20221121

La falta de alumnos es considerada uno de los principales problemas para los responsables de la Formación Profesional vasca. En la actualidad 46.000 personas se forman en alguno de los grados de FP, pero no son suficientes. Para poder atender la demanda de las empresas deberían tener en sus aulas 51.000, es decir, 5.000 mil más. El número de alumnos que opta por esta formación en Euskadi va en aumento año tras año, pero falta gente. Los porcentajes de empleabilidad de los estudios de FP se sitúan en el 88%, el 93% en el caso de que se haya cursado en la modalidad dual, en la que se combinan los estudios con las prácticas en las empresas. Los grados relacionados con las ramas de Industria, Fabricación, Robótica Industrial, Informática o Instalaciones no dan abasto para colocar a sus estudiantes. De hecho, en muchos casos, los responsables de los estudios de los jóvenes que entran en contacto con las empresas intentan frenar a las propias empresas para que antes de contratar a sus alumnos esperen a que estos hayan finalizado sus estudios y tengan el título homologado en la mano. Esa escasez de personal cualificado se nota de manera más intensa en algunos oficios. Faltan fontaneros, pasteleros y panaderos artesanales y trabajadores relacionados con la construcción. Los estudiantes no se sienten atraídos por estas actividades y por tanto no se logran llenar las plazas en los centros que las imparten. Así que quienes quieren contratar a uno de estos profesionales se las ven y se las desean porque no hay relevo. Con este panorama sufren las empresas grandes, pero aún más las pequeñas y medianas, donde el recorrido profesional es, a priori, más reducido, por lo que la competencia a la hora de encontrar talento se incrementa y deben realizar un mayor esfuerzo en retenerlo. Con todo, los responsables de la FP vasca son optimistas. 

El viceconsejero Jorge Arévalo acaba de clausurar en Donostia el foro internacional sobre la excelencia en la FP en el que la Formación Profesional vasca ha conseguido mantener su puesto de referente en la Unión Europea . «Han podido comprobar todo lo que contábamos en Bruselas. Hemos pasado la prueba del algodón», subraya. "– ¿No dan abasto para formar profesionales?- Es uno de los problemas. Las empresas nos quitan de las manos a los jóvenes que formamos. Ahora las reglas han cambiado, la empresa tiene que convencer para que la gente quiera trabajar en ella y se quede. La implicación en la FP dual es una muestra.– ¿Esto obliga a que las empresas pongan de su parte?– También. Tienen que cuidar el talento, y eso se hace a través de la remuneración. No se sostiene que tengamos gente cada vez mejor preparada, que invirtamos en ello para que sean los mejores, y que luego no se vea reflejado en los sueldos así como en las condiciones de trabajo.– ¿Se corre el riesgo de que se vayan a otro sitio?– De momento no se está dando, pero si seguimos así, llegará. Alemania, Francia, Países Bajos... Tienen el mismo problema de falta de gente. Ya han venido a preguntar por ellos, intentamos retenerles, pero si la situación sigue así, les pagarán un sueldo más alto y se marcharán. El equilibrio empieza a romperse, y hay que tener mucho cuidado..."

Entrevista con Nicolas Schmit Comisario europeo de Empleo y Derechos Sociales. Ha participado esta semana en una cumbre sobre seguridad en el trabajo en Bilbao, cree esencial la formación para lograr que España «camine hacia salarios más altos y mayor productividad». Pero, matiza, «debe invertir en su gente antes de recurrir a una inmigración selectiva».  La idea que más repite en la entrevista es que «España debe caminar a salarios más altos y mayor productividad, lo que implica más formación». Para ello tiene que «invertir primero en su gente y después recurrir a una inmigración selectiva». Las pensiones no entran dentro de sus competencias pero no elude dar su opinión al respecto. "Por los estudios que hay hasta el momento no parece que las subidas del salario mínimo tengan un impacto elevado en el empleo. Hay premios Nobel que arrojan dudas sobre ese efecto negativo. Tiene que haber un límite en los aumentos pero España también debe cuestionarse si el SMI permite una vida decente o se están generando trabajadores pobres. Su economía no puede apoyarse en bajos sueldos y baja productividad. El camino es el contrario. Salarios más altos, soportados en mayor productividad y formación...Si hay un desfase grande entre los salarios y la inflación habrá un impacto en la demanda y aumentarán los riesgos de recesión. Por otro, también hay sectores con problemas graves por el alza de la energía. Los países como el mío, Luxemburgo, en los que hay una indexación directa entre salarios e inflación tienen que tener esto en cuenta y tener flexibilidad en esos ámbitos. Pero se deben subir los salarios allí donde se pueda. Hay sectores que han ganado mucho en la actual coyuntura.– ¿Pero es partidario de esa indexación automática de salarios e inflación?– ¡No me busque líos con mis compatriotas! Solo en Luxemburgo y Bélgica se hace así. Lo dicho, hay que tener flexibilidad en los sectores afectados por el alza de costes..."

