20221130

Según el INE, en 2021, el salario medio de los empleados vascos ascendió a 2.452 euros al mes, lo que supuso un incremento sobre el año anterior de 174 euros, un 7,64% más y un porcentaje que superó el IPC de 2021 (6,4%). El Instituto Nacional de Estadística certificó un año más que la media salarial vasca superó la media nacional que registró una retribución bruta media de 2.086 euros, un aumento del 2,4%. Tras el País Vasco, se situaron la Comunidad de Madrid (2.368 euros) y Navarra (2.250 euros). Los menores salarios medios se dieron en Extremadura (1.633 euros), Andalucía (1.860 euros) y Murcia (1.875 euros). El salario medio suma sueldos muy diferentes, por lo que es el salario mediano –que ordena a todos los individuos de menor a mayor salario y deja una mitad por debajo de dicho valor y a la otra mitad por encima– refleja más fielmente la realidad. Este fue de 1.757 euros brutos al mes en 2021, 330 euros inferior al salario medio pero con un incremento del 3% (50 euros) respecto al del año anterior. En cuanto a la concentración de salarios altos, Euskadi también lidera el ranking con un 46% de los trabajadores que ganó más de 2.342 euros al mes; la Comunidad de Madrid (38,6%) y Navarra (37,6%). En el sentido contrario, donde menos porcentaje de trabajadores se registraron con este nivel de sueldo, están Extremadura (14,6%), Murcia (23%) y Andalucía (23,3%).

Ya es prácticamente definitivo. Las pensiones contributivas subirán el próximo año un 8,5%. El aumento, que coincide con la previsión realizada por el Gobierno en los Presupuestos, se confirmó ayer al publicarse el avance del IPC de noviembre, que se situó en el 6,8%. Es el dato que faltaba para hacer el cálculo de la media de la inflación interanual de los últimos doce meses, que es la referencia para revalorizar las pensiones, de acuerdo con la ley aprobada para volver a vincularlas a la evolución de los precios. La medida, incluida en la primera parte de la reforma, supone un coste de 12.700 millones para la Seguridad Social, una cifra que el Banco de España eleva hasta los 15.000. Este incremento se aplica a todas las pensiones contributivas por igual, independientemente de la cuantía, con lo que la prestación máxima rebasará por primera vez en la historia los 3.000 euros al mes y llegará a los 3.058 euros. 42.000 vascos están en este tramo y otros 14.336 muy cerca. La pensión media en Euskadi, la más alta de España, aumentará en 115 euros al mes y se situará en los 1.471 euros. El número total de prestaciones contributivas que se abonan en la comunidad es de 569.270, entre las que se incluyen las de jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de familias. El grueso corresponde a las jubilaciones, que perciben 376.501 personas en el País Vasco. Las prestaciones en este caso se incrementarán en 130 euros al mes y alcanzarán los 1.674 euros de media. Con este incremento histórico la nómina vasca de las pensiones se dispara hasta los 837 millones de euros al mes, con lo que el importe en el año rondará los 12.000 millones por primera vez en la historia. En el conjunto del Estado, el presupuesto para esta capítulo se ha elevado hasta los 190.700 millones de euros.

Este incremento de las pensiones en un entorno inflacionista –la revalorización del 8,46% procede de la media de las doce tasas interanuales de inflación de diciembre de 2021 a noviembre de 2022– será fundamental para ayudar a aquellos que cobran pensiones muy bajas, equivalentes o inferiores al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), es decir, 14.000 euros anuales en catorce pagas, o 1.000 euros brutos al mes. Según datos de la Seguridad Social, un 52,4% de los 9,02 millones de pensionistas en el país cobra el SMI o menos; un 42,4% cobra una pensión que está entre el SMI y la pensión máxima, es decir entre 14.000 euros anuales y 39.468 euros anuales (o entre 1.000 y 2.820 euros mensuales); y un 5,2% cobra la pensión máxima o más. El Gobierno, en su propia Ley 21/2021, estipuló que todas las pensiones subirían anualmente conforme al IPC, pero el aumento de la inflación este año ha llevado a muchos organismos nacionales e internacionales a recomendar que la política fiscal sea temporal y focalizada en los grupos que necesitan más ayuda. Entre otras cosas, para que no sea contradictoria con la política monetaria restrictiva. En el caso de las pensiones, el Banco de España recomendó al Ejecutivo que sólo subieran conforme al IPC las más bajas, mientras que el resto podría mantenerse sin cambios o con una subida inferior a la inflación, igual que ha sucedido con los salarios de los trabajadores. De hecho, su gobernador, Pablo Hernández de Cos, llegó a recomendar que sólo «las pensiones mínimas se indicien (al IPC)».

