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El alejamiento progresivo de Siemens Gamesa del País Vasco, que comenzó desde el mismo día en que se consumó la fusión de la compañía alemana y la vasca, en abril de 2017, ha dado un paso determinante. A partir de ahora, el cuartel general de la sociedad, el lugar en el que estará asentado su consejero delegado, será Madrid y no la localidad vizcaína de Zamudio. La decisión es ya oficial y se ha trasladado a la totalidad de la plantilla a través de un comunicado remitido por el presidente, Miguel Ángel López. En el texto se comunica la decisión del consejo de administración de forzar un relevo en la cúpula directiva para intentar atajar la sangría de pérdidas y se anuncia el nombramiento de Jochen Eickholt como nuevo consejero delegado. Será el tercero de la compañía desde 2017 –el último, Andreas Nauen, tan solo ha durado 19 meses– y la misiva del presidente no deja lugar a dudas: «Eickholt tendrá su base en Madrid». La decisión es de gran calado, porque no es un secreto que el lugar en el que tiene el despacho el primer ejecutivo de una empresa es, también, el punto en el que se genera riqueza y empleo. Pero no es el inicio de un éxodo, sino la culminación. El vaciamiento del cuartel general de la compañía, ubicado hasta ahora en el Parque Tecnológico de Bizkaia, ha sido tendencial. La empresa perdió 403 millones de euros en tres meses y los sindicatos temen un duro ajuste de plantilla. 

Las negociaciones para renovar el convenio del Metal de Bizkaia acaban de arrancar y ya es visible el abismo que separa a las partes. La patronal FVEM advirtió ayer de que las peticiones sindicales son «inasumibles» y «comprometerían seriamente la competitividad de las empresas, abocando al cierre a un gran número de ellas, principalmente pequeñas». En un comunicado, en que la organización expone su oferta de un aumento anual del 2% en tablas salariales, pide a las centrales que revisen sus demandas, «muy alejadas de la compleja realidad de las empresas». La Federación Vizcaína de Empresas del Metal responde así a las plataformas presentadas por los cuatro principales sindicatos. Según denuncia, sus peticiones «supondrían incrementos de más del 26% de los costes laborales para 2022», un ejercicio en que la inflación ha arrancado en el 6%. La patronal recuerda que la situación es muy diferente a la que había durante la negociación de 2019, cuando se llegó a un acuerdo –con CC OO, UGT y LAB– tras un duro conflicto. «El pasado año ha cerrado con un incremento del precio en las materias primas nunca antes registrado para la industria y los costes energéticos han subido por encima del 65%», señala, a la vez que apunta que los salarios del metal de Bizkaia están entre los cuatro más altos de España.

la central que lidera Loli García anunció que va a abrir «un proceso de debate interno para dilucidar su participación en la mesa de diálogo social de Euskadi». En este foro están presentes el Gobierno vasco, la patronal Confebask, CC OO y UGT, mientras que ELA y LAB lo rechazan. Urkullu da gran relevancia a esta mesa, que conduce la vicelehendakari Idoia Mendia, firme defensora de su validez. Para el sindicato, el voto en contra del PNV supone «una enmienda a la totalidad al proceso de diálogo social estatal y sus logros», ya que la reforma laboral convalidada ayer fue acordada por la patronal CEOE, Comisiones Obreras y UGT. En consecuencia, la central liderada por García ha solicitado, de entrada, el aplazamiento de la próxima reunión de la mesa de diálogo vasca, mientras se debate esa decisión, que se someterá a los órganos de dirección del sindicato. Lo que irritó de manera especial a la secretaria general de CC OO-Euskadi fue la intervención de Aitor Esteban, portavoz del PNV en el Congreso, que arguyó que la mayoría sindical vasca no había estado representada en el diálogo social donde se pactó la reforma. Esa alusión a ELA y LAB, que desprecian todas las mesas, fue la gota que colmó el vaso. Recordó al PNV que «la no presencia del sindicalismo nacionalista en el diálogo social responde a una estrategia de negación de dicho espacio en Euskadi y España».

