20240411

El consumo y los servicios siguen siendo el motor que sostiene la actividad económica en Euskadi. Así se desprende de los datos que el Gobierno vasco publicó ayer en el indicador del ‘Termómetro de la Economía’. La puntuación, que recoge una escala de 0 a 150, sigue en la zona intermedia con 84,5 puntos. Es el área que se conoce como de ‘crecimiento suave’, pero también es el valor más alto de los registrados en cada uno de los meses que van de este 2024. Así, en enero fue un 83,6 que descendió a 82 en febrero y que mejoró en marzo hasta esos 84,5. En cualquier caso, la tendencia que marca la gráfica de este indicador establece una bajada del nivel desde mediados de 2022. El impacto de la crisis energética y la subida de precios en el año en el que comenzó la guerra de Ucrania fue frenando la economía vasca, que acabó por salir de la zona de ‘crecimiento sólido’ el año pasado por el enfriamiento que generó la subida de tipos de interés. El Termómetro recoge esa desaceleración que en Euskadi está logrando esquivar la recesión técnica que viven otros países de la zona euro como Alemania o Francia. El empleo, que sigue muy sólido en el País Vasco con más de un millón de afiliados a la Seguridad Social, es garantía de ingresos en los hogares con los que mantener el consumo. De ahí que sean los servicios el agarre económico frente a una industria que está sufriendo la caída de las exportaciones. Y es que los principales países compradores para Euskadi –Alemania, Reino Unido, Francia o Italia– han bajado la intensidad de sus compras y en sectores como el manufacturero o el siderúrgico se nota el frenazo. Son datos que han llevado al Gobierno vasco a revisar a la baja el crecimiento para este 2024, dejándolo en un 1,9%.

La verdadera ‘prueba del algodón’ sobre la marcha de la economía vasca, en un momento histórico en el que en muy poco tiempo se han acumulado enormes obstáculos en el camino, no es otra que la marcha del empleo. Y ese examen Euskadi lo aprueba con nota. Se puede decir que con una calificación de un millón, que es la cifra de afiliados a la Seguridad Social que ya se ha consolidado en la comunidad autónoma, que ha marcado varios récord históricos recientemente. Al igual que Gipuzkoa, que se mueve ya en cifras inéditas y próximas a los 338.000 ocupados, con los servicios como gran tractor aunque no el único, puesto que la industria sigue creando puestos de trabajo. A nadie se le escapa que en estos últimos años el empleo público ha crecido más que el privado, que ha visto cómo el funcionariado le ‘robaba’, gracias a su evidente atractivo, no pocos trabajadores. Mientras, la tasa de paro vasca se queda en el 6,33%, la más baja de España, donde la media es del 11,76%, según los últimos datos ofrecidos por el INE. La ‘foto’ es buena, máxime si tomamos en cuenta que se produce tras el tremendo zarpazo del Covid, dos guerras (la de Ucrania y la de Gaza), una crisis energética europea y una espiral inflacionista que ha marcado a fuego los últimos años y que, a la postre, ha empujado al Banco Central Europeo (BCE) a elevar el precio del dinero y con ello a frenar en seco la inversión. Aun así, y toda vez que la economía vasca es muy abierta y, por tanto, muy dependiente del exterior, sobre todo de Europa, donde algunos grandes clientes como Alemania o Francia están sufriendo bastante más que Euskadi, la senda que se dibuja por delante es de una desaceleración ‘controlada’. Un año para tomar carrerilla. 

