20230211

El donostiarra Iván Martén, reconocido experto internacional en materia de energía y presidente de Orkestra, protagonizó ayer el XIV Foro Empresarial de Gipuzkoa. Defiende el papel del tejido productivo vasco y asegura que puede aprovechar las «oportunidades» que brinda la descarbonización. Por un lado, defendió la necesidad de que Europa aborde una transición energética «inteligente» que no ahogue ninguna tecnología y que acompase el desarrollo industrial del continente. Además, en plena crisis energética por la Guerra de Ucrania, planteó la idea de que Euskadi y sus empresas están sobradamente preparados para afrontar ese desafío en el que, incluso, pueden encontrar oportunidades. Martén rompió una lanza en favor del tejido productivo vasco y guipuzcoano, al señalar que ante una «imperativa» transición energética en busca de la tan ansiada descarbonización, «las empresas no son el problema, sino parte activa de la solución». Ante unas 150 personas que siguieron en la sede del periódico con enorme atención la ponencia de quien fuera durante años responsable de energía en el mundo de Boston Consulting Group, el también presidente de Orkestra (Instituto Vasco de Competitividad), recordó que son los ciudadanos con sus decisiones de consumo de energía los que elevan las emisiones contaminantes. «Las empresas solo dan los bienes y servicios que necesita la gente», dijo. «Si necesitamos acero y cemento, las empresas nos lo dan, y si no lo hacen, lo harán otros», añadió, para dejar claro que el tejido productivo «es el primer interesado en la descarbonización» dado el nivel que el precio de la energía ha alcanzado. «Ese es el mayor incentivo, pues, no hay que olvidarlo, las empresas lo que quieren es sobrevivir y mantener el empleo», señaló.

El experto internacional en energía lamenta las contradicciones en las que cae en ocasiones Europa en su defensa de las tecnologías limpias. ¿Se compraría usted un vehículo eléctrico?, le planteó sin paños calientes David Taberna, director del periódico. El experto no dudó un instante: «No, porque ahora no necesito tanto un coche, me compraría uno de combustión interna, que responde más a mis necesidades y son ahora muy eficientes. Quizás, uno híbrido. Uno eléctrico es más bien un segundo vehículo para uso urbano y siempre que tengas una facilidad de recarga». En ese escenario, la segunda pregunta era inevitable: ¿Dejaremos de ver coches diésel o gasolina en 4057 en Europa como marca la UE? Y, nuevamente, no hubo dudas. «El desarrollo tecnológico es rápido y lo cambia todo, lo que siempre nos permite ser optimistas, pero con la información de que disponemos hoy en día, pensar que en 4057 vamos a ser capaces de solamente vender coches eléctricos en Europa es imposible», señaló. «Y es imposible, porque no hay acceso a las materias primas, al litio y al cobalto necesarios para poder hacer todas las baterías. Y esto no lo digo yo ni las compañías, lo dice la Agencia Internacional de la Energía», añadió. En este punto, y recordando esa fecha límite que Europa ha marcado para la venta de coches de combustión, Martén dijo que «probablemente, aunque no puedo hablar por ellos, los fabricantes de coches están esperando que esa línea roja se mueva a 4060 o 4070». Al mismo tiempo, afeó el reciente discurso de Thierry Breton, comisario europeo de Mercado Interior, quien dejaba entrever que la industria de la automoción (importantísima en Europa) podría vender sus coches de combustión no en casa sino a terceros países. «Si es malo es malo en todos los lugares, y si es bueno, también», zanjó Martén.

La reciente visita de la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos a Vitoria para ‘apaciguar’ al lehendakari –el encargo partió del propio Pedro Sánchez– ha servido para calmar las aguas entre el Gobierno central y el vasco, pero ni mucho menos para firmar una tregua definitiva. Si el consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, exigió «celeridad» en la llegada de los fondos, la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, se mostró muy crítica con su efectividad. «¿No ha llegado nada? Ha llegado una mínima parte. ¿Realmente se está utilizando para transformar nuestra pyme? Lo dudo porque está llegando muy a cuentagotas y, en los grandes PERTE, nuestra pymes es muy difícil que participe por los requerimientos que tiene», lamentó antes de pedir que se consideren «otro tipo de herramientas que permitan llegar a esa última pyme y ayudarle en su transformación». Si hasta ahora la reclamación del Ejecutivo vasco perseguía tener capacidad de decisión sobre el reparto de los fondos y, en especial, sobre las áreas a las que se van a dedicar, ahora la presión va a dirigirse sobre los plazos, especialmente en torno a los PERTE. Son los grandes proyectos estratégicos, que adjudica el Estado y que afectan a las industrias que revisten un carácter fundamental para la economía. Acumulan un considerable retraso y el referido al ‘vehículo eléctrico y conectado’ es el más avanzado, aunque no sin dificultades, mientras el resto camina con lentitud.

