20221007

Un día después de que el Banco de España cuestionara las previsiones de crecimiento de la economía incluidas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez en las Cuentas públicas, ayer fue el turno de BBVA Research. El servicio de estudios de la entidad financiera ha recortado su estimación de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) nacional para el próximo año a solo un 1% (cuatro décimas por debajo incluso de lo previsto por el Banco de España y un 1,1% menos que lo calculado por el Gobierno). No obstante, y contrariamente a lo que han hecho otros organismos en sus revisiones de previsiones, BBVA Research sí ha elevado sus estimaciones para el cierre de este año 2022 hasta el 4,4%. El centro de estudios del banco vasco revela en su último informe ‘Situación España’, presentado ayer, que la economía podría permanecer «prácticamente estancada durante los próximos meses» o incluso «registrar caídas moderadas» como consecuencia de la mayor incertidumbre, el aumento de la ya elevada inflación y la subida de los tipos de interés. Así, sus analistas han calculado que el tercer trimestre del año el crecimiento ha sido nulo y que en el cuarto la economía caerá un 0,3%, lo que arrastrará al primero de 2023 para el que también pronostican un decrecimiento de otro 0,3%. Con esos dos trimestres consecutivos en negativo, España habrá entrado técnicamente en recesión, si bien el informe estima que será durante un «corto» espacio de tiempo. «El periodo de estancamiento será corto y la recuperación se reactivará tras los primeros meses del año siguiente», señaló durante la presentación el director de BBVA Research, Jorge Sicilia. En cuanto a la inflación, el centro de estudios prevé que la tasa se mantenga elevada aún varios meses y ha revisado al alza el cálculo del IPC promedio de este año, desde el 7,9% estimado anteriormente, hasta el 9,3%. Para 2023 se vaticina que la inflación apenas baje del 5%. 

El presidente de Petronor, Emiliano López Atxurra, admitió ayer que una parte de las inversiones previstas por la compañía está sometida «a revisión, porque pertenecemos a una corporación» –en relación al grupo Repsol–, aunque quiso mandar un mensaje de tranquilidad en torno a otras. Y en concreto, se refirió a la planta experimental de producción de combustibles sintéticos –un laboratorio de pruebas– que se va a construir en el Puerto de Bilbao. «Otra cosa es el escalado industrial, la inversión de nueve ceros, que sí está en revisión y se hará donde más convenga», explicó. Petronor tiene en marcha varias inversiones en el puerto, con el objetivo de producir hidrógeno y fabricar combustibles sintéticos sin emisiones netas de CO2. Esto es, el CO2 que emiten en el momento de su combustión es equivalente al que se ha utilizado para su producción al mezclarlo con el hidrógeno. Repsol, la matriz de Petronor, ha decidido poner en revisión todas sus inversiones de futuro como consecuencia de la merma de beneficios que va a tener la compañía con la aplicación de la nueva tasa a las energéticas. Una vuelta de tuerca en impuestos que, estiman algunos analistas externos a la empresa, puede costarle en torno a 1.000 millones de euros anuales. «La ‘demo’ –dijo ayer López Atxurra en la radio pública vasca– está garantizado que se hará», pero dejó en el aire que se vaya a seguir con las inversiones necesarias para pasar de las pruebas de laboratorio a la producción real. «Aunque la prioridad es que esa inversión se haga aquí, lo cierto es que el escalado industrial está en revisión por parte del grupo. Se hará en el sitio más adecuado». Por otra parte, López Atxurra se desvió de la opinión habitual de los empresarios al mostrarse a favor de la estrategia del Gobierno de Sánchez de aumentar la presión fiscal sobre las rentas más elevadas. Incluso, se llegó a mostrar partidario del mantenimiento del Impuesto de Patrimonio –«lo pago muy a gusto»– y de la implantación del nuevo tributo a las grandes fortunas.