La industria vasca quiere atraer a los jóvenes del territorio y mantener su talento cerca de casa. Ayer 32 centros de enseñanza cambiaron sus aulas por las plantas de otra treintena de empresas. La quinta edición de Industria Erronka, el evento de la Federación Vizcaína de Empresas del Metal (FVEM) para dar a conocer la realidad del sector, llegó ya hasta los 10.000 escolares desde que comenzó a dar sus primeros pasos en 2018. «Nuestro principal objetivo es animaros a que queráis trabajar en las empresas con un espacial llamamiento a las jóvenes, que no suelen vincularse a las profesiones STEM. Chicas, no descartéis la industria», solicitó la presidenta de FVEM, Begoña San Miguel, en un acto ofrecido en el BEC para 800 alumnos. Su mensaje, en el que no faltaron referencias al Athletic a través del origen industrial de las gabarras, también respondió a la pregunta más planteada por los alumnos sobre qué perfiles son los más demandados. «Casi siempre se sorprenden de la gran variedad de estudios que pueden facilitarles un futuro laboral en nuestro sector», incidió. Esta pregunta también surgió ayer entre los alumnos de 4º de la ESO –de entre 15 y 16 años– de la ikastola santurtziarra Bihotz Gaztea que visitaron las instalaciones dedicadas al sector eléctrico de Ilunbe. Los tutores les orientan sobre su futuro con entrevistas personalizadas en las que también participan las familias. «Algunos alumnos ya tienen su vocación bastante clara porque llevamos trabajando con ellos desde el curso anterior, pero también hay cierto pánico a decidir el futuro», advirtió uno de los profesores, Manu Arce. Algo parecido cree su compañera, Raquel Sánchez, quien añadió que también han llevado a cabo visitas a centros de Formación Profesional, por los que cada vez parecen sentirse más atraídos. Ver más en Fvem. 

Reino Unido, a través de Network Rail, el gestor público de la red ferroviaria, ha seleccionado al grupo de empresas que se encargará en los próximos diez años de renovar toda la red de señalización y de seguridad del país, uno de los mayores pedidos ferroviarios con un presupuesto de inversión de 4.000 millones de libras (unos 4.700 millones de euros). Entre los tecnólogos seleccionados figura la española CAF, aliada con la local AtkinsRealis. Para el fabricante de trenes vasco representa un hito histórico, ya que supone entrar en uno de los grandes mercados ferroviarios dominado por gigantes como Alstom, Hitachi y Siemens. Las autoridades británicas han repartido la inversión en dos grandes lotes. El primero, de 1.000 millones de libras, comprende la red convencional en la que podrán trabajar Alstom, Atkins, Siemens e Hitachi. En la red ERTMS ha entrado, además de CAF, Alstom, Siemens y un consorcio integrado por Thales y VolkerRail . A partir de ahora, el Adif británico repartirá carga de trabajo entre los contratistas seleccionados en función de los picos de actividad para modernizar la red. Los trabajos comenzarán en tres áreas: Midlands Rail Hub (Birmingahn); TransPennine Route Upgrade (Manchester, Huddersfield, Leeds y York); y Trilink programme (Warrington y Carlisle). Según los contratistas, Network Rail va a lanzar más de 100 proyectos hasta 2034. En conjunto, el gestor estatal opera cerca de 30.000 kilómetros de vía y 20 estaciones de tren. CAF ha desarrollado una importante plataforma de crecimiento en Reino Unido, uno de su mayores mercados. 

Tras un parón en 2023, Kutxabank retoma las salidas de sus empleados que tienen entre los 59 y los 61 años. Según han confirmado fuentes de la entidad, las prejubilaciones ascenderán a a medio centenar de trabajadores que irán saliendo a lo largo de este año por tramos de edad. Las prejubilaciones tienen carácter voluntario y reproducen el sistema habitual del banco, que garantiza un 70% del salario bruto. En este ejercicio la novedad está en que el plan convive con la expansión de la plantilla y contrataciones de Kutxabank. El pasado año se incorporaron 100 personas a trabajar en el banco vasco y está previsto que a lo largo de este 2024 las contrataciones asciendan a otras 150. Esta dinámica, centrada en el refuerzo de equipos de digitalización, análisis de datos, inteligencia artificial y desarrollo de banca ‘online’, ha servido para romper la tendencia de ajuste que vivía la entidad desde la fusión de las antiguas cajas de ahorro vascas. La necesidad de ajustar gastos en un entorno de tipos de interés en negativo obligó a reducir un 21,7% la plantilla en la última década. En 2014, Kutxabank empleaba a 6.454 personas y este año arrancó con 5.053. Un proceso en el que también se han ajustado el número de oficinas.