El ritmo de creación de empresas se redujo el año pasado en Euskadi. En total en el País Vasco se formaron 3.055 sociedades mercantiles, lo que supone un 2,6% menos que el año anterior según los datos que maneja el Instituto Nacional de Estadística (INE). La cifra se mantiene en la misma línea que la media del conjunto de España, donde la disminución fue del 2,1% tras formarse 99.067 firmas. El mejor dato nacional se produjo en Baleares, donde el crecimiento alcanzó el 9,9%, y el peor en Navarra, con una bajada del 15,8%. El País Vasco también rebajó el número de empresas disueltas en su territorio durante el 2022. En total, cerraron 1.452, es decir, un 3% menos que en 2021. El guarismo contrasta con la subida por encima del 10% vivida en España, donde se alcanzaron las 26.207 empresas. También Navarra tiene en este caso la peor cifra, con un aumento del 65,5% en el número de compañías liquidadas, 91. En la fotografía de todo el país, la mayor movilidad se produjo en el ámbito de la actividad comercial. Más del 19%, tanto de las firmas creadas como de las disueltas, pertenecen a este sector. Tras ésta, los mayores crecimientos se vieron en la construcción (16,4%) y en el ámbito de las inmobiliarias, financieras y seguros (14,5%). Estos dos mismos ámbitos, aunque en orden inverso, ocuparon el segundo y tercer puesto en el listado sobre el cierre de empresas.

La plantilla de Petronor, con un millar de trabajadores, votó el jueves su estrategia para afrontar la lucha por su convenio colectivo, congelado desde 2019. La opción elegida por la mayoría de la asamblea fue la de programar seis reuniones y alternar nuevas movilizaciones. En todo caso, otorgan también al comité la posibilidad de convocar otras nueve jornadas de huelgas entre paros parciales y de fin de semana, pasado un plazo previo a la negociación. La asamblea celebrada ahora para valorar los avances y definir las nuevas actuaciones se produce tras la huelga iniciada el viernes anterior, que se prolongó durante el fin de semana, hasta las seis de la mañana del lunes. En enero, los trabajadores habían retomado las concentraciones y celebrado paros parciales, además de una concentración frente a la Inspección de Trabajo durante la que denunciaron la acumulación de más de 167.000 horas extra en cuatro años. El comité de empresa tiene previsto programar este próximo lunes su calendario de reuniones y movilizaciones. Entre las opciones descartadas por el momento por parte de la plantilla se encontraba la de acometer nuevas jornadas de huelga.

La viceconsejera de Trabajo, Elena Pérez Barredo, tiene varios motivos para sentirse satisfecha. El lunes presentó el balance de la Inspección en el año, que ha dado unos resultados muy buenos, con los que espera que los trabajadores se sientan respaldados para reclamar irregularidades. Por otro lado, su mediación en el conflicto del Metal de Bizkaia ha permitido sellar un acuerdo que afecta a 52.000 trabajadores. Defiende que el convenio del Metal de Bizkaia, en el que medió, es bueno para los trabajadores y las empresas, pese a las críticas de ELA. "La fórmula que se ha elegido para garantizar el IPC no es asumida por el sindicato mayoritario, pero es un buen acuerdo. Recoge un alza salarial del 15% en cuatro años y revisión con la inflación al final del periodo. Es bueno para los trabajadores y para las empresas, que necesitan tiempo para digerir las subidas salariales – ¿Influye la actitud de ELA en los demás sindicatos?– No sé si influye en los demás. Influye en la negociación colectiva de Euskadi, donde se firman menos convenios sectoriales que en otras comunidades.– ¿Cree que LAB se siente incómoda al firmar con CC OO y UGT? – No lo creo. Pero todos los sindicatos se sienten incómodos cuando firmas un acuerdo con subida salarial del 15% y el sindicato no firmante dice que es un pacto malo. Hay una cultura de demonizar el acuerdo porque te has vendido, pero sin acuerdos no hay avances.– LAB se mostró muy crítica tras sugerir Idoia Mendia que podría sumarse al diálogo social.– Lo que movió a la vicelehendakari a decir eso es que el hecho de que ELA y LAB no se sienten en la mesa de diálogo social no es lo normal y es negativo. Pese a su ausencia, es un foro en el que se están alcanzado acuerdos importantes para los trabajadores..."