El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, se queda solo con el segundo paquete de medidas de la reforma de las pensiones que debe aprobar antes de que termine el año. Tanto los sindicatos como la patronal, pero también todos los partidos del arco parlamentario, han cerrado filas y cargado duramente contra su modo de negociar y, más concretamente, contra su propuesta de ampliar el periodo para calcular la pensión de 25 a 28 años, los mejores de los últimos 30. Es más, también sus socios de Gobierno, Unidas Podemos, le han abandonado a su suerte pese a que se trata de una iniciativa que está acordada con Bruselas para este año. Queda apenas un mes que se antoja un margen escaso para poder sumar los apoyos que necesita esta reforma para que España pueda seguir recibiendo fondos europeos. La primera en comenzar la oleada de críticas contra Escrivá fue la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, quien, desde México, no ocultó su malestar porque, a su juicio, «endurece» el acceso a la jubilación y supone un «recorte» de los derechos de los pensionistas. Por ello, anunció que no contará con el apoyo de su partido para llevarlo a cabo. «Estamos haciendo cambios en el mercado de trabajo que avanzan en la recuperación de derechos. Esto no es recuperar derechos, es recortar derechos. En este sentido, nuestra posición es bien conocida y no la compartimos», avanzó la ministra de Trabajo.

Los precios han vuelto a sorprender (para bien) en noviembre, debido a la fuerte moderación que tuvo lugar en octubre se ha extendido también al undécimo mes del año. Sin embargo, esto no significa que la espiral inflacionista se haya terminado. Por un lado, porque esta moderación se debe a los menores precios de la electricidad y los carburantes, algo que se puede revertir en breve, además del efecto escalón respecto a las subidas del año pasado. Por otro, porque la mayor parte de los bienes siguen subiendo a un ritmo muy elevado, como pone de manifiesto la constante escalada de la inflación subyacente, que ya alcanza el 6,3% anual y que está cerca de rebasar el dato general. El Índice de Precios de Consumo (IPC) subió un 6,8% en noviembre, de acuerdo con los datos publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Este dato, medio punto por debajo de la inflación del mes anterior, se debe fundamentalmente a tres factores. Por un lado, este mes se ha producido una cierta “bajada de los precios de los carburantes [respecto al mes anterior], que subieron en noviembre de 2021, y de la electricidad”, señala la nota de prensa. Con todo, hay que tener en cuenta que tanto los carburantes como el gas tienen unos precios mucho más elevados que el año pasado. En segundo lugar, “el aumento de los precios del vestido y calzado por la nueva temporada es más moderado que en 2021”, debido a la necesidad de hacer frente a la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores. Y, finalmente, hay que tener en cuenta el efecto escalón, ya que la subida del 6,8% actual tiene lugar sobre un incremento del 5,5% el mismo mes del año pasado, mientras que las alzas por encima del 10% de este verano se producían sobre incrementos del 3% el año anterior, pero la subida acumulada en los dos últimos años es muy similar en ambos casos.

El Metal de Bizkaia sigue acumulando huelgas por el convenio colectivo, sin que por el momento se vislumbre un final al conflicto. Ayer se celebró la segunda jornada de paro de esta ronda, pero es la octava en el año. Todavía no se ha fijado una nueva reunión después del desencuentro del pasado viernes, cuando los sindicatos tacharon de insuficiente la última oferta de la patronal FVEM, pese a que esta defendió que mejoraba las condiciones pactadas en Álava con CC OO, LAB y UGT. Este bloque sindical, sin embargo, pide mayores avances en Bizkaia mientras que ELA, que va por separado, exige el IPC de cada año. En concreto, la propuesta de los empresarios recoge una subida del 14% entre 2022 y 2025, con revisión en función de la inflación al final del periodo. El balance de la huelga de ayer dio pie a la habitual guerra de cifras. Los sindicatos aseguraron que el seguimiento fue «tan contundente» como en las jornadas anteriores, cercano al 85%, mientras que la patronal lo rebajó al 21% de los trabajadores. Puntualizó que la protesta se concentró en el Duranguesado y que dos de cada tres empresas están desarrollando su jornada con absoluta normalidad. Ver nota FVEM. 

