20230214

Los indicadores económicos con los que comenzamos 2023 y los hitos que protagonizan el panorama internacional siembran de incertidumbre la senda por la que van a transitar los próximos meses. Ante este escenario, la visión pesimista de las empresas sobre la actual situación del mercado crece de manera notable, una visión basada en el aumento de la debilidad de la cartera de pedidos para muchas de nuestras empresas, o la constatación cada más compartida de un mercado estancado, tal y como valora el 60% de los
consultados. Este porcentaje adquiere especial trascendencia cuando constatamos que supera en siete puntos las respuestas obtenidas en octubre. Aun así, estos datos negativos contrastan con el impulso de las empresas que siguen viendo el vaso medio lleno y prevén aumentar su plantilla en los próximos meses para hacer frente a la carga de trabajo que consideran tendrán a corto o medio
plazo. Así lo pone de manifiesto el último Observatorio realizado por SEA Empresas Alavesas en febrero del presente ejercicio. Ver más en SEA Empresas Alavesas aquí. 

Las empresas alavesas enfrentan 2023 con incertidumbre y un pesimismo creciente. No es para menos a tenor de los indicadores económicos con los que ha dado comienzo el año y la evolución del panorama internacional. Según el último Observatorio realizado por la patronal SEA, esta visión se cimienta en «el aumento de la debilidad de la cartera de pedidos o la constatación cada vez más compartida de un mercado estancado, tal y como valora el 60% de los consultados». Este porcentaje adquiere especial trascendencia si lo comparamos con la última encuesta elaborada por el colectivo, ya que lo supera en siete puntos. No obstante, el hecho de que algunas «firmas vean el vaso medio lleno» y prevean «aumentar su plantilla en los próximos meses para hacer frente a la carga de trabajo que consideran tendrán a corto o medio plazo», da idea de la enorme polarización reinante. El análisis refleja algunos elementos comunes entre las 190 empresas encuestadas: el aumento de los precios de las materias primas y el incremento de los costes energéticos y laborales. «La suma de ambos factores da como resultado palpable una nueva vuelta de tuerca en la reducción de los ya de por sí exiguos márgenes». Además, los empresarios están preocupados por la dificultad para encontrar personal cualificado. En la lado positivo de la balanza están las exportaciones, que «ofrecen una mayor estabilidad, con ventas en gran medida similares a las registradas hace un año». El mercado nacional, por contra, «se ha visto abonado a altibajos que dificultan sobremanera cualquier previsión fiable para los próximos meses».

El Ministerio de Transición Ecológica que dirige la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, ha asestado un duro golpe a un centenar de empresas vascas que fabrican materiales y equipos destinados a la industria del petróleo y del gas, así como a las que prestan servicios a ambos sectores. Desde el pasado 1 de enero, CESCE la compañía controlada por el Estado para asegurar y avalar las operaciones de exportación, ha dejado de cubrir todas las ventas al exterior de este tipo de productos. Es una vuelta de tuerca más en la estrategia radical que ha desplegado el Gobierno de Pedro Sánchez en torno a la transición energética, aunque en este caso puede suponer un grave daño a una parte importante de la industria del País Vasco. Un centenar de compañías estarían seriamente afectadas por la medida, según diversas estimaciones. El PNV, que en el último mes ha hecho gestiones tan discretas como infructuosas ante el ministerio para que el Gabinete de Pedro Sánchez tome conciencia del alcance real de su decisión y del daño que puede ocasionar a la economía, ha decidido elevar el tono y hacerlo público. Así, en la sesión de control al Gobierno que se celebrará mañana en el Congreso, el portavoz de la formación nacionalista preguntará a Teresa Ribera por las razones que le han llevado a «bloquear operaciones en el extranjero de empresas industriales». La pregunta se referirá, a modo de ejemplo, al veto que el Ejecutivo ha puesto a la cobertura de una venta de tubos fabricados en Álava por Tubacex con destino a Brasil. Pero aseguran fuentes empresariales vascas que «es sólo un pequeño ejemplo de lo que va a suceder», ya que el Gobierno ha retirado el apoyo financiero a todas las ventas de equipos destinados a las industrias de «exploración, producción, transporte, almacenamiento y refino en los sectores del carbón, petróleo y gas».