San Sebastián, y por extensión toda Gipuzkoa y Euskadi, han logrado situarse por méritos propios en la punta de lanza de la «biorrevolución» que el gigante Bayer acomete en su división farmacéutica, asumiendo un papel importantísimo en los futuros desarrollos de los medicamentos del siglo XXI; en concreto en las llamadas terapias génicas. Y como protagonista de ese desafío, la firma Viralgen, dedicada desde el parque empresarial de Miramon y para todo el mundo al desarrollo y fabricación de vectores virales; virus ‘buenos’ que trasladan al punto exacto de nuestro cuerpo la solución a numerosos problemas de salud. Así lo explicó ayer Stefan Oelrich, miembro del consejo de administración de Bayer AG y presidente de Bayer Farma, que protagonizó el XIII Foro Empresarial de Gipuzkoa, celebrado en la Cámara de Comercio de Gipuzkoa y organizado por DV con la colaboración de Laboral Kutxa y EY, y al que acudió una amplísima representación institucional y del mundo económico y empresarial guipuzcoano y vasco. La cita, moderada por el director de este periódico, David Taberna, congregó a numerosas personalidades e instituciones guipuzcoanas y vascas, y sirvió para que el directivo repasara y pusiera en valor esa posición de auténtico liderazgo de Viralgen en el ámbito de la terapia génica dentro de la compañía (sus desarrollos no se encuentran en ninguna otra parte del mundo, tampoco en Alemania, confesó) y también para resaltar el «cambio de paradigma» que atraviesa todo el sector farmacéutico. e trata de un área cuya capacidad de generar conocimiento se duplica cada año, explicó Oelrich en un perfecto castellano (trabajó durante cinco años en Argentina y Uruguay), y que está virando «de la química a la biotecnología», dijo.

Stefan Oerlich, miembro del consejo de administración de Bayer AG y presidente de Bayer Farma, ofreció ayer en el XIII Foro Empresarial de Gipuzkoa una interesantísima conferencia en la que repasó la apuesta del gigante alemán por las nuevas terapias de futuro, como los vectores virales que hace Viralgen. El directivo dibujó un panorama retador e ilusionante para la industria farmacéutica y para la propia humanidad, en el que el futuro no queda tan lejos pues, aseguró, enfermedades ‘malditas’ como el cáncer, el Parkinson o el Alzheimer podrían empezar a encontrar cura. Faltan años pero no ganas. Un mundo de posibilidades. Bayer, explicó Oelrich, apuesta de forma decidida por nuevas formas de medicamentos, casi inimaginables hace bien poco, como los vectores virales; virus ‘buenos’ que inyectados en el cuerpo dejan su mensaje genético solo allí donde se necesitan. Un mundo de posibilidades infinitas, en el que la capacidad de mejora y de aprendizaje avanza a velocidad de vértigo y que tiene como principal desafío el tratamiento y la cura de enfermedades para las que hoy no hay cura. No hay límites. «En dos o tres años, por ejemplo, inyectaremos células en personas ciegas que les permitan ver», sentenció. Vivir más, vivir mejor. A la pregunta de si gracias a estas nuevas fórmulas viviremos más años o mejor, Stefan Oelrich respondió rápidamente y sin duda alguna: «Ambas cosas».

La producción de la industria vasca aumentó el 5,6% en agosto respecto al mismo mes del año anterior, un incremento impulsado sobre todo por el sector energético. El Instituto Vasco de Estadística, Eustat, ha precisado que en los ocho primeros meses de este año la actividad industrial de Euskadi acumula un ascenso del 6,7% comparado con el mismo periodo de 2021 y respecto a julio de este año la subida de la producción es del 2,4%. Los sectores con más peso en la industria vasca que más crecieron en agosto fueron energía eléctrica, gas y vapor con un 19,1%; industrias alimentarias, bebidas y tabaco con un 13,4%, y material y equipo eléctrico (11,7%). En sentido opuesto, el sector relevante con mayor descenso en su producción fue el de madera, papel y artes gráficas con una bajada del 5%. Por territorios en agosto la producción industrial bajó un 2,6% en Araba, mientras que en Bizkaia creció un 12,2% y en Gipuzkoa un 3%. En los ocho primeros meses de este año la industria vasca acumula una subida del 6,7% debido al buen comportamiento tanto de la energía como de los bienes de equipo y de los bienes de consumo, que tuvieron crecimientos del 15,4%, del 10,9% y del 5,2%, respectivamente.

