20220323

La invasión de Ucrania por parte de Rusia –en realidad los efectos que ya está generando y los que pueden venir en los próximos meses– va a darle un buen ‘mordisco’ al crecimiento económico de Euskadi. Al menos si se toman como referencia las estimaciones realizadas el pasado mes de diciembre, cuando el conflicto bélico no estaba sobre la mesa. El consejero de Economía, Pedro Azpiazu, anunció ayer que el Gobierno vasco ha decidido revisar a la baja las previsiones que realizó a finales del pasado año y que apuntaban a un crecimiento del PIB –el valor agregado de los productos y servicios generado en Euskadi– del 6,7%. Ahora la estimación se queda en el 4,5% –supone producir 1.700 millones menos en 2022–, una tasa que incluso puede calificarse como optimista si se tiene en cuenta que refleja una expansión intensa de la economía, en un momento en que tan solo hay incertidumbres. El Ejecutivo defiende que se crearán este año 16.000 empleos para bajar la tasa de paro hasta el 9,5%. Mientras, a la vista de la situación de muchas empresas ‘atrapadas’ desde el punto de vista comercial en Ucrania, Rusia o Bielorrusia, el Ejecutivo vasco aprobó ayer dos medidas financieras «de cirugía fina», según definió Pedro Azpiazu: Diez millones en créditos para las firmas ‘atrapadas’ en el conflicto. 

Nueve compañías vascas se juegan algo más que unas ventas: Cie, Garay, Gescrap, Gestamp, Gonvarri, Gurutzpe, GH, Jeremías y Winoa. Cuentan con fábricas en Rusia –hay un total de 13 instalaciones de producción ligadas a compañías de Euskadi– y ahora tienen en riesgo no sólo ese trozo de mercado que poseían, sino las cuantiosas inversiones que han realizado. La situación, advierten portavoces de algunas de estas empresas, es un tanto caótica. De un lado existe el temor a que las sanciones comerciales que puedan decretar Estados Unidos y la Unión Europea escalen de tal forma que impidan su presencia en Rusia por más tiempo. De momento no están en ese escenario, pero al menos las del sector de automoción se enfrentan a una coyuntura diabólica. Las fábricas de los constructores de automóviles están prácticamente paralizadas por la escasez de componentes y eso ha generado también una congelación o disminución de los pedidos. Es lo que sucede en las plantas de Gestamp (cuatro), Gonvarri – con dos, está también controlada por la familia Riberas y actúa como proveedora de la primera– y Cie Automotive (una). La dotación de 10 millones anunciada ayer por el Gobierno vasco es inicial y el consejero Azpiazu aseguró que «se ampliará todo lo que sea necesario». Pese a ello, ya anticipó que no cree que estemos ante un gran problema, debido precisamente a la escasa relevancia de las exportaciones vascas a Rusia.

El Gobierno central ha autorizado al País Vasco a formalizar operaciones de endeudamiento a corto plazo, por un importe máximo de 825 millones de euros para atender necesidades transitorias de tesorería. El País Vasco ha solicitado autorización para formalizar operaciones de deuda a corto plazo por el citado importe que se destinarán, de acuerdo con la solicitud, a atender necesidades transitorias de tesorería, mediante la renovación de pólizas de crédito con vencimiento en este año. El Gobierno español precisa que esta autorización solo podrá amparar operaciones formalizadas hasta el 31 de diciembre de 2022.