Los gobiernos de Alemania, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Luxemburgo, Letonia y Países Bajos han enviado una carta conjunta a la Comisión Europea en la que piden que la reforma del sector eléctrico que se aborde en la UE se haga bajo parámetros de libre mercado y sin intervencionismo de precios. La misiva es un duro golpe de algunos de los denominados “halcones” de la UE (los países con mayor ortodoxia económica) a la propuesta planteada por el Gobierno español para abordar la reforma total del mercado mayorista de la luz, o pool. Esta reforma es uno de los anuncios estrella del Gobierno en el sector eléctrico este año. La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, la anunció el pasado 10 de enero, anticipándose a otros países de la UE. El Gobierno español ha planteado a Bruselas tres grandes cambios: introducción masiva de los denominados contratos a plazo por diferencias, precios regulados para nucleares e hidráulicas, y contratos por capacidad. El Ejecutivo, además, plantea que se otorgue amplios poderes al organismo regulador que se designe para vigilar el funcionamiento de estos mecanismos. La reforma ha sido calificada de hiper intervencionista por las empresas.

El País Vasco acoge solo el 0,25% de las iniciativas y el Gabinete Urkullu destina 33 millones para ser promotor de eólicas, fotovoltaicas y biomasa. Es la situación de Euskadi que, gozando de una industria líder en el desarrollo de las renovables, no termina de plasmar proyectos de generación verde en su geografía. La última foto aún evidencia más la situación y deja al País Vasco en la cola de las comunidades autónomas con proyectos en el trámite definitivo para la obtención de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA). En Euskadi solo hay 92 MW de parques eólicos en ese trance, lo que supone el 0,26% de los 35.808 MW que se contabilizan en el conjunto de España según el Ministerio de Transición Ecológica En ese ranking, Castilla y León tiene 8.777 MW; Madrid, 5.947; y Castilla-La Mancha y Andalucía con 5.153 y 4.867 respectivamente cierran el grupo de cabeza. Si bien es cierto que se trata de comunidades con gran extensión de suelo. Pero aún así, autonomías vecinas con orografía más pareja también adelantan a Euskadi. Es el caso de Cantabria con 133 MW, La Rioja con 121 o Navarra con 655. El Gobierno vasco quiere cambiar el paso y así lo lleva señalando la consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, que hoy incidirá en este discurso en su comparecencia en el Parlamento. El Ejecutivo autonómico busca aumentar los 600 MW de renovables con los que actualmente cuenta Euskadi y que apenas alcanzan el 10% del consumo de empresas y ciudadanos vascos. La meta es elevar ese porcentaje hasta el 15% en 2030 y eso requiere duplicar las instalaciones actuales.

Álava, considerada el granero de Euskadi por el notable peso de su campo en el Producto Interior Bruto, parece llamada a ser el gran silo de las energías renovables. Y resulta que algunos de estos proyectos de parques solares e incluso alguno de eólicas pueden afectar a pastos y roquedos y a los suelos más productivos del territorio, los catalogados como de alto valor estratégico, los más preciados para intentar el consumo de kilómetro 0. Es decir, se produciría una colisión de ODS u objetivos de desarrollo sostenible. Los técnicos de los servicios de Desarrollo Agrario y de Montes de la Diputación de Álava y los de la dirección de Patrimonio Natural y Cambio Climático del Gobierno vasco han llegado a conclusiones similares en sendos informes que forman parte desde el pasado año de las alegaciones presentadas al avance de plan territorial sectorial de energías renovables (PTS), un documento que pretende poner orden sobre la implantación de futuros parques solares o eólicos y cuya tramitación se demora «excesivamente», como han denunciado en numerosas ocasiones los diferentes grupos parlamentarios. Los técnicos de ambas instituciones toman como base otro plan territorial sectorial, el PTS agroforestal, que marca en naranja en sus mapas las zonas de alto valor estratégico. Han cruzado las capas con herramientas digitales y han identificado «desde el punto de vista ambiental las áreas del territorio que presentan mayores condicionantes para la implantación de estas instalaciones». Y han visto que las zonas óptimas para las redes fotovoltaicas que propone el avance del PTS de renovables que lidera el departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente de Arantxa Tapia coinciden con las zonas más productivas. Por ejemplo, la Diputación alavesa alerta sobre paneles en áreas del sur de la provincia dedicadas al viñedo o los campos de cereales de invierno.