Artículo de Xabier Goenaga, miembro del Consejo Asesor Internacional de Orkestra. "...El Observatorio Regional de Competitividad anual elaborado por el entro vasco de competitividad Orkestra y The European Innovation Scoreboard de la UE incluyen algunos indicadores del desempeño actual de la economía, innovación e industria vascas en comparación con otras regiones de la UE. Por ejemplo, en innovación Euskadi está en la posición 72 entre un total de 239 regiones. Euskadi va bien en algunos indicadores pero no tanto en otros, y en general vemos que hay margen de mejora si este país quiere convertirse en una economía basada en el conocimiento con un fuerte sector industrial de alta tecnología. Lograr este objetivo llevará años en el mejor de los casos, pero es seguro que no se conseguirá sin las mejores políticas industriales y de innovación. Por ello, este sería un momento propicio para hablar por ejemplo de los resultados de la estrategia de especialización inteligente y de la estrategia Industria 4.0 actualmente en vigor en Euskadi con el fin de ver cómo se pueden mejorar de cara al futuro...La UE lleva cuatro años desarrollando una política industrial renovada en sus áreas de responsabilidad. Esto se debe en parte a que nuestros competidores también lo están haciendo, a la vulnerabilidad de nuestras cadenas de abastecimiento expuestas por la pandemia y a las tensiones geopolíticas. Las instituciones de la UE también están empezando a pedir a los Estados miembros que revisen sus estructuras industriales para reducir el peso de los sectores intensivos en energía y aumentar el de los sectores de alta tecnología. Euskadi ya cuenta con algunas empresas y cooperativas de alta tecnología en sectores como son el de la salud, biotecnología, tecnologías verdes, fabricación y servicios TIC, especialmente en sus dinámicos parques tecnológicos. La cuestión sería cómo conseguir tener más empresas de este tipo y cómo ayudarles a crecer y convertirse en actores globales..."

Negozioen munduan, informazioa boterea da. Erabakiak hartzeko zuzendarien eskura dauden tresna ahaltsuenetako bat enpresaren balantze orokorra da. Finantza-dokumentu horrek, finantza-egoera ere baderitzo, une jakin bateko erakunde baten osasun ekonomikoaren argazki zehatza ematen du. Enpresaren aktiboak, pasiboak eta ondare garbia, plangintza estrategikorako eta baliabideen kudeaketa eraginkorrerako funtsezko elementuak barne hartzen dituen ikuspegia eskaintzeko ahalmenean datza. Gehiago irakurri hemen

Las denuncias anónimas de ciudadanos se triplican en Gipuzkoa hasta las 561 y afloran un fraude fiscal de 3,3 millones de euros. Nunca en su historia la Hacienda de Gipuzkoa había recibido tantas denuncias anónimas por fraude fiscal. Y es que la colaboración ciudadana solicitada por el departamento pilotado por Jokin Perona con el objetivo de obtener mejores resultados en la lucha contra la evasión de impuestos está dando sus frutos. El año pasado hubo 561 denuncias presentadas por vecinos del territorio (más de tres veces la cifra del año pasado) que permitieron al fisco recuperar 3,3 millones de euros. Se trata de las dos cifras más altas desde que existen registros, tanto en llamadas anónimas como en fraude fiscal aflorado. El año pasado el ente foral recibió 164 delaciones por valor de 2,7 millones de dinero en negro. Es una de las conclusiones más llamativas que se desprende de la comisión de Hacienda y Finanzas que tuvo lugar ayer en las Juntas Generales y en la que intervinieron el diputado Perona y la directora Irune Yarza, para dar cuenta de los últimos resultados en el ámbito de la lucha contra el fraude y que afloraron un total de 182,7 millones, un 5,85% más que en 2022. El teléfono antifraude (943 113 000), una de las herramientas contra la elusión fiscal puestas en marcha por el fisco – incluye además las denuncias por internet, por carta y de forma presencial en las oficinas de Hacienda –en 2010, ha recibido en los últimos trece años más de 4.000 llamadas, a una media de 280 por año.