La economía vasca encadena siete meses de suave desaceleración debido fundamentalmente al  descenso del consumo privado, que se ve afectado por la elevada subida de los precios. Así lo refleja el "Termómetro Económico" mensual que publica el Departamento vasco de Economía y Hacienda correspondiente al mes de septiembre y que analiza un centenar de indicadores. La suave desaceleración es el resultado de un enfriamiento del consumo privado, que se ve afectado por la pérdida de poder adquisitivo asociada a la alta inflación, a pesar de la significativa creación de empleo, señala este estudio. Sin embargo, constata que la inversión muestra un "notable dinamismo", aunque se modera ligeramente por el aumento de la incertidumbre. Las exportaciones también se mantienen fuertes, pero algo menos que el mes anterior. Con estos datos la puntuación de la situación económica de septiembre baja a 119,6 puntos sobre 150, es decir que sigue todavía en una situación de "crecimiento sólido" -entre 100 y 150- a pesar de que sigue en descenso ya que en agosto tuvo 121,5 puntos y en julio 125,4. Ver termómetro Gobierno vasco. 

La Federación Vizcaína de Empresa del Metal (FVEM) ha calificado de "irresponsabilidad" las nuevas huelgas anunciadas en el sector y ha trasladado a los sindicatos que, "si no se mueven, es imposible que haya un convenio". El director gerente de FVEM, Adolfo Rey, se ha referido de esta manera, a los nuevos paros para los días 27, y 28 de octubre y 2 de noviembre convocados, tanto por CCOO, UGT y LAB, como por ELA, que, no obstante, los considera "insuficientes" y que apuesta por una huelga indefinida, si en esos días no se llega a un acuerdo sobre el convenio. Adolfo Rey ha asegurado que estos paros son "una irresponsabilidad" y ha
lamentado que, con estas huelgas, "se vuelva a lo mismo", después de que, por la parte sindical, se planteara una plataforma a mediados de mayo con 17 puntos que "no han movido nada en cinco meses" y que colocaría al Metal de Bizkaia "en el peor nivel de manera comparativa con el Estado". El responsable de la patronal del Metal de Bizkaia ha recordado que la FVEM han presentado tres propuestas en el marco del proceso negociador para constatar su "vocación de negociar", pero "se está en las mismas que hace tres años". "Si no me das lo que pido, me cabreo, negociar son otras cosas", ha advertido. En este sentido, ha indicado que habría que preguntar a los sindicatos "qué acercamientos han hecho para poder llegar a un acuerdo". 

El secretario general de ELA, Mikel Lakuntza, acusó ayer a LAB de utilizar «argumentos de la patronal» al criticar la convocatoria de huelga realizada por su sindicato en el sector de la función pública vasca. ELA anunció el pasado lunes huelgas en el sector, donde trabajan más de 140.000 personas, para exigir mayores subidas salariales que las aprobadas en los Presupuestos Generales del Estado –un 9,5% en tres años–. La central nacionalista, la de mayor representación laboral entre los trabajadores públicos vascos, reclama que la negociación sea en Euskadi y que se termine con la situación actual que fija mediante legislación básica la retribución de todos los funcionarios del Estado. La secretaria general de LAB, Garbiñe Aranburu, reprochó a ELA que tomara la iniciativa de anunciar paros sin haberlo consensuado con los demás sindicatos, una medida que, según denunció, era «priorizar los intereses corporativos por encima del general». Para el máximo dirigente de ELA, las declaraciones de LAB son argumentos que «hasta ahora habíamos oído de boca de la patronal», cuando critica las huelgas que convoca ELA y las «considera un capricho de este sindicato».