El Ministerio de Transición Ecológica acaba de tumbar el plan de una empresa privada para construir un parque eólico en la frontera entre Cantabria y Bizkaia. La firma Green Capital Power aspiraba a levantar 15 aerogeneradores en los municipios de Castro y Guriezo, aunque tres de ellos se habrían ubicado a apenas unas decenas de metros de la muga con la localidad de Trucíos, en el área de influencia del pico Ventoso. Además, la empresa pretendía evacuar la electricidad producida a partir de una línea de alta tensión de unos diez kilómetros de longitud que habría atravesado los municipios de Muskiz, Zierbena y Abanto. Esta era una de las tres centrales que se han anunciado en los últimos tiempos en el entorno de Las Encartaciones. De hecho, fue la primera en darse a conocer. Las otras dos iniciativas siguen por ahora adelante, a la espera de su tramitación ambiental. El Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido denegar los permisos preceptivos por el fuerte impacto que generaría la infraestructura. Explican los técnicos del ministerio que la zona cuenta con una riqueza natural muy importante, con colonias de especies amenazadas, como el alimoche o diversos murciélagos de cueva. El proyecto contaba también con un informe negativo de la Diputación de Bizkaia.

Siemens Gamesa (SG) analiza la posible apertura de su primera fábrica de componentes de eólica marina en Estados Unidos, un país con grandes recursos naturales sin aprovechar en sus aguas jurisdiccionales de las costas este y oeste (únicamente operan en la actualidad siete turbinas de menos de 10 MW de capacidad unitaria). La filial de Siemens Energy solo activará este proyecto, que se ubicaría en la costa del Estado de Nueva York con una inversión de 466 millones y la creación de 420 empleos directos, si consigue pedidos que lo justifiquen. El presidente estadounidense Joe Biden ha activado un plan fiscal de 350.000 millones de apoyo a la nueva generación renovable. Por la vía de eólica marina, el país quiere contar con 30 GW para 2030. Las instalaciones de Nueva York producirían nacelles, la parte superior del aerogenerador donde se ubica su cerebro, por lo que abriría la posibilidad a la implantación de otros proveedores en su entorno, como los suministradores de torres y de palas, además de las cimentaciones, rodamientos o componentes de acero. Un ecosistema industrial que aportaría otro medio millar de puestos de trabajo.

"...La Asociación del Corredor Vasco del Hidrógeno, que se ha creado para impulsar el hidrógeno renovable en Euskadi, fruto de la colaboración público-privada, impulsa inversiones por más de 1.500 millones hasta 2026 en 46 proyectos diferentes de hidrógeno renovable. Pero nos faltan tres elementos clave. El primero es que desde la Unión Europea se impulsen y ordenen las normativas del sector para homologar los procesos y productos del hidrógeno renovable. El sector del hidrógeno está a la espera de los pasos que tiene pendientes Bruselas para definirlas, y que den luz verde a la producción masiva de hidrógeno renovable. El segundo es el apoyo y respaldo definitivo sostenido en el tiempo para que los proyectos logren la rentabilidad económica necesaria para consolidar el sector. Y el tercero es la necesidad de formar y retener el talento necesario para un ámbito tecnológico que demandará miles de empleos directos e indirectos. Es hora de que palabras como hidrógeno verde o renovable, hidrogenera, hidroducto pasen de los titulares de los periódicos a formar parte de nuestra industria y de una sociedad más sostenible". 

Las empresas del territorio se benefician del desplome de hasta el 80% en el precio de los fletes internacionales, que vuelve a situarse en cifras prepandemia. El costo del flete de contenedores en algunas de las rutas marítimas más importantes a nivel global, como la que une China y la costa noroeste de Estados Unidos, llegó a alcanzar los 20.000 dólares en septiembre de 2021. La que conecta el este de Asia con Europa registró un precio cercano a los 15.000. Fue en primavera del año pasado cuando los precios comenzaron a bajar y las aguas empezaron a volver a su cauce. Los puertos chinos ya funcionan con normalidad a pesar de que el país no ha abandonado su política de ‘covid cero’, y los precios se han reducido hasta un 80% de acuerdo al Global Container Freight Index (FBX) –índice de carga de contenedores diario a nivel mundial–, situándose en niveles prepandemia y aliviando el coste de las importaciones guipuzcoanas. «El precio de estos contenedores llegó a alcanzar su pico en los 11.000 dólares por un contenedor de 20 o 40 pies, y ahora están en torno a los 3.000. Durante el último semestre del 2022 los precios se han desplomado. No cabe duda alguna de que este descenso en el precio de los fletes beneficia a las compañías del territorio, puesto que el coste de importar productos desde China (el envío de containers) ha bajado en torno a un 80%», sostiene Ana González de la Presa, directora provincial de Gipuzkoa de Comercio e ICEX. Los fletes comerciales a Europa todavía están por encima de los que se pagaban antes de la pandemia, aunque según el Mercado de Transporte Marítimo de Shanghai, el índice de transporte de contenedores de la capital económica de China está en 2.312 dólares, ya casi a la par del inicio de 2020.

