diálogo.

Las demandas salariales en pleno repunte inflacionista –el IPC está situado en el 5,4%– están empezando a generar bloqueos en las negociaciones de los convenios colectivos de numerosos sectores y empresas y, en general, elevando la conflictividad laboral. Ante esta situación, el secretario general de CC OO, Unai Sordo, propuso ayer una solución: “Tratar de pactar incrementos salariales a dos o tres años, que impliquen la recuperación del poder adquisitivo, pero que se salgan de la tenaza de la coyuntura actual”, y evitar así los temidos efectos de segunda ronda en la inflación. El líder de CC OO, que intervino en Nueva Economía Fórum, reclamó también que para acordar estos planes de subidas salariales a lo largo de varios ejercicios sería más que conveniente que las cúpulas patronales y sindicales se alcanzaran un quinto Acuerdo de Negociación Colectiva (ANC), “que lance criterios a los negociadores de los convenios para que se pacten subidas (retributivas) a dos o tres años”, insistió Sordo.

Israel ha dejado de tener una economía aislada, lastrada por el gasto en defensa y dependiente de las exportaciones, para transformarse en potencia económica, además de militar. El shéquel, la moneda nacional, ha alcanzado la cotización más alta frente al dólar en los últimos 25 años tras haberse apreciado un 20% en 2021, y Tel Aviv, la capital comercial del país, acaba de ser proclamada como ciudad más cara del mundo en el índice anual de Economist Intelligence Unit (EIU). Enrique Bal, consejero económico y comercial en la Embajada de España en Tel Aviv, precisa: “La entrada masiva de inversiones en el sector de la alta tecnología y los fondos de la diáspora judía que nutren el sistema de emprendimiento local, junto con un tipo de interés al 0,1%, han generado una tormenta económica perfecta. Desde que dio con la tecla de las start-ups [empresas emergentes], Israel lleva muchos años de crecimiento sostenido por encima del 3% [salvo en crisis globales como la pandemia]”, puntualiza Bal al hilo de la llegada masiva de capitales (cerca de 33.000 millones de euros en la primera mitad de este año, más que en todo 2019) que ha impulsado la rampante apreciación del shéquel. “Y lo sorprendente es que la balanza por cuenta corriente no se ha visto afectada”, destaca. “El shéquel fuerte es una consecuencia del nuevo Israel forjado en el último cuarto de siglo, que ya no depende en exclusiva de la venta al exterior de bienes y ahora exporta también servicios, centrado en la alta tecnología y la energía”. 

El aval de los jueces a la propuesta del Gobierno vasco condicionará desde hoy la vida social en Euskadi, donde será necesario mostrar el pasaporte covid para entrar –además de en grandes restaurantes, como hasta ahora– en bares, gimnasios, hospitales y en todos los recintos cerrados que alberguen actos de cualquier tipo. Se libran, por ahora, estadios abiertos como San Mamés. Osakidetza, por su parte, confirmó ayer la llegada de ómicron y su transmisión comunitaria. Hay cinco casos detectados en Bizkaia y uno en Araba. 

El laboratorio Pfizer ha anunciado este martes que su tratamiento antiviral Paxlovid tiene un 89% de efectividad para reducir las muertes y hospitalizaciones por Covid-19, y que además muestra ser efectivo contra la variante ómicron. En un comunicado, la empresa ha asegurado que el nirmatrelvir, uno de los principales componentes del tratamiento, ha mostrado ser un “potente inhibidor de la proteasa 3CL que el virus necesita para replicarse”, según los resultados de un estudio in vitro. Por el momento, el Paxlovid aún se encuentra en proceso de revisión para ser aprobado en la Unión Europea y Estados Unidos. Según un estudio en el que alrededor de la mitad de los pacientes recibieron el tratamiento y los demás un placebo, solo el 0,7% de los pacientes que recibieron Paxlovid fueron hospitalizados hasta el día 28 y ninguno murió. En cambio, en el grupo que tomó un placebo el 6,5% fueron hospitalizados y 9 fallecieron. Pfizer afirma que, si se autoriza, el medicamento se administrará en una dosis de 300 mg de nirmatrelvir y una tableta de 100 mg de ritonavir, administrada dos veces al día durante cinco días.