El análisis difiere si se escucha a los socialistas, al PNV, o a la patronal, a quien los jeltzales hacen responsable directa del fiasco e incluso lo personalizan en su presidente, Antonio Garamendi al que reprochan su «débil» liderazgo al frente de la CEOE. No le perdonan que, pese a reconocerles que la  prevalencia del marco vasco no alteraba en nada sustancial la reforma, no hiciera pedagogía interna para ampliar el margen del Gobierno a la hora de negociar con el PNV. La grieta puede alcanzar al lehendakari Urkullu y a la coalición PNV-PSE, hasta ahora una balsa de aceite. «El PNV, cuyo principal valor era la cintura política y la seriedad, ha cometido un error garrafal, estratégico», lamentan los socialistas. En la cúpula empresarial vasca, que comparte esa opinión, se mascaba ayer la «decepción» con el PNV, al que ven inexplicablemente alineado con ELA, LAB y EH Bildu, como en tiempos de Lizarra. El poso de desconfianza abierto con patronal y sindicatos en Euskadi tardará más en diluirse. El creciente malestar de Confebask y CC OO hace peligrar la mesa vasca de diálogo social. 

El principal obstáculo para el entendimiento, en opinión de Esteban, fue la «rigidez» e incluso «tozudez» del Gobierno a la hora de aceptar modificaciones al acuerdo suscrito con patronal y sindicatos. Una resistencia motivada por lo que tachó de «chantaje intolerable» por parte de la CEOE. Redobló así el ataque iniciado por Andoni Ortuzar y denunció también que el líder de los empresarios, Antonio Garamendi, dijera en público que la prelación de los convenios autonómicos rompería la unidad de mercado cuando en privado habría afirmado «lo contrario». EH Bildu, por boca de Oskar Matute, también responsabilizó al Gabinete Sánchez de conceder «más valor y poder de decisión a la patronal que a fuerzas que representamos a cientos de miles de personas». Pero, pese a las críticas, ni PNV ni EH Bildu rompieron ningún puente. Esteban se cruzó agradecimientos con Díaz. La vicepresidenta valoró que los jeltzales «sí han discutido de contenidos y sí han sido serios». El portavoz jeltzale apreció de vuelta su «esfuerzo y voluntad» pese al desenlace. 

El final de fiesta no pudo ser más rocambolesco. El Gobierno salvó ayer por la mínima la reforma laboral en una sucesión de giros inesperados de los acontecimientos gracias al problema de un diputado del PP con el voto telemático. No fue, además, un diputado cualquiera. Alberto Casero es el ‘número dos’ del secretario general del partido, Teodoro García Egea. Sin su patinazo, que los populares achacan a un error del sistema, el real decreto ley habría quedado derogado después de que los dos diputados de UPN cambiasen por sorpresa el sentido de su voto, pasando del ‘sí’, como les había ordenado la dirección de su partido, al ‘no’. El resultado final fue de 175 votos a favor frente a 174 en contra. Pero ni el PP ni Vox lo dan por bueno y recurrirán tanto a la Mesa como al Tribunal Constitucional. Nada fue ayer normal en el momento de anunciarse una votación que, 24 horas antes, el Ejecutivo daba por superada con una mayoría inédita en la legislatura y muy incómoda para Unidas Podemos. El desconcierto se apoderó del hemiciclo cuando la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, se equivocó con las cuentas y llegó a dar por derogada la reforma. «Los letrados me informan de que el real decreto ley ha sido convalidado», dijo segundos después, cuando los rostros de sus compañeros de partido ya parecían demudados. El suspiro en la bancada del Gobierno fue evidente. Eran casi las 19:00 horas. Pero la noche aún sería larga.

El principal objetivo de la reforma laboral que ha pactado el Gobierno con la patronal y los sindicatos es reducir el elevado empleo temporal y, por lo tanto, la precariedad laboral; 4,3 millones de personas trabajan de esta forma actualmente, lo que supone el 25% de los asalariados. Las diez principales propuestas del Real Decreto Ley, que entrará en vigor plenamente el próximo 31 de marzo, son las siguientes: Nuevos contratos de formación, Contrato de prácticas, Nuevos contratos temporales, Contrato de sustitución, Contrato fijo discontinuo, Nuevo contrato fijo de obra, Nuevo Mecanismo RED, Cómo quedan los ERTE, El sector tiene prioridad aplicativa en el salario respecto a la empresa y Prórroga indefinida de los convenios caducados. 