Hace casi un año el parque tecnológico de Zorrozaurre se integró en la Red de Parques de Euskadi. Lo de crear un espacio en la isla para atraer empresas y crear riqueza es una idea, un planteamiento. Pero entonces el plan era que las obras para hacerlo realidad arrancasen en el primer trimestre de 2023. Bueno, pues eso no ocurrirá. A estas alturas únicamente está en licitación el proyecto constructivo. ¿Cuándo se empezará con el tajo? En el pliego de condiciones de la primera intervención que se va a llevar a cabo para avanzar hacia ese futuro se menciona que podría arrancar este mismo año, aunque a finales. Pero siendo esta una posibilidad algo remota, el texto dice que esa previsión se hace «a efectos puramente indicativos y en ningún caso vinculantes». Luego, el plazo de ejecución será de 24 meses.- Esa primera intervención se va a realizar en el edificio Tarabusi. En octubre del pasado año el Ayuntamiento de Bilbao sumó esta parcela, que acoge el histórico edificio, para pasar a formar parte del parque tecnológico. Es donde estaba la grúa municipal. El plan que tiene la Red de Parques (que ahora gestiona todo el proceso sobre los suelos cedidos por el Consistorio) es tumbar el inmueble, que suma un total de 1.901 metros cuadrados construidos, y levantar lo que llamará el ‘Conjunto Edificatorio Tarabusi’. Ahí se duplicará el espacio, con 3.749 metros, a los que se les sumará otros 1.639 bajo rasante (ahora no hay nada subterráneo).

El pasado año nacieron en la capital vizcaína 185 nuevos negocios con la ayuda del servicio de emprendimiento BIG Bilbao, integrado en la sociedad municipal Bilbao Ekintza, de los que han surgido 234 empleos. El alcalde, Juan Mari Aburto, entregó en la tarde de ayer a todos estos emprendedores la Baldosa de la ciudad en reconocimiento a su esfuerzo en la XIX gala Bilbao Emprende, que arrancó a las 19.30 horas en el Azkuna Zentroa. Destacó que en estas 185 nuevas empresas hubo una inversión de cuatro millones, que las mujeres crearon la mayoría de ellas –un 57%– y que los inmigrantes impulsaron el 24%, trece puntos más que el año anterior. «Habéis demostrado tener iniciativa, talento y, sobre todo, ganas de hacer realidad vuestras ilusiones y sueños. Vuestro éxito e ilusión es un poco nuestro también», declaró el regidor. Aburto destacó que 2022 fue un gran año para el emprendimiento en la ciudad, ya que Bilbao Ekintza acompañó la creación de 26 firmas más que durante el ejercicio anterior. Las cifras solo se vieron superadas por las de 2015, cuando se pusieron en marcha 187 iniciativas empresariales. El 13% son comercios ubicados en barrios, un porcentaje similar al de antes de la pandemia. El 9% son actividades relacionadas con la hostelería, el 10% están ligadas a la salud y bienestar, el 8% a la construcción y el 6% a la estética e imagen personal. Además, el 22% desarrollan su actividad en el sector de las industrias culturales y creativas, mientras que el 9% trabajan en el campo de internet y economía digital y otro 8% en servicios avanzados.

Año tras año a las puertas del 8 de marzo los sindicatos sacan a la luz la diferencia salarial que hay entre hombres y mujeres, una brecha que aunque se va acortando algo sigue siendo significativa. LAB dio a conocer ayer que esa distancia es en Euskadi de 5.914 euros de media al año y que en Navarra llega a los 7.270 euros. Pero en esta ocasión puso el acento en que esa brecha llega a ser incluso casi del doble cuando se analizan categorías similares de trabajos masculinizados y feminizados. Es el caso de un peón de almacén de la construcción en Gipuzkoa y de una trabajadora con funciones similares en las residencias. El primero percibe 28.667 euros y la segunda 15.064. Es el ejemplo más llamativo de los expuestos por la central, pero no el único. Así, un peón de limpieza viaria de nuestro territorio percibe 28.738 euros frente a los 17.537 de una limpiadora de edificios y locales, lo que supone 11.201 euros de diferencia, o lo que es lo mismo un 63,87% menos. Si la comparativa se hace con un oficial de primera en ambos sectores la distancia es algo menor, pero no mucho. En concreto 33.755 euros frente a 21.839; es decir, 11.916 euros menos, lo que implica un 54,57% menos.