El Gobierno mueve ficha para intentar que el conflicto con los transportistas no termine por bloquear el país. Pese a prometer ayudas directas por valor de 500 millones para el sector, los convocantes del paro no solo siguen en sus trece, sino que a ellos se han sumado nuevas asociaciones. Por ello el ministro de Agricultura, Luis Planas, abogó ayer por «tender puentes» abriendo por primera vez la puerta a reunirse con los huelguistas, algo que hasta ahora había descartado la ministra de Transportes al considerar que eran un grupo minoritario de «ultras». El paso hacia adelante se demuestra también en que la ministra Raquel Sánchez se abre ahora a tomar «medidas que limiten la subida de precios –fijando un posible tope– para que la entrega de los 500 millones anunciados no acabe siendo ineficaz», según dijo. El problema es la falta de concreción del Gobierno. Tras una reunión de seis horas el lunes con el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), el Ejecutivo acordó la entrega de 500 millones a los transportistas para aliviar el encarecimiento de los carburantes, pero no detalló cómo llegarán a los camioneros, a la espera de las eventuales decisiones del Consejo Europeo que empieza mañana para intentar aligerar los costes energéticos. El Gobierno emplazó a sus interlocutores a una nueva cita el viernes, lo que tensó aún más los ánimos de varias organizaciones del CNTC.

La paralización del país a consecuencia de la huelga de transporte ya no es una posibilidad remota, sino bastante real e incluso próxima. El presidente del área de Mercancías del Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), Carmelo González, reconoció ayer en una entrevista radiofónica el riesgo de que España se pare esta misma semana. «No quisiera decirlo, pero, desgraciadamente, sí», se lamentó. Tras nueve días de paro indefinido, las alarmas han saltado en torno a una situación de colapso que día a día se torna cada vez más compleja a consecuencia de las importantes carencias en la cadena de suministros, que están ya provocando problemas de abastecimiento en productos básicos. De hecho, ya hay algunos sectores que califican esta situación de «catastrófica». El transporte y la pesca han parado de forma voluntaria su actividad como medida de protesta, pero el efecto ‘boomerang’ crece y afecta ya de forma preocupante a la mayor parte de industrias, entre ellas una tan necesaria como la alimentaria. Numerosas empresas y cooperativas han tenido que interrumpir sus procesos de fabricación y se han visto obligadas a cerrar temporalmente sus plantas ante la falta de suministro. 

El número de empresas de alimentación en situación límite por la huelga del transporte crece cada día. Danone, una de las mayores multinacionales del sector, ha alertado de que detendrá hoy sus siete fábricas en España de productos lácteos y agua mineral si no se alcanza “una solución de forma inmediata” entre el Ejecutivo y los transportistas que ponga fin a los paros y los piquetes. Si no hay un acuerdo en las próximas 24 horas, “Danone se verá obligado a tomar la drástica decisión de interrumpir el proceso de recogida de leche, y como consecuencia, el proceso de producción en sus fábricas y posterior traslado de producto a la distribución alimentaria. Esto provocará la interrupción de suministro a nivel nacional”, señaló la empresa. Y añadió que “la inaudita situación de inestabilidad y el agravamiento de los paros ya están comenzando a afectar al aprovisionamiento de materias primas esenciales”. Danone no es un caso aislado. Los damnificados por la huelga se cuentan ya por decenas, con el foco puesto en Galicia, Asturias, Andalucía y Extremadura, aunque los problemas empiezan a ser generalizados en todo el país.

El Gobierno vasco hizo ayer un llamamiento a la calma por la huelga indefinida de transportistas, que se prolonga ya diez días, con un mensaje claro y directo a los consumidores. Afirmó que el suministro de alimentos y bienes de primera necesidad está «garantizado» y pidió responsabilidad a los clientes de los supermercados y comercios; que no caigan en temores injustificados y que «no acaparen» mercancías, ya que esta actitud genera un círculo vicioso que acaba por desencadenar el desabastecimiento y el «alza en los precios» de los productos más demandados y de «otros». El portavoz del Gabinete, Bingen Zupiria, aseguró que el Ejecutivo asienta sus expectativas sobre información «bastante precisa» de la situación actual en el sector, proporcionada por el clúster de la Alimentación y las principales empresas de distribución. Y el diagnóstico, precisó, es que el suministro está «garantizado», si bien admitió que «pueden existir problemas puntuales de existencia respecto a determinados productos». Esta escasez no está relacionada directamente con el paro en el transporte. Más bien, se deriva del miedo suscitado en la población por la propia huelga y sus eventuales consecuencias. Se trataría de algo parecido a lo que sucedió durante la fase aguda de la pandemia y el confinamiento.

