20230310

Elkargi se presentó ayer en sociedad en Madrid –donde trabaja a pleno rendimiento y con oficina propia desde el año pasado– con el mejor de los avales posibles. La sociedad de garantía recíproca con sede en San Sebastián, líder indiscutible en su segmento en toda España con una cuota del 25%, realizó su puesta de largo oficial en la capital con Antonio Garamendi como anfitrión; la idea era celebrar el acto en la sede de CEOE pero el elevado número de asistentes confirmados dejó pequeña la sede de la patronal y el acto se trasladó a la Fundación Berterlsmann, a un paso del Retiro. Junto a Garamendi, la subgobernadora del Banco de España (que es la entidad supervisora de Elkargi), Margarita Delgado, también acudió a la cita para ofrecer su respaldo a la SGR; un calor importantísimo para la entidad. Esos dos ‘padrinos’ de excepción, junto a los que se contaban los máximos responsables de algunas de más importantes instituciones financieras estatales y europeas, así como representantes de las patronales vascas y miembros del consejo de Elkargi, no dudaron en subrayar la importancia del trabajo de la entidad para con las pymes. De la misma forma resaltaron su especial manera de trabajar desde los «valores». Mensajes que tanto el presidente de Elkargi, Josu Sánchez, como su director general, Zenón Vázquez, agradecieron muy sinceramente. Garamendi abrió el acto con una vehemente defensa de las pymes como verdaderas protagonistas de la economía española. No en vano, recordó, suponen el 98% del tejido empresarial. «Es una gozada hablar de Elkargi, algo muy nuestro y que fue creado por y para las empresas. Es un lujo tenerla aquí», aseguró. El líder de CEOE dio su «enhorabuena» a Elkargi por el «impulso que realiza por que tengamos unas pymes y una medianas empresas cada vez más potentes». Garamendi subrayó la experiencia y saber hacer de la SGR tanto en la pura financiación como en la tarea de «ayudar a la empresa en la gestión de aspectos financieros».

Lleno hasta la bandera. Así estaba en la tarde de ayer el espacio principal de la Fundación Bertelsmann en Madrid, construido por el arquitecto barcelonés Enric Miralles en 1992 y a escasos cien metros de la Puerta de O’Donell del parque del Retiro. Los responsables de Elkargi respiraban satisfechos al ver la enorme acogida que tuvo la presentación en sociedad de la SGR vasca, que fue arropada por más de 200 personalidades de los ámbitos financiero y empresarial, tanto de la capital madrileña como de Euskadi, pues fueron no pocos los que se trasladaron desde ‘casa’ para dar calor a la firma en un día tan señalado. Elkargi recogió también apoyos tan importantes como el de Fernando Torija, director de la oficina en España del Banco Europeo de Inversiones. La presencia del máximo responsable del BEI no era cuestión menor, sobre todo después de que la SGR abriera hace un par de años un importante canal de colaboración con uno de sus instrumentos (el Fondo Europeo de Inversiones) para financiar a las pymes. Ana Vizcaíno, CEO de Cersa (coavalista junto a Elkargi en sus operaciones); Jesús González, director gerente de BME Growth, o José Carlos García de Quevedo, presidente del ICO acudieron también. Jaime Pérez, responsable de relaciones institucionales de la patronal madrileña (CEIM), siguió también la jornada con interés. Al igual que la recién nombrada directora general de Industria, María Muñoz Martínez. El ‘equipo’ vasco estaba compuesto, entre otros, por José Miguel Ayerza, director general de Adegi; Francisco Javier Azpiazu, secretario general de Cebek, y Juan Antonio Sánchez, vicepresidente de SEA. De la misma forma, algunos de los miembros de la estructura de la propia Elkargi se desplazaron a Madrid. Entre estos últimos, los dos vicepresidentes: Olatz Imaz (representante de Mondragón Corporación Cooperativa) y Lander Arteche (de Arteche Lantegi Elkartea, S.A.). A la reunión, que se prolongó más allá de las ocho de la tarde acudieron también algunos equipos de Kutxabank y Laboral Kutxa destacados habitualmente en Madrid.