La ingeniería vasca Sener junto al grupo español Cobra, especializado en el desarrollo y gestión de infraestructuras industriales, han firmado el contrato para la construcción de la primera planta regasificadora de Alemania, que incluye el diseño, las compras de materiales y la construcción de la misma. La planta será similar a la que existe en el Puerto de Bilbao y su objetivo es servir como puerta de entrada al gas licuado que se transporta habitualmente en buques metaneros. Alemania no contaba hasta ahora con ninguna instalación de este tipo y su suministro de gas depende exclusivamente de los gasoductos que le unen con otros países y, especialmente, con el procedente de Rusia que, hoy por hoy, se encuentra interrumpido. El contrato se ha negociado durante casi dos años y la empresa germana German LNG Terminal, la que hace esta inversión, ha acelerado el proceso en los últimos meses ante la necesidad imperiosa que tiene la locomotora europea de dotarse de infraestructuras alternativas para el suministro de gas natural. La planta se ubicará en la localidad de Brunsbüttel, al norte del país, en la desembocadura del río Elba en el Mar del Norte.

Las crisis siempre se traducen en menos demanda de energía y así lo evidencian los registros de los primeros ocho meses del año, en los que Euskadi ha reducido en casi un 10% su consumo de gas. En concreto, la demanda convencional de este combustible ha sido de 13.761 Gwh, un 9,3% menos que en el mismo periodo del año pasado, y supone el consumo más bajo de gas en el País Vasco en el curso de los últimos cinco años. Este dato hace referencia al consumo de la industria y al doméstico y pone de manifiesto dos fenómenos: por un lado, la reacción de muchos hogares ante la subida de precios con la aplicación de criterios de máximo ahorro; pero por otra parte, y la que reviste más importancia, el parón en la industria. Un frenazo en la actividad que subraya la «desaceleración económica» que ha llevado al Gobierno vasco a reajustar la previsión de crecimiento de este año al 4,3% y reducir a la mitad su cálculo para el 2023, con un 2,1%. El consumo registrado en el País Vasco presenta un punto de inflexión marcado por la invasión rusa de Ucrania. Un antes y un después. Así, en enero y febrero, el gas demandado por hogares y oficinas y sobre todo por la industria se incrementó una media del 19,2% evidenciando que, a pesar de las tensiones inflacionistas que ya se apuntaban, la economía avanzaba firme en la recuperación. Sin embargo, a partir de marzo, el consumo va cayendo respecto a los mismos periodos del año anterior entre un 13% y un 15%. Pero ha sido en verano cuando el descenso interanual ha sido más alarmante, con una bajada en la demanda en julio del 35% y en agosto, del 42%. Eso ha establecido una media hasta el 31 de agosto del 9,32% menos, por un 15,2% en el conjunto de España. Los datos recogen las paradas de actividad en muchas empresas y es que para Verónica Rivière, la presidenta de Gas Industrial España, es un indicador que muestra «la muerte silenciosa de la industria». La representante de la asociación empresarial destaca que se ha ido agotando el músculo financiero de las compañías y se «entra en una recesión que destruye la demanda».

El País Vasco ha mejorado algunas posiciones en el reparto de la inversiones del Estado, en comparación con lo que había sucedido en los últimos años. Los Presupuestos Generales del Estado para 2023 que ha elaborado el Gobierno de Pedro Sánchez destinan un total de 558,9 millones de euros a inversiones reales en Euskadi, cifra que supone un aumento de 47 millones en comparación con el ejercicio actual. La línea de alta velocidad conocida como ‘Y vasca’, junto al enlace con la línea Burgos-Valladolid, es un año más la partida presupuestaria más abultada de este proyecto de Cuentas para el próximo año, con una dotación total de 245 millones de euros. Una cifra que supone un aumento de apenas 7 millones de euros en comparación con las cuentas vigentes para este año. La Delegación del Gobierno en el País Vasco presentará hoy el detalle de las principales inversiones que el Estado piensa acometer el próximo año, pero las grandes cifras que ya se han dado a conocer permiten apreciar una senda de recuperación. Hace apenas cuatro años, en 2018, Euskadi conseguía atraer el 5% de las inversiones totales del Estado, tasa que sufrió un deterioro considerable hasta situarse este año, en la previsión de gasto de 2022, en tan sólo el 3,9%. Por su parte, el operador ferroviario Adif ha presupuestado un total de 341 millones con destino a la infraestructura ferroviaria del País Vasco, ya que además de los 245 millones de la ‘Y vasca’ hay otros 91 millones para las líneas convencionales y el resto irá destinado a mejoras en la calidad del servicio.