La antigua ACB de Sestao acabará este 2022 con apenas cuatro meses de actividad, el periodo comprendido entre abril y julio. El resto del año las instalaciones de Arcelor Mittal ubicadas en la ribera de la ría de Bilbao han estado cerradas. Una dinámica, además, que no cambiará en el arranque de 2023 ya que en enero seguirán los hornos apagados, según confirman fuentes de la compañía. La desaceleración económica viene pesando este otoño más incluso que los costes energéticos. Según explican desde la empresa los problemas que impidieron la puesta en funcionamiento de la planta en septiembre seguirán acusándose en las primeras semanas de 2023. La demanda en la construcción y la automoción en Europa sigue sin recuperarse y no da muestras de activación. Esa situación, junto a las importaciones en Europa de aceros asiáticos, principalmente de Corea, Japón o India, hacen que no haya carga de trabajo en la planta en la que trabajan 290 personas. Sobre la plantilla pesaba un ERTE que se aprobó el pasado mes de marzo hasta finales de este año, con lo que se hará necesario recurrir de nuevo a esta herramienta dentro de los mecanismos RED que prevé la reforma laboral. En las próximas semanas será necesario convocar las reuniones con los sindicatos para articular este herramienta de protección del empleo que no requiere del acuerdo con la parte social para que la empresa pueda aplicarla. 

La Asociación de la Empresa Familiar de Euskadi (Aefame) celebró ayer un entrañable acto para reconocer la trayectoria de una de las empresas industriales más longevas de país, la elgoibartarra Grupo Unceta que, a las puertas de cumplir 150 años, permanece liderada por la que es ya la quinta generación de la misma familia (en su día Unceta y hoy, Gárate). Precisamente, fueron Pablo Gárate, CEO del Grupo, y su hermano, Borja, director general de Sariki Metrología –una de las firmas del grupo– quienes recibieron el cariño y el reconocimiento de los miembros de Aefame. Ambos –durante una charla moderada por Pablo Sanz, socio director de EY en la Zona Norte– agradecieron la distinción. «Supone un orgullo cuando has vivido siempre tan cerca la empresa, y los sacrificios que han hecho tus predecesores. Además, tenemos claro, tal y como nos inculcó nuestro padre (Ricardo Gárate), que la empresa familiar nunca es tuya, debes gestionarla hasta que puedas trasmitirla a la siguiente generación», dijeron. Nacido en Eibar en 1874, el Grupo cuenta con tres marcas (Sariki, Unceta y Sarikal), y es líder en el suministro de herramientas de calidad y bienes de equipo. 

El Departamento vasco de Turismo, Comercio y Consumo reforzará su esfuerzo por mejorar la competitividad del pequeño negocio con otra partida de subvenciones de 4,1 millones de euros procedentes de los fondos europeos Next Generation que se repartirán entre el próximo año y 2024. El consejero, Javier Hurtado, presentó ayer el nuevo programa ‘Fondo tecnológico’, que potenciará la modernización e innovación de las empresas y asociaciones para hacer frente a la crisis económica y a los retos que plantea el futuro al sector. Los negocios podrán solicitar esta ayudas entre el 20 de diciembre y el 19 de enero. Es el plazo de la primera convocatoria del programa, a la que se destina la mitad del presupuesto total: 1,5 millones para los comercios y otros 415.000 euros a las entidades que las representan. Según detalló Hurtado, la subvención puede llegar a costear hasta el 100% del proyecto presentado. En cuanto al tipo de actuación subvencionada, el abanico es muy amplio, aunque siempre relacionado con la «transformación digital». Según explicó el responsable socialista, se promueven sobre todo iniciativas para mejorar la atención y fidelización del cliente mediante la tecnología y el desarrollo de soluciones de ciberseguridad, así como para fomentar la creación de aplicaciones móviles propias y la generalización del wifi en sus establecimientos. Incluso se favorece el empleo de sinergías digitales que, al mismo tiempo que ayuden al negocio, publiciten elementos patrimoniales de la zona, a fin de fomentar el turismo.