El hidrógeno verde obtenido a través de energías renovables se perfila como una alternativa necesaria en un contexto como el actual, en el que se ha puesto de manifiesto la peligrosa dependencia europea del gas, pero Cidetec ya desde sus inicios hace 25 años lo consideró “relevante” y en estas décadas ha desarrollado una intensa investigación que le sitúa en posiciones avanzadas para despuntar a nivel europeo. El responsable de la unidad de almacenamiento de energía del centro tecnológico de Donostia, Óscar Miguel, y la de la unidad de ingeniería de superficies, Eva García, explican que ya han superado la etapa inicial de investigación de pilas de combustible de hidrógeno para dar un paso más y centrarse en las baterías. La posición avanzada de este centro de investigación guipuzcoano se refleja en su participación en muchas iniciativas que, tanto a nivel europeo como vasco, se desarrollan para profundizar en el conocimiento de este vector energético. “Nuestro objetivo es mejorar la competitividad de la empresa vasca”. 

La escalada de los precios eléctricos ha obligado al Gobierno vasco a aumentar sensiblemente el presupuesto de su contrato de luz. El Ejecutivo de Íñigo Urkullu ha lanzado el concurso para el suministro eléctrico en 2023 y 2024 a la Administración autonómica y a varias entidades dependientes, y lo ha hecho disparando el precio máximo de adjudicación previsto a 129,3 millones de euros al año, un 76% más que en su última licitación de 2020. Entonces fue Iberdrola la ganadora del concurso del Ejecutivo vasco, y logró también los contratos de las Diputaciones de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa, y de los principales ayuntamientos de Euskadi. La eléctrica vasca dará el servicio a la Administración vasca hasta finales de 2022; y en enero se estrenará el nuevo adjudicatario. Hace 15 días, antes de lanzar el actual proceso de contratación, el Gobierno aprobó “de manera extraordinaria” una modificación del contrato cerrado hace 2 años, a fin de aumentar el crédito en 36,7 millones “para cubrir las facturas de 2022”, según explican fuentes autonómicas que evitan concretar detalles. La licitación abierta ahora se realiza de manera centralizada y prevé, como la anterior, que la energía adquirida proceda cien por cien de fuentes renovables. El Gobierno indica que se ha visto obligado a plantear un nuevo expediente eléctrico con un coste muy superior debido a “las circunstancias sobrevenidas a lo largo de este año y a su impacto directo en los precios de la energía”.

Inquietud en el empresariado por lo que se considera un bajo nivel de ejecución de fondos europeos hasta el momento, de un total de 69.500 millones en subvenciones otorgadas a España del instrumento de recuperación Next Generation. Ante la ausencia de información pública en tiempo real, CEOE intenta monitorizar cada una de las convocatorias y resoluciones, estimando, según fuentes con acceso a esa información, que no se habrán ejecutado más de 8.000 millones, un 11,5% del total. El desafío se complica. Vienen mayores compromisos en el capítulo de reformas, licitación y adjudicación de proyectos, lo que empina el terreno para la recepción de nuevos fondos y su llegada al sistema productivo. En el Gobierno se habla de un ritmo de 2.000 millones en convocatorias mensuales de proyectos.  Acceder a nueva financiación se endurece por el calado de las reformas necesarias. Expertos consultados por este periódico coinciden en que el Ejecutivo ha pasado hasta ahora con nota los exámenes de Bruselas a la vista de que se primaba el cumplimiento de reformas sencillas y de que el inicio de las inversiones elegibles se había fijado en febrero de 2020. España es, hasta el momento, el alumno aventajado de la UE. “Este semestre, con examen en diciembre y petición de plazo adicional para pulir hitos, ya se requieren reformas importantes sobre las que no hay acuerdo, como la de las pensiones, y volúmenes de inversión que están lejos de haber sido satisfechos”, señala un analista consultado.