La letra pequeña de los Presupuestos Generales del Estado presentados ayer incluye una revisión de los plazos de ejecución de la ‘Y’ vasca y otro retraso. La nueva estimación es que las obras queden culminadas en 2027, un año más tarde de lo que se preveía hasta ahora. Por primera vez, un documento oficial establece ese nuevo horizonte y aboca a que la inauguración del Tren de Alta Velocidad tampoco vaya a cumplir el calendario previsto. Salvo giro de guion, habrá que empezar a mirar a 2028 para ver el TAV en marcha porque este tipo de infraestructuras requieren de un largo periodo de pruebas de seguridad y formación de los maquinistas. Baste un ejemplo: el AVE llegó a Burgos el pasado verano 20 meses después de que el trazado estuviera culminado. En todo caso, la media de las pruebas en la red AVE ronda los diez meses. Con esta son ya trece las ocasiones en las que la alta velocidad vasca ve retrasada su fecha de inauguración. Cuando se anunció el proyecto en 1988 se calculó que el tren estaría en marcha en 2002, y cuando empezaron los trabajos –este mes se han cumplido 16 años– se hablaba ya de 2012. La amenaza de ETA y el boicot radical, la crisis económica y la falta de impulso político han ido condicionando el desarrollo de las labores en todo este tiempo.

Los Presupuestos Generales del Estado recogen una estimación de Cupo vasco de 1.680 millones de euros, que sería la cantidad que debería pagar Euskadi el próximo año para financiar las competencias no transferidas y que aún están en manos de la Administración central. La cifra supone un incremento del 19,4% en relación con la previsión de Cupo de este año, 1.407 millones de euros, que deberá ajustarse en el momento de la liquidación. Esta previsión supone abonar 273 millones más. Esa cantidad, recogida en el documento de Presupuestos, es el denominado ‘Cupo bruto’, que luego está sometido a un ajuste de doble sentido. De un lado, se descuentan partidas por anticipos económicos que realiza la administración vasca –es el caso por ejemplo de una parte de las obras del tren de alta velocidad en la comunidad autónoma–, al tiempo que se aplican también trasvases de fondos del Estado por transferencias especiales, como ocurrió con los gastos derivados de la pandemia. El documento en el que el Gobierno explica los detalles del Presupuesto advierte que ese cálculo se ha hecho con una metodología «prorrogada». La última Ley de Cupo se aprobó para el periodo de cinco años de 2017 a 2021, de ahí que incluso las cifras referidas a 2022 se han establecido con esa misma metodología provisional. En los años posteriores al arranque del quinquenio –el único en el que se valoran los gastos del Estado y la contribución vasca– la evolución del Cupo en cada ejercicio está vinculada al aumento o descenso de los ingresos totales del Estado.

El Gobierno ha aprobado una partidas de gasto social e inversión sin precedentes en los presupuestos generales de 2023 para responder a la amenaza de crisis y el asedio de la inflación. Los terceros Presupuestos del Ejecutivo de coalición -y los últimos de la legislatura, ya que el próximo año se celebran elecciones generales- se apoyan en la previsión de unos ingresos fiscales récord. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presentó unas cuentas en las que tendrá que hilar muy fino para compatibilizar ese importante gasto social y un crecimiento histórico de algo más del 33% de las inversiones reales, con un crecimiento de los ingresos no financieros del 6%. Y todo ello en mitad de una coyuntura de elevada incertidumbre derivada de los efectos de la guerra en Ucrania, caracterizada por un menor empuje de la actividad y un elevado nivel de inflación. La previsión de crecimiento del Gobierno se fija en el 2,1% para 2023, un nivel que puede calificarse de optimista si tenemos en cuenta que el Banco de España publicó esta misma semana sus estimaciones con una tasa del 1,4%. La ministra de Hacienda, en la rueda de prensa para presentar los Presupuestos, despachó el tema: “No hay que ser agoreros, crecemos por encima de nuestro entorno”, dijo. Montero también descartó que España pueda caer en recesión el próximo año, asegurando que sus previsiones son “prudentes y realistas”. 