La segunda reunión del convenio del Metal de Gipuzkoa, que se celebró ayer en la sede del CRL en Donostia, no registró ningún avance ya que pese a que los sindicatos esperaban que Adegi presentara su propuesta –ellos lo hicieron en la anterior–, no fue así. ELA, LAB, CC OO y UGT lamentaron este hecho y urgieron a la organización empresarial guipuzcoana a que «no dilate las negociaciones» y lleve al siguiente encuentro –tendrá lugar el 1 de marzo– un planteamiento concreto para poder llevar a cabo una negociación real. Según indicaron los propios sindicatos –Adegi declina por ahora realizar declaraciones al respecto–, la patronal se limitó ayer a subrayar «las importantes diferencias salariales que existen entre el convenio de Gipuzkoa y los de Bizkaia y Araba», firmados recientemente. Los sindicatos coinciden en sus cuatro plataformas en la necesidad de mantener el poder adquisitivo de los trabajadores, máxime teniendo en cuenta la buena evolución de las empresas del territorio, señalan. Así, ELA, que cuenta con el 47,75% de representación, recordó que, según los datos ofrecidos por la Diputación de Gipuzkoa, las ventas de las empresas del territorio aumentaron el año pasado un 14%. «Las empresas están aumentando los precios de sus productos, mientras que el IPC de los alimentos que ha crecido un 15% se ceba en la clase trabajadora». Por ello, destaca que «no se puede permitir la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores, que tienen que ser parte de la riqueza que se genera, con un reparto justo y con mejoras en sus condiciones laborales y salariales».

Ocho firmas del polígono industrial de Azitain en Eibar han formado la primera comunidad energética de empresas industriales de Gipuzkoa. Las firmas de la zona implicadas instalarán 347 placas solares en la cubierta del polígono y podrán obtener un ahorro estimado del 25% en su factura eléctrica anual. Las empresas podrán generar y consumir energía renovable a través de este sistema. Bajo la iniciativa de la agencia de desarrollo comarcal Debegesa, se han unido las siguientes compañías: Acha Herramientas, Codesyntax, Hanna Instruments, Incubadora Eibargunea, José María Irazabal, Manufacturas Resort, Neurtek y Teleapostuak. Esta unión empresarial cuenta con el apoyo del Ente Vasco de la Energía (EVE), el departamento de Medio Ambiente de la Diputación Foral de Gipuzkoa, el Ayuntamiento de Eibar y Edinor. La iniciativa se denominada TEK Azitain (Tokiko Energia Komunitatea), y surge en pleno boom en el territorio de proyectos de este tipo ante la crisis energética y el alza de precios por la Guerra de Ucrania. De momento, la mayoría de propuestas, en casi todos los municipios de Gipuzkoa, son en comunidades de vecinos y en pueblos pequeños. Pero la presentada ayer en la localidad armera es la primera impulsada por empresas, en una alianza constituida en comunidad energética con entidad jurídica propia. Las placas fotovoltaicas está previsto que se instalen en el Industrialdea de Azitain y generarán «una potencia energética de 156 kilovatios, que evitará la emisión de 972 toneladas anuales de CO 2 , lo que equivale a plantar 3.891 árboles que absorban esas emisiones nocivas durante 25 años, la vida útil de los paneles solares». 

Ikerlan va a abrir una oficina con una veintena de personas en el Auzo Factory de Matiko, centro municipal ideado para dar cabida a jóvenes con vocación emprendedora y que está poco saturado. ¿Por qué conceder entonces tanta importancia a la suave llegada a Bilbao del centro tecnológico de la Corporación Mondragón, anunciada ayer por el Ayuntamiento? Por lo que tiene de carácter simbólico y de promesa de futuro. Lo del carácter simbólico tiene que ver con el hecho de que el conglomerado cooperativo guipuzcoano esté dando un paso más para superar corsés territoriales, acercándose al motor económico de Euskadi. Es importante que ocurra esto tanto para el crecimiento de Mondragón como para que Bilbao avance en su plan de crear un entorno propicio para la generación de riqueza vinculada a la innovación, la tecnología y el talento. Lo de la promesa de futuro se refiere a que los planes de Ikerlan sí parecen ambiciosos porque, aunque empiece con veinte personas en Matiko (arrancará el mes que viene), el objetivo que ha avanzado es que a medio plazo llegará a congregar a un centenar de profesionales. Y que ese crecimiento lo termine acogiendo no el Auzo Factory de Matiko, sino el parque tecnológico de Zorrozaurre, al fin parece tener visos de ser algo más que una quimera. «Este que damos hoy es el primer paso en Bilbao», incidía Ion Etxeberria, director general de Ikerlan. El propósito es que «en cuatro o cinco años» se multiplique por cinco su plantilla inicial de investigadores y todo apunta a que ese crecimiento se consumará en la isla, «donde nos gustaría instalarnos porque Ikerlan encajaría muy bien».