Pasaia inicia el camino para atraer barcos de mayor tamaño y ganar competitividad. La cuenta atrás se ha iniciado con la adjudicación de las obras previas para ampliar la dársena de Lezo y el calado del muelle de Buenavista. El proyecto resulta imprescindible debido a que el comercio marítimo requiere cada vez de buques de mayor tamaño para ser rentable y, en consecuencia, de puertos que puedan acogerlos, especialmente portacontenedores. En este escenario Pasaia juega con desventaja porque sus limitaciones orográficas, constreñido entre montañas y un entorno urbano, reducen en extremo sus posibilidades. En consecuencia, necesita ampliar su capacidad, aunque sin aspirar al tamaño de Bilbao, Gijón o La Coruña, que juegan en otra liga. La Autoridad Portuaria ha adjudicado a AZTI los trabajos previos para la ampliación de la dársena de Lezo, una obra que requerirá la inversión de 23 millones de euros. Pasaia llegó a mover 6 millones de toneladas en 2003, récord que, con 3,5 millones el año pasado, se antoja difícil de repetir.

Los reguladores español y francés discuten sobre cómo financiar la obra, aún no arrancada y cuya inversión inicial alcanzaba los 1.750 millones. La crisis encarece el proyecto en casi 800 millones, hasta 2.700 millones Bruselas no quiere financiar el exceso y Francia se resiste a pagarlo a medias. El proyecto de interconexión eléctrica submarina entre España y Francia a través del golfo de Bizkaia se está encareciendo por las fuertes subidas de precios de los materiales para la construcción de un cable que unirá las localidades de Gatica, en el País Vasco, y Cubnezais, al norte de Burdeos. Con una longitud de casi 400 kilómetros (13 kilómetros en tierra española; 80 kilómetros en territorio francés y 300 bajo el mar) el proyecto, que consiste en dos líneas de 400 kV, supondrá incrementar del 3% al 5% la capacidad de interconexión entre los dos países: de los 2.800 MW actuales a 5.000 MW. La infraestructura, que acometerán Red Eléctrica de España (REE) y su homóloga francesa Résseau de Transport d’Électricité (RTE), a través de la sociedad conjunta Inelfe, arrancó en 2017 (año de las primeras consultas) con una inversión de 1.750 millones de euros. Ya en 2019, el presupuesto aumentó hasta los 1.950 millones, por la inestabilidad en el cañón de Capbreton, que obligó a un cambio en el trazado. En estos momentos, con la crisis internacional de precios (se calcula que los materiales utilizados para el cable, como el aluminio o el níquel, se han disparado entre un 30% y un 40%), la situación se ha agravado hasta el punto de que el sobrecoste del proyecto supera el 40% (entre 700 y 800 millones de euros más) y por encima del 50% respecto a la inversión inicial. En total, el coste en estos momentos sumaría 2.700 millones, según fuentes del sector.

Contra todo pronóstico, los sindicatos cerraron ayer mismo un acuerdo con la AEB que les permitirá mitigar gran parte del aumento del coste de la vida provocado por la inflación. Los 90.600 empleados en España de los 74 bancos adscritos a la patronal AEB se beneficiarán de una subida salarial del 4,5% el próximo año. Se trata de un alza considerable respecto al 1,25% que estaba firmado en el convenio actualmente en vigor. El 4,5% pactado es superior al 3,5% que percibirán los funcionarios en 2023. La subida de 2022, del 1%, se mantiene invariable. El acuerdo fue suscrito ayer entre la AEB y CCOO y UGT, que cuentan con un 71,38% de representación en estas entidades. El pacto está sujeto a la posibilidad de sentarse a hablar de nuevo en marzo, una vez conocido el dato de IPC definitivo de 2022 y los beneficios bancarios anuales. Santander, BBVA y Sabadell son los mayores socios de la AEB. Se trata del único sector en España que ha conseguido reabrir un convenio sectorial en vigor para incrementar las tablas salariales, explican fuentes sindicales.