La escasez de suelo disponible en Euskadi para impulsar una de sus principales actividades económicas, la industria, es uno de los mayores problemas a los que se enfrenta la comunidad autónoma. Para salvar este obstáculo, el Gobierno vasco invertirá durante los próximos años, a través de la sociedad de suelo industrial (Sprilur), un total de 255,7 millones de euros en activar 2,3 millones de metros cuadrados de suelo industrial en 32 municipios. El fin es acometer «operaciones de regeneración, así como de oferta de suelo y pabellones». Por territorios, el Programa 2020-24 que ayer dio a conocer en San Sebastián la consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, dedicará 139,55 millones de euros a 17 municipios de Gipuzkoa. Activará así más de 748.652 metros cuadrados de suelo industrial en el territorio. Equivale casi a duplicar la superficie sobre la que se asienta el barrio donostiarra de Gros. Bizkaia recibirá una inversión de 95,15 millones para regenerar y reutilizar en torno a 963.000 metros cuadrados de suelo en desuso en catorce proyectos. A Álava se destinarán 20 millones para 591.000 metros cuadrados de suelo nuevo y reutilizado, en su caso en cuatro iniciativas.

La sexta ola de la pandemia ha golpeado con dureza a España, situándola a la cola en el crecimiento económico durante el primer mes de 2022. Si el índice compuesto de actividad total de la zona euro se situó en el 52,3 en enero, en el caso español la cifra cayó mucho más, hasta el 47,9. En términos generales, los últimos datos muestran el aumento más débil de la actividad comercial desde que el índice PMI retornó a territorio de crecimiento en marzo de 2021, según el último informe publicado ayer por IHS Markit. La desaceleración se debe al avance de la variante ómicron, que restringió la actividad sobre todo en el sector servicios. En España su caída fue notable, al pasar de un 55,8 en diciembre al 46,6 en enero. Es la primera vez en 11 meses que se sitúa por debajo del umbral del 50 que separa el crecimiento de la contracción. En el caso de la eurozona la caída fue menor (de un 53,1 a 51,1 en el mismo periodo) e implica todavía un leve crecimiento. La contracción del sector de los servicios no es un buen augurio para la velocidad de la recuperación española en el primer trimestre de este año. 

BBVA ha dado por concluida la crisis del Covid en la cuenta de resultados del grupo y en la remuneración al accionista. Cerró 2021 con un beneficio neto atribuido de 4.653 millones de euros, 3,6 veces más que los 1.305 millones ganados en 2020, gracias a los mayores ingresos y a las menores necesidades de provisiones y saneamientos, con lo que también supera en un 19% las ganancias de antes de la pandemia. Este resultado ha ido acompañado de una mejora en la remuneración al accionista, vía dividendo en efectivo y recompra de acciones. BBVA ha aprobado hacer un pago adicional en relación con el resultado del grupo en 2021 por importe de 0,23 euros brutos por acción en efectivo y lo abonará abril. En total, para el ejercicio 2021, BBVA pagará un dividendo de 31 céntimos de euro por acción, el mayor en efectivo de la última década. A ello se suma el programa de recompra de acciones por 3.500 millones de euros (el 10% de su capital). 