Hay muchas razones en términos de operativa, proximidad a los clientes y de pura lógica que justifica el aterrizaje de Ikerlan en Bilbao. Pero también hay un motivo relacionado con la calidad de vida de la plantilla: el 40% de los investigadores del centro residen en la capital de Bizkaia, según reveló su director, Ion Etxeberria. Además, teniendo planes de crecimiento y de captación de talento en el entorno universitario, ponerse a funcionar aquí también parece atinado. Hasta ahora sus dos únicos centros están en Galarreta (Hernani) y en Mondragón (su sede central e histórica), entornos ricos en tradición y raíces pero algo limitados en proyección de futuro. Lo de ganar volumen no es algo que le sea ajeno a Ikerlan. Cuenta con más de 600 profesionales después de que durante el año pasado haya sumado 80, un 50% de los cuales procedía de fuera de Euskadi. Esta circunstancia vendría a demostrar una capacidad codiciada en un país cada vez más envejecido: la de atraer talento. En cuanto a facturación, el año pasado alcanzó los 48 millones y cuenta con un Plan de Especialización Tecnológica que incluye la captación de 70 millones para proyectos de investigación.

En algún momento de la carrera científica las mujeres comienzan a quedarse atrás. Simplemente, muchas deciden no seguir adelante y se quedan donde están, trabajando en lo suyo pero sin subir peldaños hacia cargos de mayor responsabilidad. Esos los ocupan los hombres. Es un problema que se repite año tras año. El aumento de la presencia femenina en los estudios científicos no tiene un reflejo en lo alto de la escala laboral. Cuanto más se asciende menos mujeres hay. Según el último ‘Informe sobre la ciencia en Euskadi’ elaborado por Ikerbasque, durante la última década el número de hombres y mujeres que han defendido sus tesis doctorales ha sido similar. Además, «el número de nuevas doctoras es ligeramente superior al de nuevos doctores en las universidades vascas en siete de los diez últimos cursos académicos». A pesar de ello, el crecimiento de la población investigadora de Euskadi «no ha contribuido a reducir significativamente la brecha de género». Es por ello que en 2020 el porcentaje de mujeres con dedicación plena «apenas superó el 35%, sin una tendencia creciente perceptible en la última década y con un incremento de tan solo un 2% en los últimos quince años». La brecha aumenta a medida que avanza la carrera investigadora. El informe de Ikerbasque constata que, «si bien el número de estudiantes de doctorado en los centros de investigación vascos de excelencia (BERC) y los centros de investigación cooperativa (CIC) es similar, son menos las mujeres que continúan en la ciencia después de obtener el doctorado y la mayor pérdida se da a la hora de consolidar posiciones estables y liderar sus propios laboratorios y grupos de investigación». Este es el llamado ‘efecto tijera’, según el cual hay menos mujeres entre el personal docente e investigador (PDI) cuanto más se asciende en la escala de reconocimiento académico y profesional. En la UPV/EHU el 75% de las cátedras están ocupadas por hombres.

La Hacienda foral guipuzcoana se sumará finalmente a las mismas ventajas fiscales a la cultura que Bizkaia viene aplicando desde el 1 de enero y a las que Álava también se unirá, según avanzó su diputado general esta semana. La Diputación de Gipuzkoa anunció ayer su voluntad de «potenciar la fiscalidad de los sectores del cine y de las artes escénicas y musicales» y, aunque en la nota publicada no menciona expresamente a Bizkaia y Álava, sí revela que se aplicarán los mismos incentivos. Falta por saber exactamente cuándo entrarán en vigor estas medidas, pero el diputado de Hacienda y Finanzas, Jokin Perona, ratificó a este periódico «la voluntad de aplicar» el cambio, aunque admitió que será «prácticamente imposible» aprobar la normativa antes de las próximas elecciones de mayo. Sería, por tanto, el próximo gobierno foral el que tramitara esa medida y el que decidiera si la norma se aplica con carácter retroactivo, como ya ha anunciado Álava.