En pleno ecuador de una campaña aletargada, sin apenas pulsión electoral, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) introdujo ayer un elemento novedoso y significativo que bien puede alterar el guion previsto en la carrera hacia el 21-A. Por primera vez, una gran encuesta vaticina que EH Bildu será la primera fuerza política en las urnas por delante del PNV. En este sondeo, que no ofrece proyección de escaños, la coalición soberanista obtendría entre el 34,2% y el 35,1% de las papeletas, mientras que los jeltzales cosecharían del 32,6% al 33,5%. Casi dos puntos de ventaja a sólo diez días de los comicios. El estudio demoscópico, realizado en base a 4.025 entrevistas telefónicas entre el 4 y el 8 de abril, durante los primeros instantes de la campaña, apuntala así las opciones de un ‘sorpasso’ inédito. Un escenario que, sin embargo, alejaba la propia institución presidida por José Félix Tezanos en su anterior sondeo, publicado el 1 de abril a partir de casi 5.000 cuestionarios. En aquella ocasión, el PNV estaba por encima con un 36,1% de los apoyos frente al 33% de EH Bildu. Es decir, en cuestión de nueve días se ha invertido la diferencia entre los dos partidos que se disputan el triunfo. Esta circunstancia es novedosa porque hasta ahora varios sondeos de otras empresas demoscópicas habían expuesto la posibilidad de que el PNV ganara en votos pero EH Bildu se alzara con más escaños gracias al particular sistema electoral de Euskadi, que otorga el mismo número de representantes (25) a cada territorio pese a las notables diferencias de población entre Bizkaia, Álava y Gipuzkoa. Ninguna otra casa de encuestas de la envergadura del CIS había llegado a pronosticar una victoria de la coalición soberanista en número de papeletas, lo que en la práctica le aseguraría también ser la primera fuerza en el Parlamento.

Acuerdo inminente. El grupo automovilístico chino Chery y EV Motors, la empresa encargada de reindustrializar la antigua planta de Nissan en Barcelona, están negociando los últimos detalles para que la compañía asiática produzca sus coches en las instalaciones catalanas. Las fuentes consultadas ayer negaron que el acuerdo se haya cerrado oficialmente, aunque es cuestión de horas. Omoda España, filial de Chery, envió una convocatoria para el próximo 19 de abril en la que se escenificará la firma de la inversión en un evento en las instalaciones de la Zona Franca de Barcelona, que contará con la presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Omoda calificó de “acto institucional histórico” dicho evento. Y no es para menos, ya que, de esta manera, Chery, grupo que engloba las marcas Jaecoo, Chery, Exeed y Omoda, se convertirá en la primera firma china de coches en fabricar en España y en Europa. La apuesta se produce en un momento en el que las grandes firmas del gigante asiático están desembarcando en el mercado europeo, ya que están viendo fuertes posibilidades de crecimiento fuera de su mercado local. El desembarco chino no se limita al aspecto comercial, sino que muchas compañías como GWM, BYD o Chery se plantean fabricar en Europa para reducir costes y evitar medidas proteccionistas por parte de la Unión Europea.