La parada que realizará desde hoy CAF durante cinco jornadas en las plantas de Beasain e Irun ante los problemas de suministros que está teniendo como consecuencia de la huelga del transporte no será pacífica. El comité de empresa anunció ayer que impugnará por la vía judicial la activación del mecanismo de flexibilidad por parte de la dirección. Existen discrepancias entre los representantes de los trabajadores y la dirección respecto al alcance de la medida adoptada para tratar de paliar el impacto de la huelga de transportes, secundada en Euskadi y Navarra por los autónomos de Hiru. Una parada que afectará al grueso de la actividad de ambas plantas, ya que incide en la división de fabricación y acabado de vehículos, el núcleo duro de su producción. Aunque la empresa no supo cuantificar a cuántos trabajadores afectará la parada, el comité de empresa indicó ayer en un comunicado que incide en la práctica totalidad de la mano de obra directa de ambas plantas. La factoría del Goierri da empleo a 2.500 trabajadores y la del Bidasoa a 300. La compañía informó al comité de empresa el pasado jueves la adopción de dicha medida ante los problemas de suministro que ya empezaban a atisbarse y que se irían agravando según pasaran los días.

«El tráfico de camiones en el Puerto de Pasaia es prácticamente nulo, entre un 5 y un 10%». Son las palabras de David Candelario, director de la dársena guipuzcoana. Por los muelles donostiarras pueden circular, en un día de mucho trasiego en torno a 1.000 camiones. Ahora, según las estimaciones de la terminal, el número de vehículos pesados que entran y salen cada día del puerto no llega a cien. La huelga del transporte, que hasta ahora ha tensionado en Euskadi las cadenas de suministro industriales y también, aunque en menor medida, las del sector de la distribución, amenaza con romper del todo las costuras de un sistema logístico que parece a punto de ceder. Tras los serios problemas en el Puerto de Bilbao, la dársena pasaitarra ha sido la última en sufrir las graves consecuencias del paro de los transportistas. Por su parte, el Puerto de Bilbao quedó bloqueado prácticamente desde el primer día de huelga, el lunes 14 de marzo, y así parece que va a seguir. Una parálisis que ya ha obligado a parar a algunas industrias y que ha puesto en jaque a otras. La situación puede agravarse más porque la terminal de contenedores está saturada en la parte de importación. En Bilbao el 95% de los transportistas son autónomos y desde el principio decidieron aparcar sus 850 camiones que mueven los contenedores y la mercancía general. 

La Diputación no va a esperar más y ayer anunció que ultima un paquete de medidas urgentes para «aliviar la situación» que atraviesan familias, autónomos y microempresas. Además, se contará con unas ayudas directas y excepcionales a fondo perdido para cubrir las consecuencias que está sufriendo el sector agroganadero. «A la crisis energética se suma el déficit de materias primas y suministros que ya tienen repercusiones sobre la cadena de producción», analizó Ramiro González. Por eso, la Administración alavesa prepara un plan para agilizar las devoluciones fiscales como el IVA, hidrocarburos y la campaña de la Renta. Esto supondrá una revisión de calendarios de pago de impuestos para facilitar que cuenten con liquidez a corto plazo. «No podemos intervenir en el precio de la energía o de los gasóleos, pero sí podemos adoptar medidas de ayuda a los sectores más afectados», justificó el diputado general de Álava. «Vamos a poner en marcha medidas que compensen en la tributación las dificultades que tendrán a lo largo de este año para actividades agrícolas, ganaderas, elaboración de vinos y transporte de mercancías, en el IRPF y en el impuesto de sociedades».