La Formación Profesional (FP) de Grado Básico, a la que pueden optar los estudiantes que no tienen aprobada la ESO, «se convierte en muchas ocasiones en la tabla de salvación a la que se aferran estos jóvenes para encaminar su itinerario educativo, personal y profesional». Julen Elgeta, presidente de la Asociación de Centros Abantean de FP (Hetel), explica cómo es «la última oportunidad» para los chavales de continuar en el sistema. Hetel cuenta con más de 2.200 alumnos en ciclos básicos, el 45% de todos los que hay en Euskadi. El perfil es muy diverso: uno de cada tres estudiantes es inmigrante y proviene de hasta 40 países diferentes. La asociación presentó ayer un vídeo para dar a conocer la realidad de la FP Básica, una iniciativa para la que ha contado con la ayuda del mítico exjugador del Athletic Andoni Goikoetxea. El objetivo es visibilizar la realidad de unos chavales que, con esta oportunidad, recuperan la ilusión por formarse. Los cinco testimonios, junto con los de otros dos jóvenes, pueden verse en un vídeo realizado por Joseba del Valle, profesor en la escuela de FP de Salesianos de Deusto, y Eduardo Ortiz. Muchas veces la sociedad se fija en las cifras: índice de empleabilidad, número de estudiantes... Pero detrás de los números «hay historias», recuerda Elgeta. Por eso reivindica «un mayor apoyo institucional para que los centros cuenten con nuevas figuras, como psicólogos, psicopedagogos, orientadores...». «Hemos detectado un incremento en el sector educativo de problemáticas sociales, emocionales, que se han agravado tras la pandemia» subraya. En ese sentido, resalta la nueva iniciativa como un modo «para mostrar la realidad de un perfil de alumnos y alumnas que por diferentes motivos no han podido desarrollar sus capacidades personales en los ámbitos o recorridos educativos habituales». «A través de la FP Básica no solo avanzan, sino que son capaces de llegar hasta donde se propongan», afirma el presidente.

La revolución que está viviendo la Formación Profesional en España se basa sobre todo en la flexibilidad. El cambio parte de la idea, que viene de lejos, de que las innovaciones tecnológicas y organizativas harán cada vez más difícil que un trabajador cubra su vida laboral sin más formación que la recibida en su etapa de estudiante. Pero el modelo de formación tradicional, diseñado para adolescentes y jóvenes que idealmente estudian a tiempo completo durante años, no encaja bien con el reciclaje o actualización de los adultos, que a menudo tienen responsabilidades laborales y familiares. El nuevo decreto de ordenación de FP, que el Gobierno quiere aprobar antes de este verano, define un modelo muy distinto a los sistemas cerrados del siglo XX. La nueva organización se basa en ir subdividiendo en partes más pequeñas el título de referencia, el ciclo formativo medio o superior de FP, de 2.000 horas de duración repartidas en dos cursos, que el decreto llama Grado D. Hasta llegar a su expresión más pequeña, el Grado A, formado por la parte de una sola asignatura, que solo requerirá 30 horas de estudio, servirá para especializaciones muy concretas y, como el resto de formaciones, serán acumulables para conseguir certificaciones de grados superiores. La condición que deben cumplir todas las formaciones, del nivel que sean, es ser coherentes y tener “significación en el mercado laboral”. Es decir, servir para que alguien encuentre trabajo o tenga más posibilidades de conservarlo. “Este sistema permite que una persona, en cualquier momento de su trayectoria profesional, decida en qué necesita formarse y con qué amplitud. Sin tener que cursar cosas que ya sabe, o que no necesita en ese momento concreto, o que no puede abarcar. Es lo que venimos hablando en la UE de poner los servicios de formación al servicio de las necesidades de las personas”, explica Clara Sanz, secretaria general de Formación Profesional del Ministerio de Educación.