La dirección de Ford Europa no despeja la incertidumbre y ha pedido a los sindicatos más tiempo para definir las claves laborales de la producción del nuevo modelo que mantendrá la actividad de la planta de Almussafes (Valencia). Ayer se celebró una reunión en la ciudad alemana de Colonia, en la que participó el comité de empresa encabezado por el sindicato UGT. Los directivos ya aseguraron en otro encuentro, celebrado el 27 de marzo en Inglaterra, que la congelación de los planes de electrificación de Ford, que incluían la fabricación de esos modelos en Almussafes, se compensaría con la adjudicación de un nuevo modelo de vehículo con el que se mantendrá la actividad y la plantilla. Y les emplazó a la reunión de ayer. A la salida de este encuentro, UGT manifestó que la dirección necesita más tiempo para concretar los volúmenes de fabricación, las fechas de lanzamiento y la plantilla que se requerirá. Tampoco se aportaron más datos sobre las características técnicas de ese nuevo vehículo. Este 17 de abril, Ford Almussafes dejará de fabricar la furgoneta Transit y el único modelo que se mantiene en la planta será el Kuga. Además, la fábrica valenciana ha ampliado el Expediente de Regulación Temporal de Empleo (Erte) que tiene en vigor hasta el próximo 19 de abril, debido a que el Kuga no aumentará su producción por “problemas de proveedores” hasta ese día.

El Gobierno aprieta el paso con la vivienda. En una semana en la que el Ejecutivo ha realizado varios anuncios en la materia, hoy será el turno de escuchar a los empresarios del sector. La Moncloa ha convocado un encuentro con patronales inmobiliarias, bancarias y de la construcción, que se sentarán con el presidente, Pedro Sánchez, y con la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, a los que acompañarán otros altos cargos de ambos departamentos. A la reunión, cuya convocatoria adelantó El Confidencial, asistirán representantes de la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCEspaña), de la Confederación de Cooperativas de Vivienda de España (Concovi), de la Asociación de Gestoras de Vivienda (AGV) o de la Confederación Nacional de las Construcción (CNC). También han sido citadas las dos principales patronales financieras, la Asociación Española de Banca (AEB) y la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA). El formato del encuentro, con la presencia del presidente, pretende visibilizar la importancia que el Gobierno confiere a las políticas de vivienda. Sin embargo, no será el primer encuentro en esta legislatura de la ministra con muchos de los representantes empresariales que asistirán. Desde su nombramiento al frente del departamento, el pasado noviembre, Rodríguez ha escuchado las quejas y peticiones de muchos de ellos. Sin ir más lejos, el pasado 21 de marzo asistió a la asamblea anual de la CNC.

Nuevo enfrentamiento entre la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi. La buena relación y sintonía que exhibieron ambos al principio ha dado paso a continuos cruces de reproches que hacen prácticamente inviable alcanzar algún tipo de acuerdo en el diálogo social, donde ahora se negocian temas como la reducción de la jornada laboral, nuevas medidas sobre pensiones o la reforma del subsidio por desempleo. En esta última pelea la ministra de Trabajo ha comparado al líder de los empresarios con personajes tan controvertidos como Donald Trump o el presidente argentino Javier Milei, por unas declaraciones de Garamendi en las que abogaba porque las empresas pudieran pagar a cada trabajador el coste total en su nómina mensual, sin descontar las cotizaciones sociales, y que sea el empleado quien se encargue de abonarlas. «Es la forma en la que se vería realmente cuánto es el coste de los salarios en España», recalcó el líder vasco, que apuntó que «puede ser casi el doble de lo que realmente llega al bolsillo». Garamendi mostraba así su disconformidad con la última propuesta sobre pensiones que el Ejecutivo planteó el pasado lunes y que, de ver la luz, supondría un nuevo encarecimiento del coste laboral. Yolanda Díaz cargó contra esas declaraciones que calificó de «impropias». «Es imprudente que un líder empresarial tan importante se deje secuestrar por discursos más propios de Milei o de Trump», escribió en la red social X, y le acusó de «frivolizar» y «hablar para unos pocos privilegiados» y le lanzó un duro mensaje: «Le digo al señor Garamendi que debe representar con dignidad el puesto que ostenta y que debe de comportarse». Por su parte, el presidente de la CEOE contraatacó calificando a Díaz de «demagógica» y defendió que lo que pretendía con su planteamiento era hacer un ejercicio de «transparencia» para que a cada trabajador le llegara a su cuenta corriente el coste que paga la empresa por su salario, para que así sepa «cuánto de su nómina se lo está llevando el Estado».