Euskadi fue el segundo territorio de España con menor creación de empresas en enero. Además de esta subida, del 2,4% respecto al mismo mes de 2022, fue la cuarta comunidad autónoma que más redujo las disoluciones de mercantiles: cayeron un 12,4%, según recogen los datos del Instituto Nacional de Estadística. Durante el primer mes del año se crearon 255 sociedades en el País Vasco y se disolvieron 205. Únicamente Extremadura, con un incremento del 1,7%, queda por detrás en la formación de mercantiles según el dato interanual. Las 255 sociedades vascas creadas en enero son limitadas. En total, se formaron suscribiendo un capital de 12,23 millones de euros. Otras 133 ampliaron capital por un montante de 115,6 millones. En este caso, 125 eran sociedades limitadas, que aportaron 98,3 millones, y ocho anónimas, cuyo aumento de fondos fue de 17,2 millones de euros. La mayor parte de las 205 sociedades mercantiles liquidadas en Euskadi se sumaron a la disolución voluntaria. En total, 173 se acogieron a esta fórmula, mientras que 20 lo hicieron por fusión y 12 más atribuyeron la decisión a otras causas. Además, hubo 44 empresas que redujeron su capital en 37,6 millones de euros.

«La alta acumulación de ‘stock’ existente en los diferentes mercados donde se comercializan nuestros productos». Esa es la causa que ha llevado a Mercedes Vitoria a parar la fábrica el próximo viernes 17 de marzo. Suspende la producción en los tres turnos y en los sectores productivos clave (Montaje Bruto, Montaje Final y Pintura). Así lo comunicó ayer al comité de empresa en cumplimiento con el Convenio Colectivo aprobado en la planta vitoriana el pasado verano. En la comunicación de la dirección de la factoría se insiste en que la parada del viernes de la próxima semana «estará afectado todo el personal directo, indirecto y coaligados (a los tres sectores productivos citados) con la excepción de aquellas personas que sean requeridas para llevar a cabo tareas de necesaria realización». Se trata de la primera cancelación de jornada completa que se articula en la factoría de Vitoria en lo que va de año. Aunque los problemas de suministros y la acumulación de vehículos en puertos y campas por desajustes logísticos ya apuntaban a una decisión como la comunicada ayer. De hecho, esta última variable ya obligó a la empresa a suspender varias jornadas productivas a finales del pasado año. Ahora, la decisión ha sido trasladada a la planta de la Avenida de los Huetos por el departamento central de Stuttgart. «El Comité Ejecutivo de VANS, debido a la alta acumulación de ‘stock’ existente en los diferentes mercados donde se comercializan nuestros productos, ha decidido ajustar el programa de producción del presente mes de marzo».

La compañía alavesa Tubos Reunidos ha experimentado una revalorización fulgurante en el mercado bursátil en las últimas semanas, hasta incrementar su cotización un 250% desde principios de año. La escalada en el valor de las acciones tuvo en la sesión de ayer un momento clave al registrarse un incremento de la cotización del 22,38%. Con ello, la compañía fabricante de tubos sin soldadura que llegó a estar al mismo borde de la quiebra y tuvo que ser rescatada por el Estado en el verano de 2021, supera ya los 152 millones en capitalización. Tubos Reunidos es una de las pocas participaciones industriales que aún permanece en la cartera de inversiones del banco BBVA, que controla el 14,8% de su capital. «Entendemos que la subida se ha producido de manera natural tras la presentación de unos buenos resultados», señalaron ayer fuentes de la empresa. Al mismo tiempo descartaron que detrás de ese aumento de valor se esconda alguna operación de compra sistemática de acciones por parte de un único inversor. La compañía presentó recientemente unos buenos resultados económicos correspondientes al año 2022 –43,5 millones de beneficio–, que han supuesto un punto de inflexión. La firma había atravesado una larga y profunda crisis, que en los últimos siete ejercicios había generado la acumulación de 352 millones de euros en pérdidas.