Este año, la recaudación de la Agencia Tributaria llegará a los 244.072 millones de euros, máximo histórico. Pese a esta subida, el Gobierno presupuesta para el año que viene unos ingresos tributarios de 262.781 millones, otro récord de recaudación, con un crecimiento previsto del 7,7% respecto a los ingresos de cierre de 2022. La inflación y las reformas del Gobierno se notan ya en las fuertes subidas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), Impuesto sobre Sociedades (IS) y el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). Estas figuras llevarán ya este año a una subida de la recaudación del 9,3% respecto al ejercicio pasado. Sin embargo, la no deflactación del IRPF y los nuevos cambios normativos del Gobierno añadirán otra subida del 7,7% en 2023. El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Los ingresos totales por IRPF ascenderán en 2022 a 105.040 millones, lo que supondrá un incremento del 11,1% en comparación con la recaudación de 2021. Pese a esta subida, el Gobierno presupuesta otro aumento para 2023. Así, los ingresos por el IRPF en 2023 se elevarán hasta los 113.123 millones, un 7,7% más que en 2022. El Gobierno justifica este aumento con una previsión de subida de la renta bruta de los hogares de alrededor del 8% durante este año y del 6% para el ejercicio de 2023. El Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). En 2023, los ingresos por el Impuesto sobre el Valor Añadido alcanzarán la cifra de 86.093 millones, lo que supondrá un aumento de un 5,9% con respecto al cierre de 2022. Ello se sumará a la subida de este año, que Hacienda estima en el 12,2%, y generará unos ingresos en 2022 de 81.312 millones de euros, situando la recaudación del impuesto en máximos. El Ejecutivo estima que los primeros meses de 2023 se las devoluciones por IVA serán elevadas. Según Hacienda, la rebaja del tipo en los productos de higiene femenina y en los preservativos y otros anticonceptivos no medicinales tendrán un impacto marginal en los ingresos.

Los PGE para 2023 apoyan buena parte de su previsión de ingresos en un mercado laboral que mantenga el número de ocupados por encima de los 20 millones y en una bajada del paro hasta el 12,2% «en un contexto de incremento constante de la tasa de actividad». Al igual que en otras proyecciones macroeconómicas, la visión del Ejecutivo contrasta con la de otros organismos como el Banco de España, que estima que en 2023 el paro no bajará, sino que repuntará una décima, hasta el 12,9%. La diferencia en las previsiones es relevante porque, más allá de un pilar del bienestar económico, el empleo es para el Estado una fuente de ingresos con la que financia su política social. En 2023 el presupuesto de Seguridad Social ascenderá a 204.208 millones de euros por todas sus operaciones, entre las que destaca pagar 10 millones de pensiones en vigor. La incertidumbre que imponen la guerra en Ucrania y una crisis energética que probablemente llevarán a la recesión a varios países de la UE en los próximos trimestres no se refleja en la recaudación del ministerio dirigido por José Luis Escrivá. Los ingresos generados por las cotizaciones sociales crecerán a un ritmo mucho mayor que el empleo y alcanzarán 152.075 millones de euros, lo que supone un aumento del 11,5%. Esta gran suma de dinero permitirá cubrir un 74,5% del presupuesto total de Seguridad Social, el organismo que gestiona la gran mayoría de prestaciones, subsidios y ayudas del Estado. Más que la evolución del empleo, la clave que explica la buena salud de la recaudación es la subida de las cotizaciones, como reconoce el propio Gobierno. «Este crecimiento viene influido por la elevación de las bases máximas de cotización y por el actual marco de crecimiento económico».