Entre las grandes empresas con planes de negocio en esta tecnología empiezan a sonar las alarmas. Los objetivos marcados por el Gobierno en su hoja de ruta para la transición ecológica no se alcanzarán a tiempo si el Ejecutivo no lanza las subastas de capacidad eólica marina antes del próximo año. Peligran 9.500 millones de euros en inversiones y la friolera de 7.500 empleos. Es el caso del consorcio entre el desarrollador Bluefloat y la ingeniería Sener. Conjuntamente han presentado varios proyectos de eólica marina al Ministerio para la Transición Ecológica, como el de Tarahal en Canarias (255 MW), el de Parc Tramuntana en Gerona (500 MW) y otros en Galicia y Almería. Las dos aliadas han hecho de la necesidad virtud y han aprovechado los últimos años, con una regulación en blanco y un marco temporal de subastas aún por definir, para preparar el terreno con administraciones y paisanos de aquellos territorios en los que prevén levantar sus parques eólicos. «Hemos llevado a cabo una intensa labor de diálogo con la población local y hemos aprovechado su feedback para adaptar nuestros proyectos a sus necesidades», convienen Carlos Martín, CEO de Bluefloat, y Miguel Domingo Oslé, director general de Sener Renewable Investments. Desde sortear los enclaves de pesca de la gamba roja hasta desplazar varias yardas los futuros emplazamientos de sus molinos para alejarlos de las zonas de cría de los alevines de merluza. Es por ello que ahora reclaman al ministerio que dirige Teresa Ribera que en los próximos concursos de capacidad se tenga en cuenta lo avanzado y se ponderen criterios socioeconómicos. «La industria española tiene una oportunidad histórica. Pedimos rapidez y no partir de cero». 

Si el Comité Europeo de Derechos Sociales emite una resolución favorable a la reclamación de UGT por el coste del despido en España, esto forzará una modificación de la legislación que se traducirá en indemnizaciones personalizadas, una mayor judicialización de los despidos y, en algunos casos, menos contratación, según advierten distintos abogados consultados por este medio. La reclamación de UGT ante este Comité se basa en que la indemnización por despido en España sólo concede 33 días por año trabajado a los despedidos sin causa justa, de forma improcedente, una compensación que el sindicato considera contraria al convenio 158 de la Organización Internacional de los Trabajadores y al artículo 24 de la Carta Social Europea, que el Gobierno de España ratificó al completo en 2021. Este Comité admitió a trámite la reclamación después de dar dictámenes favorables a los sindicatos italianos y franceses, que también habían presentado reclamaciones contra sus respectivas legislaciones, de ahí que parezca muy probable que la española también llegue a buen puerto. Tras admitirla, el Comité ha pedido alegaciones al Gobierno, la patronal y los sindicatos. «Los sindicatos italianos interpusieron esta reclamación en 2017, alegando que la regulación del despido en Italia vulneraba el artículo 24 de la Carta Social Europea y les dieron la razón con un sistema que, en ese momento, era muy parecido al español. Los franceses también presentaron una reclamación colectiva y este año han obtenido una decisión favorable sobre el fondo que se emitió en la misma semana en que se admitió a trámite nuestra reclamación. No creo que sea casual», explica a este medio Fernando Luján, secretario confederal de UGT, que se muestra «muy optimista».

La negociación de la segunda parte de la reforma de las pensiones se dirime en medio de un clima de desconfianza, principalmente, por el temor de los sindicatos a que los socios del Gobierno de coalición no secunden la propuesta en las Cortes, como sucedió con la reforma laboral. Según reconocen fuentes sindicales, las centrales no quieren que cualquier acuerdo que suscriban con el Ministerio de Seguridad Social pueda verse desnaturalizado por las enmiendas del resto de partidos, o anulado si no logran su apoyo. Para evitarlo, están tanteando el posicionamiento de formaciones como PNV o ERC, que ya se desmarcaron con la reforma laboral. “No queremos que se repita lo de la reforma laboral”, apunta una fuente sindical que participa en las negociaciones. El nuevo marco legislativo salió adelante gracias a un error en la votación del diputado del PP Alberto Casero, después de que socios del Gobierno como ERC, PNV o EH-Bildu votasen en contra. “Se nos quedaría cara de tontos si firmamos un acuerdo que después pierde toda su esencia”, indica una fuente sindical. En la segunda parte de la reforma de las pensiones se aborda la ampliación del cómputo de años para el cálculo de la jubilación y el destope de las cotizaciones máximas y las pagas. No es un debate en el que exista unanimidad en el Gobierno. 