“Lo más sencillo, lo más limpio, es introducir una referencia al precio máximo al que pueden ofertar electricidad las centrales de ciclo combinado”, deslizó ayer la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. La misma idea salió a relucir en el encuentro que ayer por la mañana mantuvo el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, con los representantes de las grandes empresas eléctricas, según confirmaron dos fuentes al tanto de la reunión. Sería, en todo caso, una medida temporal hasta que la soga de los precios de la energía empiece a aflojar. Una vez descartado el tope de 180 euros por megavatio hora sobre el mercado mayorista, una opción que suscitaba el rechazo frontal de Alemania y otros países del norte de Europa y que Bruselas tampoco veía precisamente con buenos ojos, España busca otras opciones que permitirían llegar al mismo punto. 

Cumbre energética en Moncloa para debatir la solución a la crisis agravada en las últimas semanas por el estallido de la guerra en Ucrania. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, se reunieron ayer con los principales directivos de las grandes eléctricas que operan en España para analizar el plan con el que se pretende limitar la espiral alcista de los precios de la energía. Y el mensaje fue claro. No habrá un nuevo impuesto al beneficio de las grandes eléctricas como reclama Unidas Podemos desde hace tiempo. Así lo transmitió Ribera tras el encuentro al que asistieron, entre otros, el presidente de Iberdrola, Ignacio Galán; el presidente de Naturgy, Francisco Reynés; el consejero delegado de Endesa, José Bogas; el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz y el presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales. «No hemos hablado de impuestos a las grandes eléctricas, que ya están regulados en Sociedades, sino del modo en el que estas compañías pueden contribuir a una energía más barata y al confort de los consumidores», expresó la vicepresidenta tercera en rueda de prensa. En concreto, el Gobierno solicitó «un esfuerzo adicional» al sector para abaratar el precio de la luz y acelerar la transformación del sistema energético. Es decir, vuelve a apelar al voluntarismo de las eléctricas, aunque sin concretar la fórmula para alcanzar el objetivo.

En la reunión de por la mañana, Ribera explicó que “se les ha trasladado varios mensajes”. En concreto, “el modo en el que, por parte de todos y por parte de las empresas”, se pueden bajar los precios de la energía. Pero sobre todo “qué esfuerzo adicional pueden hacer [las empresas]”, ver “cómo pueden activar y acelerar la transformación de las renovables y la electrificación del consumo”. Hemos “hablado del modo de conseguir energía más barata y del modo en que grandes actores institucionales, como las grandes eléctricas, pueden contribuir en mucha mayor medida al confort de los consumidores”. “Las empresas que más ganan deben aportar más para bajar la luz”, dijo en una entrevista reciente. Las eléctricas temen que el Gobierno actúe contra su cuenta de resultados por entender que están obteniendo beneficios extra (windfall profits). Ayer, se esmeraron en intentar demostrar que Ribera no había aludido a esa posibilidad. Las grandes eléctricas siguen diciendo que de haber beneficios extra, los tienen las petroleras y las gasistas. Efectivamente, ayer Ribera no se refirió en la reunión con las energéticas a imponer una tasa especial a las eléctricas. Como tampoco desveló ninguna otra medida concreta que vaya a tomar el Gobierno, dejándolo todo para el próximo Consejo de Ministros, y siempre tras el consenso europeo. Sí que insistió repetidamente en la rueda de prensa en repartir el esfuerzo de abaratar la luz. “Hay que facilitar el compromiso por parte de todos, también de las empresas eléctricas, con los consumidores”, y hay que analizar “qué fuerza adicional pueden y deben hacer las compañías, así como de la forma de activar la respuesta que corresponde en una situación como la actual”.