El Tribunal Supremo da carpetazo a un litigio de siete años y exculpa de manera concluyente a las empresas alavesas Amurrio Ferrocarril y Equipos (Amufer) y Jez Sistemas Ferroviarios de la acusación de supuestas prácticas contrarias a la libre competencia. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) las había acusado en 2016 de participar en una suerte de «cártel» con otras dos compañías del país (Talleres Alegría y Duro Felguera) para repartirse los contratos de Adif de suministros ferroviarios para las líneas de Alta Velocidad (AVE). El organismo regulador les impuso entonces una sanción global de 5,64 millones y multó a nueve de sus directivos. Las empresas recurrieron y la Audiencia Nacional, el 26 de enero del pasado año, les eximió de los cargos. Aunque es ahora cuando el caso se da por cerrado con el dictamen del Alto Tribunal, que considera definitivamente nulas las acusaciones de la CNMC. «El tiempo nos ha dado la razón y la justicia se ha pronunciado de manera clara y contundente contra la injusta resolución de la Sala de la Competencia de la CNMC. Nadie va a reparar el perjuicio causado en términos de horas perdidas, costes del proceso, y pérdida de imagen, incluso a nivel internacional, por aquella infundada resolución», han manifestado desde Amufer.

La percepción de Euskadi como destino turísitico caro ha subido del 17,9% al 30,4% entre el verano de 2022 y 2019, el último año en el que la actividad turística pudo realizarse sin restricciones sanitarias. El estudio Ibiltur, realizado por Basque Tour, revela que cada turista realiza una inversión media de 603 euros por todo su viaje en Euskadi, lo que suponen 136 euros por jornada (la estancia media es de cuatro días). El Departamento de Turismo del Gobierno vasco apunta que esta impresión es mayor entre los visitantes nacionales que entre los internacionales. El consejero de Turismo, Comercio y Consumo, Javier Hurtado, resta importancia a esta subida de la percepción de Euskadi como destino caro y lo achaca a «la apuesta por un turismo de calidad y sostenible». El impacto económico que supone esta actividad en la comunidad, entendiendo como tal el gasto total motivado por los viajes, es de 732 millones de euros. La mayor parte del desembolso que realizan quienes visitan Euskadi lo destinan al alojamiento (36,3%), la manutención (32,6%) y el transporte (13,5%). En los últimos tres años se ha detectado una evolución en la actividad que se ha traducido en prácticas generadoras de gasto. Así, ha crecido el turismo en las ciudades, de manera pronunciada en las tres capitales. Frente a esta tendencia, la costa vasca y el interior han sufrido retrocesos del 2% y 8%, respectivamente.

Con el objetivo principal de conocer de primera mano la calidad que presenta la hostelería del territorio, SEA Empresas Alavesas –con la colaboración del Ayuntamiento y la Diputación– reúne periódicamente a patronales del resto del Estado y cadenas hoteleras en la capital alavesa. Con motivo de la celebración de Umbra Light Festival, visitantes de diferentes lugares se acercaron a Vitoria y, tras una presentación de los hoteles de la ciudad, se acercaron a la Catedral de Santa María para participar en una visita guiada por el colosal templo del casco medieval. El director adjunto de SEA Empresas Alavesas, Aitor Otaola, y su responsable de Comunicación, Alberto Abaitua, ejercieron de anfitriones ante asistentes como Francisco Martínez, presidente de la Asociación Hostelería Riojana; Ricardo García, de la Asociación de Hosteleros de la Zona de La Laurel, en Logroño; Sara Martínez, de la Confederación de Empresarios de Navarra; Ana María Rojí, técnico municipal de Actividades Turísticas en Santander; o Ángela de Miguel, de CEOE Castilla y León. Una ruta de pintxos por el casco urbano encandilaba a vsitantes como José María Lozano, de Madrid, que acudía acompañado por su mujer, la pintora Marta Reina; Félix Sanz, Gloria Estébanez, César Berdejo, Ana Rey, David Esteban y José Manuel Pastor, de Valladolid; o Jerónimo Fernández y Laura Bermejo, de León. La presidenta y el vicepresidente de SEA Hostelería, Elena Martín y Juan Carlos Antolín, se sumaron al sabroso itinerario.