El Estado, un año más, vuelve a acudir al rescate de la Seguridad Social, cuyas cuentas no estarán saneadas a final de 2023 tal y como había prometido el Gobierno al inicio de la legislatura. La histórica subida de las pensiones del 8,5% –en línea con la escalada del IPC– incrementará de forma significativa y hasta niveles récord las transferencias desde los Presupuestos al sistema (con dinero recaudado de los impuestos y no de las cotizaciones) para poder pagar las nóminas de los más de nueve millones de pensionistas, al tiempo que prácticamente duplicará su crédito. Así, la Seguridad Social recibirá en 2023 un total de 38.904 millones de euros en aportaciones del Estado, un 7,2% más que en 2022, según consta en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE). Elevar las pensiones para mantener el poder adquisitivo de los jubilados supondrá un extra de casi 20.000 millones, que tensiona aún más unas cuentas de la Seguridad Social que llevan años en números rojos. El gasto que tendrá que afrontar en 2023 supera por primera vez los 200.000 millones, de los cuales prácticamente todo, 190. 687 millones, se destinarán a pagar las prestaciones sociales, un 11,4% más que un año atrás. Por primera vez, más de un 40% de todo el Presupuesto va a las pensiones. El abono de las prestaciones contributivas supondrá un desembolso de 166.777 millones. Pese a que los ingresos por cotizaciones se elevan una décima más que los gastos (un 11,5%), esos 152.075 millones de euros que se recaudarán se quedan muy por debajo de lo que se necesita para que el sistema sea plenamente contributivo. Este fuerte aumento se debe, además de a la mejora del empleo, al incremento del 8,6% de las bases máximas de cotización que fijan los Presupuestos, en línea con el alza de las pensiones.

Casi todas las comunidades verán crecer la inversión pública estatal en su territorio como consecuencia del récord de gasto en infraestructuras. Cataluña y Andalucía, las dos autonomías más pobladas, volverán a ser las regiones que recibirán más fondos. El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha previsto destinar a cada una de ellas el 17,2% del pastel. “Se cumplen todas las disposiciones estatutarias”, sostuvo ayer la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda de prensa de presentación de los Presupuestos. En el caso catalán, ese monto, que aumenta un 3%, se aproxima al peso económico de la comunidad en el conjunto del Estado, como estipulaba el Estatut para sus siete primeros años de vigencia. El gasto sube con fuerza en Navarra (un 34,8%), Cantabria (23%) y Extremadura (16,8%). También se incrementa en Madrid (un 13,3%), aunque recibirá casi la mitad que Andalucía y Cataluña. Solo dos regiones sufren retrocesos: Murcia (-33,5%) y Castilla y León (-4,2%). El reparto de la inversión pública suele ser uno de los principales motivos de controversia entre el Gobierno central y los autonómicos. No solo por el reparto inicial, sino también por la fotografía final: salvo excepciones, las cuantías finalmente ejecutadas suelen ser inferiores a las presupuestadas.

A falta de cinco días para que empiece la Asamblea anual del Fondo Monetario Internacional (FMI), el foco de la institución ha pasado del temor a la inflación al temor a una recesión. La directora gerente de la institución, Kristalina Georgieva, ha dado la voz de alarma en un discurso en la universidad de Georgetown, en Washington, al reconocer que va a recortar una vez más sus previsiones de crecimiento para la economía mundial este año y el que viene. Los datos serán hechos públicos el martes, pero el anuncio constituye todo un aviso a navegantes, para que nadie se sienta ofendido cuando salgan unos números que reflejarán lo que Georgieva ha calificado como «múltiples shocks», que suponen «reducción de ingresos y precios al alza», una combinación letal para familias y empresas. La causa es la combinación de riesgos geopolíticos derivados de la invasión de Ucrania por Rusia, los coletazos de la crisis del Covid –especialmente por los confinamientos en China– y la subida imparable de la inflación. A eso se está sumando el peligro de contagio de la crisis al sector financiero, lo que se está reflejando en las dificultades del gigante de la banca suiza Credit Suisse y de varios grandes fondos británicos que han sido golpeados por el desplome de la libra. Y, en el mundo en desarrollo, se están multiplicando los problemas fiscales, con una serie de economías –como Líbano, Surinam, Sri Lanka, Zambia o Laos– en suspensión de pagos o al borde de ella. Y que nadie espere que las cosas evolucionen de una manera favorable. Como declaró Georgieva, «es más probable que la situación empeore a que mejore».