La presidenta del Grupo Santander, Ana Botín, criticó este domingo los impuestos extraordinarios sobre los ingresos de los bancos en una entrevista con motivo del Global Banking Summit del Financial Times. Como la tercera institución financiera más grande de la eurozona, Santander puede ser una de las más afectadas por este nuevo impuesto con el que el Gobierno español pretende recaudar 3.000 millones de euros en dos años. Botín sostiene que si se imponen impuestos más altos deberían afectar por igual a todas las empresas. “Los gobiernos deben determinar cuál es el nivel adecuado de impuestos que realmente permite el crecimiento y la inversión sostenibles”, señaló. La banquera citó cifras de la Asociación Bancaria Española que sostienen que si los bancos finalmente tienen que pagar esos 3.000 millones de euros en impuestos, podrían reducir su capacidad de crédito en 50.000 millones de euros. “Necesitamos un crecimiento sostenible, un crecimiento no inflacionario, y los bancos son fundamentales en esa ecuación”, agregó, “esto es lo que los gobiernos deben entender”.

Terremoto en el mercado español del automóvil. El tradicional dominio de los fabricantes europeos, principalmente Seat, Peugeot, Volkswagen y Renault, ha dado un vuelco en favor de las marcas asiáticas en el último año. Entre enero y octubre, Toyota, Kia y Hyundai coparon el podio de firmas más vendidas, con 60.149, 52.251 y 50.152 unidades entregadas respectivamente, un escenario impensable hace una década. La tendencia no se circunscribe a 2022 sino que estas marcas han ido escalando posiciones en el ránking desde el estallido de la pandemia. En 2019, Toyota era quinta en la lista (71.697), pasó a cuarta en el año del Covid (57.580) y en 2021 ya fue tercera (62.329), según datos de Anfac, la patronal del automóvil. Entre los fabricantes no europeos, solo Ford había logrado liderar una vez la clasificación y fue en 2008, en plena crisis económica. Uno de los principales motivos que explican esta situación es la mayor disponibilidad de semiconductores con la que han contado las marcas asiáticas. Kia y Hyundai, ambas coreanas y pertenecientes al mismo grupo, son socias preferentes de Samsung, uno de los mayores fabricantes de microchips del mundo. Este hecho les ha permitido mantener una producción regular a diferencia de los grupos europeos, que llevan dos años de constantes parones en las fábricas y que, en muchos casos, cancelaron los pedidos de chips ante el cierre de plantas al inicio de la pandemia. La recuperación de los encargos puede tardar hasta 18 meses, lo que ha lastrado su actividad en 2021 y 2022.

Diversas turbulencias en el sector han hecho que, tras una espectacular subida en 2021, el índice bursátil de semiconductores de Filadelfia, donde están las empresas más relevantes, se halla situado de nuevo en los valores de octubre de 2020. La caída en Bolsa de las empresas de chips está espoleada por una descenso en ventas que parece no tener fin desde enero y por una acumulación de inventario. Según la Asociación de la Industria de Semiconductores de EE UU (SIA), las ventas globales en el tercer trimestre cayeron un 3% comparado con el mismo periodo de 2021 y un 6,3% frente al segundo trimestre de 2022. Y ambos problemas tienen al menos dos causas. Por un lado, el enfriamiento del consumo por la crisis inflacionaria, que se estima rebajará en 150 millones las ventas de teléfonos 5G y en un 19,5% las de PC, según datos, respectivamente, de Strategy Analytics y Gartner. Por otro lado, el bloqueo comercial del sector de semiconductores sobre China decretado por la Administración Biden dificulta las ventas de cualquier elemento de la cadena de valor a un país que supone, según SIA, el 34% del mercado global.

Entre las propuestas presentadas, aunque nadie habla de favoritos, Sevilla ha sido la primera en postularse. “En cuanto tuvimos conocimiento del proceso abierto, no tuvimos duda. Costó muy poco reactivar el ecosistema que ya existía en la ciudad a favor del proyecto”, admite a CincoDías el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz Martínez. El primer edil relata cómo la capital andaluza tiene gran parte del trabajo hecho, puesto que desde hace años existe una gran concienciación ciudadana y del mundo económico y empresarial sobre la importancia de impulsar el sector aeroespacial. Prueba de ello es la presencia del gigante aeronáutico y de la defensa Airbus, con dos plantas con más de 3.000 trabajadores en Sevilla. Por su parte, el Clúster Andalucía Aerospace factura 2.400 millones de euros y cuenta con 14.500 empleados. Corporaciones tecnológicas y empresas del sector respaldan su candidatura.  21 municipios pelean por ser la sede de la entidad, entre ellos, el de Zamudio en Bizkaia. 