La vicepresidenta económica del Gobierno, Nadia Calviño, lamentó ayer las críticas del impuesto a la banca formuladas por los principales ejecutivos de las entidades españolas e insiste en que “es momento de arrimar el hombro”. Calviño quiso responder a la CEO de Bankinter, María Dolores Dancausa de recurrir el impuesto “un día después de pagarlo” y a otras declaraciones, como la del consejero delegado de Sabadell, César González-Bueno, que aseguró anteayer que ve inevitable que el nuevo gravamen lo termine abonando el cliente. La banca debería adoptar el papel de “aliviar y ayudar a los ciudadanos españoles”, dijo Calviño. “Cada uno defiende sus intereses”, dijo ayer la ministra. Y aseguró que ve lógico que aquellos sectores con “beneficios extraordinarios, como la banca o el sector energético, contribuyan de una manera especial a financiar todas las medidas que sean necesarias para responder al impacto de la guerra”. “Estas medidas tienen un importante coste fiscal, confío en que el sector financiero tome un papel de ser parte de la solución”, dijo. “La banca debería adoptar el papel de aliviar y ayudar a los ciudadanos españoles”. 

“La situación es peor. Es más oscura”. Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE) describió así el delicado momento por el que pasa Europa. El banquero central alertó durante su intervención en el XIII Encuentro Financiero organizado por Expansión y KPMG, con la colaboración de American Express y Microsoft, de que a lo largo del año se ha producido “un deterioro importante en la estabilidad financiera de la zona euro” e instó a extremar la precaución y tomar medidas macro prudenciales. El shock energético que sufre la eurozona está desacelerando su crecimiento a marchas forzadas. Tras un arranque sólido, el tercer trimestre mostraba una debilidad manifiesta y la recesión asoma. “La posibilidad de una recesión técnica está ahí”, advirtió Guindos. Esto, unido al endurecimiento de las condiciones de financiación, derivado de las fuertes subidas de los tipos de interés, ha sembrado de volatilidad a los mercados y al sector financiero en su conjunto. Respecto a la banca, el banquero central pidió prudencia y destacó que, si bien en términos de solvencia y liquidez se encuentra en una posición sólida y la rentabilidad se va a elevar como consecuencia de las subidas de los tipos de interés, “el sector no debe cegarse por los efectos a corto plazo”. Según advirtió, el impacto macroeconómico terminará por afectar a la solvencia de las familias y las empresas y el coste de la liquidez se elevará. 

El Banco de España prevé un “leve crecimiento positivo” de la actividad económica en el cuarto trimestre, similar al del tercero, cuando la economía española avanzó un 0,2 % intertrimestral, según avanzó ayer el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos. Durante su comparecencia ante la Comisión de Presupuestos del Senado, Hernández de Cos detalló que los indicadores apuntan a “una prolongación de la debilidad de la actividad”, con deterioros adicionales en la percepción de los directores de compras y la confianza de los consumidores. El gobernador señaló que la evolución económica no apunta a “una modificación muy significativa” de las previsiones publicadas por el Banco de España en octubre —con crecimientos del 4,5% en 2022 y el 1,4% en 2024—. Es decir, que en el invierno se prolongará “la fase actual de debilidad de la actividad económica” debido al efecto de la inflación sobre la renta de los hogares y espera que en primavera la actividad recobre “vigor”, aunque no se recuperará el PIB previo a la pandemia antes de comienzos de 2024. De Cos recordó que al cierre del tercer trimestre, la economía española seguía un 2% por debajo de como estaba a finales de 2019, cuando en el resto del área del euro esta brecha ya es positiva. Por lo que respecta a la inflación, advirtió de que su moderación está relacionada “de forma exclusiva” con el componente energético, ya que el resto de elementos continúan al alza. En ese sentido, añadió que las medidas adoptadas por el Gobierno en el ámbito energético contribuyeron a contener en algo más de dos puntos la inflación en octubre.