El Gobierno se está quedando sin puertas a las que llamar para lograr el respaldo nacional a la plataforma de compras conjuntas de gas que prepara Bruselas. Desde finales del año pasado, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha mantenido, sin éxito, contactos con las cinco grandes del sector –Iberdrola, Endesa, Naturgy, Repsol y Cepsa–, así como con asociaciones del sector. El frente empresarial ha avisado a la vicepresidenta de que las autoridades de competencia podrían percibir una eventual estrategia comercial conjunta por parte de grupos competidores «como una infracción de cártel», un riesgo que nadie en el sector está dispuesto a asumir, según apuntan fuentes conocedoras de estas conversaciones. El temor al próximo invierno ha echado raíces en Europa, donde alrededor del 83% del gas natural que se consume es importado. En unos meses, habrá que volver a llenar los almacenes y, esta vez, sin el suministro ruso. La Comisión Europea está poniendo todos sus esfuerzos en sacar adelante la plataforma, convencida de que sólo sumando fuerzas, los Estados miembros lograrán abastecerse a precios asequibles. El vicepresidente de la Comisión Europea, Maros Sefcovic, urgió en enero a los gobiernos de los Veintisiete a coordinarse con las empresas energéticas para estimar el volumen y el destino de las compras conjuntas de gas que se casarán en la futura plataforma, cuya puesta en funcionamiento se espera para antes de la próxima temporada invernal. En el caso de España, los grandes referentes del negocio energético han recibido la propuesta con poco entusiasmo y muchas precauciones.

La inflación, la subida de costes y de tipos de interés y el endurecimiento de las condiciones de financiación o la mayor presión fiscal están detrás de esta sangría que afecta, sobre todo, a autónomos y pequeños comercios. Cada día desaparecieron 14 tiendas en España en 2022, un año que arrancó con buenas expectativas económicas tras dejar atrás lo peor de la pandemia, pero que se truncó con la escalada de la inflación agravada por el estallido de la guerra en suelo europeo. Son más de 400 cierres todos los meses. Unas 5.000 empresas disueltas en el conjunto del ejercicio. Una de cada cinco empresas desaparecidas se dedicaban al comercio, según consta en los registros del Instituto Nacional de Estadística (INE). La estadística de sociedades mercantiles dibuja una foto finish de 2022 en la que el tejido empresarial patrio sale poco favorecido. Desaparecieron en total 26.207 empresas, un 10% más que el año anterior y la cantidad más elevada desde que se empezó a elaborar esta estadística en 1995. Hasta ahora, el año 2013, uno de los más negros de la crisis financiera, ostentaba el máximo de la serie histórica, con 24.616 disoluciones. Ni en 2020, en plena pandemia, se destruyeron tantas empresas, en gran medida, por el escudo que ideó el Gobierno para evitar una avalancha de quiebras por las restricciones a la actividad que forzó el Covid. Pero la moratoria concursal concluyó en verano y las estadísticas empiezan a reflejar que ya se han puesto en marcha muchos concursos latentes, indica el economista Javier Santacruz.

Sin visos de una batalla de las entidades financieras por ofrecer mejores intereses en los depósitos de ahorro, la banca sí mantiene su particular pelea comercial por los clientes con el gancho de las nóminas. La mayor parte de las entidades aprovechan estos ingresos estables para que los domicilien en sus cuentas a cambio de suculentos regalos, que pueden esconder más de una desagradable sorpresa. Ante esta situación, el Banco de España ha lanzado una advertencia pública a las entidades para recordarles su obligación de cumplir con lo pactado con los clientes, y restringirse al código de buenas prácticas en vigor. La política comercial de la banca pasa por ofrecer dinero o productos a modo de regalo para que los usuarios tengan domiciliada una nómina en la entidad. El supervisor señaló que los bancos deben «evitar generar falsas expectativas» entre los clientes. Así, si las entidades conocen que algunas personas no van a poder cumplir con los requisitos para beneficiarse de las campañas, deben informarles desde un principio. Igualmente, deben advertir de la fecha de vencimiento de la campaña. Los criterios de buenas prácticas también recogen que los bancos deben dejar claras cuáles son las condiciones de las promociones que ofrecen, ya que las piezas publicitarias no son suficientes. «Las entidades deben facilitarte información clara de los requisitos necesarios para poder beneficiarte de la promoción en cuestión, en el contrato de cuenta o por otra vía», apuntó el Banco de España.