España no depende del gas ruso ni del petróleo ruso, que supone en torno al 8% y del 4% de los suministros anuales. Pero es muy dependiente del uranio ruso, principal fuente de abastecimiento de las centrales eléctricas en España. Así se desprende de los datos dados a conocer hoy por Berkeley, la empresa minera que trata de sacar adelante el proyecto de extracción de uranio de Retortillo, en Salamanca. El Gobierno ha parado ese proyecto, bajo argumentos medioambientales. Sin embargo, el grupo estatal Enusa, que es el que se encarga del abastecimiento de uranio para las centrales, compra a Rusia. Actualmente, según los últimos datos públicos de Enusa de 2020, España importa un 38,7% de uranio de Rusia, un 22,3% de Canadá, un 19,5% de Níger, un 11% de Kazajistán, un 3,7% de Namibia, un 2,5% de Uzbekistán y un 2,3% de Australia. Francisco Bellón, presidente de Berkeley Minera España, compañía que tiene los derechos de explotación de la mayor parte de las reservas de uranio de España, asegura que “si explotásemos el uranio disponible en nuestro país, España tendría garantizado el suministro de esta materia prima crítica y sería independiente de Rusia y de otros países con jurisdicciones poco estables”. El precio del uranio ha sufrido un importante incremento en los últimos meses y en la actualidad está en 55 dólares por libra, que es un 30% superior al estimado por Berkeley en su estudio de viabilidad de la planta de Retortillo. Para encontrar una solución a la dependencia de estos países con alto riesgo geopolítico, Berkeley Minera España asegura que en 18 meses estaría en disposición de suministrar el equivalente a la importación actual de uranio que proviene de Rusia.

Entre ellas, se plantea poner un precio de referencia en el mercado mayorista, establecer topes a estos precios (una de las medidas barajadas por España), crear “agregadores” (proveedores que negocien de forma conjunta y en nombre de otros precios ventajosos) o establecer precios fijos para las compañías generadoras de electricidad. Bruselas llama a la cautela al indicar que las medidas deben ser “excepcionales, temporales y específicas”. El documento será la base para el debate entre los jefes de Estado y de Gobierno de la UE que se reúnen mañana y el viernes. Bruselas tiene previsto presentar hoy una batería con al menos cinco posibles actuaciones de emergencia para intervenir “a corto plazo” los mercados de la energía y frenar la escalada de precios de la luz. 

La Cámara de Comercio de España prevé que el consumo de los hogares aumente en este año un 2% en lugar del 4% que habían calculado a finales del año pasado. Funcas, por su parte, lo sitúa en el 2,5%. Son previsiones exiguas si se considera que en 2021 el gasto final de los hogares aumentó un 4,6% respecto al año previo, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Además, queda muy lejos de ese 6,9% que en julio del año pasado el Gobierno contempló en los Presupuestos Generales del Estado. Antes de que la guerra estallara ya se observaba una ralentización del consumo, como consecuencia del aumento de las tasas de contagio por la variante ómicron, la intensificación de los cuellos de botella en la oferta y la subida de los precios de la energía. El Banco Central Europeo advirtió hace unas semanas de que el gasto de las familias se contrajo más de lo esperado en el cuarto trimestre de 2021 y se situó un 2,5% por debajo del nivel anterior a la pandemia. En ese mismo periodo, el consumo de los españoles cayó un 1,2% respecto al tercer trimestre, según el INE. 

El consejo de ministros aprobó ayer el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) Aeroespacial, un instrumento de colaboración público-privada para impulsar la ciencia y la innovación en el ámbito aeroespacial con el objetivo de dar respuesta a los nuevos retos del sector como el cambio climático, la seguridad global y la transición digital. El PERTE Aeroespacial, creado en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, prevé movilizar cerca de 4.533 millones de euros entre 2021 y 2025, con una contribución del sector público de alrededor de 2.193 millones y una inversión privada de cerca de 2.340 millones. «Hoy mirar al futuro pasa también por mirar al cielo», señaló la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, que destacó este espacio como «imprescindible» para servicios tan cotidianos como la telefonía móvil, el GPS, la información sobre meteorología o el suministro de alimentos, también siendo de «utilidad» para la prevención y detección de catástrofes. El PERTE contribuirá a superar en los próximos años los principales desafíos a los que se enfrenta la industria aeroespacial.