El Gobierno vasco mantendrá su estrategia de tomas de participaciones en el capital de empresas que considere estratégicas para el desarrollo económico de Euskadi. Arantxa Tapia, consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Ejecutivo de Vitoria, manifestó ayer que el plan busca blindar el “arraigo” de estos grupos en la comunidad autónoma. Las inversiones seguirán realizándose a través del fondo público Finkatuz, que cuenta con unos recursos de 300 millones. Está gestionado por el Instituto Vasco de Finanzas, en base a las recomendaciones del departamento que lldera Tapia y de la consejería de Economía y Hacienda. La última operación de Finkatuz, hasta el momento, ha sido la adquisición del 6% de ITP Aero. El Gobierno vasco cuenta ahora con un representante en el consejo de administración del fabricante de componentes aeronáuticos. Quiere monitorizar la evolución del grupo de Zamudio (Bizkaia), después de su adquisición por el fondo estadounidense Bain Capital por alrededor de 1.700 millones. Finkatuz también participa en el accionariado de CAF con un 3%. El productor de equipos ferroviarios actúa como elemento tractor de un buen número de proveedores de Euskadi. Asimismo, el fondo público está presente en el capital del grupo lácteo Iparlat con un 7,35%. Esta corporación del sector primario resulta clave para dar salida en el mercado a la mayor parte de la producción del sector ganadero vasco. Además de Finkatuz, el Ejecutivo de Vitoria participa, a través de sus sociedades de capital riesgo, en unas 80 startups que desarrollan aplicaciones para diversos ámbitos.

El diputado general, Ramiro González, confirmó que Álava va a apostar claramente por los incentivos fiscales para ayudar a la gran industria en la descarbonización. El sector es consumidor intensivo de energía, con un impacto del 30% –por detrás de la movilidad, que eleva ese ratio hasta el 44%–. Así que en este el territorio más industrializado del país (con potentes empresas de automoción o del sector del tubo), la nueva era ‘green’ ha de encararse con una hoja de ruta clara «para no perder el liderazgo». Lo había deslizado en su discurso inaugural. Pero fue cristalino durante el debate. «Hay que ayudar a las empresas. Y la ayuda, más que con subvenciones o con financiación directa, tiene que producirse a través de medidas fiscales. Es el instrumento de que disponemos las diputaciones para empujar en ese proceso de descarbonización», reforzó. La idea está encima de la mesa, pero aún tiene que compactarse para ser elemento nuclear de esa transformación de la fiscalidad en la que las instituciones forales se meterán a fondo en el arranque de la nueva legislatura. Porque «sí, la fiscalidad tiene que dar recursos suficientes para mantener servicios públicos de calidad, pero también tiene que afrontar grandes retos. Uno es el demográfico y otro el vinculado al cambio climático», reforzó el diputado. La cuestión es que el objetivo ‘green’ exige la complicidad de todos. Aunar esfuerzos. Lo que el máximo responsable foral denominó como «un gran pacto sobre la energía en Euskadi. Que llegará –subrayó– porque los ciudadanos nos van a empujar a ello». Sin colores políticos. El Foro Transición Verde demostró que todo apunta en esa dirección. Que la implicación será generalizada. Ya se han dado pasos significativos en ese sentido. Proyectos de generación de gran calado como esas dos plantas fotovoltaicas de 50 MW en Álava que «generarán energía verde para los próximos 30 años y anualmente darán servicio a 60.000 hogares» –como recordó la responsable de comunicación de Solaria, Silvia Alonso–. Pero también, a escala más doméstica, como las Ekiolas, esas pequeñas comunidades energéticas de formato cooperativo (siete emergerán Álava).