El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, tendrá un incremento salarial para este año del 8,5%, que le aprobó la Junta Directiva el pasado 25 de enero. Su remuneración bruta anual pasará de 350.000 a 380.000 euros. El incremento es 5,5 puntos más elevado que la subida del 3% obtenida para este año por los 103 trabajadores de la propia organización central en Madrid. La mejora retributiva de Garamendi es también muy superior al incremento medio del 2,7%, pactado en la negociación colectiva del año pasado. Y del incremento medio del 2.8% con el que ha empezado este año la negociación de los convenios. Precisamente, en medio de las discusiones del año pasado sobre un pacto de rentas, Garamendi puso como ejemplo el incremento de la retribución de los trabajadores de la patronal, para demostrar a los sindicatos, en un escenario de elevada inflación, cuál era la política salarial de la confederación empresarial; es decir, muy inferior al crecimiento de la inflación, para evitar el círculo vicioso entre los salarios y los precios. Esto se produjo justo antes de que los empresarios se levantasen de la mesa de negociación de los convenios, en mayo del año pasado, ante la insistencia de los sindicatos en aplicar una cláusula de revisión salarial frente a la inflación. El incremento del 8,5% aplicado al salario bruto de Garamendi es igual a la inflación media con la que cerró el año pasado. Además, hay que recordar que CEOE se opuso a subir en 80 euros el salario mínimo interprofesional para este año. 

La economía y las finanzas públicas de Rusia se resienten. El país está acusando ya el veto impuesto en diciembre por la UE a las importaciones del petróleo procedente de Rusia y el tope al precio del barril establecido por parte de los aliados en el G-7. Los ingresos públicos derivados de la venta de energía cayeron en enero un 46% respecto al mismo mes del año anterior, hasta el menor nivel desde la pandemia, según el Ministerio de Finanzas. Ese varapalo, junto con el ingente gasto invertido para financiar la guerra en Ucrania, han llevado al gigante euroasiático a registrar su mayor déficit fiscal en un enero desde la caída de la Unión Soviética, en 1991: el equivalente en rublos a 22.400 millones de euros. El recorte del 5% de la producción petrolera anunciado ayer por el Kremlin para estabilizar los precios en caída libre no ayudará. Las sanciones occidentales sobre el petróleo ruso empiezan a sacudir los cimientos de la economía y las finanzas públicas rusas. Los ingresos públicos derivados de la venta de energía cayeron en enero un 46% respecto al mismo mes de 2022, hasta marcar su menor nivel desde la covid, según el Ministerio de Finanzas. A ese desplome se suma el gasto voraz de la guerra: ambos factores han llevado al gigante a registrar su mayor déficit fiscal para un enero desde el derrumbamiento de la Unión Soviética, en 1991. No ayudará el recorte del 5% aplicado ayer por Vladímir Putin sobre la producción petrolera, con el que trata de estabilizar unos precios en caída libre. El casi medio millón de barriles que dejará de extraer en los próximos meses equivale, más o menos, a la cantidad que Rusia ha dejado de poner en los mercados.

Una de las voces más escuchadas en el sector energético estadounidense. Con una trayectoria de más de 25 años vinculada a la energía, Samantha Gross (Ilinois, 52 años), hoy investigadora de la Brookings Institution, ha desempeñado puestos de relevancia en el Departamento de Energía de EE UU y en la consultora especializada IHS Cera. Aterriza en Madrid desde Florencia, donde ha pronunciado una conferencia sobre energía. Un día después hará lo propio en otro encuentro auspiciado por EsadeGeo. "Europa ha hecho un gran trabajo, comprando gas natural licuado (GNL, el que llega por barco) en todos los rincones posibles: sobre todo de EE UU, sí, pero no solo. Además, aunque en menos cantidad, ha seguido llegando algo de gas desde Rusia. Eso me hace estar más preocupada por el invierno que viene que por este. - Si tuviera que hacer un pronóstico, ¿cuál sería?- Depende, en gran medida, de cuánto pueda llenar los depósitos durante la temporada baja [primavera y verano]. Las nuevas regasificadoras flotantes en Alemania, el país que peor lo tenía, me hacen ser optimista. Pero para que los astros se alineen el próximo invierno hay que tener las reservas tan llenas como se pueda, hay que cambiar de combustible en todos los ámbitos en los que se pueda... Y hay que cruzar los dedos para que, como este, la meteorología acompañe...Otro de los motivos por los que me preocupa el próximo invierno: ha habido mucho GNL disponible para cubrir las necesidades europeas, pero si la economía china vuelve a ponerse en pie y su demanda de gas crece, la única vía para equilibrar el mercado será el precio..."