Las reservas de los españoles para viajar durante el puente de diciembre –que tiene como días festivos el martes 6 y el jueves 8– se sitúan en estos momentos un 22% por encima de los niveles de hace tres años, antes de la pandemia, incremento que se eleva al 32% en el caso de los desplazamientos al extranjero, según los datos del portal de viajes Destinia. Si se analizan los datos de los turistas que viajarán hasta tres noches para equipararlos a los del puente de 2019, que fue más corto, las reservas se incrementan en un 12%, explica la empresa. En cuanto al precio medio, se mantiene la tendencia que se observaba desde el verano pasado, con un incremento del 21% por persona y noche respecto a 2019, pasando de los 40 a los 49 euros. Sin embargo, es el puente festivo con menor crecimiento en comparación con el año pasado, manteniéndose casi a la par, lo que demuestra que, a finales de 2021, “ya se estaban empezando a subir precios para intentar recuperarnos tras la pandemia”. Entre los destinos nacionales favoritos para este puente figuran Madrid, Benidorm, Barcelona o Sevilla, además de Vigo, que vuelve a estar entre los diez primeros, con las luces navideñas como reclamo, como ya pasó el pasado ejercicio. Por otro lado, aunque Madrid sigue siendo el destino preferido de los españoles para viajar este puente, su peso baja ligeramente del 11% de las reservas de 2021 a un 10%, mientras que Barcelona sube de un 4% a un 6% en 2022.

El viento y el gas dan un respiro a los hogares que resisten en el PVPC (Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor). Noviembre ha sido el mes de menor precio de la luz desde el inicio de la crisis energética, a principios del verano de 2021. El coste medio por kilovatio hora (KWh) en el mercado eléctrico regulado bajó en el undécimo mes del año hasta los 0,19 euros a falta de la jornada de hoy, su nivel más bajo desde mayo del año pasado. Por aquel entonces, la crisis energética no era más que un rumor lejano: la cotización del gas apenas empezaba su escalada, y lo que estaba por llegar no entraba en ningún esquema racional. La factura de la luz para el cliente promedio del mercado regulado —con un consumo anual de 3.500 KWh y 4,4 KW de potencia contratada— rondará los 70,5 euros en noviembre, un 17% menos que en octubre y casi la mitad que en marzo —el más caro desde que hay registros—, según Francisco Valverde, especialista de la consultora Menta Energía. Las renovables son el principal elemento para abaratar la factura de la luz. “Si los precios han bajado tanto en noviembre ha sido por el viento que sopló a mediados de mes, cuando, además, coincidió con la bajada del gas”, explica Valverde. También han ayudado las lluvias, que están aliviando la sequía en los pantanos y que permiten a las centrales hidroeléctricas acercarse, aunque todavía a mucha distancia, a su ritmo habitual de actividad y que están permitiendo una todavía ligera disminución en la demanda de electricidad por parte de Portugal. “El factor que aún tiene que normalizarse es Francia”. 

Los fabricantes nacionales se preparan para participar en un mercado que aportará a la economía cerca de 10.500 millones en 2050 y requerirá de grandes buques para operar y mantener los parques ‘offshore’. Con más de 7.000 kilómetros de costa, el recurso natural del viento, la experiencia de la eólica onshore (de tierra) y con un tejido empresarial potente en construcción, encabezado por Siemens Gamesa y Navantia –que ha colaborado en la fabricación primeros parques de eólica marina en todo el mundo–, España cumple todos los requisitos para convertirse en un referente de la eólica marina (offshore). Lo que supone una oportunidad sin precedentes para el sector naval y, particularmente, para los astilleros, cuyo papel será determinante en la construcción de buques de asistencia a los parques eólicos para su operación y mantenimiento.