España es el país con más paro juvenil de toda Europa (29,3%, a cierre de 2022) y, como tal, contiene diez de las veinte áreas metropolitanas con más desempleo de los menores de 25 años en toda la Unión Europea (UE), según los datos de Eurostat. La agencia comunitaria no ha desglosado todavía cuál es el nivel de paro por áreas metropolitanas con datos actualizados de 2022, pero sí ha publicado las diferencias de empleo para los jóvenes que había en 2021. En esa fotografía, España sale muy mal parada, seguida de Italia –con siete zonas entre las veinte europeas con más paro–, Francia –con una–, Rumanía –con otra– y Eslovaquia –con la última–. Las Palmas (Canarias) era el área metropolitana con más paro juvenil de toda la UE en 2021 (58,5%, según Eurostat), al ser el archipiélago una de las zonas del país que más fue impactado por la pandemia –dada la presencia del turismo en el PIB y empleo autonómico– y la incompleta recuperación que registró el año posterior por las sucesivas oleadas de covid-19 y las restricciones a los viajes internacionales en Europa. Las siguientes cuatro posiciones las ocupaban zonas del sur de Italia –Palermo y Messina (en Sicilia, con tasas de paro juvenil del 55,8% y 55%, respectivamente), Taranto (en el sureste, con un 53,7% de los jóvenes en paro) y Nápoles (52,1%)– y en quinta posición vuelve a aparecer una española: Santa Cruz de Tenerife (51,5%). Las andaluzas Sevilla (51%), Cádiz (48,9%), Córdoba (47,2%), Málaga-Marbella (42,7%) y Granada (40,4%) engordan la lista de los puntos negros del paro juvenil en España, pero no sólo Canarias y Andalucía baten récords, sino que figuran también entre las diez con más paro juvenil Alicante-Elche (43,3%), La Coruña (40,9%) y Bilbao (38,5%). Completan el ránking Cagliari (sur de Cerdeña), Catania (también en Sicilia), Roma (la capital italiana), Les Abymes (en Guadalupe, las Antillas, perteneciente a Francia), Craiova (sur de Rumania) y Kosice (este de Eslovaquia).

Cuando está a punto de cumplirse un año del inicio de la guerra en Ucrania, las perspectivas de la economía europea no son óptimas, pero muestran leves signos de mejora. Este 2023, la UE evitará «por poco» la recesión técnica y crecerá un 0,8% este año, según las Previsiones Económicas de Invierno de la Comisión Europea. Esta ligera expansión económica se producirá en un clima en el que persisten «severas adversidades», entre ellas, la inflación –que acumula tres meses de bajadas, pero sigue disparada– y los costes energéticos –que contendrán el consumo y la actividad económica–. En este contexto, la economía española crecerá un 1,4% este año, cuatro décimas más de lo que la institución calculaba en noviembre, y escalará al 2% en 2024. «La economía española se comportó de forma relativamente buena en 2022, cuando creció un 5,5%, un punto más de lo esperado», apuntó el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, en la presentación de sus estimaciones económicas. Bruselas espera que España siga esta tendencia positiva gracias al impulso del turismo, «un sector clave» para su actividad económica. La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos española, Nadia Calviño, aseguró que estas estimaciones «confirman» que España ha evitado los escenarios más adversos «gracias a las medidas puestas en marcha por el Gobierno». La economía doméstica crecerá por encima de la media europea en 2023 y «si todo sigue así, está claro que recuperaremos el PIB prepandemia este año», añadió la ministra a su entrada a la reunión del Eurogrupo. Los datos comunitarios también mejoran respecto a las previsiones que Bruselas publicó en otoño, cuando anticipó una recesión técnica en el bloque. Según sus últimas estimaciones, la UE y la Eurozona «evitarán por poco» la contracción económica y crecerán un 0,8 y un 0,9%, respectivamente, en 2023. 

Los tribunales de justicia pueden elevar la indemnización por despido improcedente cuando ésta “resulte notoriamente insuficiente” para el trabajador. Todo ello “para compensar los daños totales y perjuicios causados” al empleado por la decisión de la empresa. Dicho de otra manera, con estas condiciones, los tribunales de lo Social podrán, en sus sentencias, elevar este tipo de indemnización por despido por encima del tope establecido actualmente en la legislación laboral: 33 días de salario por año de servicio en la empresa, hasta un tope máximo de dos años de retribución. Así lo acaba de dictaminar el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en una reciente sentencia del pasado 30 de enero. La reforma laboral de 2012, que promovió el entonces Gobierno del PP, estableció definitivamente la cuantía de la indemnización por despido improcedente en los 33 días de salario por año de trabajo. Bien es verdad que los trabajadores con contrato anterior a 2012 ya han devengado hasta esa fecha el derecho de indemnización a razón de 45 días por año de servicio con un máximo de tres años y medio de salario, y lo que devenguen a partir de la reforma de 2012 ya es con los 33 días por año trabajado y un máximo de dos anualidades. 