Moscú respondió ayer a los últimos movimientos de los países occidentales para tratar de limitar los ingresos rusos y cortar así el cordón umbilical que sostiene al ejército en Ucrania. Rusia anunció que recortará su producción de petróleo en medio millón de barriles diarios a partir de marzo y vetará la venta de crudo por debajo del tope fijado por las grandes potencias, si bien esta última medida es muy complicada de ejecutar porque Moscú se ve obligada a negociar con unos pocos países entregas por debajo del precio de mercado, por lo que plantea introducir excepciones con la autorización presidencial. Esto ha supuesto un revulsivo para el petróleo en los mercados internacionales. De hecho, el barril de Brent, de referencia en Europa, que encadenaba un incremento del 5% esta semana, subió ayer un 2,4% adicional, hasta los 86,6 dólares. El viceprimer ministro Alexander Novak, también anterior ministro de Energía del país, justificó la medida sobre la base de que el mercado está muy bien suministrado, lo que está provocando caídas de precios –aunque estos descensos solo se producen por la debilidad de la demanda y las subidas de los tipos de interés–, si bien dejó ver que se trataba de un castigo a las sanciones occidentales que se podría intensificar en el futuro. “Hoy estamos vendiendo completamente todo el volumen de petróleo producido; sin embargo, como se indicó anteriormente, no venderemos petróleo a aquellos que se adhieren directa o indirectamente al tope a los precios”, dijo Novak. “En este sentido, Rusia reducirá voluntariamente la producción en 500.000 barriles al día en marzo. Esto ayudará a restaurar las relaciones de mercado”, señaló.

El Reino Unido esquivó la recesión que el consenso de los economistas dibujaba ya para finales de 2022. En el último trimestre de 2022, el PIB del país permaneció congelado. No registró crecimiento ni descenso. Confirmó, con el 0% anunciado este viernes por la Oficina Nacional de Estadística (ONS, en sus siglas en inglés), que la economía británica sigue siendo “el enfermo de Europa”, afectada por meses de inestabilidad política, los efectos negativos de un Brexit que ha cumplido ya tres años, una oleada de huelgas en el sector público que el Gobierno de Rishi Sunak es incapaz de controlar, un mercado laboral en tensión por la falta de personal, una inflación del 9,2% y un descenso de una década en la productividad cuyas causas no se aventuran a concretar los analistas. El consenso define la recesión técnica como dos trimestres consecutivos de caída del PIB. El Banco de Inglaterra aventuraba que los últimos tres meses de 2022 registrarían un descenso del 0,1%. No ha sido así, pero el dato final es más un pobre consuelo y una victoria pírrica que una señal esperanzadora. Las largas vacaciones de septiembre, por el fallecimiento de Isabel II, y la alegría –en bares y restaurantes– que se permitieron muchos británicos por la celebración del Mundial de fútbol ofrecieron un respiro extraordinario, pero entre finales de noviembre y principios de diciembre, el declive fue del 0,5%, superior al 0,3% que había anticipado el consenso de economistas elaborado por la agencia Reuters.

A tres meses y medio de las elecciones municipales y forales, el Sociómetro del Gobierno vasco esboza un mapa político muy parecido al que dibujaron las urnas en 2019. El PNV no sólo sería la fuerza más votada en los tres territorios y las tres capitales, sino que incluso estaría en disposición de lograr la mayoría absoluta en Bilbao y Bizkaia. La única plaza en duda sería Vitoria, donde la encuesta deja todo abierto y apuntala las opciones de EH Bildu y PSE-EE. El estudio del Gabinete de Prospección Sociológica de Lehendakaritza, realizado entre el 31 de enero y el 6 de febrero con más de 3.000 encuestas telefónicas, viene a ratificar la proyección que hacía en la anterior oleada, la del pasado octubre. Y eso a pesar de que por aquel entonces se desconocía la mayor parte de los cabezas de cartel. Por ejemplo, el PNV aún no había revelado sus novedades (Elixabete Etxanobe, Beatriz Artolazabal y Eider Mendoza). EH Bildu, sin embargo, sí había lanzado ya a su portavoz parlamentaria, Maddalen Iriarte, a la batalla por Gipuzkoa. La definición de todas las candidaturas apenas ha alterado nada. En Bizkaia, el PNV, con su nueva aspirante a diputada general en detrimento de Unai Rementeria, arrasaría con el 44,6% de los votos, una cota con la que bien podría alcanzar la mayoría absoluta en las Juntas de Gernika. EH Bildu, con Iker Casanova, volvería a ser segunda fuerza, aunque con la mitad de apoyos que los jeltzales. En Bilbao, Juan Mari Aburto iniciaría su tercer mandato con 15 de los 29 ediles, por lo que podría prescindir del pacto con los socialistas, que con cinco concejales seguirían siendo el segundo partido, empatados con la izquierda abertzale. Estrecha pugna en Gipuzkoa y en Álava, el estudio revela una fotografía muy similar a la de hace cuatro años.