Francia ha decretado una movilización general para ahorrar energía en un invierno que se anuncia complicado sin gas ruso y con muchos reactores nucleares parados por mantenimiento o problemas técnicos. La primera ministra, Élisabeth Borne, presentó ayer un Plan de Sobriedad Energética con el que se pretende reducir en dos años un 10% el consumo respecto a los niveles de 2019 y un 40% en 2050. A corto plazo, el Gobierno confía en que este programa permita evitar los cortes de energía durante la guerra en Ucrania, en la que «Rusia utiliza su gas como ‘arma de guerra’», explicó, por su parte, Agnès Pannier-Runchacher, ministra de Transición Energética. A largo plazo el objetivo es sacar al país de su dependencia de los combustibles fósiles. PannierRunchacher considera que «la movilización general a favor de la sobriedad es la mejor respuesta a las crisis energética y climática que atravesamos». ‘Cada gesto cuenta. Ahorremos energía’, será el mensaje de la campaña de comunicación que el Ejecutivo lanzará el próximo lunes. El plan no pretende imponer restricciones o sanciones, sino incitar a todos –ciudadanos, empresas, comunidades y administración pública– a ahorrar energía. El Gobierno asegura que para ello bastan pequeños gestos: desde bajar la calefacción o reducir el consumo de agua caliente a fomentar el teletrabajo, pasando por mejorar el aislamiento de las casas, poner un termostato programable o apagar las luces de los letreros de los comercios por la noche o la publicidad luminosa. «Actuando juntos, podemos evitar la escasez, los cortes y limitar el impacto económico de la interrupción casi total del suministro de gas por Rusia», según Borne, quien prometió que el Estado y las administraciones públicas darán ejemplo.

Los británicos se enfrentan este invierno a apagones diarios de tres horas en «el peor escenario posible», según han advertido National Grid, la compañía responsable de la red eléctrica y de las transmisiones de gas en el Reino Unido. Aunque las interrupciones en el suministro son «improbables», la compañía cree que esa posibilidad podría ser real con una escalada de la crisis energética. Las interrupciones ocurrirían en las horas punta y los usuarios afectados serían avisados al menos con 24 horas de antelación. El objetivo sería ahorrar hasta el 5% del consumo y las zonas afectadas se irían alternando a lo largo del país. En el caso de activarse, el plan tendría que ser aprobado por el secretario de Empresas y Energía, Jacob Rees-Mogg, y rubricado por el propio rey Carlos III, según The Guardian. Liz Truss se ha mostrado reacia hasta la fecha a poner en marcha planes de ahorro energético como en varios países europeos. A la pregunta sobre la posibilidad de apagones este invierno, la premier explicó que el objetivo de su Gobierno es «asegurar un buen suministro de energía» antes que tomar medidas de emergencia. «Estamos en una posición mejor que muchos otros países», declaró Truss en Praga, a su paso por la primera reunión de la Comunidad Política Europea. «Pero por supuesto que siempre se puede hacer más, y estamos trabajando con nuestros socios para asegurar el suministro de energía en el futuro». Reino Unido tiene una fuerte dependencia del gas (hasta el 40%) para producir electricidad, aunque la de Rusia como proveedor es inferior a la media europea, apenas del 4%. En uno de los «peores escenarios» previstos por el National Grid, se dejaría de importar electricidad de Francia, Bélgica y Países Bajos durante todo el invierno, lo que obligaría a reactivar el funcionamiento de las centrales térmicas de carbón, algunas de ellas inactivas durante meses (en el 2019, el Reino Unido celebró como un hito histórico su primera semana sin carbón).