El Ayuntamiento de San Sebastián suspende con carácter general las licencias para la apertura de nuevos hoteles y viviendas de uso turístico, como medida transitoria hasta la aprobación de una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que se ha encargado hace un mes y que previsiblemente declarará varias zonas de la ciudad «saturadas» de establecimientos turísticos. Es la cuarta medida adoptada en los últimos años para endurecer las condiciones de llegada de nuevos hoteles y apartamentos turísticos, al estimarse que se ha alcanzado un nivel de oferta suficiente y en el marco de un creciente malestar ciudadano por el número de visitantes y la imparable conversión de pisos en alojamientos para turistas. La medida suspensiva se adoptará en la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de la próxima semana y se ratificará en el Pleno de final de mes. Su duración será inicialmente de un año, tiempo que se estima suficiente para la aprobación inicial del cambio de normativa del PGOU, aunque la moratoria se podría prorrogar otro año más hasta la aprobación definitiva, cuando ya no será posible abrir nuevos alojamientos en las zonas declaradas saturadas. La suspensión conllevará la imposibilidad de otorgar licencias para la implantación de nuevos establecimientos y usos de hospedaje así como la realización de las obras correspondientes o la ampliación de los preexistentes. La Parte Vieja no se incluye en el listado porque ya está excluida al considerarse desde 2020 zona saturada de nuevas actividades económicas. Quedan al margen de esta medida los campings, agroturismos y casas rurales, por tratarse de suelo no urbanizable. ¿Qué ocurre con los nuevos hoteles en trámite o en obra? El alcalde, Eneko Goia, y la concejala delegada de Urbanismo, Nekane Arzallus, señalaron ayer en una rueda de prensa que desde 2022 no hay licencias que se tramiten para nuevos hoteles. Lo que hay es varios establecimientos en obra, y por tanto con la licencia concedida, y a los que la medida no afecta y podrán abrir sin que les afecte la suspensión.

Los principales sectores afectados prefirieron no hacer ningún tipo de valoración, al menos «hasta que pasen las elecciones» y conocer «más detalles» al respecto, según expresaron a este periódico tanto desde la asociación de apartamentos turísticos de Euskadi, Aparture, como de la asociación de empresas de Gipuzkoa, Adegi. Tampoco trasladó su opinión sobre este asunto Hoteles de Gipuzkoa. Según señaló su presidente, Raúl Fernández Acha, «de momento» no harán declaraciones, al igual que el director general adjunto de Adegi, Paul Liceaga, que declinó «por el momento» realizar consideraciones «hasta conocer con detalle las medidas y mientras duren las campañas electorales», en referencia a las municipales de mayo. Por su parte, Alberto Aguas, portavoz de alojamientos de Hostelería Gipuzkoa, consideró «apropiada» la medida anunciada y «positivo» que durante 4-5 años se ralentice la incorporación de nuevos alojamientos. Por otro lado, el presidente de Aparture, Asier Pereda, no se pronunció si bien hizo referencia al estudio realizado recientemente por Exceltur, que analiza la realidad de las viviendas turísticas en el Estado y su efecto en cuanto a la saturación de algunas zonas y «Donostia presenta la menor densidad de viviendas turísticas de las seis ciudades que conforman los principales destinos urbanos del estudio (Málaga, Sevilla, Madrid, Valencia y Barcelona)».