Virginia Guinda, candidata a la Presidencia de la CEOE, en las elecciones del próximo miércoles, exige que la retribución del presidente de la organización se debata en los órganos de dirección, y con la máxima transparencia. Es un mensaje claro sobre la polémica interna que levantó en la patronal la decisión del actual presidente, Antonio Garamendi, de fijarse un sueldo de 300.000 euros anuales por su dedicación a la organización. El empresario vasco adoptó esa decisión a los pocos días de tomar posesión del cargo en 2018, en sustitución de Juan Rosell. Precisamente, fue éste último el que lanzó el debate sobre la restauración de un salario para el presidente de la patronal por el tiempo que tiene que dedicar a ella y, en su caso, deja de prestar atención a sus empresas. Él cobraba los gastos de representación como dirigente de la CEOE. Sin embargo, todo el debate empezó con Gerardo Díaz Ferrán, que presidió la organización entre 2007 y 2010, y que sólo cobraba los gastos de representación. Díaz Ferrán renunció directamente a la retribución. Después tuvo que dimitir tras ser procesado, juzgado y condenado a prisión por las irregularidades cometidas en la gestión de su grupo turístico. Con anterioridad, José María Cuevas, que dirigió la CEOE entre 1984 y 2007, sí tuvo una remuneración fija. Entonces, Cuevas dedicaba todo su tiempo a la patronal.

"No es necesario postularse en favor de que el mercado de los criptoactivos desaparezca. La libre decisión de los individuos en el ámbito de las finanzas, como en cualquier otro, es sagrada, con el límite impuesto a aquellas conductas que trasciendan el patrimonio propio y comprometan el ajeno. Pero el universo cripto tampoco tiene por qué suscitar una especial atracción. Por la sencilla razón de que no se entiende a qué valores sirve o qué problemas soluciona, excepto los de una economía opaca y frecuentemente criminal. Gente que arriesga dinero en un artilugio sin subyacente, asumiendo que otros arriesgarán aún más: es la magia del esquema Ponzzi. Vistos con detalle, todos los desastres financieros guardan analogías. Los problemas que ha producido la plataforma FTX.com –la cuarta en el mundo de su clase– y su firma afiliada Alameda Research, son los más recientes, pero casi con seguridad no serán los últimos. El viernes, Sam Bankman-Fried solicitó la apertura de procedimiento de quiebra de su criptoimperio, FTX, en Delaware, EE UU. Un agujero de 16.000 millones de dólares y más de un millón de damnificados. El siniestro no es singular, en cuanto que repite percances producidos recurrentemente en el tiempo en otros ámbitos del sistema financiero. Para entender esta afirmación debe quedar claro que FTX no es un criptoactivo o token (aunque acuñaba el suyo propio, denominado FTT), sino una plataforma de intercambios de activos (‘Exchange’), especializada en el comercio de criptoactivos, con la misma sofisticación –apalancamiento, leads y lags, derivados, especulación– que brokers o bancos operantes en los mercados financieros tradicionales..."

La cumbre mundial del clima de Egipto, COP27, marcará un punto de inflexión en la historia de la cooperación internacional en materia de cambio climático. Por primera vez, los casi 200 países reunidos para alcanzar acuerdos políticos en esta materia han hecho lo que se ha venido a llamar ‘justicia climática’. Esto es, que las economías más pujantes –y a la vez más contaminantes– ayuden a los países pobres que ya sufren los efectos de cambio climático sin contribuir apenas a él, y que además carecen de recursos suficientes para afrontar sus devastadores efectos. Para ello, se ha acordado la creación de un nuevo fondo de financiación internacional. Así, con la llamada de auxilio de los países vulnerables comenzó la cumbre del clima en su 27º edición y con estos mismos celebrando su triunfo se cerró durante la madrugada del domingo, tras duras negociaciones que no estuvieron exentas de caos, tal y como denunciaron algunos delegados. Las disculpas del presidente de la cumbre egipcia por algún «paso en falso» dado en su gestión hablaron por sí solas. Pero el triunfo que para muchos fue la creación de ese fondo nuevo para paliar las ‘pérdidas y daños’, para otros no resulta suficiente para entonar la victoria. «Hemos dado un pequeño paso. Hemos tratado los síntomas, pero no al paciente de la fiebre», decía la presidenta de la UE, Ursula von der Leyen tras conocerse el resultado de la cumbre.