Telefónica y UGT han cerrado un acuerdo para la prórroga del IV convenio colectivo de Movistar+, la filial dedicada al negocio televisivo, que cuenta con una plantilla con cerca de un millar de empleados. El pacto contempla una subida salarial para el año 2023 del 7,6%, que sería la suma del 6,1% de la cláusula del convenio para el periodo entre 2019 y 2022, más 1,5% de subida, ya acordada para 2023. Además, se ha mantenido la cláusula de garantía salarial actual a aplicar en enero de 2024 sobre el año 2023. La subida está en línea con la revisión del 7,8% acordada en las grandes filiales, Telefónica de España, Móviles y Soluciones, dentro del convenio de empresas vinculadas (CEV). En la prórroga del convenio de Movistar+ acordada por la empresa y UGT, también se ha firmado la prórroga del acuerdo de garantía de empleo privado hasta 31 de diciembre de 2023. De igual forma, se ha incluido un día más de vacaciones, pasando de 26 a 27 días laborables, y se ha mantenido flexibilidad para el teletrabajo. De momento, según señalan fuentes sindicales, CC OO no se ha sumado por el momento al acuerdo, afirmando que la empresa mantiene su exigencia a la renuncia al pago de una cantidad que permitiría recuperar el poder adquisitivo perdido entre 2019 y 2022, así como a su posible reclamación posterior.

Se acerca el final de la ‘ley del embudo’ por la que la gran banca en España repercute inmediatamente en las hipotecas las subidas de tipos de interés, pero no hace lo mismo con la retribución del ahorro. Al menos tal y como lo ve el vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, que ayer volvió a referirse a esta cuestión de modo explícito al señalar que «confía» en que los bancos mejoren lo que pagan a sus clientes por el dinero de sus cuentas. «Antes o después, más bien antes, esa remuneración irá al alza», explicó. Las declaraciones realizadas en una entrevista en la emisora Onda Cero, llegan en pleno ‘boom’ de compras de deuda pública y letras del Tesoro entre particulares ante la negativa de las entidades a remunerar el dinero depositado en ellas por sus clientes. Una posición que ha generado denuncias entre los consumidores de la banca por entender que puede haber una ‘concertación de mercado’. No es la primera vez que De Guindos se pronuncia sobre este tema. Ya el pasado 15 de septiembre, de un modo más contundente señaló que «si ustedes son ahorradores y tienen una cuenta corriente o un depósito a plazo, yo me iría al banco a pedirle: ‘Oiga, actualíceme usted la remuneración’». Desde entonces, las principales entidades españolas no han movido ficha a la espera de ver quién da el primer paso.

La nueva ofensiva rusa en Ucrania ha empezado ya. A solo unos días del primer aniversario de la invasión a gran escala lanzada por el presidente Vladímir Putin, el Kremlin está reforzando sus capacidades sobre el terreno, según alertó ayer el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. “Ya estamos viendo el comienzo [de la nueva ofensiva]. Estamos viendo cómo Rusia, el presidente Putin, está mandando miles y miles de soldados más, más armas, más capacidades, aceptando una tasa muy alta de bajas, sufriendo grandes pérdidas, pero presionado a los ucranios”, advirtió ayer por primera vez el máximo responsable de la Alianza Atlántica tras semanas de indicios sobre una toma de posiciones de Rusia para recrudecer la guerra. Por ello, ha urgido a los aliados a acelerar los envíos de armas a Kiev. “El presidente Putin no se prepara para la paz, está lanzando nuevas ofensivas”, afirmó ayer Stoltenberg en una rueda de prensa en Bruselas, previa a la reunión de ministros de Defensa de los países aliados que se celebrará hoy y mañana. “Las capacidades clave como municiones, combustible y repuestos deben llegar a Ucrania antes de que Rusia pueda tomar la iniciativa en el campo de batalla. La velocidad salvará vidas”, ha insistido.