La empresa Atalaya Generación tendrá prácticamente imposible desarrollar las dos centrales hidroeléctricas de bombeo que tenía previstas en ambas laderas de la Sierra de Badaya y que en conjunto iban a mover más agua que el embalse de Ullibarri Gamboa. Sendos informes técnicos de la Diputación de Álava coinciden en que generarían «un impacto crítico no asumible en el territorio histórico». Las conclusiones sobre ambas iniciativas alertan de que provocarían incidencias sobre «el acuífero de calizas de Subijana, los espacios fluviales de la Red Natura 2000, la vegetación y hábitats naturales de interés comunitario o prioritario, y la avifauna protegida». Los informes del Servicio foral de Sostenibilidad Ambiental se remitirán al Gobierno central que vista su contundencia servirán para enterrar los proyectos. Y es que los técnicos forales consideran que estas centrales tendrían «efectos múltiples muy relevantes» entre las excavaciones de «millones de metros cúbicos en área de recarga, captaciones continuas, el edificio de la estación de bombeo, líneas eléctricas con varios cruzamientos, ruidos y molestias derivados de la explotación y mantenimientos».

Mondragón Assembly ha comprado el 60% del capital de la empresa china QHD Visual Automation Equipment para reforzarse en el segmento de paneles solares. El país comunista es el principal fabricante del mundo de estos equipos. Y la tendencia a la descarbonización de la economía ha disparado las promociones de parques fotovoltaicos en todo el mundo. La cooperativa integrada en Corporación Mondragón ha desarrollado una “estrecha” colaboración con su nueva filial durante los últimos seis años, sobre todo en el desarrollo de nuevos equipos. QHD, con sede en la ciudad de Qinghuangdao, está centrada en el diseño de soluciones de automatización para las industrias solar, cristal y cerámica. El grupo vasco y QHD han desarrollado conjuntamente una nueva laminadora que ya han patentado. Con su nueva filial, Mondragón Assembly quiere consolidarse como un proveedor global de líneas automáticas llave en mano para la fabricación de paneles solares.

Biden tiene grandes ambiciones para la historia, aunque no necesariamente para el viaje a Europa que inicia hoy. Será el tercero de su presidencia a Europa, el único continente al que ha viajado, y el primero desde que Ucrania acapara los titulares de la actualidad internacional y el día a día de la Casa Blanca. Biden quiere pasar a la historia como el mandatario que unió a los aliados, fortaleció la OTAN y evitó una tercera guerra mundial. Eso es incompatible, desde su punto de vista, con proporcionar cazas a Ucrania o jugársela con un viaje a la capital de un país en guerra. Otros mandatarios lo han hecho, pero Polonia, Eslovenia o República Checa no tienen el peso específico de Estados Unidos. «Además de las consideraciones de seguridad, la visita de un presidente de la Casa Blanca requeriría de una enorme cantidad de recursos sobre el terreno», se disculpó el lunes la portavoz, Jan Psaki. Otros dirigentes han acudido a zonas de guerra, siempre y cuando pudieran limitar el riesgo. Rooselvelt se reunió en 1945 con Churchill y Stalin en Crimea para coordinar la ofensiva final contra los nazis.

España dará el lunes los pasos definitivos para ‘gripalizar’ la Covid-19. Desde ese día, los contagiados asintomáticos o con síntomas leves ya no tendrán que guardar cuarentena después de que la Comisión de Salud Pública aprobara ayer la ‘Estrategia de vigilancia y control frente a la Covid-19’, el documento que sienta las bases para dejar atrás la fase aguda de la pandemia. A partir de la semana que viene, deberá guardar un aislamiento de siete días la población vulnerable que dé positivo (será el personal sanitario el que valore el riesgo de cada persona y decida a quién incluye en este colectivo). También se mantendrán las cuarentenas para los residentes en centros de mayores y los ingresados en hospitales, donde esta medida seguirá siendo obligatoria, independientemente de la sintomatología, aunque aquí también aparecen cambios: los aislamientos durarán cinco días y concluirán tras pasar 24 horas sin ningún síntoma. Finalmente, los sanitarios también harán cuarentena, aunque finalizará cuando den negativo en una prueba diagnóstica.