Los 80 convenios colectivos que se han firmado en lo que va de 2024 han acordado subidas salariales del 4,41% de media, un incremento de sueldos que supera a la inflación (del 3,13% interanual en promedio en los primeros tres meses del año). Según la Estadística de Convenios Colectivos publicada ayer por el Ministerio de Trabajo, en términos generales los salarios por convenio en España siguen perdiendo poder adquisitivo, ya que los que son de aplicación en 2024 –incluyendo los que se firmaron en años anteriores– recogen una subida salarial media del 2,91%. Estos cubren a 8 millones de trabajadores cuya subida quedó estipulada en años previos y que corresponde al 2,84%, y también a 384.223 empleados cuyo convenio se ha renovado en el primer trimestre del año y que registran un alza del 4,41%. Aunque estos últimos protegen a los trabajadores de la pérdida de poder adquisitivo, no supone una revalorización suficiente para compensar la pérdida de poder de compra que se ha producido en años anteriores, especialmente en 2022. En ese ejercicio, la subida salarial aplicada fue del 3,02% con una inflación promedio del 8,4%, mientras que la del año pasado sí fue equivalente al aumento medio de los precios: del 3,6%. Las actividades en las que se están aplicando alzas salariales más elevadas son las de los hogares como empleadores (es decir, las que perciben los conserjes, responsables de fincas, jardineros, y demás personal contratado por hogares o fincas de propietarios de vivienda), que se benefician de un incremento salarial del 3,93% en este año; la educación, con un alza del 3,33%, y el comercio al por mayor y al por menor (+3,26%).

Los precios subieron en Estados Unidos un 3,5% en marzo respecto al año anterior. La cifra dejó ayer sin palabras a los analistas, que esperaban una cifra muy inferior. De hecho, confiaban en que los precios confirmaran una tendencia a la moderación, en lugar de escalar tres décimas de golpe respecto al dato de febrero y volver a situarse en niveles que no se veían desde septiembre del año pasado. Se trata del segundo incremento consecutivo, tras el alza de una décima el mes pasado, borrando así todo el descenso acumulado en los últimos seis meses, según se desprende de los datos publicados por la Oficina de Estadísticas Laborales. Lo que más preocupa a los economistas es que la inflación se estanque en niveles por encima del 3%, lejos todavía del 2% que se ha fijado la Reserva Federal como objetivo para empezar a plantearse un recorte de tipos –actualmente, se encuentran entre el 5,25% y el 5,5%, la cota más alta de los últimos 23 años–. Aunque el coste de la energía sigue tirando hacia arriba en el Índice de Precios al Consumo (IPC), la realidad que muestran los datos es que el problema de fondo se encuentra en los servicios que no están relacionados directamente con la vivienda –que también han subido, pero en menor medida que otros–. En este sentido, preocupa especialmente la evolución en el gasto en vehículos de segunda mano o en todo tipo de seguros privados, ya sea para coches o los de salud para cubrir el coste de la atención sanitaria.