Es la Euskadi a tres velocidades. El proceso de implantación de TicketBai, un sistema de control digital por parte de Hacienda de todas las facturas y recibos que emiten autónomos y empresas, lleva un ritmo distinto en cada uno de los territorios. Así lo han decidido las respectivas diputaciones, a caballo entre las protestas de los afectados y la necesidad de mejorar la lucha contra el fraude fiscal. En Bizkaia, donde aún su implantación es voluntaria, sólo el 15% ha adoptado este sistema de emisión de facturas que incluye la impresión de un código QR. En Álava, ya están todos los autónomos y empresas dentro del sistema desde el pasado diciembre, mientras que en Gipuzkoa lo aplican dos de cada tres y se completará su implantación en abril. En Bizkaia, no será obligatorio hasta enero de 2024. Bizkaia ha bautizado su modelo como Batuz y además de TicketBai –facturas y recibos que se emiten– contempla la grabación sistemática en los ordenadores de Hacienda de las facturas que autónomos y empresas reciben y pagan. Con ello, la hacienda vizcaína quiere avanzar no solo en un control informático casi total –no lo es pero se le acerca–, para dejar que sean los ordenadores quienes rastreen incoherencias en las declaraciones. También para que sea la propia Hacienda la que calcule las liquidaciones de impuestos de los contribuyentes, que ya es posible en algunos tributos como sucede con el IVA. Bizkaia puso sobre la mesa una apetitosa ‘zanahoria’ para animar la adhesión voluntaria, pero ha tenido un éxito limitado. Era una deducción de hasta el 15% de la base imponible en IRPF y Sociedades para quienes se incorporasen en enero de 2022 y durante dos ejercicios. Esa ‘zanahoria’ se ha ido reduciendo de tal forma que quienes se han incorporado al sistema en enero de este año ya sólo podrán deducir el 3% y tan sólo en este ejercicio. Así las cosas, 8.000 autónomos y 5.000 empresas ya se han subido a ese tren.

La primera edición premio Arizmendiarrieta-Anitua ha sido concedida a la empresa alavesa A&B Laboratorios, radicada en el polígono Industrial de Júndiz. La firma se dedica a elaborar y comercializar productos químicos y biológicos de uso profesional con bajo impacto en el medio ambiente y en las personas que los emplean. El galardón, organizado por la Fundación Arizmendiarreta y la Fundación Diocesanas-Jesús Obrero (EGIBIDE), con la colaboración del Ayuntamiento, la Diputación Foral de Álava, la Cámara de Comercio y la patronal SEA, se entregará el próximo 20 de marzo en un acto que tendrá lugar en el campus Egibide Molinuevo, a partir de las 18:00 horas. El reconocimiento «viene a subrayar, por una parte, el pensamiento humanista cristiano que José María Arizmendiarreta formuló en favor de las personas de la comarca del Alto Deba y, por otra parte, nos vincula con la importante labor social de la Iglesia Católica de mediados del siglo XX donde emergió en Araba la figura de Pedro Anitua, fundador de las Escuelas Diocesanas (hoy en día, junto con Jesús Obrero, la actual Egibide)», describieron los organizadores del premio. El objetivo del galardón es «reconocer a las empresas que operan en el territorio, bien sean del sector servicios o del industrial, que hayan destacado por la aplicación de los valores y prácticas de gestión recomendados en el Modelo Inclusivo Participativo de Empresa (MIPE)». Se trata de un modelo empresarial basado en la cooperación, en el que las personas trabajadoras forman parte de las decisiones de la empresa a través del diálogo y la participación.

Mario Alonso Puig es un reconocido médico cirujano por la Harvard University Medical School, quien ha dedicado gran parte de su vida a investigar cómo desplegar el potencial humano y se dedica a divulgarlo. El experto ofreció ayer una conferencia titulada ‘La Mente y el Corazón del Empresario en la Transformación de la Sociedad’ en el 19 Foro Eurogap Marketing que tuvo lugar en el Kursaal donostiarra y que reunió a más de un millar de personas. Mario Alonso Puig defiende una dimensión profundamente humanista del liderazgo. "Los principios del liderazgo cuando hay que gestionar un entorno incierto son los mismos. Se podrían resumir en poner absolutamente el foco en sacar lo mejor de las personas. En alinear mentes y corazones en una dirección común. Esto no ha de variar. Este ‘core’ es fundamental mantenerlo y es la dimensión profundamente humanista del liderazgo...Partimos de un supuesto erróneo: o beneficios o personas. Esto es un error de semejante envergadura que nos genera un enorme sufrimiento, porque entonces todas las personas son percibidas como medios para conseguir beneficios. Y esto no es así. cuando uno pone el foco en las personas, de modo que se sientan cuidadas, valoradas, apoyadas .... los beneficios se disparan. Es el sentido común y todos los estudios lo demuestran. No solo la investigación en neurociencias que muestra que cuando una personas está ilusionada, se siente valorada, su cerebro es más inteligente, más creativo, más emprendedor, sino que además hemos conocido empresas donde se han cuidado a las personas y los resultados se han disparado... Tenemos que recuperar este sentido común que nos muestra la conexión tan profunda que hay entre el cuidado y la valoración de las personas y la obtención de resultados extraordinarios. Por eso el liderazgo no puede estar enfocado en obtener resultados como único objetivo. El liderazgo está enfocado en precisamente inspirar a esas personas a dar su mejor versión y alinear mentes y corazones en un propósito común. Y los resultados emergen de una forma natural..."