La Ley Crea y Crece, desarrollada por el Ministerio de Economía, impone desde el pasado 19 de octubre que las empresas que paguen a sus proveedores en un plazo superior a los 60 días no puedan acceder a subvenciones que superen los 30.000 euros. Ni ellas ni con las que formen un consorcio. Esta traba puede tener un efecto perverso sobre las pequeñas y medianas empresas (pymes) que sí cumplen ese plazo máximo: si acuden a grandes proyectos regados con fondos europeos junto a empresas de mayor tamaño que incumplen el plazo de pago, no podrán acceder a los mismos. Independientemente de que paguen como corresponde. «Un ejemplo muy claro es el PERTE al vehículo eléctrico. Si se hubiese aplicado la norma a rajatabla, se habrían caído más de la mitad de los proyectos presentados», explica Javier Saldaña, director de Innovación de Ayming. Compañías como Seat u Opel, por ejemplo, cuentan con un plazo medio de pago a proveedores de entre 100 y 80 días. Peugeot Citröen Automóviles, por su parte, pagó en un plazo de 90 días en 2020, y Sapa Operaciones SL lo hizo a 111 ese mismo año. Cifras todas ellas que hubiesen impedido la aprobación de esos Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica. «Y eso arrastra al resto de compañías», en muchos casos pymes que no tienen otra opción que concurrir con estas grandes empresas, «y en un momento en el que además hay problema evidente para la distribución, asimilación y llegada a la economía de los fondos europeos», añade Saldaña.

Tras largas negociaciones, el acuerdo está cerrado: Qatar suministrará a Alemania hasta dos millones de toneladas anuales de gas natural licuado a partir de 2026. La operación, de la que el Gobierno alemán se desvincula con el argumento de que es estrictamente empresarial, será gestionado por la estadunidense Conoco Phillips, que será quien lo compre y lleve después a Brunsbüttel, en el norte de Alemania. El gas procederá de los dos campos de gas qataríes North Field East y North Field South, situados frente a la costa del estado del Golfo. El contrato tendrá una duración de 15 años, pero es probable que no sea el único, ya que Qatar Energy está en conversaciones con varias empresas alemanas sobre nuevos suministros de gas. «Quince años está muy bien, al parecer son buenas condiciones», ha declarado el ministro alemán de Economía, Robert Habeck tras la firma en la capital qatarí, Doha, del acuerdo.

El secretario general del comité organizador del Mundial de Qatar, Hassan Al Thawadi, reconoció ayer la muerte de “entre 400 y 500 trabajadores migrantes” en obras relacionadas con la preparación del torneo, concedido al emirato en 2010. “La estimación es de entre 400 y 500. No sé la cifra exacta, que se está discutiendo ahora, pero una muerte es una muerte, una ya es demasiado. Es claro y simple”, declaró en una entrevista al canal británico Talk tv. La institución que preside Al Thawadi difundió luego otro confuso comunicado en el que aseguraba que las muertes relacionadas con proyectos supervisados por ellos —los organizadores del torneo— eran tres vinculadas directamente con las obras y otras 37 —es decir, 40— no vinculadas directamente con la construcción de siete estadios y la remodelación de otro ya existente además de 17 instalaciones bajo su supervisión. El comunicado añadía que entre 2014 y 2020 habían muerto un total de 414 personas, de distintos sectores y nacionalidades, trabajando por todo Qatar. Sin embargo, al ser preguntado por cuántos trabajadores han muerto en la construcción de cualquier tipo de infraestructura relacionada de alguna manera con la condición de anfitrión del Mundial de Qatar, Al Thawadi había afirmado que la cifra estaba entre los 400 y 500. En realidad, la línea que separa las construcciones relacionadas o no con el Mundial es muy fina o inexistente. 

Durante once días, tres nigerianos arriesgaron sus vidas a la intemperie, sentados sobre la pala del timón de un petrolero en el que viajaron escondidos para cumplir el sueño de llegar a Europa. El buque, con bandera de Malta y llamado ‘Alithini II’, había partido el pasado 17 de noviembre de Lagos, la capital del país norteafricano, sin sospechar que en ese pequeño hueco que se sitúa justo por encima de la línea de flotación se encontraban agazapados los polizones, expuestos a cualquier golpe de mar y con sus pies apenas separados medio metro del agua. La agónica travesía por el océano Atlántico llegó a su fin el lunes, alrededor de las 19.00 horas, cuando los tres migrantes fueron rescatados por un barco de la guardia costera al fondear el petrolero cerca del puerto de Las Palmas de Gran Canaria. El servicio de emergencias 112 explicó en Twitter que los afectados presentaban «deshidratación de carácter moderado y precisaron asistencia hospitalaria». Por su parte, Salvamento Marítimo añadió que los subsaharianos, todos ellos mayores de edad, «se encontraban fatigados, con síntomas de hipotermia y tuvieron que ser atendidos por los servicios sanitarios».