Al organismo le preocupa la persistencia de la inflación, hasta el punto que su presidenta, Christine Lagarde, aseguró ayer que el BCE revisará sus políticas monetarias en la reunión que mantendrá en marzo y en la que no descartan la subida de los tipos de interés. Todo parece indicar que el organismo se verá obligado a adoptar esta decisión. Los precios en la zona euro marcaron en enero un nuevo récord histórico y Lagarde admitió que «la inflación será más persistente de lo que esperábamos». Ante esta situación, el Banco de Inglaterra ya ha decidido subir los tipos de interés por segunda vez en dos meses, hasta el 0,5%, y la Reserva Federal prevé adoptar medidas similares en EE UU el mes que viene. En cuanto al BCE, «todos los gobernadores de los bancos nacionales se muestran preocupados –admitió Lagarde–, pero nuestro organismo no se precipita en sus decisiones». Reconoció que, en su balance de riesgos, la inflación ocupa un lugar importante. Estiman que, a corto plazo, los precios seguirán disparados, debido al encarecimiento de la energía y a la gran demanda de combustibles –culpables del 50% de la inflación actual–. Los precios de los alimentos también han experimentado una notable subida, arrastrados por el alto coste del transporte y los fertilizantes. Con todo, el BCE confía en que los precios se estabilicen a lo largo del año.

En sólo un mes, el Banco de España ha pasado de pronosticar una inflación promedio del 3,7% para 2022 a hablar ya de un 4%. Si esta estimación se cumple significará que las familias sufrirán este año el mayor incremento de precios en promedio desde el año 2008 (en que fue del 4,1%) y un punto superior en media al que vivieron en 2021, del 3,1%. La estimación está en línea con la de otros servicios de estudios como el del Banco Santander y CaixaBank que han llegado a situarla por encima del 4,5%, pero en este caso procede de la máxima institución de política monetaria del país. «En el escenario más probable, la inflación podría registrar en España una tasa media en el entorno del 4% en 2022, aunque con un perfil probablemente descendente a lo largo del año (...) En las circunstancias actuales no podríamos descartar que aparecieran escenarios en los que las presiones inflacionistas fueran más duraderas de lo inicialmente previsto», advertió ayer la subgobernadora de la entidad, Margarita Delgado, durante la inauguración de un foro en Madrid. Según su previsión, los precios se irán moderando poco a poco a lo largo del año porque lo que los ha impulsado hasta ahora son factores transitorios. 

A Abdullah, que intentaba reconstruir la fuerza del Estado Islámico sin salir de su caserón de Siria, se le considera responsable del genocidio yazidí en 2014. Eso y otros asesinatos alrededor del mundo le habrían dado puntos de crueldad para heredar el califato en 2019, después de que Abú Baker al-Bagdadi se autoinmolara también durante un operativo estadounidense. Rodeado por las fuerzas especiales norteamericanas en la casa que ocupaba con su familia, Abdullah siguió sus pasos al detonar un chaleco explosivo que redujo a ruinas el tercer piso de la vivienda, con toda sus allegados dentro, según la versión estadounidense. Fuentes periodísticas sostienen que seis niños y tres mujeres habrían muerto en el ataque, cifra que Washington ni confirma, ni desmiente. Tanto el Pentágono como la Casa Blanca insistían ayer en que Biden prefirió involucrar a las fuerzas especiales en una operación muy arriesgada para salvar el mayor número posible de vidas inocentes, pese a que lo más fácil hubiera sido descargar sobre él un misil teledirigido.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) envió ayer, por primera vez en los últimos meses, un mensaje optimista sobre el final de la pandemia. El director para Europa de la OMS, Hans Kluge, afirmó que el continente podría entrar «en un largo periodo de tranquilidad» que puede conducir, incluso, al final de la emergencia sanitaria. Los altos índices de vacunación, la menor virulencia de ómicron frente a variantes previas y la llegada de la primavera, el próximo mes, pueden abrir la opción de que la pandemia quede superada. «Este contexto, que hasta ahora no vivimos en esta pandemia, nos da la posibilidad de una tregua que podría traernos una paz duradera», declaró Kluge. Mientras, en Euskadi la ola de ómicron continúa su repliegue. Disminuyen los casos y también lo hace la presión hospitalaria. Euskadi ha superado el pico de nuevos ingresos diarios generados por esta nueva acometida del virus. Han caído un 33% en tres semanas. Se ha pasado de las 110 personas de media hospitalizadas por jornada la semana del 10 de enero a las 73 que lo han sido en esta, según las cifras oficiales del Gobierno vasco. El cambio de tendencia es claro. En los centros de Osakidetza ayer permanecían ingresadas en planta 549 personas con covid positivo. Hace una semana eran cien más.