Recta final de la reforma de las pensiones tras más de un año de intensas negociaciones. El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, citó ayer de urgencia para hoy viernes a los sindicatos y a la patronal para tratar de alcanzar un acuerdo del que depende que España reciba un nuevo desembolso de 10.000 millones de los fondos de recuperación. Lo hace, según sus palabras, tras tener «prácticamente» cerrado un acuerdo con la Comisión Europea, con la que ha tenido en las últimas semanas una «discusión en profundidad» para consensuar «todos los elementos». Un acuerdo que no cuenta con el plácet previo de patronal y sindicatos porque no conocerán hasta hoy su letra pequeña. Tampoco lo conocen el resto de partidos, que deberán avalarlo en el Congreso. «Hemos convocado la mesa y eso debe entenderse como que estamos prácticamente llegando ya a un acuerdo con la Comisión», avanzó en un foro. Y, una vez más, hizo gala de su habitual optimismo al confiar arrancar un sí al diálogo social «en los próximos días». Y fue más allá: «Espero que ocurra mañana (por hoy)». Cabe destacar, no obstante, que el contenido de esta segunda pata ya se había pactado previamente en el plan de recuperación y resiliencia, cuando se comprometieron a tener listas antes de final de año –algo que no se ha conseguido– dos medidas que no se habían tocado en la primera parte: la ampliación del periodo de cálculo y la subida de las bases máximas de cotización. Sin embargo, el férreo rechazo de la mayoría de grupos parlamentarios –especialmente de sus socios de Gobierno– y de los sindicatos a la propuesta hecha por Escrivá de elevar de 25 a 30 años el periodo de cálculo de la pensión de los nuevos jubilados, con el descarte de las 24 peores mensualidades, ha llevado al ministro a renegociar esta medida con Bruselas, tratando en cierta medida de flexibilizarla. El ministro se negó a dar ningún detalle de la nueva propuesta antes de que la conozcan hoy los interlocutores sociales. 

“Una persona que rechaza una oferta de trabajo ofreciéndole formación, teniendo cualificaciones para poder hacerlo, es una persona que si está recibiendo un subsidio público ya sea de desempleo o del Ingreso Mínimo Vital (IMV), el país debería plantearse si debe seguir cobrándolo o no”, dijo ayer Pepe Álvarez, secretario general de UGT, en un encuentro organizado por el diario El Mundo. El líder de UGT reconoció que esta declaración suya puede ser polémica hecha por él, que dirige un sindicato de clase obrera. Álvarez contestó así a una pregunta respecto a por qué hay desempleados que rechazan ofertas de trabajo para ellos cuando hay tres millones de personas que no tienen trabajo. Precisamente, Álvarez recordó que los sindicatos se oponen a que las empresas puedan contratar trabajadores en el extranjero, cuando hay tanto desempleo en España. CCOO y UGT sospechan que esta práctica puede facilitar el abuso de las empresas con los trabajadores extranjeros, con menos salarios y derechos laborales. Por esta razón, el secretario general de UGT dijo que es “mucho más productivo para España tratar de que encuentren empleo las personas que están en el paro a que vayan las empresas a contratarlas fuera”. Y en este punto, criticó a la CNC, la patronal de la construcción, por decir que necesita 700.000 trabajadores pero no encuentra personal especializado. “No se puede decir que en España no hay trabajadores en el sector de la construcción, con unos 3,5 millones de desempleados”, incluyendo en esta cifra a los inmigrantes que están en situación irregular. “Seamos serios –dijo el líder de UGT–: estos procesos de formación [de trabajadores] no necesitan años. Son procesos de formación relativamente sencillos y que nos van a permitir ocupar a personas en nuestro país”, agregó. 