La banca española comenzó a recuperar su tono bursátil a mediados de 2020 a rebufo de la subida de los tipos de interés y, aunque de forma moderada, esa tendencia ha continuado hasta ahora. Así, la mitad de los bancos españoles que cotizan en Bolsa –tres de los seis– han igualado ya su capitalización bursátil a su valor contable o están al mismo borde de hacerlo. Se trata de BBVA y Bankinter, que lo han superado con claridad, mientras que CaixaBank lo roza con la punta de los dedos. Otros tres, Santander, Sabadell y Unicaja aún tienen un largo camino por delante para que la apreciación del mercado se ajuste, al menos, a lo que dice su balance contable. La relación entre el valor en libros –la contabilidad de su activo, con algún ajuste, descontadas las deudas– y el valor en Bolsa, es algo así como el ratio del atractivo de cualquier compañía cotizada. Si la igualdad entre ambos valores puede considerarse el punto de equilibrio, un mayor valor en Bolsa –algo vale lo que alguien está dispuesto a pagar por ello– se estima que es el reflejo de una esperada mejoría de rentabilidad futura. Por el contrario, si el valor en el mercado ni siquiera alcanza lo que dice la contabilidad es el signo inequívoco de ausencia de atractivo para los inversores y también de la desconfianza con la evolución del negocio a corto o medio plazo. Pese a las cifras abultadas de beneficios en la banca española en 2023 –8.019 millones de BBVA, 11.076 del Santander, 4.816 de CaixaBank o los 845 de Bankinter– el atractivo del sector aún es limitado.

Repsol ha alcanzado un acuerdo para hacerse con una participación del 40% en la española Genia Bioenergy, operación con la que la energética entra en el negocio del biometano, un mercado por el que, además de Naturgy, están apostando en España grandes entidades financieras como Goldman Sachs, JPMorgan, Swiss Life, IFM, CVC y Macquarie. El acuerdo entre Repsol y Genia incluye 19 de sus plantas de biometano que se encuentran en estado de desarrollo. Adicionalmente, existen otros 11 proyectos en una fase temprana de promoción. Repsol comprará la totalidad del gas producido por estos proyectos tanto para consumo en sus propias instalaciones como para su venta a terceros. A diferencia del hidrógeno –un gas al que se le atribuye enorme potencial de negocio, pero que tardará años en desarrollarse– el biometano ya es posible desde el punto de vista técnico y comercial. De ahí que haya atraído un gran interés de grupos energéticos y financieros. La carrera empresarial por el negocio del biometano, o biogás, en España, que empezó a atisbarse hace meses, se ha desbocado y decenas de proyectos se agolpan para conseguir los permisos necesarios.

El Parlamento Europeo dio ayer un paso polémico y decisivo para la aprobación del Pacto de Migración y Asilo; un reglamento criticado por las ONG por endurecer las condiciones de acogida y dejar sin resolver, a su juicio, algunas de las necesidades vinculadas al trasiego ilegal de migrantes o a su protección en las peligrosas travesías marítimas que emprenden desde las costas africanas hacia Europa. El compromiso permitirá a los Estados miembros pagar por rechazar refugiados (20.000 euros por cada persona), alargar los proceso de trámite en las fronteras –lo que llevará a crear ‘zonas de espera’– y tomar datos biométricos y personales de los migrantes a partir de los 6 años. El pleno de la Eurocámara dio ayer su visto bueno, uno a uno, a los diez reglamentos que componen el expediente por un ajustado margen en la que era una de las últimas oportunidades para dar luz verde al pacto antes del final de la legislatura europea. El nuevo reglamento supone, en la práctica, un endurecimiento de la política migratoria. Abre el camino a un refuerzo de las fronteras exteriores de la Unión Europea, la firma de acuerdos con terceros países para frenar las llegadas irregulares y un procedimiento más acelerado para las deportaciones. Una vez el texto sea ratificado por los Veintisiete en un procedimiento meramente formal, el bloque contará por primera vez en su historia con una política común en materia de migración, algo que hasta ahora los países gestionaban por su cuenta y que daba lugar a importantes conflictos diplomáticos. La jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseguró ayer que el pacto ofrece «más seguridad en las fronteras, procedimientos más rápidos y una mayor solidaridad con los Estados miembros en las fronteras exteriores».