La polémica está servida. El consorcio integrado por Ferrovial ha quedado primero en el principal contrato de obra licitado por Adif en una década. Se trata de la cobertura de vías de la línea R2 de Cercanías en Montcada i Reixac (Barcelona), presupuestada en 513 millones (621 millones de euros con IVA). De este modo, la constructora presidida por Rafael del Pino engordará su cartera en España justo en plena batalla con el Gobierno por el anuncio de la constructora, el pasado 28 de febrero, de trasladar su sede social de España a los Países Bajos con el fin de comenzar a cotizar en Wall Street a finales de año. Ferrovial presentó su oferta en consorcio con Comsa y con FCC; la primera tiene un peso del 33,34% y las otras dos, un 33,33%. En concreto, este grupo de empresas se llevó la mayor puntuación técnica, con 47,98 puntos sobre un máximo de 49. “La concepción global de la obra se considera completa, detallada y coherente”, concluyeron los tres cargos que firmaron el documento. Los otros 51 puntos corresponden a la parte económica, que es la que se conoció ayer. Según explican fuentes empresariales que han participado en el procedimiento, dos propuestas han quedado excluidas por presentar una oferta económica con una baja temeraria. Se trata del grupo integrado por Dragados (ACS), Copcisa, Tecsa, Acsa (Sorigué) y San José, que presentaron una oferta de 420,9 millones de euros; y el formado por OHLA, Sacyr, Acciona y Construcciones Rubau, que ofertaron 418,3 millones de euros. Fuentes de Adif declinaron confirmar que la oferta de Ferrovial sea la ganadora. En la compañía estatal afirman que no existe nada adjudicado ni preadjudicado. En concreto, detallan que con toda la información recabada se realizará un informe y que podrían pedir justificaciones sobre las bajas temerarias.

Bruselas presentó ayer nuevos avances de su plan para hacer frente al gran paquete de ayudas a empresas de energías renovables propuesto por Estados Unidos, conocido como Ley de Reducción de la Inflación. La Comisión Europea busca adaptar el Marco Temporal de Crisis y Transición (MTCT) para que los Veintisiete puedan otorgar, de forma sencilla y ágil, sus propias subvenciones para el despliegue de renovables y la descarbonización industrial. Entre las medidas destaca especialmente la posibilidad de que los Gobiernos nacionales puedan igualar las ayudas fiscales ofrecidas por terceros Estados (como EE UU) a empresas afincadas en su territorio. El Ejecutivo comunitario intenta responder a las críticas del sector empresarial, aún asombrado por el modelo propuesto por la Administración demócrata dirigida por Joe Biden. Bruselas espera que sean medidas “efectivas y flexibles”. La decisión llega un día después de que se hiciera público que el grupo Volkswagen está considerando trasladar una planta de baterías de Europa del Este a EE UU gracias a una ayuda de 10.000 millones de dólares (9.474 millones de euros al cambio actual). El fabricante alemán se suma a otras nueve grandes empresas, según un listado elaborado por Reuters, que ya han hecho públicas sus intenciones de modificar sus planes de inversión y aumentar su apuesta en Estados Unidos. Entre ellas se encuentran otras automovilísticas como Tesla y Mercedes-Benz, o las energéticas Exxon y TotalEnergies. En particular, destaca la posibilidad de que los países comunitarios, de manera excepcional, puedan proporcionar ayudas directas a empresas concretas “cuando exista un riesgo real de que las inversiones se desvíen fuera de Europa”. Estas “ayudas de contrapartida” permitirían que las administraciones nacionales proporcionen “un apoyo equivalente a lo que el beneficiario recibiría por una inversión semejante en otros países”.